Los comunales y la Guerra Civil en León


El período más vergonzoso de nuestra historia contemporánea es sin duda alguna la Guerra Civil (1936-1939). A pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, aún quedan temas por abordar; uno de ellos es la conflictividad originada al interior de los pueblos por la disputa de los recursos, y concretamente por los comunales.

A pesar que en la provincia de León la superficie de comunales vendida con la desamortización de Madoz fue mínima, en la primeras décadas del siglo XX el campesinado sufría un empobrecimiento generalizado. Además la población no dejaba de crecer. Las salidas eran complicadas; una era la emigración y otra la puesta en cultivo de nuevas tierras.

Así, por una parte muchos leoneses optaron por irse a Cuba y Argentina. Por otra, desde los sectores más pobres del campesinado se pedía el reparto de tierras; es decir, se pedía la roturación del monte, o que fuesen repartidos nuevos quiñones, especialmente en aquellos municipios donde únicamente accedían a los quiñones los vecinos más antiguos.

Ambas soluciones eran complicadas; para emigrar hacia falta dinero, y las roturaciones, prohibidas por la administración forestal, mermaban el espacio de pasto de los ganados, por lo que había vecinos que estaban en contra.

El caso es que hasta la llegada de la II República Española, ningún gobierno se atrevió a abordar la ‘cuestión social’ en el campo, como era llamada la problemática asociada a la generalización de la pobreza rural.

Para paliar la desastrosa situación del campesinado, durante el período republicano fueron autorizadas roturaciones en los montes de utilidad pública, se abolieron prestaciones señoriales que pagaban los pueblos (como el foro de Villamor de Riello) y  se aprobó la Ley de Bases de Reforma Agraria. Esta ley contemplaba el reparto de los grandes latifundios entre el campesinado, pero también medidas que afectaban a la provincia de León como el ‘rescate’ de comunales privatizados o usurpados en el siglo XIX (habrá una próxima entrada sobre este tema).

El caso es que los ‘repartos’ y las roturaciones en los comunales crearon mucha tensión y disputas al interior de los pueblos. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Valderas. Allí, hacia 1915 según un informe de Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, en el último quinquenio habían emigrado más de 300 familias, a pesar de que la construcción del ferrocarril de Palanquinos a Medina de Rioseco había frenado un poco la sangría emigratoria.

Sin embargo la villa poseía una extensa finca comunal, la «Dehesa de Trasconejos», aprovechada por los ganaderos, cuya roturación y reparto había sido solicitada reiteradamente por los vecinos; por ejemplo en febrero de 1925, los vecinos, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, solicitaban que la Dehesa destinada para pastos “rindiendo poco para dicho fin y en cambio pudiendo producir en abundancia cereales y leguminosas” les fuese cedida en arrendamiento, dejando para dehesa boyal y pastos una parte de la misma.

Recogiendo estas peticiones, el Alcalde solicitó la roturación, indicando que se trataba de una cesión temporal, siendo autorizada en 1926 la adjudicación de 444 parcelas. Diez años más tarde, en 1936, el problema persistía y el gobierno municipal republicano autorizó una nueva roturación y reparto que benefició a 713 personas.

Esta disputa por el uso de los comunales se dio en numerosas localidades, tal y como se puede comprobar en la documentación del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Aunque no es lugar aquí de valorar las medidas republicanas, se advierte que estas medidas crearon tensión en muchos pueblos ya que además se utilizó la política de hechos forzados como roturar y repartir tierras comunales sin los permisos pertinentes y esperando que el IRA lo legitimase.

En cierta manera el consenso que había habido entre los distintos grupos sociales en defensa del comunal durante el siglo XIX se rompió: detrás de esta disputa por los comunales también había un enfrentamiento político y social. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño campesinado tenía poder decisorio. Es posible que estas medidas molestasen a los ‘cuatro ricos’ que hacían y deshacían y utilizaban los comunales a su antojo; es posible también que estas medidas alimentasen los miedos de una mayoría de vecinos que dependían de los comunales y temían que fuesen repartidos.

