Categoría: Historia

Las propiedades comunales, siempre amenazadas…


 

Está estudiado que los comunales en el antiguo Reino de León tienen su origen en la Edad Media. Por delegación de los reyes, en la tierra que se iba recuperando a los reinos musulmanes se establecían grupos familiares. Generalmente, el área geográfica delimitada por los contornos geográficos de un valle natural, pasaba a ser una unidad de propiedad y explotación colectiva agraria y ganadera o ‘concejo’. Por otra parte, la extensión de estas comunidades aldeanas se basó en la existencia de un campesinado generalmente libre, organizado en concejos de vecinos, lo cual históricamente será una de las claves de la pervivencia del comunal en la provincia de León.

Llegados a la Edad Moderna, en la provincia de León había más de 1.200 concejos con un elevado nivel de autogobierno y el control sobre la gestión y la utilización de amplios espacios comunales dedicados a monte y pasto. Es por ello que en León, al igual que sucedió en otras partes de Europa y España, las instituciones comunales se consolidaron o como la forma predominante de uso y gestión del territorio al garantizar la estabilidad tanto en lo que se refiere a la explotación de los recursos como a la distribución del ingreso entre los diferentes sectores sociales.

No obstante, los bienes comunales de los pueblos han sido muy apetecibles para todos, pero especialmente para los más poderosos. Así por ejemplo en la Edad Moderna, el poder señorial intentó imponer su dominio ‘solariego’ allí donde ejercían el dominio jurídico; dicho de manera sencilla y no del todo exacta, quisieron que se les reconociera como dueños de las tierras comunales en aquellos lugares donde impartían justicia. De esta manera, el Conde de Grajal o el Conde de Luna lograron establecer prestaciones señoriales sobre los bienes comunales de numerosos concejos leoneses. Durante el siglo XIX los gobiernos liberales se propusieron abolir los señoríos (sobre el cual trataremos en alguna otra entrada de este blog) y prestaciones “vasalláticas”; la trampa fue que cuando hubo una disputa entre los pueblos y un noble por un determinado bien, se exigió a los pueblos presentar los títulos de propiedad (vaya, que lo usurpado a los pueblos en los siglos anteriores pudo ser ‘legitimado’ sin problema en el siglo XIX). Sin embargo, durante la Edad Moderna allí donde la tierra estaba bajo el control de los concejos, la nobleza lo tuvo más complicado (no obstante, el conde de Luna durante el siglo XV  se hizo con la propiedad de varios puertos de merinas que arrendaba directamente a los ganaderos de la Mesta). En ocasiones los concejos consiguieron contratos forales enfitéuticos (a largo plazo) que les permitía administrarlos y les aseguraba su explotación. Pero también fue común que se estableciesen pleitos y conflictos que no se resolvieron hasta la llegada de la II República Española (como sucedió con el foro de Villamor de Riello).

A partir del siglo XVIII, con las teorías económicas fisiocráticas que consideraban que la riqueza de las naciones provenía exclusivamente de la agricultura, los comunales empezaron a ser vistos como un símbolo de atraso y un obstáculo al desarrollo económico (en España uno de los exponentes de estas ideas es Jovellanos). El resultado de ello fue que durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX a lo largo y ancho de Europa los comunales fueron privatizados.

España y la provincia de León no fueron una excepción a la regla, y durante el siglo XIX se vendieron numerosas propiedades de los pueblos. Una primera etapa de este proceso fue la llamada ‘desamortización olvidada’; es decir, para saldar la deuda contraída por los concejos y ayuntamientos en la Guerra de la Independencia (1808-1814) fueron vendidas numerosas propiedades comunales. El segundo hito fue la ‘desamortización de Mendizábal’ puesta en marcha en 1837 y que ponía en venta propiedades de la Iglesia pero administradas por los concejos de vecinos. Finalmente, la ‘desamortización de Madoz’ de 1855 fue el gran intento de vender las propiedades de los pueblos y un ataque directo al régimen comunal. Además la gestión de la mayor parte de bienes exceptuados de la desamortización, los montes, pasaban a estar supervisados por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, que tampoco se mostraron muy ‘amigos’ de los pueblos.

