La desamortización eclesiástica en León (ii): la venta de las grandes fincas arrendadas a los concejos


La entrada de hoy es de esas medio pesadas, que trata sobre cosas de historia. Y, ya saben ustedes de sobra, que los historiadores somos unos aburridos y unos ‘pesaos’ que nos gusta dar la lata con ‘nuestras’ cosas.

En la entrada de la semana pasada contábamos que hubo pueblos que, aprovechando la venta de los bienes de la Iglesia, compraron montes y otras propiedades que pasaron así a ser comunales. También en otra entrada nos referimos a dos ‘cosinas’ que conviene tener en cuenta; una es que a principios del siglo XIX una parte importante del territorio español estaba en las consideradas «manos muertas» (principalmente la Iglesia); la segunda ‘cosina’ a tener presente es que los concejos de vecinos arrendaban montes, cotos redondos o quiñones que eran explotados colectivamente por todos los vecinos.

Bien. La entrada de hoy va dedicada a las grandes fincas del clero sacadas a subasta; en este cuadro se ofrece un listado con alguna de esas grandes fincas:

Grandes fincas del clero

Aunque en el cuadro no están incluidas todas las grandes fincas, sí que salta a la vista la gran extensión de éstas y el ‘carácter’ comunal al que aludíamos; así por ejemplo, las 939,41 hectáreas de terreno pertenecientes al Monasterio de San Esteban de Nogales (397,02 hectáreas de «apréstamos», 157,8 has. de monte alto, y 101,45 hectáreas del despoblado de La Vizanica), eran aprovechadas de forma colectiva por los vecinos del pueblo (San Esteban de Nogales) bajo la forma de foro (posteriormente fue redimido por los vecinos, que de este modo pasaron a ser propietarios de las fincas).

Como dijimos, algunos concejos aprovecharon para comprar estas grandes propiedades del clero aunque la Administración del Estado les diese ninguna facilidad. En primer lugar no permitió la división de estas fincas en lotes más pequeños lo que claramente favorecía a los más ‘ricos’, a los que tuviesen grandes fortunas y no a los pequeños propietarios.

Además, como pueden imaginar, en el caso que un concejo quisiese hacerse con una de estas propiedades todo eran obstáculos: había que poner de acuerdo a todos los vecinos, había que buscar el dinero, había que buscar un intermediario que fuese a la subasta a Madrid, etc. En segundo lugar, como veremos en una próxima entrada, el poder económico y político se confabularon para quedarse con estas apetecibles propiedades. Pura especulación, ya que en algunos casos la venta de la madera ya cubría el precio de tasación de la finca y además esta se podía seguir arrendando a los vecinos que ya las venían explotando.

Estas grandes fincas despertaron muchísimo interés de los compradores de bienes desamortizados de este período; sin embargo, se desconoce qué paso con muchas de ellas, como por ejemplo la Dehesa de La Mata del Moral de unas 930 hectáreas. Aunque uno sepa quien fue el comprador queda saber qué pasó con los vecinos de los pueblos que explotaban estas fincas y las consecuencias de su ‘privatización’: ¿pasó el comprador a cultivarlas directamente y los vecinos fueron ‘desposeídos’ de la tierra que habían venido explotando durante siglos? ¿se mantuvieron las mismas condiciones económicas o fue aumentado el precio de los arriendos quedando excluidos los más pobres?

Lo que sí sabemos es que con motivo de las desamortizaciones se gestaron las grandes fortunas agrarias de la provincia de León; así por ejemplo, el Marqués de Astorga durante el Trienio Liberal adquirió en Astorga 287 fincas pertenecientes al Priorato de Villavicencio de los Caballeros; el Marqués de Montevirgen y el de San Isidro compraron fincas de los monasterios de San Marcos y de San Claudio de la ciudad de León; también Felipe de Sierra-Pambley compró varios puertos de en la zona de Laciana.

Precisamente, en una próxima entrada veremos los ‘chanchullos’ de los compradores (políticos y altos funcionarios del Estado) para quedarse con las mejores propiedades de la Iglesia.

 

 

La desamortización de Madoz o el intento de quitarle las propiedades a los pueblos


Quizás un ministro como Montoro, aparentemente bastante mediocre, acabe pasando a la historia. Podría darse (aunque sería penoso) pasar a la posteridad por haber hecho desaparecer las juntas vecinales y  los bienes de los pueblos gestionados por éstas.

