Ese charlatán que se hace llamar Lobo Marley


La semana pasada en Zamora se juzgaba a unos activistas de la Asociación Lobo Marley por destruir unas casetas de caza. Y la entrada de hoy va sobre el personaje que hay detrás de todo este tinglado, el cual me parece un caradura…

Vaya por adelantado que no tengo ninguna simpatía por los cazadores, pero estos de Lobo Marley me da que tienen un morro que se lo pisan.

Aunque en teoría es una asociación, el ‘alma mater’ de todo esto es Luis Miguel Domínguez Mencía que se autodefine como ‘naturalista’. Ya les digo que cuando alguien se etiqueta así es que, por lo general, no acabó el bachillerato y mucho menos la Universidad. No tiene nada de malo no acabar los estudios básicos, pero alguien que va por el mundo dando lecciones pues tiene que ponerse un título altisonante para presentarse. Ya lo saben: dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.

Ya se lo digo yo bien claro. A ese tipo le falta un hervor, y cualquiera que vea sus videos, enseguida piensa que es más un charlatán que otra cosa (para que ustedes mismos juzguen les dejo un video que sale en pelotas en una especie de performance que no se entiende nada).

A este hombre le gusta figurar, hablar solemnemente a la cámara, dándoselas de tipo serio en posesión de una verdad universal. Pues no, lo que vende este tipo es humo. Sus opiniones son muy demagógicas y muy sesgadas. Además, para reforzar sus opiniones, cita a menudo al gran Félix Rodríguez de la Fuente, aunque su hija, Odile Rodríguez de la Fuente, ha aclarado en diversas ocasiones que su padre jamás se hubiese identificado con la postura de Lobo Marley (acá tienen el enlace).

Visto que le están lloviendo palos por todos los lados, en los últimos años ha ‘suavizado’ su discurso diciendo que no tiene nada contra los ganaderos. Pero no es verdad. Es un urbanita que ve soluciones fáciles y desconoce hasta lo más elemental del mundo rural. No sólo es incapaz de ver la dura realidad de la ganadería, sino que así que tiene ocasión se dedica a soltar infundios contra los ganaderos; para muestra un botón:

Como ven en la foto, en una ‘piulada’ de twitter muestra a una res que está siendo comida, y dice que se trata de una explotación ganadera que atribuye los daños al lobo. Toda una acusación sin fundamento, ya que no indica ni dónde ni cuándo fue hecha la foto ni de qué explotación ganadera se trata. Simplemente esa foto es una excusa más para acusar a los ganaderos de cometer ‘fraudes’ al denunciar los daños del lobo.

Simplemente decirles al Lobo Marley y a toda su caterva de seguidores que no es el lobo el que mantiene vivo al mundo rural. Son los ganaderos y agricultores los que mantienen a los pueblos y al campo con un poco de vida.

Lobo Marley y secuaces deberían saber que la ganadería extensiva contribuye a fijar población y mantener el tejido social en zonas, como por ejemplo la montaña, que no tienen otras alternativas económicas.

No me voy a extender mucho más. Los beneficios de la ganadería extensiva son muchísimos, tal y como se explica acá, en este blog de ecología. Sí, de ecología, pero éstos son serios no como el naturalista de pacotilla del que hemos tratado en esta entrada.

Pobres lobos, lo tienen jodido con defensores como el Lobo Marley…  con amigos así, como este personaje, el lobo no necesita enemigos…

Photo by Dani L.G. on Foter.com / CC BY

 

Pueblerino, aldeano, provinciano y otros insultos…


Hace unos cuantos años estaba yo en Angola comprando en un supermercado cuando escuché unos gritos. Era una de las cajeras discutiendo con uno de los clientes:

—Camponês, você é un camponês. Vai no mato, camponês.
—Você não tem educação
—Camponêeees. Vai no mato

No sé si entienden el portugués pero la cajera insultaba a un cliente llamándolo ‘campesino’. No es que el tipo fuese un campesino, sino que en Angola, y otros países lusófonos, la palabra ‘camponês’ se utiliza como insulto lo cual es un ejemplo de la discriminación y el menosprecio a la gente del medio rural.

Quizás al lector le parezca excepcional la situación. Pues no. A poco que se ponga a pensar comprobará que en España palabras como ‘pueblerino, aldeano, villano, rústico, provinciano’ también se utilizan de forma peyorativa o como insulto; así por ejemplo de acuerdo al diccionario de la RAE, una de las acepciones de pueblerino es: «Persona poco refinada en sus modales o en sus gustos, o carente de amplitud de ideas o puntos de vista».

