Hace años transité por la carretera que une San Francisco Gotera y Perquín en El Salvador. Exuberantes bosques de coníferas tapizan los cerros que bordean la llamada ‘Ruta de Paz’ e invitan a la ensoñación. Sin embargo en esas montañas se esconde una terrible historia que merece un puesto de honor en la ‘historia universal de la infamia’.
Si uno va un poco atento a las señales de tráfico podrá ver que en sentido Perquín, a mano derecha, hay una señal que indica la salida a «El Mozote». No sé si el lector conoce la historia de lo ocurrido, pero se trata de la mayor matanza de campesinos en el hemisferio occidental de la época contemporánea; allí, en diciembre de 1981, militares del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron al menos a 986 personas indefensas, entre ellos 552 niños y 12 mujeres embarazadas.
Les resumo lo ocurrido, aunque en internet pueden encontrar abundante información al respecto. En una operación contra la guerrilla «Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)», más de 1.200 soldados apoyados por bombardeos de la Fuerza Aérea, en diversos poblados, cantones y caseríos del Departamento de Morazán fueron reuniendo por la fuerza a los campesinos y sus familias para, después de torturarlos, asesinarlos de forma vil y cruel: numerosas mujeres jóvenes fueron violadas y muchos niños murieron degollados. También las viviendas y los animales fueron quemados, resultando totalmente arrasados los poblados de El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo; los cantones de La Joya y Cerro Pando, y el sitio conocido como Cerro Ortiz. El ‘delito’ de estos campesinos era vivir en una zona rural limítrofe a la zona controlada por la guerrilla.
Rufina Amaya, la única superviviente de la matanza ocurrida en el poblado de El Mozote pasó varios días escondida en una cueva hasta que fue encontrada por guerrilleros que la condujeron a un campo de refugiados. Allí contó lo ocurrido a la emisora clandestina Radio Venceremos de la guerrilla. El Gobierno de El Salvador y la Embajada de los EEUU en el país negaron los hechos manifestando que era “propaganda izquierdista” proveniente de “fuentes no confiables”. Hubo también otros supervivientes en las aldeas vecinas los cuales, al ver los bombardeos, tuvieron tiempo de huir y días más tarde al regresar a sus viviendas se encontraron con las escenas de muerte y destrucción.
Sin embargo, el tema llegó a medios internacionales y a finales de enero de 1982, el The New York Times y The Washington Post publicaron sendos reportajes sobre El Mozote. La Casa Blanca negó la masacre y los periodistas que estaban detrás de las informaciones —Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner— fueron denostados y acusados de mentir. No es extraño, ya que recientemente se ha sabido que los militares salvadoreños estuvieron apoyados por agentes estadounidenses. Como suele ocurrir en estos casos, los gobiernos salvadoreños de entre 1981 y 1989, apoyados por los EEUU, negaron la masacre señalando que se trataba de rumores propagados por periodistas de orientación comunista para perjudicar al país.
En 1990 fueron firmados los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno y algunos campesinos que habían perdido a su familia en esta masacre, apoyados por diversos organismos internacionales de derechos humanos, empezaron a denunciar ante la justicia de El Salvador.
En 1992, el Equipo Argentino de Antropología Forense que llevaba años trabajando en el país, empezó a hacer excavaciones en El Mozote, y recolectó 492 osamentas, la mitad de ellas de menores de edad. A partir de ahí ya no se podía seguir tapando el sol con la mano.
Aunque desde esa fecha los gobiernos de El Salvador ya no niegan la masacre, no han hecho nada para que se juzgue a sus responsables o incluso han obstaculizado la acción de la justicia bloqueando el acceso a las instalaciones militares o negando que existan archivos militares de aquella época; dicen que se han extraviado y por tanto es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la masacre. Es más, aunque los responsables fuesen identificados estarían amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y no podrían ser juzgados.
Aún así, en los últimos años ha habido pequeños avances, ya que por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) considera que se trata de crímenes de lesa humanidad y ha acreditado la responsabilidad del Estado salvadoreño sobre los hechos ocurridos en El Mozote. A pesar de ello, el tiempo juega en contra: una buena parte de los campesinos supervivientes de esta masacre han muerto sin obtener justicia, como también han muerto sin ser juzgados y condenados 15 de los 28 oficiales militares mencionados en la acusación.
En fin. En diciembre de este año se cumplirán 40 años y los inocentes masacrados en El Mozote aún esperan justicia. Una verdadera infamia.
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La foto que acompaña la entrada es de Susan Meiselas
La nuestra tierra 