En los años previos a la contienda fratricida, la violencia ya estaba presente en muchos pueblos, y la disputa por el comunal agudizó el enfrentamiento entre sectores sociales. Aunque se desconoce bastante del impacto de la Guerra Civil en las zonas rurales de la provincia, se constata que en León los más pudientes y buena parte del campesinado apoyaron a los militares insurrectos.

Se intuye también que muchos de los represaliados en la provincia fueron obreros del campo –ni siquiera militantes de partidos de izquierda– que habían apoyado las medidas de los gobiernos republicanos.

No es casualidad que en Valderas, donde había habido los conflictos en torno a la dehesa comunal los primeros días del alzamiento se detuviese por lo menos a 178 personas y fuesen asesinadas 79 vecinos/as con filiación en Valderas, tal como estudiaron Sol Gómez Arteaga y Miguel García Bañales. 72 personas y hubiese 117 desaparecidos víctimas de la guerra, como se recoge en esta noticia del Diario de León. Pero esa es otra historia que alguien tendrá que escribir…

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El señor de la foto es Benito Pamparacuatro. Si no lo conocen, les aconsejo que busquen información sobre él…

Ni Texas ni Arizona, el Oeste está en León…


Hubo una época en la que en las radios y discotecas de León sonaban grupos de música leoneses: Los Cardiacos, Fundición Odessa, La Coartada, Los Flechazos… o Deicidas. Pero eso fue hace muchos, muchos, muchísimos años… de hecho esto sucedió en el siglo pasado. Era el año 1987, aproximadamente…

En aquella época León era una provincia ganadera. Con la entrada en la Comunidad Europea, la Junta de Castilla y León, utilizando como excusa el saneamiento ganadero, ‘masacró’ a ganaderos y ganados en la provincia de León. En 1982 había 25.633 explotaciones de bovino y 167.221 bovinos; en 2009 quedaban 2.243 explotaciones y 117.533 cabezas de bovino[1]. ¡Ahí es nada! Si sigue la progresión, hagan sus cálculos…

Era tanta la importancia del ganado que incluso Deicidas dedicó una canción a los ‘tratantes’ de ganado. Bueno, el video del encabezamiento da una idea lejana de lo que era la canción… Esto había que verlo en directo… con Felipe Zapico al mando.

Hay mafia en la feria de ganado, 
el precio de las vacas disparado;
un hábil forajido vende caro, 
lo que a otros tratantes ha robado.
Cuatreros de ganado en el tren de Matallana...

Quizás sin saberlo, Deicidas estaban haciendo folklore…  

Digo que hacían folklore, porque según la Wikipedia: «La música tradicional, música folclórica, música típica o folk, es la música que se transmite de generación en generación como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo«. Y la cultura tradicional leonesa siempre fue una cultura ganadera. Aquí otro ejemplo:

 

[1] Por si alguien tiene curiosidad, los datos son oficiales y están sacados del INE, concretamente del Censo Agrario de 1982 y del de 2009.

La desamortización olvidada. León (1810-1840)


 

Hace unas semanas en una entrada de este blog, comentábamos que en 1855 el ministro de Hacienda Madoz intentó vender las propiedades de los pueblos para hacer frente a las necesidades presupuestarias del Estado.

Aunque en León los pueblos conservaron la mayor parte de las propiedades comunales, en muchos lugares antes de la desamortización de Madoz ya habían ‘desaparecido’ una parte importante de los patrimonios comunales.

La venta de propiedades de los pueblos fue especialmente importante en la primera mitad del siglo XIX, en el período que transcurre entre 1810 y 1840, a causa de la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas. Debido a estos conflictos bélicos, ayuntamientos y juntas vecinales acabaron muy endeudadas, por lo que fue frecuente recurrir, entre otras medidas, a la venta de bienes para paliar esta escasez presupuestaria.