Ya en el siglo XX, también el comunal ha estado amenazado. Por un lado, los Ayuntamientos han tratado de «quitarle» los bienes a los pueblos inscribiéndolos a su nombre en el Catastro; por otro, ayuntamientos y juntas vecinales han recurrido a la venta de propiedades comunales para financiar gastos u obras públicas; en muchos pueblos las escuelas, la electrificación, el pavimentado de calles, el alcantarillado o el alumbrado se hizo con la venta de tierras y bienes de los concejos. Y ¡cómo no! algunos particulares, siempre que han podido, también han intentando aumentar sus propiedades a costa del comunal. Así por ejemplo, era bastante común ver crecer las fincas privadas que lindaban con el comunal. Por otro lado, muchos particulares han intentado quedarse con quiñones y tierras que en algún momento les había cedido el concejo; de hecho en 1923 el gobierno de Primo de Rivera sacó una ley para «legitimar las roturaciones arbitrarias» que se habían ido produciendo en los montes.

En próximas entradas del blog, iremos detallando estos procesos. Si te interesa, suscríbete al blog y las actualizaciones te llegarán directamente al correo electrónico.

La ‘ley Montoro’ o la desamortización encubierta



Vacas #8

En este artículo publicado hace semanas en varios medios, el catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, el cabreirés Valentín Cabero llama la atención sobre las consecuencias que podría tener la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Ahora que la Ley ya está aprobada hay que ver qué pasa. Quizás los comunales que sobrevivieron más de 10 siglos no sobrevivan una legislatura democrática.

Tierra y democracia en Colombia: los muchos obstáculos hacia la paz


El pasado octubre, el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron oficialmente las conversaciones de paz. El primero de los cinco puntos del diálogo es el acceso a la tierra y el desarrollo rural, lo cual se presiente como un importante escollo para llegar a acuerdos.

El problema de la tierra en Colombia está presente desde hace décadas y se podría decir que, a pesar de varios intentos fallidos de reforma agraria, el problema no sólo no se ha resuelto sino que el conflicto armado vivido en el país ha terminando agudizándolo. Colombia es uno de los países que presenta una mayor desigualdad rural la cual se ha agudizado en los últimos años a consecuencia de la violencia. Según un estudio del IGAC-CORPOICA en 2002 el 0,4% de los propietarios poseía el 61% de la superficie agraria, mientras que el 57,3% de los propietarios poseía el 1,7%. Según el IGAC en el 2009 el índice de Gini de propietarios es del 0,875 y el de tierras de 0,86 (cuanto más cercano a 1, más concentrada está la propiedad); comparados con otros países resulta que en Colombia se produce uno de los accesos más desiguales a la propiedad a la tierra, no sólo de América Latina sino del mundo. No obstante, el conflicto no puede ser explicado por la concentración de la tierra; en otros países de la región como Perú, Brasil, Paraguay o Argentina existe una alta concentración de la propiedad y no hay conflicto armado.

Como veremos, el conflicto armado ha agudizado la concentración de la tierra aunque también ha creado otros problemas. El principal es el desplazamiento forzado de población rural ya que según Amnistía Internacional, entre 3 y 5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos 15 años a causa del conflicto bélico, siendo la mayoría familias campesinas. A causa de ello, entre 1980 y 2010 han sido abandonadas unas 6,64 millones de hectáreas que estaban siendo explotadas por los ahora desplazados. Aunque podría pensarse que el abandono de tierras ha sido un efecto colateral de las hostilidades bélicas, el conflicto ha sido utilizado como estrategia por los actores armados para apropiarse de tierras y recursos, desplazando a la población rural que los ocupaba. Así la III Encuesta Nacional de Verificación realizada en diciembre 2010 recoge que al menos el 40,7% de los grupos familiares desplazados, abandonaron, vendieron forzadamente, o les fueron arrebatadas sus tierras.

