Los bienes exceptuados de la desamortización de Madoz (i): los catálogos de montes exceptuados de la venta


 

Como vimos en una entrada anterior, el ministro Madoz intentó vender los bienes de los pueblos. No obstante la Ley de desamortización general de 1 de mayo de 1855, establecía la posibilidad de exceptuar de la venta algunos predios que tuviesen una clara funcionalidad social como eran los montes y algunos terrenos de aprovechamiento común.

Es decir, la misma legislación que ponía en venta los bienes de los pueblos, primero dejaba en manos de los ingenieros forestales decidir lo que había de ser exceptuado de la venta, y además contemplaba que los vecinos pudiesen solicitar la excepción de la venta de aquellos terrenos que tuviesen una clara funcionalidad social (dehesas y terrenos de aprovechamiento común). Por esta razón en provincias como León, situada en la parte montañosa de España, fueron exceptuadas amplias superficies de montes.

En próximas entradas trataremos sobre los expedientes de excepción y las estrategias de los pueblos para defender sus comunales, pero hoy vamos a tratar de los montes exceptuados de la venta.

Así, al recién creado Cuerpo de Ingenieros de Montes le correspondió decidir qué montes eran enajenables y cuáles debían ser exceptuados de la venta. Apoyados en la documentación y trabajos de la Comisaría de Montes y en la guardería forestal existente, del 17 de febrero al 15 de junio de 1859 fueron catalogados en León casi dos mil montes estableciendo la cabida, lindero, especie dominante y otros datos que contiene la Clasificación General de los Montes Públicos de 1859.

Iniciada la desamortización, y como resultado de las presiones del Ministerio de Hacienda, el 22 de enero de 1862 se publicó otro Real Decreto que establecía nuevas directrices en materia de montes, siguiendo un nuevo criterio el cual yuxtaponía dos elementos: la especie dominante y la extensión. Como consecuencia de este decreto se declararon enajenables un buen número de montes más, aunque el Catálogo de 1862 mantenía exceptuadas 415.524,1 hectáreas de monte, que se irían incrementando en las sucesivas revisiones.

Es de destacar que los montes mediterráneos, como los encinares, fueron declarados enajenables. Por otro lado el cambio de criterio y las necesidades hacendísticas, dejaban de facto las puertas abiertas a enajenar todo aquello que no estuviese en los Catálogos de montes exceptuados. Bastaba que alguien solicitase la tasación o que el Ayuntamiento decidiese venderlo.

En lo que se refiere a la catalogación de los montes, la labor de los ingenieros continuó durante toda la segunda mitad del siglo XIX, a en 1877 con la Ley de Repoblación y el el cobro del 10% de los aprovechamientos destinado a mejoras, fueron catalogadas 89.755 nuevas hectáreas de monte. En esta rectificación aparecían por primera vez algunos montes como los pinares de distintos pueblos del municipio de Castrocontrigo que en su totalidad sumaban 12.662 hectáreas.

Hay que destacar que aunque contienen errores, esos primeros ‘inventarios’ de montes son una muy buena fuente para conocer la “riqueza forestal” de la provincia de León a mediados del siglo XIX.

Un último aspecto muy importante es que con los catálogos se estaba creando el concepto de monte «público». Los montes eran de los pueblos, sin embargo con los catálogos se trataba de definir o establecer los derechos de propiedad del Estado.

Volveremos sobre el tema con los expedientes de excepción y los catálogos de montes realizados hacia 1900, el de Montes de Libre Disposición y el de Montes de Utilidad Pública

En este documento podrás encontrar por municipios las superficies de monte declaradas enajenables o exceptuadas de la desamortización

Los comunales y la Guerra Civil en León


El período más vergonzoso de nuestra historia contemporánea es sin duda alguna la Guerra Civil (1936-1939). A pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, aún quedan temas por abordar; uno de ellos es la conflictividad originada al interior de los pueblos por la disputa de los recursos, y concretamente por los comunales.

A pesar que en la provincia de León la superficie de comunales vendida con la desamortización de Madoz fue mínima, en la primeras décadas del siglo XX el campesinado sufría un empobrecimiento generalizado. Además la población no dejaba de crecer. Las salidas eran complicadas; una era la emigración y otra la puesta en cultivo de nuevas tierras.