De alguna manera sería poner el final a siglos de historia y de resistencia a los ataques del Estado. Como ya contamos en otra entrada del blog, los comunales siempre han estado amenazados. Cuando más comprometida estuvo su existencia fue en el siglo XIX con los gobiernos liberales, ya que su idea era acabar con aquellas formas de propiedad –como los comunales–  ‘incompatibles’ con el modelo de propiedad liberal que se buscaba imponer; en segundo lugar otra de las finalidades de la venta de los bienes de los pueblos era aumentar el número de propietarios y atraer adeptos al régimen liberal; en tercer lugar no se oculta tampoco que la Hacienda Pública necesitaba obtener más dinero (¿les suena de algo?).

De esta manera, el 1º de mayo de 1855 (por aquella época los primeros de mayo no eran festivos), el ministro de Hacienda de la época, Pascual Madoz, presentaba a las Cortes un proyecto de Ley de Desamortización que declaraba enajenables, entre otros, “todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, y (…) a los propios y comunes de los pueblos”. A partir de ese momento cualquier finca reclamada por un comprador debía ser sacada a pública subasta. También se establecía que la posibilidad de exceptuar de la venta algunos predios que tuviesen una clara funcionalidad social como eran los montes y algunos terrenos de aprovechamiento común; así por ejemplo en provincias como León, situada en la parte montañosa de España, fueron exceptuadas amplias superficies de montes.

León fue una de las provincias de España donde se desamortizó una menor superficie de comunales y montes de los pueblos, si bien hubo comarcas como El Bierzo o Tierra de Campos donde las ventas de comunales sí que fueron importantes. Parece que los bienes de los pueblos más vendidos eran aquellos a los cuales se les podía sacar una mayor rentabilidad económica como molinos, quiñones de cultivo, o incluso puertos de merinas. Sin embargo llama la atención que en León la venta de los pueblos no tuviese el mismo alcance que en otras áreas del país. Las razones parecen haber sido varias; en primer lugar el propio Estado dejó fuera de la venta amplias superficies (más de 400.000 hectáreas de montes fueron exceptuadas de la desamortización); en segundo lugar parece que se privatizó poco porque la mayoría de los comunales eran montes, y únicamente en aquellas comarcas donde podían ser roturados y sometidos al cultivo agrícola despertaron un mayor interés por parte de los compradores. Sin embargo, en León hubo comarcas donde las tierras sacadas a subasta tenían una clara funcionalidad agrícola y no se privatizaron –por ejemplo en la Ribera del Órbigo–, y ahí entran precisamente las formas de organización como los concejos abiertos de vecinos y la significación de estos bienes y espacios colectivos en las formas de organización social.

Se intuye por tanto que, en tercer lugar, hubo un consenso social para el mantenimiento de los bienes comunales. Amplios sectores de la sociedad leonesa se mostraron contrarios a la venta de los montes, tal y como se reflejó en la prensa. Uno de los periódicos más beligerantes contra la venta de los montes fue El Porvenir de León, de orientación demócrata progresista y ligado a la figura del republicano Gumersindo de Azcárate. Esta publicación se argumentaba que las desamortizaciones no solucionaban los problemas reales  y además habían empobrecido a los grupos sociales con menos medios de producción. Es decir, con la venta de los pastizales, las dehesas boyales y los pastos en común, indispensables para la reproducción de las economías de aquellos más pobres, se estaba haciendo más daño que beneficio. También desde la prensa conservadora se criticó la desamortización de los montes argumentando que no era muy conveniente que los montes pasaran a propiedad particular por la incapacidad de los vecinos para conservarlos y por los efectos que los montes tenían sobre las aguas, la agricultura y la vida en general, los cuales se verían mermados en caso de ser vendidos.

En resumen, uno de los factores –quizás el más importante– que explicaría la escaso impacto de la desamortización civil en la provincia de León sería la resistencia del campesinado a perder  los comunales y, en consecuencia, de las estrategias puestas en marcha por comunidades vecinales para defender usos y recursos comunales. Quien quiera sacar conclusiones, que las saque…

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Si estás interesado en el tema y quieres conocer el volumen, las características, los ritmos y otros detalles de la desamortización en la provincia de León puedes consultar el capítulo 3 de la tesis doctoral de José A. Serrano Álvarez y a la que puedes acceder libremente haciendo click aquí.

Las propiedades comunales, siempre amenazadas…


 

Está estudiado que los comunales en el antiguo Reino de León tienen su origen en la Edad Media. Por delegación de los reyes, en la tierra que se iba recuperando a los reinos musulmanes se establecían grupos familiares. Generalmente, el área geográfica delimitada por los contornos geográficos de un valle natural, pasaba a ser una unidad de propiedad y explotación colectiva agraria y ganadera o ‘concejo’. Por otra parte, la extensión de estas comunidades aldeanas se basó en la existencia de un campesinado generalmente libre, organizado en concejos de vecinos, lo cual históricamente será una de las claves de la pervivencia del comunal en la provincia de León.

Llegados a la Edad Moderna, en la provincia de León había más de 1.200 concejos con un elevado nivel de autogobierno y el control sobre la gestión y la utilización de amplios espacios comunales dedicados a monte y pasto. Es por ello que en León, al igual que sucedió en otras partes de Europa y España, las instituciones comunales se consolidaron o como la forma predominante de uso y gestión del territorio al garantizar la estabilidad tanto en lo que se refiere a la explotación de los recursos como a la distribución del ingreso entre los diferentes sectores sociales.

No obstante, los bienes comunales de los pueblos han sido muy apetecibles para todos, pero especialmente para los más poderosos. Así por ejemplo en la Edad Moderna, el poder señorial intentó imponer su dominio ‘solariego’ allí donde ejercían el dominio jurídico; dicho de manera sencilla y no del todo exacta, quisieron que se les reconociera como dueños de las tierras comunales en aquellos lugares donde impartían justicia. De esta manera, el Conde de Grajal o el Conde de Luna lograron establecer prestaciones señoriales sobre los bienes comunales de numerosos concejos leoneses. Durante el siglo XIX los gobiernos liberales se propusieron abolir los señoríos (sobre el cual trataremos en alguna otra entrada de este blog) y prestaciones “vasalláticas”; la trampa fue que cuando hubo una disputa entre los pueblos y un noble por un determinado bien, se exigió a los pueblos presentar los títulos de propiedad (vaya, que lo usurpado a los pueblos en los siglos anteriores pudo ser ‘legitimado’ sin problema en el siglo XIX). Sin embargo, durante la Edad Moderna allí donde la tierra estaba bajo el control de los concejos, la nobleza lo tuvo más complicado (no obstante, el conde de Luna durante el siglo XV  se hizo con la propiedad de varios puertos de merinas que arrendaba directamente a los ganaderos de la Mesta). En ocasiones los concejos consiguieron contratos forales enfitéuticos (a largo plazo) que les permitía administrarlos y les aseguraba su explotación. Pero también fue común que se estableciesen pleitos y conflictos que no se resolvieron hasta la llegada de la II República Española (como sucedió con el foro de Villamor de Riello).

A partir del siglo XVIII, con las teorías económicas fisiocráticas que consideraban que la riqueza de las naciones provenía exclusivamente de la agricultura, los comunales empezaron a ser vistos como un símbolo de atraso y un obstáculo al desarrollo económico (en España uno de los exponentes de estas ideas es Jovellanos). El resultado de ello fue que durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX a lo largo y ancho de Europa los comunales fueron privatizados.

España y la provincia de León no fueron una excepción a la regla, y durante el siglo XIX se vendieron numerosas propiedades de los pueblos. Una primera etapa de este proceso fue la llamada ‘desamortización olvidada’; es decir, para saldar la deuda contraída por los concejos y ayuntamientos en la Guerra de la Independencia (1808-1814) fueron vendidas numerosas propiedades comunales. El segundo hito fue la ‘desamortización de Mendizábal’ puesta en marcha en 1837 y que ponía en venta propiedades de la Iglesia pero administradas por los concejos de vecinos. Finalmente, la ‘desamortización de Madoz’ de 1855 fue el gran intento de vender las propiedades de los pueblos y un ataque directo al régimen comunal. Además la gestión de la mayor parte de bienes exceptuados de la desamortización, los montes, pasaban a estar supervisados por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, que tampoco se mostraron muy ‘amigos’ de los pueblos.

Ya en el siglo XX, también el comunal ha estado amenazado. Por un lado, los Ayuntamientos han tratado de «quitarle» los bienes a los pueblos inscribiéndolos a su nombre en el Catastro; por otro, ayuntamientos y juntas vecinales han recurrido a la venta de propiedades comunales para financiar gastos u obras públicas; en muchos pueblos las escuelas, la electrificación, el pavimentado de calles, el alcantarillado o el alumbrado se hizo con la venta de tierras y bienes de los concejos. Y ¡cómo no! algunos particulares, siempre que han podido, también han intentando aumentar sus propiedades a costa del comunal. Así por ejemplo, era bastante común ver crecer las fincas privadas que lindaban con el comunal. Por otro lado, muchos particulares han intentado quedarse con quiñones y tierras que en algún momento les había cedido el concejo; de hecho en 1923 el gobierno de Primo de Rivera sacó una ley para «legitimar las roturaciones arbitrarias» que se habían ido produciendo en los montes.

En próximas entradas del blog, iremos detallando estos procesos. Si te interesa, suscríbete al blog y las actualizaciones te llegarán directamente al correo electrónico.

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