Los orígenes de la violencia contra la población rural se remontan a las décadas centrales del siglo XX, donde el problema agrario fue uno de los factores que impulsó la aparición de las FARC en 1967, siendo el apoyo a las luchas y los movimientos campesinos uno de los leitmotiv de sus primeras acciones armadas. En los años 80, las FARC, que ya daban protección a grupos de narcotraficantes, comenzaron a utilizar la extorsión, el secuestro y la violencia contra ganaderos y terratenientes. Ante estas amenazas, y el peligro real de perder las tierras, la élite terrateniente en complicidad con el Estado empezó a sostener grupos armados de autodefensa. Precisamente, a finales de la década de los años 80, tres hermanos, Carlos, Fidel y Vicente Castaño, cuyo padre había sido asesinado por la FARC crearon un grupo de autodefensa de unos 50 hombres financiado por ganaderos y propietarios. En 1997, bajo el liderazgo de los Castaño fueron creadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales en 2001 contaban con unos 30.000 hombres armados, controlando partes importantes del territorio colombiano. Como se ha demostrado posteriormente, la consolidación del paramilitarismo fue posible gracias a la ayuda, por acción u omisión, del Estado colombiano.

Aunque la violencia paramilitar en un principio estaba dirigida contra campesinos acusados de “auxiliar” o “colaborar” con la guerrilla, posteriormente la entrada en juego del narcotráfico y de elementos ajenos al sector rural dio un nuevo sentido a la violencia contra el campesinado. Por un lado, el narcotráfico dinamizó la violencia al multiplicarse los actores armados; por otra parte, una parte de los capitales obtenidos en las actividades ilícitas fue utilizado en la compra de tierras; y en tercer lugar, se dio una alianza entre ganaderos, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes para controlar los resortes de poder político. Como en muchos casos las comunidades campesinas eran un obstáculo a estos planes, se utilizó la violencia para desplazarlos y así crear corredores para asegurar las actividades de narcotráfico. Por un lado se llevó a cabo una violencia selectiva dirigida a amedrentar a los líderes campesinos; entre 2002 y 2008 fueron asesinados 41 líderes campesinos. Por otra parte se utilizó la violencia indiscriminada contra la población; entre 1993 y 2011 ocurrieron 1.974 masacres con 9.233 víctimas. El resultado fue que miles de campesinos tuvieron que abandonar tierras, casas y medios de producción. En muchos casos estas tierras pasaron a engrosar los bienes de los paramilitares o de la guerrilla, aunque hubo casos donde el despojo ha sido legalizado al ser transferida la propiedad a testaferros quienes la han vendido a terceros que compran de buena fe.

Lo que ha ocurrido ha sido una verdadera contrarreforma agraria perpetrada por los paramilitares con el apoyo o connivencia de agentes legales públicos y privados. Como consecuencia de la violencia, las políticas de distribución de tierras en el marco de una reforma agraria han desaparecido totalmente de la agenda política, y el campesinado, la población indígena o la población afrocolombiana ha perdido canales de representación. Asimismo, la violencia ha ayudado a conformar un modelo agropecuario basado en la ganadería extensiva o en cultivos de exportación como el banano o la palma africana.

Por tanto, la cuestión agraria se ha complejizado. El actual presidente de Colombia ha dado algunos pasos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) que contempla la “restitución de tierras” a los campesinos. Hay quien señala que con estas medidas el presidente Santos está arrebatando una bandera a las FARC. La voluntad política de reparar a las víctimas es un avance importante, no obstante el camino a recorrer es largo y los obstáculos numerosos. Una primera dificultad es la burocracia ya que, aunque los jueces dicen estar preparados para la aplicación de la Ley de Víctimas, la primera sentencia de restitución de tierras recién fue dictada el 17 de octubre de 2012. Según la Unidad de Restitución de Tierras, dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 30 de noviembre de 2012 se habían cursado un total de 28.991 solicitudes de ingreso al registro, lo que hacía un área reportada por los solicitantes de 2,12 millones de hectáreas. Otro obstáculo es la existencia de grupos autodenominados “ejércitos antirestitución de tierras”, herederos de las AUC y los grupos de narcotraficantes. Es decir, a pesar del proceso de desmovilización, siguen operando estructuras paramilitares que aliadas con grupos de narcotraficantes, continúan asesinando campesinos y amenazando a los reclamantes de tierras; de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2011, al menos 71 líderes de procesos de restitución de tierras fueron asesinados, habiendo sólo una condena en firme por una de estas muertes.