Así, por una parte muchos leoneses optaron por irse a Cuba y Argentina. Por otra, desde los sectores más pobres del campesinado se pedía el reparto de tierras; es decir, se pedía la roturación del monte, o que fuesen repartidos nuevos quiñones, especialmente en aquellos municipios donde únicamente accedían a los quiñones los vecinos más antiguos.

Ambas soluciones eran complicadas; para emigrar hacia falta dinero, y las roturaciones, prohibidas por la administración forestal, mermaban el espacio de pasto de los ganados, por lo que había vecinos que estaban en contra.

El caso es que hasta la llegada de la II República Española, ningún gobierno se atrevió a abordar la ‘cuestión social’ en el campo, como era llamada la problemática asociada a la generalización de la pobreza rural.

Para paliar la desastrosa situación del campesinado, durante el período republicano fueron autorizadas roturaciones en los montes de utilidad pública, se abolieron prestaciones señoriales que pagaban los pueblos (como el foro de Villamor de Riello) y  se aprobó la Ley de Bases de Reforma Agraria. Esta ley contemplaba el reparto de los grandes latifundios entre el campesinado, pero también medidas que afectaban a la provincia de León como el ‘rescate’ de comunales privatizados o usurpados en el siglo XIX (habrá una próxima entrada sobre este tema).

El caso es que los ‘repartos’ y las roturaciones en los comunales crearon mucha tensión y disputas al interior de los pueblos. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Valderas. Allí, hacia 1915 según un informe de Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, en el último quinquenio habían emigrado más de 300 familias, a pesar de que la construcción del ferrocarril de Palanquinos a Medina de Rioseco había frenado un poco la sangría emigratoria.

Sin embargo la villa poseía una extensa finca comunal, la «Dehesa de Trasconejos», aprovechada por los ganaderos, cuya roturación y reparto había sido solicitada reiteradamente por los vecinos; por ejemplo en febrero de 1925, los vecinos, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, solicitaban que la Dehesa destinada para pastos “rindiendo poco para dicho fin y en cambio pudiendo producir en abundancia cereales y leguminosas” les fuese cedida en arrendamiento, dejando para dehesa boyal y pastos una parte de la misma.

Recogiendo estas peticiones, el Alcalde solicitó la roturación, indicando que se trataba de una cesión temporal, siendo autorizada en 1926 la adjudicación de 444 parcelas. Diez años más tarde, en 1936, el problema persistía y el gobierno municipal republicano autorizó una nueva roturación y reparto que benefició a 713 personas.

Esta disputa por el uso de los comunales se dio en numerosas localidades, tal y como se puede comprobar en la documentación del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Aunque no es lugar aquí de valorar las medidas republicanas, se advierte que estas medidas crearon tensión en muchos pueblos ya que además se utilizó la política de hechos forzados como roturar y repartir tierras comunales sin los permisos pertinentes y esperando que el IRA lo legitimase.

En cierta manera el consenso que había habido entre los distintos grupos sociales en defensa del comunal durante el siglo XIX se rompió: detrás de esta disputa por los comunales también había un enfrentamiento político y social. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño campesinado tenía poder decisorio. Es posible que estas medidas molestasen a los ‘cuatro ricos’ que hacían y deshacían y utilizaban los comunales a su antojo; es posible también que estas medidas alimentasen los miedos de una mayoría de vecinos que dependían de los comunales y temían que fuesen repartidos.

En los años previos a la contienda fratricida, la violencia ya estaba presente en muchos pueblos, y la disputa por el comunal agudizó el enfrentamiento entre sectores sociales. Aunque se desconoce bastante del impacto de la Guerra Civil en las zonas rurales de la provincia, se constata que en León los más pudientes y buena parte del campesinado apoyaron a los militares insurrectos.

Se intuye también que muchos de los represaliados en la provincia fueron obreros del campo –ni siquiera militantes de partidos de izquierda– que habían apoyado las medidas de los gobiernos republicanos.