En otros idiomas peninsulares la situación es muy parecida. Así por ejemplo en catalán se utiliza ‘pagerol’ derivado de ‘pagès’ (campesino) para referirse a personas de maneras rústicas, poco distinguidas. Palurdo, vaya. También en Galicia se utiliza ‘labrego’ en sentido peyorativo para designar a gente con poca educación.

Y si miramos a otros países, la situación es muy parecida. En Brasil el término ‘labrego’ es sinónimo de grosero, malcriado; en Portugal este término es utilizado para señalar a alguien mal vestido, sin educación o grosero en los modales. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia se utiliza el término ‘pajuerano’ como insulto y peyorativamente para referirse a la gente que proviene del campo o de un pueblo pequeño, y se expresa o actúa torpemente en una gran ciudad o en un medio que le es ajeno.

Tampoco en otros países como Inglaterra, Francia o Italia se quedan atrás. Así, en inglés se utiliza ‘peasant’ (campesino) con el significado de ‘palurdo’; y así en el Oxford Dictionary aparece definido ‘peasant’ como “una persona ignorante, ruda o poco sofisticada; persona de bajo estrato social”.  En Francia se utiliza ‘bouseux’ como insulto; derivado de la palabra ‘bouse’ (estiércol), ‘bouseux’ es un nombre peyorativo y popular, para señalar a los campesinos o las personas que viven en el campo o que tienen como profesión el trabajo de la tierra (como por ejemplo los agricultores). En Italia llaman ‘terrone’ (singular) / ’terroni’ (plural) despectivamente a la gente del Sur; al fin y al cabo los ‘terroni’ son los que trabajan la tierra; también en italiano hay otras palabras con igual significado vergonzante como villano, burino o cafone, las cuales son utilizadas para referirse a la gente del campo con el significado de ignorante.

 

En fin… Cada uno saque sus propias conclusiones.

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Once motivos para ‘veranear’ en un pueblo


Llegó el verano y la gente huye de las ciudades. Muchos vuelven ‘al pueblo’, y es que son muchas los motivos para ir pasar el verano en el campo; aquí te damos once:

1. El descanso está garantizado

Por lo general, la vida en los pueblos transcurre de forma tranquila. No hay nada que altere los horarios y no hay coches, sirenas de ambulancias o ruidos estridentes. Eso sí, hay gallos que cantan o perros que ladran, pero eso forma parte del hilo musical.

2. Se come bien

En los pueblos la gente sigue produciendo buena parte de los alimentos que consume. Por lo general, si no eres un rata, los vecinos te regalan lechugas, patatas, tomates, huevos, judías verdes, chorizos, manzanas y otras cosas producidas por ellos. Ahora bien, esto suele funcionar gracias a unas reglas de reciprocidad no escritas (p.e. tu le sintonizas los canales en la tv a la vecina, y ella te lleva unas lechugas; pero has de tener en cuenta que si no das nada, no esperes nada)

Ah! También hay restaurantes….

3. Son sitios seguros

A diferencia de las playas y otros destinos turísticos, en los pueblos no acostumbra a haber delincuencia (la Guardia Civil suele tener muy controlados a los malhechores). Lejos quedan los tiempos en los que se dejaba la llave en la puerta e incluso las ventanas abiertas por mor del calor, pero nada que ver con lo que pasa en las ciudades

4. Todo es más barato

Por lo que te cuestan dos cervezas en el centro de cualquier capital, en un pueblo invitas a una ronda a los 8-10 paisanos que haya en el bar: pagando menos, quedas como un burgués…  Y cuando decimos que ‘todo’ es más barato, es ‘todo lo que habitualmente’ se puede comprar en los pueblos.

5. Te puedes olvidar del móvil…

…entre otras razones porque no hay cobertura. Si eres de un operador raro, lo lógico es que no haya cobertura. Si eres de un operador conocido, de esos que continuamente te estafan, pues te sentirás aún más estafado: o has ido a veranear a un pueblo que está en una ‘zona de sombra’ y no hay cobertura; y si la hay, las redes están saturadas. Por supuesto: olvídate del 3G, del wi-fi y de todas esas modernidades…

6. Cada día es fiesta en el pueblo de ‘al lado’

Desde el 24 de junio (San Juan) hasta mediados de septiembre hay fiesta en ‘el pueblo de al lado’; eso sí, hay que preguntar a los locales que son los que controlan el calendario.

7. Puedes volver a practicar deporte o aficiones que tenías abandonadas

Si has elegido ir a veranear al pueblo, es el momento de vivir ese momento indescriptible de ponerte las zapatillas y el pantalón de deporte, correr cien metros y tumbarte al lado del río a la sombra porque estás asfixiado… Y sí, también hay hobbies menos exigentes: pasear, recolectar mariposas, hacer fotos, leer un libro, seguir los corros de lucha leonesa…

8. Se respira aire puro…

Por lo general, y si no tienes una central térmica al lado, en los pueblos se respira aire puro.