Como señala el PNUD en su último informe sobre Colombia, hay razones para la esperanza, si bien la consecución de la paz en Colombia pasa por la solución de los conflictos por la tierra. Es decir, es necesario impulsar una solución política al problema agrario que repare a las víctimas del conflicto, que reduzca las desigualdades en el acceso a la tierra, que cambie el modelo de desarrollo y que fortalezca la democracia y la representatividad del campesinado y de la población rural.

Restituir las tierras despojadas, protegiendo el retorno de los desplazados es un primer paso, ya que éstos se han visto condenados a la pobreza y la marginación. Sin embargo, cabe un mayor esfuerzo contra la impunidad ya que hay datos verdaderamente preocupantes; así por ejemplo apenas se ha hecho nada para reparar las víctimas de «falsos positivos» como se denomina en Colombia a los jóvenes civiles asesinados por parte del Ejercito y contabilizados como guerrilleros muertos en combate; otra muestra es que según la OIT siguen impunes el 94,5% de los más de 2.900 sindicalistas asesinados desde 1986.

También es ineludible corregir la desigual estructura de propiedad agraria, y el modelo agropecuario de los últimos años, los cuales se han convertido en un obstáculo para el desarrollo e incluso para la democracia. Esta desigualdad histórica y control de los medios de producción por unos pocos coarta la democracia, dificulta la superación de la pobreza, y es origen de conflictos por el uso de la tierra. Considerando que la tierra es el principal activo para la supervivencia y el bienestar para la mayoría de la población rural, se hace necesario un modelo más equitativo e inclusivo que promueva un uso sostenible del territorio.

Por último, es fundamental que el Estado reconozca con voz propia al campesinado el cual a causa del conflicto armado se ha visto acusado, señalado y reprimido, viéndose despojado de su capacidad de representación.

Tal y como sucedía hace décadas, la tierra es un elemento clave del conflicto colombiano. Aunque el camino iniciado hacia la paz se presenta complicado, el futuro recién empieza y allí parece haber lugar para la esperanza.

José Serrano – 21/12/2012

Foto: Miguel Galezzo / Dejusticia

Tierra y política en Paraguay: claves para entender la destitución del presidente Lugo


 El pasado 22 de junio, Fernando Lugo era destituido por el Congreso de su cargo de Presidente de Paraguay. El hecho desencadenante de esa decisión eran los enfrentamientos habidos días atrás, concretamente el 15 de junio, entre la policía y campesinos que ocupaban en Curuguaty, en el Departamento de Ñacunday, unas tierras del senador Blas N. Riquelme del Partido Colorado, y que saldó con 11 campesinos y 6 agentes de policía muertos y más de 80 heridos. Si bien las versiones de los hechos difieren (fuentes policiales afirman que fueron recibidos a tiros mientras que los campesinos sostienen que fueron francotiradores los que originaron las muertes), lo cierto es que estas muertes fueron la chispa de una decisión que ya parecía tomada de antemano. De nada sirvieron las dimisiones del ministro de Interior y del Jefe de la Policía y las manifestaciones de Lugo en apoyo a la fuerza policial así como el anuncio del Presidente de la creación de una comisión de investigación independiente para aclarar lo ocurrido; pocos días después, y en apenas 17 horas el Congreso de la Nación, utilizando una prerrogativa constitucional, enjuiciaba al presidente Lugo y lo declaraba “culpable” de mal desempeño político destituyéndolo del cargo. A partir de ese momento, el vicepresidente Federico Franco (Partido Liberal) pasaba a ocupar su lugar. Mientras que el nuevo presidente defendía la legalidad del “juicio político”, las organizaciones campesinas y países vecinos de la región como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina denunciaron que se trataba de un “golpe de Estado” encubierto, razón por la cual Paraguay fue suspendido del Mercosur y de UNASUR.

