Estos días en León las campanas suenan a muerto…


RíoEn estos días, en algunos pueblos de la provincia de León las campanas «suenan a muerto». Están anunciando la muerte inminente de la Junta Vecinal para el día de Nochevieja.

Y es que, como ya todo el mundo debe saber, el 31 de diciembre de 2014 es la fecha límite para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. Esta vez no habrá más prórrogas. Y si una Junta vecinal no lo hace así, adiós, se acabó, Requiescat In Pace. Quizás por eso las campanas lo anuncian con unas semanas de anticipación…

Alguno puede pensar que no pasa nada porque desaparezca la Junta vecinal. Bien. Se equivoca. Quizás a muchos ayuntamientos les interesa la disolución de la junta vecinal y así quedarse con el patrimonio de los pueblos. Les dejamos con un artículo de opinión de José Serrano, publicado en Diario de León el 8 de agosto de 2012 cuando empezaba el run-run de ley Montoro, en el que se alertaba sobre las nefastas consecuencias de la supresión de las entidades locales menores.

En defensa de lo comunal

El día 13 de julio del 2012 puede pasar a la historia como uno de los días más nefastos para la provincia de León. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé la desaparición de las Entidades Locales menores que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos, que también se quedarían con los bienes de los pueblos. Aunque detrás de estas medidas se argumenta la racionalización de la administración, visto el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos no sería descartable que estas propiedades acabasen vendidas al mejor postor, como ya ocurrió hace un siglo y medio. Es decir, los pueblos leoneses estuvieron a punto de perder sus propiedades con las desamortizaciones puestas en marcha a lo largo del siglo XIX para reducir la deuda del Estado.

Primero, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) puso en venta los bienes de la Iglesia. Sin embargo los pueblos se vieron privados de bienes que aprovechaban colectivamente como «cotos redondos», «dehesas de labor» o montes pertenecientes a monasterios como los de Sahagún Carracedo, Gradefes o Carrizo de la Ribera y que fueron comprados por burgueses y especuladores. Aunque éstos continuaron arrendándolos a los pueblos, impusieron nuevas condiciones, a veces abusivas; un ejemplo de lo ocurrido es Villaverde de Sandoval, comprado de forma fraudulenta por G. Balbuena y que derivó en un conflicto de orden público, al quedar excluidos de los aprovechamientos la mayor parte de los vecinos. No obstante, también los pueblos se valieron de la ocasión para comprar de forma colectiva montes y propiedades comunales.

De nuevo a mediados del siglo XIX, con un Estado fuertemente endeudado, Pascual Madoz, ministro de Hacienda, puso en venta los llamados bienes de propios; es decir, bienes cuyo aprovechamiento era cedido por el concejo a particulares a cambio del pago de un canon. Al amparo de esta desamortización fueron enajenados molinos, fraguas, cantinas, quiñones, cotos boyales o montes de aprovechamiento común. No obstante, en León, en comparación con otras provincias españolas, la superficie de comunal vendida durante el siglo XIX fue mínima. La principal razón de ello es que, al ser los comunales básicos para las economías campesinas todos los sectores sociales se aliaron para impedir su venta. A través de estrategias legales como las «solicitudes de excepción» de la venta, o «ilegales» como la violencia contra los compradores o las quiebras fraudulentas, los pueblos impidieron muchas ventas. También hubo ocasiones en las que los pueblos conservaron su patrimonio comunal porque los vecinos, comprometiendo sus capitales, compraron colectivamente bienes subastados, los cuales posteriormente eran escriturados a favor de las Juntas vecinales.

También durante el XIX los pueblos fueron desposeídos de comunales con la desamortización de foros y censos y con la «abolición de los señoríos», resuelta de forma muy favorable a la nobleza al reconocerle la propiedad plena de montes y fincas por las cuales los pueblos pagaban rentas señoriales. De hecho, cuando en 1931 la Ley de Bases de Reforma Agraria republicana preveía la abolición de los señoríos y el rescate de los comunales de los pueblos que un siglo antes habían sido vendidos o usurpados al amparo de la desamortización, diversos pueblos de León acudieron al Instituto de Reforma Agraria a reclamar, siendo destacado el caso de Villamor de Riello defendido por el insigne D. Vicente Flórez de Quiñones.

Durante el siglo XIX no sólo les fueron arrebatadas a los pueblos propiedades comunales, sino que el Estado liberal intentó despojar a los concejos y a los vecinos de la gestión de sus bienes comunales. Por un lado, con la creación de los municipios en 1812, las leyes únicamente reconocían a los ayuntamientos, columna vertebral del caciquismo, como interlocutores entre los pueblos y la Administración. Posteriormente, a través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Una de las consecuencias es que las Juntas administrativas o vecinales se vieron privadas de competencias para castigar a quienes cometiesen infracciones en la utilización de los recursos comunales. No obstante, a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la gestión de los montes de los pueblos, a partir de 1853 ésta pasó a ser tutelada por los Ingenieros de Montes. A partir de ese momento, se prohibieron y castigaron aprovechamientos tradicionales como las roturaciones y el pastoreo, considerados dañinos para el monte; incluso, a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. A pesar de la represión, el intento de los ingenieros de montes de promover un monte productor de madera a través de repoblaciones y ordenaciones fracasó y tuvieron que limitarse a cobrar el 10% de la tasación de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones). Los ingenieros no pudieron salirse con la suya porque los vecinos resistieron y rechazaron la ingerencia exterior, la cual ponía en peligro sus medios de vida y su supervivencia que dependía de los aprovechamientos en los comunales.