9. Es el momento de ‘hacer sociales’

En el pueblo hay muchos espacios y momentos para conversar con los ‘indígenas’ y conocer otras formas de vida. Todo parece dado para la charla amigable; precisamente, una buena costumbre que aún se mantiene es, una vez oscurece, ‘salir al fresco’ y charlar con los vecinos.

10. En algunos pueblos queda naturaleza…

Eso. En el campo hay ríos, bosques, bichos, animales salvajes… lo peor es que a estos últimos te los puedes encontrar de noche cuando vienes con el coche de la fiesta del ‘pueblo de al lado’.

11. Puedes participar de costumbres y tradiciones milenarias.

Concejos, hacenderas, fiestas patronales… son tradiciones que tienen miles de años y que aún se conservan en los pueblos ¿no es increíble?

Si se te ocurre alguna razón más de por qué veranear en un pueblo no dudes en añadirla a los comentarios

La foto que acompaña el texto es de Joanbrebo on Foter.com / CC BY-NC

Tierra y democracia en Colombia: los muchos obstáculos hacia la paz


El pasado octubre, el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron oficialmente las conversaciones de paz. El primero de los cinco puntos del diálogo es el acceso a la tierra y el desarrollo rural, lo cual se presiente como un importante escollo para llegar a acuerdos.

El problema de la tierra en Colombia está presente desde hace décadas y se podría decir que, a pesar de varios intentos fallidos de reforma agraria, el problema no sólo no se ha resuelto sino que el conflicto armado vivido en el país ha terminando agudizándolo. Colombia es uno de los países que presenta una mayor desigualdad rural la cual se ha agudizado en los últimos años a consecuencia de la violencia. Según un estudio del IGAC-CORPOICA en 2002 el 0,4% de los propietarios poseía el 61% de la superficie agraria, mientras que el 57,3% de los propietarios poseía el 1,7%. Según el IGAC en el 2009 el índice de Gini de propietarios es del 0,875 y el de tierras de 0,86 (cuanto más cercano a 1, más concentrada está la propiedad); comparados con otros países resulta que en Colombia se produce uno de los accesos más desiguales a la propiedad a la tierra, no sólo de América Latina sino del mundo. No obstante, el conflicto no puede ser explicado por la concentración de la tierra; en otros países de la región como Perú, Brasil, Paraguay o Argentina existe una alta concentración de la propiedad y no hay conflicto armado.

Como veremos, el conflicto armado ha agudizado la concentración de la tierra aunque también ha creado otros problemas. El principal es el desplazamiento forzado de población rural ya que según Amnistía Internacional, entre 3 y 5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos 15 años a causa del conflicto bélico, siendo la mayoría familias campesinas. A causa de ello, entre 1980 y 2010 han sido abandonadas unas 6,64 millones de hectáreas que estaban siendo explotadas por los ahora desplazados. Aunque podría pensarse que el abandono de tierras ha sido un efecto colateral de las hostilidades bélicas, el conflicto ha sido utilizado como estrategia por los actores armados para apropiarse de tierras y recursos, desplazando a la población rural que los ocupaba. Así la III Encuesta Nacional de Verificación realizada en diciembre 2010 recoge que al menos el 40,7% de los grupos familiares desplazados, abandonaron, vendieron forzadamente, o les fueron arrebatadas sus tierras.

Los orígenes de la violencia contra la población rural se remontan a las décadas centrales del siglo XX, donde el problema agrario fue uno de los factores que impulsó la aparición de las FARC en 1967, siendo el apoyo a las luchas y los movimientos campesinos uno de los leitmotiv de sus primeras acciones armadas. En los años 80, las FARC, que ya daban protección a grupos de narcotraficantes, comenzaron a utilizar la extorsión, el secuestro y la violencia contra ganaderos y terratenientes. Ante estas amenazas, y el peligro real de perder las tierras, la élite terrateniente en complicidad con el Estado empezó a sostener grupos armados de autodefensa. Precisamente, a finales de la década de los años 80, tres hermanos, Carlos, Fidel y Vicente Castaño, cuyo padre había sido asesinado por la FARC crearon un grupo de autodefensa de unos 50 hombres financiado por ganaderos y propietarios. En 1997, bajo el liderazgo de los Castaño fueron creadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales en 2001 contaban con unos 30.000 hombres armados, controlando partes importantes del territorio colombiano. Como se ha demostrado posteriormente, la consolidación del paramilitarismo fue posible gracias a la ayuda, por acción u omisión, del Estado colombiano.