De cara a entender mejor lo ocurrido, y enjuiciarlo críticamente, es necesario ir más allá de los graves incidentes de Curuguaty analizando lo ocurrido en Paraguay en los últimos años en relación al problema de la tierra. Junto con el fortalecimiento democrático, la reforma agraria era uno de los ejes del programa político de Fernando A. Lugo Méndez, conocido como el «obispo de los pobres», cuando en 2008 presentó su candidatura a la presidencia del Paraguay. Encabezando la Alianza Patriótica para el Cambio que aglutinaba a distintas organizaciones de izquierda, y aliado con el Partido Liberal (F. Franco encabezaba la candidatura como vicepresidente), Lugo consiguió derrotar al Partido Colorado que llevaba 61 años en el poder. En un país donde casi la mitad de la población es rural, la promesa de una “reforma agraria integral” le reportó el apoyo masivo de las organizaciones campesinas y también el voto rural. No obstante, los retos que se le presentaba al presidente eran de gran envergadura, entre otras razones porque Paraguay es uno de los países del mundo con un reparto más desigual de la tierra y donde además las oligarquías dueñas de la tierra y el sector agroexportador ostentan el poder económico y político.

En lo que se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra en Paraguay, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2008 el 2,06% de los propietarios poseían el 85,5% de la tierra cultivable, mientras que el 91,4% de la población campesina únicamente disponía del 6% de la superficie agrícola. Concretamente habría unas 310.000 familias campesinas que no poseen tierras, lo cual, y teniendo en cuenta que la población rural del Paraguay (2,6 millones de personas) es un porcentaje importante.

Este reparto tan desigual de la tierra no se remonta a la colonización española sino a lo ocurrido a partir de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y durante la dictadura de Stroessner (1954-1984). Entre 1875 y 1914 el Estado vendió más de 26 millones de hectáreas de tierras, las cuales fueron acaparadas por unos pocos propietarios; hacia 1930 una veintena de propietarios poseían la mitad de las tierras del país. Más adelante, durante la dictadura militar al amparo de una supuesta “reforma agraria” el Instituto de Bienestar Rural repartió unas 11 millones de hectáreas de tierras la mitad de las cuales (concretamente el 57%) quedó en manos de 1.877 personas, principalmente militares, hombres de negocios, o amigos del dictador como el senador Blas N. Riquelme el detentador de las tierras en disputa en Curuguaty. Estas tierras repartidas de forma irregular entre 1954 y 2003 son las denominadas tierras «malhabidas» como denuncia la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe de 2008; en él, la Comisión denuncia las graves irregularidades cometidas en el reparto de tierras recomendando que el Estado promueva las acciones ante la Justicia, repare los daños y perjuicios causados y las recupere de nuevo. Precisamente, sobre las tierras «malhabidas», foco frecuente de conflicto entre campesinos y terratenientes, se articulaba la reforma agraria del presidente Lugo, ya que se preveía su compra por parte del Estado y su posterior traspaso a los campesinos sin tierras.

Con la intención de presionar al gobierno de Lugo a favor de la reforma, ya en las primeras semanas de su mandato las organizaciones campesinas comenzaron las ocupaciones de latifundios. Ese mismo año el presidente creó en Consejo Nacional de Reforma Agraria y otorgó poderes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para comenzar con la compra y reparto de tierras entre los campesinos. Como presidente del INDERT fue nombrado Alberto Alderete un abogado experto en DDHH y que a mediados de los 90 había destacado por su defensa de campesinos sin tierras víctimas de la violencia policial. Considerado un activista, pronto se colocó en el punto de mira de los contrarios a la reforma agraria que organizaron agresivas campañas mediáticas contra él, y contra el propio presidente Lugo. Las trabas de los legisladores al proyecto de reforma (como por ejemplo la oposición del Congreso a la elaboración de un catastro), las sucesivas reducciones del presupuesto del INDERT o la campaña de acoso y derribo por parte de los detractores de la reforma que hizo que A. Alderete renunciase a su cargo alegando “agotamiento personal”, quizás cansado de que la reforma no avanzase y de la falta de apoyos.

A las resistencias internas y las trabas de los legisladores se añade la fuerte beligerancia del sector agroexportador, especialmente de los productores ganaderos y sojeros. Para entender mejor la situación téngase en cuenta dos datos: uno es que según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, 4.727 productores ganaderos (un 1,63% del total) con explotaciones mayores de 1.000 hectáreas poseen el 79% de la tierra (24,6 millones de Has.) dedicada a uso ganadero y el 64% de las cabezas de ganado vacuno; el otro es que en 2010 la soja ocupaba el 60% de la superficie cultivada (con el trigo y maíz suman el 86% del área cultivada). Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial, y existe una gran demanda de tierras para este cultivo (la superficie cultivada de soja pasó de 482.000 hectáreas en 1991 a 2,67 millones en 2010).

Precisamente, la soja, que estos días pasados alcanzaba precios históricos, es una de las claves del conflicto por la tierra, entre otras razones porque el modelo agrícola propuesto en la reforma agraria estaba basado en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria lo cual colisionaba con los intereses de las oligarquías y con el modelo agroexportador predominante en el país. Otro elemento a tener en cuenta que la soja que se cultiva en Paraguay es transgénica con lo cual detrás del boom sojero también están presentes los intereses de las empresas agroquímicas y de las grandes transnacionales oligopólicas que controlan el procesamiento y las exportaciones de soja como Cargill, ADM, Bunge o Dreyfus. Como un elemento más del conflicto por la tierra, se ha de añadir que la soja es un cultivo altamente mecanizado que apenas necesita mano de obra y que tiene un altísimo coste medioambiental por el desmonte de tierras y destrucción de bosque que implica el poner las tierras en cultivo y por un uso intenso uso de agrotóxicos en su cultivo.

Mientras que la producción sojera expulsa campesinos y comunidades indígenas hacia los suburbios de las ciudades, el modelo de reforma agraria planteado en Paraguay apuesta por fijar la población en el campo y por el reparto de tierras como medio para combatir la pobreza rural; téngase en cuenta que hay 1,2 millones de pobres rurales de una población total de 6,5 millones de habitantes. Aunque es cierto que las exportaciones agropecuarias son responsables en buena medida de que el PIB del país haya crecido un 14,5% el 2010, únicamente unos pocos se beneficiaron de ello, puesto que ese mismo año aumentó el número de pobres.

Llegados a 2012, a pesar del apoyo del presidente a la reforma agraria, el panorama para las organizaciones campesinas es desolador: no sólo se avanzó muy poco en el reparto de tierras sino que se afianzó el modelo agroexportador y probablemente la concentración de la tierra. Por esta razón, grupos de campesinos optado de nuevo por ocupar tierras como las de junio pasado de Ñacunday como medida de presión, ya que como señala la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”. En esta ocasión, uno de los resultados de las “medidas de fuerza” fue la expulsión de Lugo de la Presidencia del Paraguay, al ser considerado por los grandes empresarios agrarios y la oposición política como cómplice de las ocupaciones e incapaz de resolver el conflicto.

No obstante, y ya para finalizar, hay varios elementos que llaman la atención del proceso de destitución. Una es que en menos de una semana se armasen las alianzas parlamentarias para ejecutar el juicio político. Otra es la “unanimidad” de la decisión (76 votos a favor y únicamente 1 en contra), si bien mirando la composición de Congreso no es tanta sorpresa; entre el Partido Colorado (33), el Partido Liberal del actual presidente F. Franco (29) y la UNACE (12) del golpista Lino Oviedo suman 74 diputados. Y un tercer aspecto llamativo es que un “juicio político”, en el cual se juzga al Presidente de la Nación, se lleve a cabo en 17 horas, disponiendo el acusado de dos horas para defender su inocencia. Todo ello hace intuir que todo estaba cocinado y se estaba esperando el momento oportuno destituir al presidente; de hecho, el presidente Lugo estuvo amenazado en otras ocasiones con ser sometido a juicio político por cuestiones relacionadas con la reforma agraria que trataba de poner en marcha; una de ellas fue el “caso Teixeira” en la que se acusó al presidente de “intento de estafa al Estado” al acordar con un empresario brasileño la compra de 22.000 hectáreas de tierra para repartir entre el campesinado sin tierras, la cual según sus detractores se había hecho por un valor muy superior al de mercado. Es posible, como señalan algunos analistas, que el Partido Liberal buscase distanciarse de Lugo de cara a las elecciones de 2013, pero también como el propio Lugo ha denunciado, detrás de su destitución se oculta también el clientelismo y el reparto de prebendas entre la clase política. En este sentido, la corrupción en sus múltiples manifestaciones (tráfico de influencias, sobornos, fraude, prevaricación, nepotismo, malversación o fraude) es común en Paraguay; según Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 154 de 182 países situándose al mismo nivel de países como Zimbawe. De hecho, entre los que han impulsado la destitución de Lugo se cuentan numerosos implicados en casos de corrupción, con vínculos incluso con el narcotráfico.

Cierto que la Constitución de Paraguay en el artículo 225 otorga al Congreso la facultad de destituir al Presidente por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Sin embargo, en este caso no parece que la ley se haya aplicado para garantizar un mejor funcionamiento democrático, sino al contrario: al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia del Paraguay, la destitución de Lugo parece mostrar cómo la clase política oligárquica utiliza las leyes del Estado y las instituciones en beneficio propio sin el más mínimo pudor, y de este modo seguir acumulando poder político y económico.

Artículo de José Serrano – 04/07/2012

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Foto de Carola Thiede

 

 

La tierra en Argentina: nuevos retos en torno a viejos problemas


Buenos Aires comenzó el año con las habituales celebraciones navideñas, el éxodo turístico hacia las playas y la operación de tiroides de la Presidenta para extirparle un cáncer que después resultó no ser tal. Una vez que Cristina Fernández se recupere de la intervención quirúrgica a la que fue sometida deberá afrontar sus obligaciones de mandataria, resultado de su victoria en las elecciones de 2011 con un 54% de los votos. Este segundo mandato plantea numerosos retos para la gobernante, pero hay tres cuestiones relacionadas con la tierra, los recursos naturales y las materias primas a las cuales habrá que prestar una especial atención en este año que comienza.

Una primera cuestión que exige seguimiento es la producción de alimentos. A consecuencia del fenómeno climático de La Niña, los países del Cono Sur, y especialmente el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, se están viendo afectados por una importante sequía lo cual afectará a las cosechas. Esta sequía, que afecta a las regiones más agrícolas de la Argentina como la Pampa húmeda, está provocando importantes mermas en las cosechas de maíz y de soja (aquí se produce en torno al 17% de la soja mundial). En un momento de demanda creciente de alimentos por parte de los países en desarrollo y de países emergentes como India o China (uno de los principales socios comerciales de Argentina) un descenso de las cosechas de soja y maíz podrían incrementar su precio en la bolsa de Chicago donde se negocian los “futuros” de estas “commodities”. Habrá que ver hasta qué punto estas malas cosechas previstas podrían desencadenar una subida del precio de los alimentos y ayudar a cocinar una nueva crisis alimentaria similar a la ocurrida en 2008.

Relacionado con la producción de soja y maíz, hay una segunda cuestión y son las disputas por las tierras de uso agrícola y ganadero. En los últimos años se han desmontado amplias superficies de bosques y pastizales para dedicarlas al cultivo. De ello se han derivado diversos conflictos, incluso violentos, ya que hay luchas por la tierra entre particulares, y también entre comunidades y terratenientes. Baste recordar que en 2011 hubo varios muertos; uno de los incidentes más graves fue el ocurrido en diciembre en Santiago del Estero con varios campesinos “baleados”.

Otros problemas en relación a los usos agrícolas están relacionados con la compra/acaparamiento de tierras por parte de extranjeros, y con la sostenibilidad medioambiental, en tanto que tierras de bosques son transformadas en tierras agrícolas con la consiguiente pérdida de biodiversidad. En lo que se refiere al acaparamiento de tierras, también Argentina está en el ojo de huracán con el creciente interés de multinacionales chinas y árabes en la adquisición de tierras para la producción de alimentos. Así en 2011 la compañía estatal china Beidahuang Group firmó un acuerdo con el gobierno de la provincia de Río Negro para explotar una superficie de 320.000 hectáreas con una inversión estimada de 1.500 millones de US$. En un contexto mundial de subida de los precios de las materias primas y de los alimentos, es de esperar que estas disputas y conflictos se mantengan latentes o explícitos. El actual gobierno, con mayoría en la Cámara de Diputados, está impulsando una Ley de Tierras que entre otras cosas limita la propiedad de ésta en manos de extranjeros y crea un Registro Nacional de Propietarios de Tierras. Desde las organizaciones campesinas como el MOCASE-Vía Campesina se pide que los campesinos sean tenidos en cuenta. En este sentido habrá que ver cuál es la posición del gobierno argentino: si apuesta por un modelo de soberanía alimentaria con una protección efectiva de la tierra y de los derechos de las comunidades indígenas o hace la vista gorda y mantiene el apoyo tácito al modelo agroexportador vigente, consciente de que las exportaciones de soja y otras materias primas son uno de los ejes del modelo agropecuario y fundamentales también en la obtención de divisas.

En este contexto de aumento de los precios de las materias primas, un tercer conflicto surge con la minería, y en particular la que se realiza a cielo abierto. Como es sabido, la minería a cielo abierto exige el desmonte de amplias superficies de tierra que en ocasiones tienen utilidad agrícola, ganadera o forestal. Pero no sólo eso, la minería del oro por ejemplo, implica la utilización de grandes cantidades de cianuro el cual puede acabar depositado en la naturaleza contaminando acuíferos y cursos de agua, y dañando, por tanto, la vida. Por esta razón, se suceden las protestas contra los emprendimientos mineros, como la de los vecinos de Famatina en la provincia de La Rioja que desde hace meses vienen movilizándose contra los proyectos de minería aurífera por parte de las compañías Barrick Gold y de Osisko Mining, autorizados éstos por el gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la Ley Minera vigente en la Argentina es de la época de Menem y otorga numerosas ventajas a las empresas extranjeras. Parece haber una cierta demanda social que exige cambios en esta Ley y tal vez ahora, con mayoría en la Cámara de Diputados, sea el momento de actuar y promover un cambio profundo a favor de una mayor sostenibilidad. No obstante parece haber una cierta hipocresía al respecto, ya que mientras los gobernantes hablan de soberanía nacional y desarrollo sustentable se siguen cerrando acuerdos con las grandes multinacionales mineras y se fomenta la inversión de países como China. Precisamente, el mencionado líneas atrás Luis Beder Herrera, junto con el Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, encabezó la delegación argentina que en noviembre de 2010 presentó en Tianjin (China) el III Congreso de “Minería Argentina: Oportunidades de Inversión” para promover nuevas inversiones chinas en actividades de exploración y producción minera en el país. Para el Secretario de Minería, estas inversiones previstas, superiores a los 30 mil millones de dólares, posibilitarían la realización de nuevos proyectos productivos, y convertirían a Argentina en un gran jugador mundial de cobre, plata y oro, a la vez que líder en materia de minería de litio y boratos. Otro ejemplo de este doble discurso gubernamental es la Ley de Glaciares (aprobada en 2010 y que prohíbe la contaminación y la exploración minera y de hidrocarburos en los glaciares y periglaciares) la cual está paralizada por los recursos de las empresas mineras y la no dotación de fondos por parte del gobierno para realizar el inventario de zonas a proteger.

Hasta ahora no se ha avanzado mucho en estas materias, ya que, como justifican los simpatizantes del gobierno, se trataba de resolver lo más urgente. No cabe duda de que la situación heredada, especialmente por Néstor Kirchner, era especialmente complicada. No obstante habrá que ver si se opta por un cambio real y serio en el modelo de producción o se sigue aprovechando el “viento de cola” de los altos precios de las materias primas y de los alimentos. Lo que suceda al respecto, será importante para el futuro de Argentina pero también para América Latina y el mundo en general.

 

Texto de José SERRANO publicado en enero de 2012 en RESET

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Foto: Desmontes en Salta (Argentina) – Greenpeace

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