Si hoy en día en León, en pleno siglo XXI, se mantienen los comunales es porque los vecinos las defendieron con «uñas y dientes» frente a las embestidas del Estado liberal. Esos bienes de los pueblos hoy vuelven a estar en peligro, casi por las mismas razones que el siglo XIX: un Estado endeudado y unas instituciones políticas en manos de gente que las ha venido utilizando en provecho propio. A diferencia del pasado, hoy los comunales ya no son fundamentales en la economía leonesa, ya que cada día menos gente vive de la agricultura y de la ganadería. Sin embargo, los comunales son un legado de nuestros antepasados que hoy nos toca defender a nosotros. Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra.

 

Comunales en 1931 #2. Valderas: un comunal conflictivo en Tierra de Campos


Para aquellos que tengan interés, en este enlace encontrarán la respuesta enviada en 1931 por el Ayuntamiento de Valderas al Ministerio de la Gobernación sobre los bienes comunales existentes en el municipio.

Aunque en una entrada anterior ya detallamos cómo el reparto y roturación de la Dehesa fue un asunto conflictivo en los años previos a la Guerra Civil, a riesgo de ser un poco pesados, hay varias ‘cosinas’ a destacar de la respuesta proporcionada por el Ayuntamiento.

En primer lugar destaca la extensa superficie de comunales en el sur de la provincia, en un municipio como Valderas situado en Tierra de Campos; de nuevo se demuestra que la existencia o no de comunales depende más de la organización social y económica que no de la geografía.

Otro aspecto llamativo es que, como se puede comprobar en el Archivo Municipal de la villa, la Dehesa Trasconejo hasta 1925 tuvo un uso ganadero; anualmente era arrendada a ganaderos de la localidad que pagaban una importante cantidad al Ayuntamiento.

En este sentido, aunque era un bien comunal su uso estaba ‘privatizado’ ya que la mayoría de vecinos de Valderas quedaba excluido de los aprovechamientos; únicamente podían acceder a los disfrutes de la Dehesa quienes tuviesen ganados y dinero.

Como puede intuir el lector avispado, aquí reside una de las claves de que no se privatizase con la desamortización de Madoz (cabe recordar que con motivo de la Guerra de la Independencia ya habían sido vendidas numerosas diversas fincas comunales); es decir, no se privatizó porque los que sacaban partido de la Dehesa eran los «cuatro ricos» -que además controlaban el Ayuntamiento- y para seguir utilizándola no era necesario comprarla.

Por otra parte, ahí está la clave también de los conflictos habidos por el uso de la Dehesa. Mientras que el vecindario abogaba por la roturación y reparto en quiñones entre los vecinos, el Ayuntamiento prefería seguir arrendándolo a los ganaderos; de hecho, a pesar de todas las presiones la Dehesa se siguió arrendando hasta 1925. Ese año los vecinos en un escrito dirigido al Ayuntamiento de dicha villa solicitaban que la Dehesa destinada para pastos “rindiendo poco para dicho fin y en cambio pudiendo producir en abundancia cereales y leguminosas” les fuese cedida en arrendamiento, dejando para dehesa boyal y pastos la parte de la misma que se considerase conveniente.

Haciéndose cargo de estas peticiones, finalmente el Alcalde municipal solicitó la roturación remarcando que se pretendía una cesión temporal y no la enajenación de estas tierras. Ya en 1915, en un informe sobre colonias, la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, notaba que en los últimos 5 años habían emigrado más de 300 familias de Valderas, a pesar de que la construcción del ferrocarril de Palanquinos a Medina de Rioseco había frenado la sangría emigratoria, y proponía que la Dehesa fuese colonizada (sometida a cultivo).

Finalmente en 1926 es autorizada la roturación, habiendo 444 adjudicatarios de las parcelas, aunque muchos vecinos de Valderas quedaron fuera del reparto. Por esta razón, de nuevo durante la II República, al acceder al poder los partidos obreros, fueron puestas en marcha nuevas roturaciones que beneficiaron a 713 vecinos, aunque ello creó importantes enfrentamientos dentro de la comunidad… pero eso ya es otra historia.

¿Te interesa el blog? Si es así, comparte, utiliza los contenidos, o deja comentarios con tu opinión…

 

 

Elinor Ostrom, un premio Nobel por el estudio de los comunales


Elinor OSTROM

Fíjense en la foto. Se trata de Elinor Ostrom, la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía por su «análisis de la gobernanza económica, y especialmente los comunales». Efectivamente, Elinor Ostrom fue una politóloga americana que, entre sus muchas aportaciones a las ciencias sociales, destacó por su estudio de los recursos de propiedad común o ‘common-pool-resources’ en terminología anglosajona.