No es casualidad que en Valderas, donde había habido los conflictos en torno a la dehesa comunal los primeros días del alzamiento se detuviese por lo menos a 178 personas y fuesen asesinadas 79 vecinos/as con filiación en Valderas, tal como estudiaron Sol Gómez Arteaga y Miguel García Bañales. 72 personas y hubiese 117 desaparecidos víctimas de la guerra, como se recoge en esta noticia del Diario de León. Pero esa es otra historia que alguien tendrá que escribir…

El señor de la foto es Benito Pamparacuatro. Si no lo conocen, les aconsejo que busquen información sobre él…

La desamortización olvidada. León (1810-1840)


 

Hace unas semanas en una entrada de este blog, comentábamos que en 1855 el ministro de Hacienda Madoz intentó vender las propiedades de los pueblos para hacer frente a las necesidades presupuestarias del Estado.

Aunque en León los pueblos conservaron la mayor parte de las propiedades comunales, en muchos lugares antes de la desamortización de Madoz ya habían ‘desaparecido’ una parte importante de los patrimonios comunales.

La venta de propiedades de los pueblos fue especialmente importante en la primera mitad del siglo XIX, en el período que transcurre entre 1810 y 1840, a causa de la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas. Debido a estos conflictos bélicos, ayuntamientos y juntas vecinales acabaron muy endeudadas, por lo que fue frecuente recurrir, entre otras medidas, a la venta de bienes para paliar esta escasez presupuestaria.

Basta con mirar los protocolos notariales de las primeras décadas del siglo XIX de cualquier partido judicial de la provincia para constatar la venta de numerosas fincas comunales en distintas localidades de la provincia, motivo por el que este proceso es considerado como una ‘desamortización olvidada».

En lo que se refiere a las guerras napoleónicas, con el vacío de poder surgido se dio una coyuntura muy favorable para la venta de tierras concejiles. Aunque las ventas parecen haber sido más intensas en las zonas de ribera y en aquellos municipios urbanos que padecieron la ocupación francesa de facto, como por ejemplo Valencia de Don Juan, el fenómeno se dio a lo largo y ancho de toda la provincia.  

Precisamente en la antigua villa de Coyanza, ocupada por distintos ejércitos entre 1808 y 1813, las actas municipales dan testimonio de las ventas producidas durante este periodo. Así por ejemplo en febrero de 1810, el Ayuntamiento agobiado por las cargas de la guerra vendió varios predios (la Chopera, Molino Caído, Soto de Abajo, Fuentes de Aja y Marialba); en julio se aumentaron los impuestos; y en septiembre fueron marcadas nuevas fincas que fueron vendidas en febrero del año siguiente. También en febrero de 1811 se arrendaron los molinos de la villa; en abril se vendieron los predios de Pontecillos y Cañamales; y en noviembre (con un nuevo impuesto de guerra) se enajenaron las eras y otras fincas del común. Y así en los años sucesivos…

El caso es que en Valencia de Don Juan la situación desastrosa de la Hacienda municipal (quizás originada en estos años) se mantuvo a lo largo del siglo XIX. Ello obligó a nuevas ventas de comunales, como el “Monte pequeño” vendido en 1851. El remate de todos estos procesos fue la desamortización de propios que acabó liquidando el amplio patrimonio comunal de Valencia de Don Juan.

También en pueblos de la montaña leonesa, como Riaño, Burón, Acebedo, Maraña, o Boca de Huérgano hubo enajenaciones de bienes concejiles con motivo de la ocupación napoleónica. En Acebedo, entre 1809 y 1819, el concejo autorizó la venta en pública subasta de más de un centenar de fincas; según figura en la documentación notarial la razón de estas ventas fue el “remediar las necesidades que padece la citada villa por falta de medios para atender el socorro de nuestras tropas españolas en defensa de los enemigos que ymbaden la patria”.

El otro hito fueron las guerras carlistas, ya que en 1835 y 1838 se autorizó la venta de Realengos o baldíos y la venta de leña de los montes para indemnizar a los perjudicados por las incursiones carlistas en la provincia. Acogiéndose a este decreto, fueron vendidas fincas concejiles en numerosas localidades leonesas.

Lo más destacable es que la privatización de comunales de la mitad del siglo XIX estuvo plagada de irregularidades. Las oligarquías locales y los más ricos, aprovechando el vacío de poder y a la inseguridad jurídica, controlaron el proceso y lo aprovecharon para  aumentar sus patrimonios rústicos. La premura con la que se hicieron las subastas a causa de las exigencias y amenazas del ejército francés facilitó todavía más los manejos ya que se ignoró toda legalidad.

Estos ‘chanchullos’ provocaron que vecinos y concejos de unos cuantos pueblos acudieron a denunciar las irregularidades a la Diputación Provincial. Por ejemplo el concejo de Santas Martas alegaba que “cuatro ricos manipulantes fraguaron el enredo para ganar como vendedores, y después como compradores»; también los vecinos de Bustos señalaban que los ‘cuatro ricos’ para pagar las contribuciones habían dividido en quiñones varios terrenos concejiles poniéndoles un precio que no era asumible por los más pobres; de esta manera la mayoría de vecinos tuvieron que ceder su parte a los ricos que se hicieron con las tierras por ‘cuatro reales’.

En fin. Interesante, ¿no?. Ya lo saben…  “Quien reparte, y bien reparte se queda con la mejor parte”.

Si te interesa el tema, en el Capítulo 2 de la Tesis doctoral de José A. Serrano Álvarez, entre las págs. 191 y 208, tienes más información del tema. Aquí tienes el enlace.

Ordenanzas concejiles y costumbre en León


 

En la entrada de la semana pasada sobre el concejo de vecinos, se indicaba que las ordenanzas representaban la fijación de la tradición y la costumbre (el derecho consuetudinario o los ‘usos del país’, como dirían en los pueblos de León).

Pero… ¿qué es la costumbre? E.P. Thompson, un historiador inglés sobre el tendremos ocasión de volver, la define como el “derecho o ley no escrita que, habiéndose establecido por el prolongado uso y consentimiento de nuestros antepasados, se ha practicado y se practica diariamente”.

Aunque pueda pensarse que la costumbre era algo fijo e  inmóvil, nada más lejos de la realidad; como decía Thompson, «la costumbre era un campo de cambio y de contienda, una palestra en la que intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias”.

O como indicaba el jurista leones L. Díez Canseco:  “El derecho consuetudinario no está formado por un masa homogénea, ni siempre en adecuación con la vida actual. Hay una parte actual nacida para resolver los problemas que se van planteando en la vida (…); pero hay otra que es resto y residuo que han dejado las generaciones pasadas, que (…) nos sirven como datos para inferir una civilización distinta y contraria a la actual; otras nacidas para necesidades pasadas y adaptadas a las presentes, y, por fin, hay muchas reglas y costumbres que, por una especie de mimetismo, toman la forma y apariencia de las prescripciones legales vigentes para vivir a pesar de ellas y defenderse contra ella, como esos insectos que toman el color de la planta en que se posan y evitan la agresión de sus enemigos”.

Aunque las ordenanzas fijaban la costumbre y usos del país, éstas eran continuamente modificadas. Generalmente las ordenanzas, siempre que era necesario: bien por hallarse rotas las anteriores, bien porque algún artículo fuese inaplicable debido a los cambios que se iban produciendo, eran confeccionadas por los vecinos más antiguos. Es decir, el ordenamiento tradicional se iba adecuando a la realidad cuando las circunstancias obligaban a ello.

Ejemplos de estos cambios son las Ordenanzas de Burón o de Lario. Las primeras, conservadas en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial (AHDPL), fueron modificadas en sucesivas ocasiones; aunque las primeras ordenanzas conservadas son de 1751, en 1821 y 1869 fueron redactadas de nuevo para introducir o quitar capítulos. También en el Archivo Concejil de Lario se conservan las Ordenanzas de 1823, 1827, 1842 y 1847, y posteriores ordenanzas ganaderas siendo ello el reflejo de las sucesivas modificaciones.

Las propias ordenanzas concejiles recogían esa necesidad de acomodarse a los tiempos, y por ejemplo las ordenanzas de Abano del siglo XIX explicaban la necesidad de ir modificando el ordenamiento: “Decimos por cuanto las Ordenanzas y Capítulos por donde hasta aquí el dicho Concejo y vecinos se han regido y gobernado, por haber mucho tiempo que se hicieron, están viejos y se van acabando, y en ellas faltan de añadir algunos capítulos sin los cuales no se pueden conservar el dicho Concejo y Vecinos, por lo cual nos conviene, y es necesario, útil y provechoso hacer nuevas Ordenanzas y Capítulos por donde en adelante el dicho nuestro Concejo, y vecinos del dicho lugar de Abano, que ahora son y por tiempo fuesen se rijan y gobiernen (…)”; igualmente en el capitulo 86 de dichas ordenanzas se señala “Item ordenamos y mandamos que cada y cuando el dicho Concejo y vecinos del lugar de Avano le pareciere quitar o añadir de lo contenido en estas Ordenanzas lo puedan hacer siendo útil y conveniente a todos y quedando lo demás en su fuerza y vigor (…)”.

Sin embargo a mediados del siglo XIX todo cambió. En 1857, los pueblos de León hubieron de enviar a la Diputación provincial las ordenanzas vigentes para “examinadas” por el Secretario (gracias a ello se conservan en el Archivo de la Diputación). El Secretario de la Diputación consideraba que algunos artículos no eran aplicables por ser contrarios a las leyes liberales y al ‘sagrado derecho de propiedad’ y por tanto habían de ser derogados. Un ejemplo de ello es el capítulo 27 de las Ordenanzas de Burón que establecía la obligatoriedad de no castrar a los machos hasta que no fuesen examinados por los vecinos, para decidir cuáles quedaban de sementales al servicio de la comunidad; según el Secretario de la Diputación no se podía “obligar a ningún ganadero a dejar sus sementales para el servicio del común si no quiere”.

De todos modos, los pueblos buscaron y encontraron la manera de obviar esas limitaciones que les imponía el ordenamiento liberal, manteniendo servidumbres y la colectivización de prácticas agrarias. En lo que se refiere a las normas, y una vez que las Ordenanzas dejaron de tener validez jurídica, en pueblos de la montaña los vecinos reunidos en asamblea acordaban reglamentos locales (“Libros de Pueblo”) basados en el antiguo ordenamiento comunitario, los cuales posteriormente eran firmados por todos y cada uno de los vecinos como nos cuentan López Morán, Flórez de Quiñones o Behar, y comentamos en una anterior entrada.

Quizás el lector se pregunte qué queda de las ordenanzas. Aunque aparentemente quede poca cosa y usos como las veceras prácticamente hayan desaparecido, queda el poso del funcionamiento colectivo. El sistema de valores ha cambiado mucho en este último siglo y medio pero siguen quedando lo que podríamos llamar ‘solidaridades vecinales’: los mayores nunca fallan en los entierros de sus convecinos, ni a las misas del patrón del pueblo de al lado, se siguen haciendo hacenderas para limpiar el cementerio, etc… Cuando un vecino se le quema una casa se siguen haciendo colectas en toda la comarca para que pueda recuperar una parte de lo perdido…  Pues bien, todas esas ‘solidaridades’ solían aparecer reguladas en las ordenanzas… lo explicaremos en una nueva entrada.

Para quien quiera saber qué aspectos regulaban las ordenanzas en la Edad Moderna le recomiendo este artículo de Rubén E. López sobre el concejo de Valdetuéjar

El ataque del Estado liberal a los concejos de vecinos…


 

Ayer, 6 de enero, en el Diario de León aparecía una muy buena noticia.  Ya se encuentra en fase de montaje La voz del concejo, un documental sobre los concejos de vecinos. Este proyecto, liderado por Isabel Medarde y Teresa García Montes a través de la productora Bambara Zinema y apoyado económicamente por la Fundación Cerezales, tiene como uno de sus objetivos que los concejos sean reconocidos por la UNESCO como patrimonio inmaterial.

Para grabar y documentar el funcionamiento y la historia de esta arraigada institución, han recorrido unos cuantos pueblos de la provincia y han entrevistado a numerosas personas; sin embargo, el documental no gira exclusivamente sobre los concejos sino sobre la rica cultura comunal leonesa. En este sentido, son muy loables y necesarias iniciativas como esta ya que, como las autoras reconocen, este documental: «servirá para registrar y documentar gráficamente su historia, pasado y presente, cuando aún estamos a tiempo y que en el futuro no tengamos que lamentarlo«.

¿Qué les podría contar yo sobre el concejo de vecinos? Pues que en el siglo XIX estuvieron a punto de desaparecer. El Estado liberal despojó a los concejos de vecinos de sus capacidades y atribuciones e hizo todo lo posible por eliminarlos. La pregunta es ¿por qué pervivieron entonces? Sigue leyendo y quizás encuentres alguna respuesta…

Según el jurista leonés Diez Canseco el origen del concejo rural se sitúa en el Medievo como exigencia de la organla-voz-del-concejo-antiguo_concejo_en_omanaización de la vida económica. Durante la Edad Moderna el concejo de vecinos ya era una institución clave en la provincia de León asentándose en él el poder de las comunidades rurales, siendo éste el encargado de la toma de decisiones y de la organización de la vida económica; entre sus funciones estaban: 1) elaborar las ordenanzas, 2) administrar los recursos colectivos, 3) regular los aspectos agrarios, 4) dictar la normativa ganadera, y 5) administrar las propiedades comunales.

A partir de 1812, con la creación de los municipios, se produjeron cambios trascendentales y diversas leyes promulgadas por el Estado liberal fueron quitando capacidades a los concejos de vecinos, como era por ejemplo la confección de ordenanzas concejiles para el gobierno local. Otro de los ámbitos donde los concejos perdieron atribuciones fue en la gestión de sus montes; la Ordenanza de Montes de 1833 establecía que todos los trámites en relación a los montes tenían que hacerse obligatoriamente a través de los ayuntamientos que, como ya vimos en otra entrada del blog, han sido la columna vertebral del caciquismo.

Aunque en 1870 se reconocieron las Juntas administrativas, no se clarificaban sus funciones, puesto que se les negaron muchas de las atribuciones que tradicionalmente habían tenido los concejos; una de ellas era por ejemplo, la posibilidad de castigar a quienes cometiesen infracciones en los montes pertenecientes a los concejos. Como detalla Flórez de Quiñones, se estaban subordinando de manera clara los intereses de los concejos y de las juntas vecinales a los ayuntamientos, con lo cual los concejos perdían la potestad de gestionar sus propios bienes.

Posteriormente la Ley Municipal de 1877 recogía nuevas disposiciones sobre las Juntas Vecinales –art. 90–, manteniendo que los pueblos que tuviesen territorio propio, aguas, pastos, montes o cualesquiera derechos que les fuesen peculiares, conservarían sobre ellos su administración particular. Sin embargo seguía correspondiendo a los Ayuntamientos tramitar todo aquello que tuviese que ver con comunales y montes: expedientes de excepción, solicitudes y propuestas de aprovechamientos, pago del 10% destinado a mejoras, tramitación de las multas, etcétera.

A pesar que que la ley no les reconociese capacidades, los concejos siguieron funcionando. La razón de ello la explica Flórez de Quiñones: “Cuando uno de los pueblos agregados al término municipal necesita construir una escuela, concurrir con el Estado a la construcción de caminos vecinales; cuando precisan, en fin, cualquier otra mejora imprescindible, tienen ellos mismos que acudir a la tradición, a sus antiguas costumbres, que es del único modo que sus necesidades pueden ser atendidas. Esta es, acaso, una de las causas de la tenaz supervivencia del antiguo Derecho”. Es decir, la reacción de los pueblos frente al ataque del Estado que ponía en peligro su supervivencia, fue cerrar filas en torno a los viejos usos y costumbres. Por decirlo de otra manera, vieron que la ‘autogestión’ era la mejor manera de gestionar sus asuntos.

De esta manera hasta las décadas centrales del siglo XX, en muchos pueblos los concejos siguieron teniendo amplias competencias en el gobierno local y en la organización de la vida comunitaria. Literalmente dice López Morán:  “El concejo entiende en todo lo que afecta al régimen de la comunidad, y en ocasiones, en algo que se relaciona con la vida puramente privada. Hace el libro del pueblo ó reglamento que ha de regir durante el año la vida del común; toma acuerdos semanales acerca del pasto de los ganados; determina la apertura ó coto de los pagos y de los comunes, la corta de leñas en los montes, el arreglo de los caminos y días en que ha de practicarse, el riego de los prados y su forma, la elección de toros para las vacas y de sementales para las ovejas, la venta del abono de las majadas, reparación de los molinos y sus presas; acuerda acerca de la policía en las casas, en las calles, en los ríos y en las fuentes; entiende en la relaciones del pueblo con el ayuntamiento y con otros pueblos; juzga de la legitimidad de las multas impuestas por el guarda de frutos, pastos y montes, mandando apuntarlas a cargo del infractor, si o hay, ó, en otro caso á cargo del guarda; dispone la inversión de fondos, y toma cuentas de su administración á los Alcaldes de barrio salientes”.

Al igual que en siglos anteriores, tal y como ha estudiado Laureano Rubio, la fuerza del concejo residía tanto en el propio compromiso y sometimiento de los miembros de la comunidad, cuanto en la posibilidad legal de frenar la injerencia de elementos externos que pudiesen modificar de alguna forma el consenso o equilibrio social, necesario para la reproducción del régimen comunal.

A lo dicho por L. Rubio, hay que añadir que el concejo estaba legitimado por la comunidad, aspecto que se refleja en la toma de decisiones. En primer lugar, el concejo funcionaba como la asamblea de todos los vecinos (en la que además un hombre era un voto) lo cual implicaba anteponer el interés del grupo frente al individuo. En segundo lugar, la actuación del concejo tenía una dimensión moral de primer orden; no sólo regulaba aspectos de la vida religiosa de la comunidad, sino que organizaba los trabajos comunitarios, como hacenderas o veceras, e incluso establecía obligaciones solidarias con el resto de los vecinos. Por último, a pesar de la derogación de las ordenanzas, el concejo siguió legislando sobre la vida económica de los pueblos; como explican López Moran, Flórez de Quiñones o Ruth Behar, a finales del siglo XIX y principios del XX los vecinos siguieron redactando acuerdos, ordenanzas ganaderas, o libros de pueblo que, firmados por todos los vecinos, eran de obligado cumplimiento.

En el funcionamiento del concejo la costumbre tenía un gran peso. Es erróneo suponer que la costumbre era algo fijo e inmóvil y que en el siglo XX los concejos funcionaban y se regían por las ordenanzas como lo hacían en la Edad Moderna. También es erróneo pensar que los concejos son una reliquia del pasado; como veremos en otra entrada, las costumbres y tradiciones estaban en continuo cambio y  los concejos no han sido una excepción. En el último siglo y medio han pasado muchas cosas: una guerra civil y una dictadura de 40 años, hemos entrado en la Unión Europea, ya casi no queda gente en los pueblos, apenas vive gente de la ganadería y de la agricultura… Todos estos cambios han marcado la vida de los pueblos y han modificado el funcionamiento de los concejos, pero éstos han pervivido no como reliquias sino como instituciones válidas y legítimas.

De la historia se pueden aprender cosas. La principal lección aprendida de lo ocurrido en el siglo XIX es que frente las amenazas del exterior los pueblos optaron por sacarse ellos mismos las castañas del fuego y defender sus propiedades y gestionar sus asuntos como lo venían haciendo durante siglos…

(Continuaremos tratando del tema…)

Lo dicho: ¡Muchas gracias a Teresa García Montes y a Isabel Medarde (y también a la Asociación Cultural Faceira y a la Fundación Antonino y Cinia de Cerezales) por esta iniciativa! Estamos esperando el documental ‘como agua de mayo’…

La desamortización de Madoz o el intento de quitarle las propiedades a los pueblos


Quizás un ministro como Montoro, aparentemente bastante mediocre, acabe pasando a la historia. Podría darse (aunque sería penoso) pasar a la posteridad por haber hecho desaparecer las juntas vecinales y  los bienes de los pueblos gestionados por éstas.

De alguna manera sería poner el final a siglos de historia y de resistencia a los ataques del Estado. Como ya contamos en otra entrada del blog, los comunales siempre han estado amenazados. Cuando más comprometida estuvo su existencia fue en el siglo XIX con los gobiernos liberales, ya que su idea era acabar con aquellas formas de propiedad –como los comunales–  ‘incompatibles’ con el modelo de propiedad liberal que se buscaba imponer; en segundo lugar otra de las finalidades de la venta de los bienes de los pueblos era aumentar el número de propietarios y atraer adeptos al régimen liberal; en tercer lugar no se oculta tampoco que la Hacienda Pública necesitaba obtener más dinero (¿les suena de algo?).

De esta manera, el 1º de mayo de 1855 (por aquella época los primeros de mayo no eran festivos), el ministro de Hacienda de la época, Pascual Madoz, presentaba a las Cortes un proyecto de Ley de Desamortización que declaraba enajenables, entre otros, “todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, y (…) a los propios y comunes de los pueblos”. A partir de ese momento cualquier finca reclamada por un comprador debía ser sacada a pública subasta. También se establecía que la posibilidad de exceptuar de la venta algunos predios que tuviesen una clara funcionalidad social como eran los montes y algunos terrenos de aprovechamiento común; así por ejemplo en provincias como León, situada en la parte montañosa de España, fueron exceptuadas amplias superficies de montes.

León fue una de las provincias de España donde se desamortizó una menor superficie de comunales y montes de los pueblos, si bien hubo comarcas como El Bierzo o Tierra de Campos donde las ventas de comunales sí que fueron importantes. Parece que los bienes de los pueblos más vendidos eran aquellos a los cuales se les podía sacar una mayor rentabilidad económica como molinos, quiñones de cultivo, o incluso puertos de merinas. Sin embargo llama la atención que en León la venta de los pueblos no tuviese el mismo alcance que en otras áreas del país. Las razones parecen haber sido varias; en primer lugar el propio Estado dejó fuera de la venta amplias superficies (más de 400.000 hectáreas de montes fueron exceptuadas de la desamortización); en segundo lugar parece que se privatizó poco porque la mayoría de los comunales eran montes, y únicamente en aquellas comarcas donde podían ser roturados y sometidos al cultivo agrícola despertaron un mayor interés por parte de los compradores. Sin embargo, en León hubo comarcas donde las tierras sacadas a subasta tenían una clara funcionalidad agrícola y no se privatizaron –por ejemplo en la Ribera del Órbigo–, y ahí entran precisamente las formas de organización como los concejos abiertos de vecinos y la significación de estos bienes y espacios colectivos en las formas de organización social.

Se intuye por tanto que, en tercer lugar, hubo un consenso social para el mantenimiento de los bienes comunales. Amplios sectores de la sociedad leonesa se mostraron contrarios a la venta de los montes, tal y como se reflejó en la prensa. Uno de los periódicos más beligerantes contra la venta de los montes fue El Porvenir de León, de orientación demócrata progresista y ligado a la figura del republicano Gumersindo de Azcárate. Esta publicación se argumentaba que las desamortizaciones no solucionaban los problemas reales  y además habían empobrecido a los grupos sociales con menos medios de producción. Es decir, con la venta de los pastizales, las dehesas boyales y los pastos en común, indispensables para la reproducción de las economías de aquellos más pobres, se estaba haciendo más daño que beneficio. También desde la prensa conservadora se criticó la desamortización de los montes argumentando que no era muy conveniente que los montes pasaran a propiedad particular por la incapacidad de los vecinos para conservarlos y por los efectos que los montes tenían sobre las aguas, la agricultura y la vida en general, los cuales se verían mermados en caso de ser vendidos.

En resumen, uno de los factores –quizás el más importante– que explicaría la escaso impacto de la desamortización civil en la provincia de León sería la resistencia del campesinado a perder  los comunales y, en consecuencia, de las estrategias puestas en marcha por comunidades vecinales para defender usos y recursos comunales. Quien quiera sacar conclusiones, que las saque…

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Si estás interesado en el tema y quieres conocer el volumen, las características, los ritmos y otros detalles de la desamortización en la provincia de León puedes consultar el capítulo 3 de la tesis doctoral de José A. Serrano Álvarez y a la que puedes acceder libremente haciendo click aquí.

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