En estos días, en algunos pueblos de la provincia de León las campanas «suenan a muerto». Están anunciando la muerte inminente de la Junta Vecinal para el día de Nochevieja.
Y es que, como ya todo el mundo debe saber, el 31 de diciembre de 2014 es la fecha límite para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. Esta vez no habrá más prórrogas. Y si una Junta vecinal no lo hace así, adiós, se acabó, Requiescat In Pace. Quizás por eso las campanas lo anuncian con unas semanas de anticipación…
Alguno puede pensar que no pasa nada porque desaparezca la Junta vecinal. Bien. Se equivoca. Quizás a muchos ayuntamientos les interesa la disolución de la junta vecinal y así quedarse con el patrimonio de los pueblos. Les dejamos con un artículo de opinión de José Serrano, publicado en Diario de León el 8 de agosto de 2012 cuando empezaba el run-run de ley Montoro, en el que se alertaba sobre las nefastas consecuencias de la supresión de las entidades locales menores.
En defensa de lo comunal
El día 13 de julio del 2012 puede pasar a la historia como uno de los días más nefastos para la provincia de León. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé la desaparición de las Entidades Locales menores que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos, que también se quedarían con los bienes de los pueblos. Aunque detrás de estas medidas se argumenta la racionalización de la administración, visto el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos no sería descartable que estas propiedades acabasen vendidas al mejor postor, como ya ocurrió hace un siglo y medio. Es decir, los pueblos leoneses estuvieron a punto de perder sus propiedades con las desamortizaciones puestas en marcha a lo largo del siglo XIX para reducir la deuda del Estado.
Primero, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) puso en venta los bienes de la Iglesia. Sin embargo los pueblos se vieron privados de bienes que aprovechaban colectivamente como «cotos redondos», «dehesas de labor» o montes pertenecientes a monasterios como los de Sahagún Carracedo, Gradefes o Carrizo de la Ribera y que fueron comprados por burgueses y especuladores. Aunque éstos continuaron arrendándolos a los pueblos, impusieron nuevas condiciones, a veces abusivas; un ejemplo de lo ocurrido es Villaverde de Sandoval, comprado de forma fraudulenta por G. Balbuena y que derivó en un conflicto de orden público, al quedar excluidos de los aprovechamientos la mayor parte de los vecinos. No obstante, también los pueblos se valieron de la ocasión para comprar de forma colectiva montes y propiedades comunales.
De nuevo a mediados del siglo XIX, con un Estado fuertemente endeudado, Pascual Madoz, ministro de Hacienda, puso en venta los llamados bienes de propios; es decir, bienes cuyo aprovechamiento era cedido por el concejo a particulares a cambio del pago de un canon. Al amparo de esta desamortización fueron enajenados molinos, fraguas, cantinas, quiñones, cotos boyales o montes de aprovechamiento común. No obstante, en León, en comparación con otras provincias españolas, la superficie de comunal vendida durante el siglo XIX fue mínima. La principal razón de ello es que, al ser los comunales básicos para las economías campesinas todos los sectores sociales se aliaron para impedir su venta. A través de estrategias legales como las «solicitudes de excepción» de la venta, o «ilegales» como la violencia contra los compradores o las quiebras fraudulentas, los pueblos impidieron muchas ventas. También hubo ocasiones en las que los pueblos conservaron su patrimonio comunal porque los vecinos, comprometiendo sus capitales, compraron colectivamente bienes subastados, los cuales posteriormente eran escriturados a favor de las Juntas vecinales.
También durante el XIX los pueblos fueron desposeídos de comunales con la desamortización de foros y censos y con la «abolición de los señoríos», resuelta de forma muy favorable a la nobleza al reconocerle la propiedad plena de montes y fincas por las cuales los pueblos pagaban rentas señoriales. De hecho, cuando en 1931 la Ley de Bases de Reforma Agraria republicana preveía la abolición de los señoríos y el rescate de los comunales de los pueblos que un siglo antes habían sido vendidos o usurpados al amparo de la desamortización, diversos pueblos de León acudieron al Instituto de Reforma Agraria a reclamar, siendo destacado el caso de Villamor de Riello defendido por el insigne D. Vicente Flórez de Quiñones.
Durante el siglo XIX no sólo les fueron arrebatadas a los pueblos propiedades comunales, sino que el Estado liberal intentó despojar a los concejos y a los vecinos de la gestión de sus bienes comunales. Por un lado, con la creación de los municipios en 1812, las leyes únicamente reconocían a los ayuntamientos, columna vertebral del caciquismo, como interlocutores entre los pueblos y la Administración. Posteriormente, a través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Una de las consecuencias es que las Juntas administrativas o vecinales se vieron privadas de competencias para castigar a quienes cometiesen infracciones en la utilización de los recursos comunales. No obstante, a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.
Por otro lado, y en lo que se refiere a la gestión de los montes de los pueblos, a partir de 1853 ésta pasó a ser tutelada por los Ingenieros de Montes. A partir de ese momento, se prohibieron y castigaron aprovechamientos tradicionales como las roturaciones y el pastoreo, considerados dañinos para el monte; incluso, a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. A pesar de la represión, el intento de los ingenieros de montes de promover un monte productor de madera a través de repoblaciones y ordenaciones fracasó y tuvieron que limitarse a cobrar el 10% de la tasación de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones). Los ingenieros no pudieron salirse con la suya porque los vecinos resistieron y rechazaron la ingerencia exterior, la cual ponía en peligro sus medios de vida y su supervivencia que dependía de los aprovechamientos en los comunales.
Si hoy en día en León, en pleno siglo XXI, se mantienen los comunales es porque los vecinos las defendieron con «uñas y dientes» frente a las embestidas del Estado liberal. Esos bienes de los pueblos hoy vuelven a estar en peligro, casi por las mismas razones que el siglo XIX: un Estado endeudado y unas instituciones políticas en manos de gente que las ha venido utilizando en provecho propio. A diferencia del pasado, hoy los comunales ya no son fundamentales en la economía leonesa, ya que cada día menos gente vive de la agricultura y de la ganadería. Sin embargo, los comunales son un legado de nuestros antepasados que hoy nos toca defender a nosotros. Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra.
La nuestra tierra 