Basta con mirar los protocolos notariales de las primeras décadas del siglo XIX de cualquier partido judicial de la provincia para constatar la venta de numerosas fincas comunales en distintas localidades de la provincia, motivo por el que este proceso es considerado como una ‘desamortización olvidada».

En lo que se refiere a las guerras napoleónicas, con el vacío de poder surgido se dio una coyuntura muy favorable para la venta de tierras concejiles. Aunque las ventas parecen haber sido más intensas en las zonas de ribera y en aquellos municipios urbanos que padecieron la ocupación francesa de facto, como por ejemplo Valencia de Don Juan, el fenómeno se dio a lo largo y ancho de toda la provincia.  

Precisamente en la antigua villa de Coyanza, ocupada por distintos ejércitos entre 1808 y 1813, las actas municipales dan testimonio de las ventas producidas durante este periodo. Así por ejemplo en febrero de 1810, el Ayuntamiento agobiado por las cargas de la guerra vendió varios predios (la Chopera, Molino Caído, Soto de Abajo, Fuentes de Aja y Marialba); en julio se aumentaron los impuestos; y en septiembre fueron marcadas nuevas fincas que fueron vendidas en febrero del año siguiente. También en febrero de 1811 se arrendaron los molinos de la villa; en abril se vendieron los predios de Pontecillos y Cañamales; y en noviembre (con un nuevo impuesto de guerra) se enajenaron las eras y otras fincas del común. Y así en los años sucesivos…

El caso es que en Valencia de Don Juan la situación desastrosa de la Hacienda municipal (quizás originada en estos años) se mantuvo a lo largo del siglo XIX. Ello obligó a nuevas ventas de comunales, como el “Monte pequeño” vendido en 1851. El remate de todos estos procesos fue la desamortización de propios que acabó liquidando el amplio patrimonio comunal de Valencia de Don Juan.

También en pueblos de la montaña leonesa, como Riaño, Burón, Acebedo, Maraña, o Boca de Huérgano hubo enajenaciones de bienes concejiles con motivo de la ocupación napoleónica. En Acebedo, entre 1809 y 1819, el concejo autorizó la venta en pública subasta de más de un centenar de fincas; según figura en la documentación notarial la razón de estas ventas fue el “remediar las necesidades que padece la citada villa por falta de medios para atender el socorro de nuestras tropas españolas en defensa de los enemigos que ymbaden la patria”.

El otro hito fueron las guerras carlistas, ya que en 1835 y 1838 se autorizó la venta de Realengos o baldíos y la venta de leña de los montes para indemnizar a los perjudicados por las incursiones carlistas en la provincia. Acogiéndose a este decreto, fueron vendidas fincas concejiles en numerosas localidades leonesas.

Lo más destacable es que la privatización de comunales de la mitad del siglo XIX estuvo plagada de irregularidades. Las oligarquías locales y los más ricos, aprovechando el vacío de poder y a la inseguridad jurídica, controlaron el proceso y lo aprovecharon para  aumentar sus patrimonios rústicos. La premura con la que se hicieron las subastas a causa de las exigencias y amenazas del ejército francés facilitó todavía más los manejos ya que se ignoró toda legalidad.

Estos ‘chanchullos’ provocaron que vecinos y concejos de unos cuantos pueblos acudieron a denunciar las irregularidades a la Diputación Provincial. Por ejemplo el concejo de Santas Martas alegaba que “cuatro ricos manipulantes fraguaron el enredo para ganar como vendedores, y después como compradores»; también los vecinos de Bustos señalaban que los ‘cuatro ricos’ para pagar las contribuciones habían dividido en quiñones varios terrenos concejiles poniéndoles un precio que no era asumible por los más pobres; de esta manera la mayoría de vecinos tuvieron que ceder su parte a los ricos que se hicieron con las tierras por ‘cuatro reales’.

En fin. Interesante, ¿no?. Ya lo saben…  “Quien reparte, y bien reparte se queda con la mejor parte”.

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Si te interesa el tema, en el Capítulo 2 de la Tesis doctoral de José A. Serrano Álvarez, entre las págs. 191 y 208, tienes más información del tema. Aquí tienes el enlace.

La joya del Noroeste


Simon Calder, es un escritor de viajes que trabaja como ‘Senior Travel Editor’ para el diario británico The Independent escribiendo una columna semanal, así como artículos y reseñas. Hace unos años viajó a León y en el video tenéis sus impresiones de la ciudad y alrededores; vale la pena verlo…

 

Uno de los valores de la ciudad que ensalza es la gastronomía. En otras entradas de este blog, como esta o esta, hemos dicho que la arquitectura tradicional o la música tradicional son cultura, y sin lugar a dudas la gastronomía también lo es.

La gastronomía leonesa, tal y como se comprueba por ejemplo el capítulo grabado en León del programa «Un país para comérselo» emitido por RTVE, tiene unos valores propios. Aunque volveremos sobre el tema, ¿qué os podría contar sobre los vinos, quesos, embutidos, dulces u otros productos de la tierra?

Ahora bien, en lo gastronómico todavía queda camino por recorrer… Es necesario recuperar productos y variedades desaparecidas y también mantener el consumo de proximidad. Seguramente es más barato ir a un supermercado a comprar frutas y verduras, y además es más cómodo, pero sería deseable comprar directamente en un mercado local o alguien del pueblo.

Porque además con la compra de proximidad se favorece directamente al productor (que es quien al fin y al cabo trabaja la tierra), se fomenta la conservación de los productos autóctonos, es más sostenible ambientalmente, y seguramente el producto comprado es de mucho mejor calidad que lo que nos ofrecen en el supermercado. Para mí está claro: consumo de proximidad.

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Visto el video de Simon Calder surge una duda: ¿porque si León y provincia tienen unos valores turísticos que la hacen única, el turismo no acaba de despegar?. Si tienes alguna respuesta a esta pregunta, deja tu comentario…

Ordenanzas concejiles y costumbre en León


 

En la entrada de la semana pasada sobre el concejo de vecinos, se indicaba que las ordenanzas representaban la fijación de la tradición y la costumbre (el derecho consuetudinario o los ‘usos del país’, como dirían en los pueblos de León).

Pero… ¿qué es la costumbre? E.P. Thompson, un historiador inglés sobre el tendremos ocasión de volver, la define como el “derecho o ley no escrita que, habiéndose establecido por el prolongado uso y consentimiento de nuestros antepasados, se ha practicado y se practica diariamente”.

Aunque pueda pensarse que la costumbre era algo fijo e  inmóvil, nada más lejos de la realidad; como decía Thompson, «la costumbre era un campo de cambio y de contienda, una palestra en la que intereses opuestos hacían reclamaciones contrarias”.

O como indicaba el jurista leones L. Díez Canseco:  “El derecho consuetudinario no está formado por un masa homogénea, ni siempre en adecuación con la vida actual. Hay una parte actual nacida para resolver los problemas que se van planteando en la vida (…); pero hay otra que es resto y residuo que han dejado las generaciones pasadas, que (…) nos sirven como datos para inferir una civilización distinta y contraria a la actual; otras nacidas para necesidades pasadas y adaptadas a las presentes, y, por fin, hay muchas reglas y costumbres que, por una especie de mimetismo, toman la forma y apariencia de las prescripciones legales vigentes para vivir a pesar de ellas y defenderse contra ella, como esos insectos que toman el color de la planta en que se posan y evitan la agresión de sus enemigos”.

Aunque las ordenanzas fijaban la costumbre y usos del país, éstas eran continuamente modificadas. Generalmente las ordenanzas, siempre que era necesario: bien por hallarse rotas las anteriores, bien porque algún artículo fuese inaplicable debido a los cambios que se iban produciendo, eran confeccionadas por los vecinos más antiguos. Es decir, el ordenamiento tradicional se iba adecuando a la realidad cuando las circunstancias obligaban a ello.

Ejemplos de estos cambios son las Ordenanzas de Burón o de Lario. Las primeras, conservadas en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial (AHDPL), fueron modificadas en sucesivas ocasiones; aunque las primeras ordenanzas conservadas son de 1751, en 1821 y 1869 fueron redactadas de nuevo para introducir o quitar capítulos. También en el Archivo Concejil de Lario se conservan las Ordenanzas de 1823, 1827, 1842 y 1847, y posteriores ordenanzas ganaderas siendo ello el reflejo de las sucesivas modificaciones.

Las propias ordenanzas concejiles recogían esa necesidad de acomodarse a los tiempos, y por ejemplo las ordenanzas de Abano del siglo XIX explicaban la necesidad de ir modificando el ordenamiento: “Decimos por cuanto las Ordenanzas y Capítulos por donde hasta aquí el dicho Concejo y vecinos se han regido y gobernado, por haber mucho tiempo que se hicieron, están viejos y se van acabando, y en ellas faltan de añadir algunos capítulos sin los cuales no se pueden conservar el dicho Concejo y Vecinos, por lo cual nos conviene, y es necesario, útil y provechoso hacer nuevas Ordenanzas y Capítulos por donde en adelante el dicho nuestro Concejo, y vecinos del dicho lugar de Abano, que ahora son y por tiempo fuesen se rijan y gobiernen (…)”; igualmente en el capitulo 86 de dichas ordenanzas se señala “Item ordenamos y mandamos que cada y cuando el dicho Concejo y vecinos del lugar de Avano le pareciere quitar o añadir de lo contenido en estas Ordenanzas lo puedan hacer siendo útil y conveniente a todos y quedando lo demás en su fuerza y vigor (…)”.

Sin embargo a mediados del siglo XIX todo cambió. En 1857, los pueblos de León hubieron de enviar a la Diputación provincial las ordenanzas vigentes para “examinadas” por el Secretario (gracias a ello se conservan en el Archivo de la Diputación). El Secretario de la Diputación consideraba que algunos artículos no eran aplicables por ser contrarios a las leyes liberales y al ‘sagrado derecho de propiedad’ y por tanto habían de ser derogados. Un ejemplo de ello es el capítulo 27 de las Ordenanzas de Burón que establecía la obligatoriedad de no castrar a los machos hasta que no fuesen examinados por los vecinos, para decidir cuáles quedaban de sementales al servicio de la comunidad; según el Secretario de la Diputación no se podía “obligar a ningún ganadero a dejar sus sementales para el servicio del común si no quiere”.

De todos modos, los pueblos buscaron y encontraron la manera de obviar esas limitaciones que les imponía el ordenamiento liberal, manteniendo servidumbres y la colectivización de prácticas agrarias. En lo que se refiere a las normas, y una vez que las Ordenanzas dejaron de tener validez jurídica, en pueblos de la montaña los vecinos reunidos en asamblea acordaban reglamentos locales (“Libros de Pueblo”) basados en el antiguo ordenamiento comunitario, los cuales posteriormente eran firmados por todos y cada uno de los vecinos como nos cuentan López Morán, Flórez de Quiñones o Behar, y comentamos en una anterior entrada.

Quizás el lector se pregunte qué queda de las ordenanzas. Aunque aparentemente quede poca cosa y usos como las veceras prácticamente hayan desaparecido, queda el poso del funcionamiento colectivo. El sistema de valores ha cambiado mucho en este último siglo y medio pero siguen quedando lo que podríamos llamar ‘solidaridades vecinales’: los mayores nunca fallan en los entierros de sus convecinos, ni a las misas del patrón del pueblo de al lado, se siguen haciendo hacenderas para limpiar el cementerio, etc… Cuando un vecino se le quema una casa se siguen haciendo colectas en toda la comarca para que pueda recuperar una parte de lo perdido…  Pues bien, todas esas ‘solidaridades’ solían aparecer reguladas en las ordenanzas… lo explicaremos en una nueva entrada.

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Para quien quiera saber qué aspectos regulaban las ordenanzas en la Edad Moderna le recomiendo este artículo de Rubén E. López sobre el concejo de Valdetuéjar

Antes de que sea tarde… el desastroso estado de los archivos en León


A pesar del fervor reciente por pendones y ramos de nochebuena, conviene recordar que en muchos pueblos de León ramos y pendones fueron abandonados en sacristías para disfrute de polillas y carcomas.

Es loable que un buen número de pueblos hayan recuperado el ramo y el pendón. Es sin duda un paso adelante. Pero lo que sería el no va más, es que dijesen: «Ahora que hemos recuperado el ramo y el pendón, toca recuperar el arcón concejil y los documentos del pueblo».

Ahí está el problema. Es fácil recuperar el pendón o el ramo; únicamente hay que preguntar a los más viejos del lugar:

– «Sí ome, era morao, con unas tiras verdes como de un palmo de ancho»

– «No, ome, no. Era verde con unas tiras moradas, con unas borlas y un bordao alredor».

Efectivamente, aunque cada uno te pinte un pendón diferente no será una gran dificultad encargar un pendón muy parecido al que había. Ahora bien, vete y pregúntale a los paisanos del pueblo qué documentos tenía el arcón de concejo:

– «Sí ome, sí. Había documentos muy antiguos. Pero el arcón lo comió la carcoma y los documentos se quemaron, se pudrieron, o que se yo… Y eran cosas de valor…»

– «¿Yo que sei lu que habia?. Habia de todu. Las escrituras del monte, las ordenanzas, las cuentas del pueblo…»

Efectivamente. Ora.. gibraie’l rabu!, que decían antiguamente en mi pueblo (y que en traducción libre sería: ¡Ahora, inciensa con los cojones!). Los documentos destruidos o expoliados no se pueden recuperar. Y esa es la pena, que en la mayoría de pueblos y ayuntamientos no hay ningún cuidado en la conservación de la documentación histórica y muchos documentos ya se han perdido para siempre.

Todos aquellos historiadores profesionales o aficionados que hayan tenido ocasión de peregrinar por ayuntamientos de la provincia de León en búsqueda de información, habrán comprobado el estado de abandono en el que se encuentra la documentación histórica. Uno visita los ayuntamientos en busca de información y se le cae el alma al suelo. En la mayoría de casos apenas se conservan documentos antiguos; en otros casos, la poca documentación ‘conservada’ está abandonada en un almacén municipal en cajas destartaladas juntando polvo, suciedad y moho.

Un ejemplo ilustrativo de la situación en la que se hayan la mayoría de archivos municipales de la provincia es el Archivo Municipal de Valencia de Don Juan. A los incendios, inundaciones o purgas indiscriminadas que han mermado notablemente los fondos documentales históricos, se une el abandono por parte de la institución municipal. Cuando yo lo visité estaba lleno de suciedad y con muchos documentos históricos –como el catastro de Ensenada– deteriorados y abandonados por el suelo. Recuerdo que el Alcalde y el Secretario municipal me dieron facilidades para la consulta del Archivo. Sin embargo lo que sería deseable es que regidores y funcionarios municipales se esforzasen un poco más por conservar el legado documental de municipios como Valencia de Don Juan, cabeza de partido judicial, y con una importante historia.

Lo de otros ayuntamientos es todavía peor. La excepción a la regla la constituyen unos pocos concejos de la montaña leonesa que siguen conservando la documentación o la han trasladado para su custodia al Archivo Histórico Provincial. En fin…

Como ya dijimos, el pendón o el ramo son recuperables, sin embargo es imposible recuperar documentos históricos destruidos que prueben la propiedad del monte o ilustren sobre aspectos del pasado. Así que más vale que quienes tengan documentos y los quieran conservar, empiecen a hacerlo ya. Eso sí sería un verdadero amor por la tierra y la cultura leonesa.

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¿Cómo está este tema este en el municipio donde resides? Cualquier comentario al respecto es bienvenido…

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