Aunque la violencia paramilitar en un principio estaba dirigida contra campesinos acusados de “auxiliar” o “colaborar” con la guerrilla, posteriormente la entrada en juego del narcotráfico y de elementos ajenos al sector rural dio un nuevo sentido a la violencia contra el campesinado. Por un lado, el narcotráfico dinamizó la violencia al multiplicarse los actores armados; por otra parte, una parte de los capitales obtenidos en las actividades ilícitas fue utilizado en la compra de tierras; y en tercer lugar, se dio una alianza entre ganaderos, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes para controlar los resortes de poder político. Como en muchos casos las comunidades campesinas eran un obstáculo a estos planes, se utilizó la violencia para desplazarlos y así crear corredores para asegurar las actividades de narcotráfico. Por un lado se llevó a cabo una violencia selectiva dirigida a amedrentar a los líderes campesinos; entre 2002 y 2008 fueron asesinados 41 líderes campesinos. Por otra parte se utilizó la violencia indiscriminada contra la población; entre 1993 y 2011 ocurrieron 1.974 masacres con 9.233 víctimas. El resultado fue que miles de campesinos tuvieron que abandonar tierras, casas y medios de producción. En muchos casos estas tierras pasaron a engrosar los bienes de los paramilitares o de la guerrilla, aunque hubo casos donde el despojo ha sido legalizado al ser transferida la propiedad a testaferros quienes la han vendido a terceros que compran de buena fe.

Lo que ha ocurrido ha sido una verdadera contrarreforma agraria perpetrada por los paramilitares con el apoyo o connivencia de agentes legales públicos y privados. Como consecuencia de la violencia, las políticas de distribución de tierras en el marco de una reforma agraria han desaparecido totalmente de la agenda política, y el campesinado, la población indígena o la población afrocolombiana ha perdido canales de representación. Asimismo, la violencia ha ayudado a conformar un modelo agropecuario basado en la ganadería extensiva o en cultivos de exportación como el banano o la palma africana.

Por tanto, la cuestión agraria se ha complejizado. El actual presidente de Colombia ha dado algunos pasos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) que contempla la “restitución de tierras” a los campesinos. Hay quien señala que con estas medidas el presidente Santos está arrebatando una bandera a las FARC. La voluntad política de reparar a las víctimas es un avance importante, no obstante el camino a recorrer es largo y los obstáculos numerosos. Una primera dificultad es la burocracia ya que, aunque los jueces dicen estar preparados para la aplicación de la Ley de Víctimas, la primera sentencia de restitución de tierras recién fue dictada el 17 de octubre de 2012. Según la Unidad de Restitución de Tierras, dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 30 de noviembre de 2012 se habían cursado un total de 28.991 solicitudes de ingreso al registro, lo que hacía un área reportada por los solicitantes de 2,12 millones de hectáreas. Otro obstáculo es la existencia de grupos autodenominados “ejércitos antirestitución de tierras”, herederos de las AUC y los grupos de narcotraficantes. Es decir, a pesar del proceso de desmovilización, siguen operando estructuras paramilitares que aliadas con grupos de narcotraficantes, continúan asesinando campesinos y amenazando a los reclamantes de tierras; de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2011, al menos 71 líderes de procesos de restitución de tierras fueron asesinados, habiendo sólo una condena en firme por una de estas muertes.

Como señala el PNUD en su último informe sobre Colombia, hay razones para la esperanza, si bien la consecución de la paz en Colombia pasa por la solución de los conflictos por la tierra. Es decir, es necesario impulsar una solución política al problema agrario que repare a las víctimas del conflicto, que reduzca las desigualdades en el acceso a la tierra, que cambie el modelo de desarrollo y que fortalezca la democracia y la representatividad del campesinado y de la población rural.

Restituir las tierras despojadas, protegiendo el retorno de los desplazados es un primer paso, ya que éstos se han visto condenados a la pobreza y la marginación. Sin embargo, cabe un mayor esfuerzo contra la impunidad ya que hay datos verdaderamente preocupantes; así por ejemplo apenas se ha hecho nada para reparar las víctimas de «falsos positivos» como se denomina en Colombia a los jóvenes civiles asesinados por parte del Ejercito y contabilizados como guerrilleros muertos en combate; otra muestra es que según la OIT siguen impunes el 94,5% de los más de 2.900 sindicalistas asesinados desde 1986.

También es ineludible corregir la desigual estructura de propiedad agraria, y el modelo agropecuario de los últimos años, los cuales se han convertido en un obstáculo para el desarrollo e incluso para la democracia. Esta desigualdad histórica y control de los medios de producción por unos pocos coarta la democracia, dificulta la superación de la pobreza, y es origen de conflictos por el uso de la tierra. Considerando que la tierra es el principal activo para la supervivencia y el bienestar para la mayoría de la población rural, se hace necesario un modelo más equitativo e inclusivo que promueva un uso sostenible del territorio.

Por último, es fundamental que el Estado reconozca con voz propia al campesinado el cual a causa del conflicto armado se ha visto acusado, señalado y reprimido, viéndose despojado de su capacidad de representación.

Tal y como sucedía hace décadas, la tierra es un elemento clave del conflicto colombiano. Aunque el camino iniciado hacia la paz se presenta complicado, el futuro recién empieza y allí parece haber lugar para la esperanza.

José Serrano – 21/12/2012

Foto: Miguel Galezzo / Dejusticia

Tierra y política en Paraguay: claves para entender la destitución del presidente Lugo


 El pasado 22 de junio, Fernando Lugo era destituido por el Congreso de su cargo de Presidente de Paraguay. El hecho desencadenante de esa decisión eran los enfrentamientos habidos días atrás, concretamente el 15 de junio, entre la policía y campesinos que ocupaban en Curuguaty, en el Departamento de Ñacunday, unas tierras del senador Blas N. Riquelme del Partido Colorado, y que saldó con 11 campesinos y 6 agentes de policía muertos y más de 80 heridos. Si bien las versiones de los hechos difieren (fuentes policiales afirman que fueron recibidos a tiros mientras que los campesinos sostienen que fueron francotiradores los que originaron las muertes), lo cierto es que estas muertes fueron la chispa de una decisión que ya parecía tomada de antemano. De nada sirvieron las dimisiones del ministro de Interior y del Jefe de la Policía y las manifestaciones de Lugo en apoyo a la fuerza policial así como el anuncio del Presidente de la creación de una comisión de investigación independiente para aclarar lo ocurrido; pocos días después, y en apenas 17 horas el Congreso de la Nación, utilizando una prerrogativa constitucional, enjuiciaba al presidente Lugo y lo declaraba “culpable” de mal desempeño político destituyéndolo del cargo. A partir de ese momento, el vicepresidente Federico Franco (Partido Liberal) pasaba a ocupar su lugar. Mientras que el nuevo presidente defendía la legalidad del “juicio político”, las organizaciones campesinas y países vecinos de la región como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina denunciaron que se trataba de un “golpe de Estado” encubierto, razón por la cual Paraguay fue suspendido del Mercosur y de UNASUR.

De cara a entender mejor lo ocurrido, y enjuiciarlo críticamente, es necesario ir más allá de los graves incidentes de Curuguaty analizando lo ocurrido en Paraguay en los últimos años en relación al problema de la tierra. Junto con el fortalecimiento democrático, la reforma agraria era uno de los ejes del programa político de Fernando A. Lugo Méndez, conocido como el «obispo de los pobres», cuando en 2008 presentó su candidatura a la presidencia del Paraguay. Encabezando la Alianza Patriótica para el Cambio que aglutinaba a distintas organizaciones de izquierda, y aliado con el Partido Liberal (F. Franco encabezaba la candidatura como vicepresidente), Lugo consiguió derrotar al Partido Colorado que llevaba 61 años en el poder. En un país donde casi la mitad de la población es rural, la promesa de una “reforma agraria integral” le reportó el apoyo masivo de las organizaciones campesinas y también el voto rural. No obstante, los retos que se le presentaba al presidente eran de gran envergadura, entre otras razones porque Paraguay es uno de los países del mundo con un reparto más desigual de la tierra y donde además las oligarquías dueñas de la tierra y el sector agroexportador ostentan el poder económico y político.

En lo que se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra en Paraguay, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2008 el 2,06% de los propietarios poseían el 85,5% de la tierra cultivable, mientras que el 91,4% de la población campesina únicamente disponía del 6% de la superficie agrícola. Concretamente habría unas 310.000 familias campesinas que no poseen tierras, lo cual, y teniendo en cuenta que la población rural del Paraguay (2,6 millones de personas) es un porcentaje importante.

Este reparto tan desigual de la tierra no se remonta a la colonización española sino a lo ocurrido a partir de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y durante la dictadura de Stroessner (1954-1984). Entre 1875 y 1914 el Estado vendió más de 26 millones de hectáreas de tierras, las cuales fueron acaparadas por unos pocos propietarios; hacia 1930 una veintena de propietarios poseían la mitad de las tierras del país. Más adelante, durante la dictadura militar al amparo de una supuesta “reforma agraria” el Instituto de Bienestar Rural repartió unas 11 millones de hectáreas de tierras la mitad de las cuales (concretamente el 57%) quedó en manos de 1.877 personas, principalmente militares, hombres de negocios, o amigos del dictador como el senador Blas N. Riquelme el detentador de las tierras en disputa en Curuguaty. Estas tierras repartidas de forma irregular entre 1954 y 2003 son las denominadas tierras «malhabidas» como denuncia la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe de 2008; en él, la Comisión denuncia las graves irregularidades cometidas en el reparto de tierras recomendando que el Estado promueva las acciones ante la Justicia, repare los daños y perjuicios causados y las recupere de nuevo. Precisamente, sobre las tierras «malhabidas», foco frecuente de conflicto entre campesinos y terratenientes, se articulaba la reforma agraria del presidente Lugo, ya que se preveía su compra por parte del Estado y su posterior traspaso a los campesinos sin tierras.