Ostrom,  a diferencia de lo que sostenía la teoría económica tradicional que consideraba que la mejor manera de administrar los comunales era la privatización o la supervisión por una autoridad central, demostró que el autogobierno podía ser más eficiente. ¿Recuerdan la entrada en este blog sobre la ‘tragedia de los comunales’?, pues básicamente Elinor Ostrom defendía lo contrario que Garrett Hardin. En esencia, tal como indica Sandro Pozzi en el obituario publicado en El País (y al que podéis acceder en este enlace), «su trabajo trató de probar que ni la gestión pública ni la privatización son siempre la mejor alternativa posible. Y demostró que las comunidades, cuando están bien organizadas, son más eficaces y logran un uso más sostenible de los recursos porque tienen un conocimiento más directo de la realidad”. 

Ostrom ha venido a ratificar que se justifica la existencia, el uso y la gestión de los bienes comunales por parte de pequeños campesinos y ganaderos. En una entrevista publicada con motivo del Nobel decía: “Hemos estudiado varios cientos de sistemas de irrigación en el Nepal. Y sabemos que los sistemas de irrigación gestionados por los campesinos son más eficaces en términos de aprovisionamiento de agua y presentan una mayor productividad que los fabulosos sistemas de irrigación construidos con la ayuda del Banco Mundial y la Agencia Norteamericana de Ayuda al desarrollo (USAID), etc. Así, sabemos que muchos grupos locales son muy eficaces”. 

Lo interesante es que Ostrom hace estas afirmaciones en base a estudios empíricos y experiencias históricas, y en este sentido su trabajo y el premio recibido ha sido inspiración y un empuje a todos aquellos que estudian los bienes comunales.  Su obra más importante es Governing the commons. The evolution of institutions for collective action, publicada en 1990, y que a pesar de su importancia nunca ha sido publicada en España (sí en Méjico bajo el título El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, y que además es fácil de encontrar en .pdf en internet)

Tendremos ocasión de volver sobre la obra de Ostrom, pero si te interesa el tema en estos enlaces puedes consultar una entrevista que otorgó cuando se supo de la concesión del Nobel en 2009 y un artículo en la prensa sobre sus aportaciones.

Los comunales no son bienes comunes, ni públicos


Hay mucha gente que piensa que los comunales «pertenecen» al Estado. No, no, y no. Es un grave error creer esto. Los bienes comunales son de los pueblos, porque además en algunos casos los vecinos los compraron al Estado que los había puesto en venta.

Quizás lleve a confusión que la mayoría de bienes comunales de la provincia de León sean «Montes de Utilidad Pública». Sin embargo, lo de «utilidad pública» fue un calificativo que, a inicios del siglo pasado, se les puso a los montes que habían sido exceptuados de la desamortización de Madoz. Aunque ya lo explicaremos en detalle, se consideraba que los montes en las zonas altas eran indispensables para la regulación de los ríos, la protección de los suelos, o la captación de aguas, razón por la cual debían ser protegidos y tutelados por el Estado. Sin embargo, ello no quiere decir que sean bienes comunes (de todo el mundo), o bienes públicos (del Estado). En este sentido, se constata bastante confusión entre lo que son bienes comunales, bienes comunes y bienes públicos, ya que se suelen utilizar los tres términos como si fuesen sinónimos. Intentaremos aclararlo a continuación…

Los bienes comunales (‘commons’, ‘common-pool resources’ o ‘common lands’ en inglés) son bienes que por lo general pertenecen a una comunidad. Un ejemplo de este tipo de bienes sería el MUP nº 107 «Valdecarros y agregados» de Garrafe de Torío. Se supone que este monte es administrado por la Junta Vecinal de dicho pueblo y que de los aprovechamientos como las leñas o los pastos, únicamente participan los vecinos de Garrafe, quedando excluidos los vecinos de otros pueblos; no obstante, al ser un «Monte de Utilidad Pública» (y por tanto supervisado por el Estado) para realizar cualquier aprovechamiento hay que proveerse de los permisos administrativos correspondientes.

Los bienes comunes (‘common goods’ o ‘public goods’) suelen hacer referencia a aquellos elementos naturales como la biodiversidad, el agua, las semillas agrícolas o ‘socialmente construidos’ como la cultura o la música. Una de las características de estos bienes es que todo el mundo los puede aprovechar y no se pueden privatizar.

Los bienes públicos son bienes del (o provistos por) el Estado. Por ejemplo la luz de un faro marítimo sería un bien público; cualquier navegante puede utilizar este bien sin ningún tipo de restricciones.

Bien. Como decíamos, la música tradicional es un bien común. Es de todos, y es fundamental que no se pierda. Para mantener vivo este legado cultural, es indispensable la labor que están realizando grupos como Tarna Folk, Gritsanda, La Braña, Hierba del CampoTuenda Trío . Para que disfrutéis de este bien común que es la música, os dejamos con video que es todo un goce para los sentidos: Felipe, ‘alcurdionista’ de Robles de Laciana. ¡Es un artista! Vale la pena ver el video entero…

Genial Xosé Ambás!

A %d blogueros les gusta esto: