Se acaba el año 2013. Para los pueblos de León ha sido un año complicado no sólo por la crisis, sino porque a lo largo de este año se tramitó y se acabó aprobando la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública que preveía la desaparición de las juntas vecinales.
Europa mandaba ‘adelgazar» la Administración Pública y al hombrecillo Montoro no se le ocurrió una mejor manera de reducir el gasto público que suprimiendo juntas vecinales y ayuntamientos. En cambio nada dijo de eliminar a los ‘Carromeros’ de turno, personajes sin oficio ni beneficio que, nombrados a dedo por los políticos, están comiendo la sopa boba a costa de ayuntamientos y otras administraciones públicas, y por ende de todos los ciudadanos. ¡Hay que ser sinvergüenza!
Es mucho lo que se ha escrito sobre lo que supondría la desaparición de las juntas vecinales. Así que en esta última entrada del año hemos recopilado unos pocos artículos de opinión publicados en la prensa leonesa sobre las consecuencias que podría tener la Ley Montoro.
Uno de los primeros en alertar sobre las consecuencias desastrosas de la Ley Montoro fue Laureano Rubio, catedrático de Historia de la Universidad de León, el cual en un artículo titulado Juntas vecinales, una supresión injustificable se preguntaba: «¿Qué va a ocurrir con ese patrimonio comunal o concejil que desde su titularidad gestiona cada comunidad a través de su respectiva junta? ¿Va a pasar el dominio y gestión a los ayuntamientos cuando en ellos no están representados los intereses de cada pueblo? (…) Acaso se olvidan que los propios concejos y sus juntas vecinales han sido y son los que llevaron el agua corriente a los pueblos, empedraron sus calles, defendieron el monte del fuego, administraron sus recursos, costeaban y siguen costeando con sus propios recursos la fiesta y no pocas asistencias sociales? Ante esto, ¿cómo pueden tener los legisladores españoles la desfachatez de suprimir las instituciones que en mayor medida representan y son garantes de pasado histórico y del futuro de nuestros pueblos?»
En El concejicidio evitable, el abogado y catedrático de Derecho de la Universidad de León, Carlos González Antón enumeraba numerosos argumentos que avalan el mantenimiento de las Juntas vecinales; además «el intento de transferir la titularidad de las históricas propiedades comunales provocará gravísimos conflictos no previstos y que amenazarán la convivencia local«.
Valentín Cabero, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, en ¿Ordenación del territorio o apropiación? alertaba sobre la amenaza inminente que se cernía sobre una gran parte de los pueblos y de los bienes comunales y públicos. Por otro lado, subrayaba que «la supresión de las juntas vecinales y la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en el hachazo definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas y más necesarias para nosotros desde la perspectiva vital, medioambiental, cultural y económica«. Para Cabero, la supresión de la juntas vecinales podría ser la muerte definitiva del medio rural.
En términos similares se expresaba José A. Serrano, autor de una tesis doctoral sobre los comunales. En el artículo En defensa de lo comunal concluía que «Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra«.
En fin… Como dice el refrán: «A buen entendedor pocas palabras». Aunque se está diciendo que al final la Ley Montoro no suprimirá las juntas vecinales, habrá que tener siete ojos ya que como hemos alertado en otras entradas, el patrimonio de los pueblos es un bien muy goloso. ¿Por qué, si no, los ayuntamientos leoneses callan y otorgan? Así que: ¡Cuidadín, que el peligro no ha pasado!
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Ah! ¡Feliz y próspero 2014!
La nuestra tierra 