Con la intención de presionar al gobierno de Lugo a favor de la reforma, ya en las primeras semanas de su mandato las organizaciones campesinas comenzaron las ocupaciones de latifundios. Ese mismo año el presidente creó en Consejo Nacional de Reforma Agraria y otorgó poderes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para comenzar con la compra y reparto de tierras entre los campesinos. Como presidente del INDERT fue nombrado Alberto Alderete un abogado experto en DDHH y que a mediados de los 90 había destacado por su defensa de campesinos sin tierras víctimas de la violencia policial. Considerado un activista, pronto se colocó en el punto de mira de los contrarios a la reforma agraria que organizaron agresivas campañas mediáticas contra él, y contra el propio presidente Lugo. Las trabas de los legisladores al proyecto de reforma (como por ejemplo la oposición del Congreso a la elaboración de un catastro), las sucesivas reducciones del presupuesto del INDERT o la campaña de acoso y derribo por parte de los detractores de la reforma que hizo que A. Alderete renunciase a su cargo alegando “agotamiento personal”, quizás cansado de que la reforma no avanzase y de la falta de apoyos.

A las resistencias internas y las trabas de los legisladores se añade la fuerte beligerancia del sector agroexportador, especialmente de los productores ganaderos y sojeros. Para entender mejor la situación téngase en cuenta dos datos: uno es que según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, 4.727 productores ganaderos (un 1,63% del total) con explotaciones mayores de 1.000 hectáreas poseen el 79% de la tierra (24,6 millones de Has.) dedicada a uso ganadero y el 64% de las cabezas de ganado vacuno; el otro es que en 2010 la soja ocupaba el 60% de la superficie cultivada (con el trigo y maíz suman el 86% del área cultivada). Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial, y existe una gran demanda de tierras para este cultivo (la superficie cultivada de soja pasó de 482.000 hectáreas en 1991 a 2,67 millones en 2010).

Precisamente, la soja, que estos días pasados alcanzaba precios históricos, es una de las claves del conflicto por la tierra, entre otras razones porque el modelo agrícola propuesto en la reforma agraria estaba basado en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria lo cual colisionaba con los intereses de las oligarquías y con el modelo agroexportador predominante en el país. Otro elemento a tener en cuenta que la soja que se cultiva en Paraguay es transgénica con lo cual detrás del boom sojero también están presentes los intereses de las empresas agroquímicas y de las grandes transnacionales oligopólicas que controlan el procesamiento y las exportaciones de soja como Cargill, ADM, Bunge o Dreyfus. Como un elemento más del conflicto por la tierra, se ha de añadir que la soja es un cultivo altamente mecanizado que apenas necesita mano de obra y que tiene un altísimo coste medioambiental por el desmonte de tierras y destrucción de bosque que implica el poner las tierras en cultivo y por un uso intenso uso de agrotóxicos en su cultivo.

Mientras que la producción sojera expulsa campesinos y comunidades indígenas hacia los suburbios de las ciudades, el modelo de reforma agraria planteado en Paraguay apuesta por fijar la población en el campo y por el reparto de tierras como medio para combatir la pobreza rural; téngase en cuenta que hay 1,2 millones de pobres rurales de una población total de 6,5 millones de habitantes. Aunque es cierto que las exportaciones agropecuarias son responsables en buena medida de que el PIB del país haya crecido un 14,5% el 2010, únicamente unos pocos se beneficiaron de ello, puesto que ese mismo año aumentó el número de pobres.

Llegados a 2012, a pesar del apoyo del presidente a la reforma agraria, el panorama para las organizaciones campesinas es desolador: no sólo se avanzó muy poco en el reparto de tierras sino que se afianzó el modelo agroexportador y probablemente la concentración de la tierra. Por esta razón, grupos de campesinos optado de nuevo por ocupar tierras como las de junio pasado de Ñacunday como medida de presión, ya que como señala la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”. En esta ocasión, uno de los resultados de las “medidas de fuerza” fue la expulsión de Lugo de la Presidencia del Paraguay, al ser considerado por los grandes empresarios agrarios y la oposición política como cómplice de las ocupaciones e incapaz de resolver el conflicto.

No obstante, y ya para finalizar, hay varios elementos que llaman la atención del proceso de destitución. Una es que en menos de una semana se armasen las alianzas parlamentarias para ejecutar el juicio político. Otra es la “unanimidad” de la decisión (76 votos a favor y únicamente 1 en contra), si bien mirando la composición de Congreso no es tanta sorpresa; entre el Partido Colorado (33), el Partido Liberal del actual presidente F. Franco (29) y la UNACE (12) del golpista Lino Oviedo suman 74 diputados. Y un tercer aspecto llamativo es que un “juicio político”, en el cual se juzga al Presidente de la Nación, se lleve a cabo en 17 horas, disponiendo el acusado de dos horas para defender su inocencia. Todo ello hace intuir que todo estaba cocinado y se estaba esperando el momento oportuno destituir al presidente; de hecho, el presidente Lugo estuvo amenazado en otras ocasiones con ser sometido a juicio político por cuestiones relacionadas con la reforma agraria que trataba de poner en marcha; una de ellas fue el “caso Teixeira” en la que se acusó al presidente de “intento de estafa al Estado” al acordar con un empresario brasileño la compra de 22.000 hectáreas de tierra para repartir entre el campesinado sin tierras, la cual según sus detractores se había hecho por un valor muy superior al de mercado. Es posible, como señalan algunos analistas, que el Partido Liberal buscase distanciarse de Lugo de cara a las elecciones de 2013, pero también como el propio Lugo ha denunciado, detrás de su destitución se oculta también el clientelismo y el reparto de prebendas entre la clase política. En este sentido, la corrupción en sus múltiples manifestaciones (tráfico de influencias, sobornos, fraude, prevaricación, nepotismo, malversación o fraude) es común en Paraguay; según Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 154 de 182 países situándose al mismo nivel de países como Zimbawe. De hecho, entre los que han impulsado la destitución de Lugo se cuentan numerosos implicados en casos de corrupción, con vínculos incluso con el narcotráfico.

Cierto que la Constitución de Paraguay en el artículo 225 otorga al Congreso la facultad de destituir al Presidente por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Sin embargo, en este caso no parece que la ley se haya aplicado para garantizar un mejor funcionamiento democrático, sino al contrario: al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia del Paraguay, la destitución de Lugo parece mostrar cómo la clase política oligárquica utiliza las leyes del Estado y las instituciones en beneficio propio sin el más mínimo pudor, y de este modo seguir acumulando poder político y económico.

Artículo de José Serrano – 04/07/2012

Foto de Carola Thiede

 

 

La tierra en Argentina: nuevos retos en torno a viejos problemas


Buenos Aires comenzó el año con las habituales celebraciones navideñas, el éxodo turístico hacia las playas y la operación de tiroides de la Presidenta para extirparle un cáncer que después resultó no ser tal. Una vez que Cristina Fernández se recupere de la intervención quirúrgica a la que fue sometida deberá afrontar sus obligaciones de mandataria, resultado de su victoria en las elecciones de 2011 con un 54% de los votos. Este segundo mandato plantea numerosos retos para la gobernante, pero hay tres cuestiones relacionadas con la tierra, los recursos naturales y las materias primas a las cuales habrá que prestar una especial atención en este año que comienza.

Una primera cuestión que exige seguimiento es la producción de alimentos. A consecuencia del fenómeno climático de La Niña, los países del Cono Sur, y especialmente el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, se están viendo afectados por una importante sequía lo cual afectará a las cosechas. Esta sequía, que afecta a las regiones más agrícolas de la Argentina como la Pampa húmeda, está provocando importantes mermas en las cosechas de maíz y de soja (aquí se produce en torno al 17% de la soja mundial). En un momento de demanda creciente de alimentos por parte de los países en desarrollo y de países emergentes como India o China (uno de los principales socios comerciales de Argentina) un descenso de las cosechas de soja y maíz podrían incrementar su precio en la bolsa de Chicago donde se negocian los “futuros” de estas “commodities”. Habrá que ver hasta qué punto estas malas cosechas previstas podrían desencadenar una subida del precio de los alimentos y ayudar a cocinar una nueva crisis alimentaria similar a la ocurrida en 2008.

Relacionado con la producción de soja y maíz, hay una segunda cuestión y son las disputas por las tierras de uso agrícola y ganadero. En los últimos años se han desmontado amplias superficies de bosques y pastizales para dedicarlas al cultivo. De ello se han derivado diversos conflictos, incluso violentos, ya que hay luchas por la tierra entre particulares, y también entre comunidades y terratenientes. Baste recordar que en 2011 hubo varios muertos; uno de los incidentes más graves fue el ocurrido en diciembre en Santiago del Estero con varios campesinos “baleados”.

Otros problemas en relación a los usos agrícolas están relacionados con la compra/acaparamiento de tierras por parte de extranjeros, y con la sostenibilidad medioambiental, en tanto que tierras de bosques son transformadas en tierras agrícolas con la consiguiente pérdida de biodiversidad. En lo que se refiere al acaparamiento de tierras, también Argentina está en el ojo de huracán con el creciente interés de multinacionales chinas y árabes en la adquisición de tierras para la producción de alimentos. Así en 2011 la compañía estatal china Beidahuang Group firmó un acuerdo con el gobierno de la provincia de Río Negro para explotar una superficie de 320.000 hectáreas con una inversión estimada de 1.500 millones de US$. En un contexto mundial de subida de los precios de las materias primas y de los alimentos, es de esperar que estas disputas y conflictos se mantengan latentes o explícitos. El actual gobierno, con mayoría en la Cámara de Diputados, está impulsando una Ley de Tierras que entre otras cosas limita la propiedad de ésta en manos de extranjeros y crea un Registro Nacional de Propietarios de Tierras. Desde las organizaciones campesinas como el MOCASE-Vía Campesina se pide que los campesinos sean tenidos en cuenta. En este sentido habrá que ver cuál es la posición del gobierno argentino: si apuesta por un modelo de soberanía alimentaria con una protección efectiva de la tierra y de los derechos de las comunidades indígenas o hace la vista gorda y mantiene el apoyo tácito al modelo agroexportador vigente, consciente de que las exportaciones de soja y otras materias primas son uno de los ejes del modelo agropecuario y fundamentales también en la obtención de divisas.

En este contexto de aumento de los precios de las materias primas, un tercer conflicto surge con la minería, y en particular la que se realiza a cielo abierto. Como es sabido, la minería a cielo abierto exige el desmonte de amplias superficies de tierra que en ocasiones tienen utilidad agrícola, ganadera o forestal. Pero no sólo eso, la minería del oro por ejemplo, implica la utilización de grandes cantidades de cianuro el cual puede acabar depositado en la naturaleza contaminando acuíferos y cursos de agua, y dañando, por tanto, la vida. Por esta razón, se suceden las protestas contra los emprendimientos mineros, como la de los vecinos de Famatina en la provincia de La Rioja que desde hace meses vienen movilizándose contra los proyectos de minería aurífera por parte de las compañías Barrick Gold y de Osisko Mining, autorizados éstos por el gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la Ley Minera vigente en la Argentina es de la época de Menem y otorga numerosas ventajas a las empresas extranjeras. Parece haber una cierta demanda social que exige cambios en esta Ley y tal vez ahora, con mayoría en la Cámara de Diputados, sea el momento de actuar y promover un cambio profundo a favor de una mayor sostenibilidad. No obstante parece haber una cierta hipocresía al respecto, ya que mientras los gobernantes hablan de soberanía nacional y desarrollo sustentable se siguen cerrando acuerdos con las grandes multinacionales mineras y se fomenta la inversión de países como China. Precisamente, el mencionado líneas atrás Luis Beder Herrera, junto con el Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, encabezó la delegación argentina que en noviembre de 2010 presentó en Tianjin (China) el III Congreso de “Minería Argentina: Oportunidades de Inversión” para promover nuevas inversiones chinas en actividades de exploración y producción minera en el país. Para el Secretario de Minería, estas inversiones previstas, superiores a los 30 mil millones de dólares, posibilitarían la realización de nuevos proyectos productivos, y convertirían a Argentina en un gran jugador mundial de cobre, plata y oro, a la vez que líder en materia de minería de litio y boratos. Otro ejemplo de este doble discurso gubernamental es la Ley de Glaciares (aprobada en 2010 y que prohíbe la contaminación y la exploración minera y de hidrocarburos en los glaciares y periglaciares) la cual está paralizada por los recursos de las empresas mineras y la no dotación de fondos por parte del gobierno para realizar el inventario de zonas a proteger.

Hasta ahora no se ha avanzado mucho en estas materias, ya que, como justifican los simpatizantes del gobierno, se trataba de resolver lo más urgente. No cabe duda de que la situación heredada, especialmente por Néstor Kirchner, era especialmente complicada. No obstante habrá que ver si se opta por un cambio real y serio en el modelo de producción o se sigue aprovechando el “viento de cola” de los altos precios de las materias primas y de los alimentos. Lo que suceda al respecto, será importante para el futuro de Argentina pero también para América Latina y el mundo en general.

 

Texto de José SERRANO publicado en enero de 2012 en RESET

Foto: Desmontes en Salta (Argentina) – Greenpeace

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