Caciquismo y comunales


Hoy martes, 17 de diciembre, está previsto que el Senado apruebe la polémica Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que pone en el punto de mira a las juntas vecinales y a los bienes de los pueblos. Finalmente parece que la ley permitirá que las juntas vecinales mantengan su personalidad jurídica, con lo cual en los próximos días veremos como los representantes leoneses en Madrid, tanto populares como socialistas, tratan de anotarse el tanto. Lo triste es que, con todos los respetos, esta manera de gestionar los asuntos de los pueblos no deja de ser una versión actualizada del tradicional caciquismo.

Precisamente esto del caciquismo es viejo. Aunque pueda parecer sorprendente, en la provincia de León gracias a las redes clientelares, entre otras razones, los comunales han pervivido hasta la actualidad. ¿No te lo crees? Sigue leyendo el resto de la entrada, y quizás me des la razón.

Cuando a mediados del siglo XIX se planteó la desamortización de Madoz, los poderes políticos provinciales y las redes caciquiles que de él se derivaban, como alcaldes, gobernadores, e incluso diputados en Madrid intermediaron y defendieron a los pueblos para que éstos continuasen disfrutando de los montes leoneses. ¿Por qué sucedió así?  Porque a la vez que los caciques satisfacían las necesidades de sus “clientes” afirmaban su poder en las zonas rurales; un ejemplo de ello es la labor de Alonso Cordero diputado en Madrid, que “intermedió” en compras colectivas de montes por parte de los vecinos de los pueblos.

Para mantener las redes de poder caciquiles era imprescindible que los pueblos conservasen sus montes o que los que fuesen vendidos fuesen adquiridos por los caciques. La estrategia era doble: por un costado, los representantes políticos intervinieron en defensa del comunal en la mayoría de comarcas; por el otro costado, allí donde los comunales fueron vendidos, mediante las cesiones /arriendos a los campesinos de las redes clientelares, la burguesía urbana y los grupos rentistas podían controlar el voto de las áreas rurales. Además, la forma cómo se llevaron a cabo las desamortizaciones consolidó las relaciones caciquiles.

También el caciquismo jugó un rol importante en la gestión de los montes que quedaron en manos de los pueblos.  El entramado caciquil, cuya figura central en la provincia era el Gobernador Civil también fue clave a la hora de tramitar u ocultar infracciones forestales. En la provincia de León se comprueba como durante la segunda mitad del siglo XIX los alcaldes de los ayuntamientos ni el Gobierno Civil no colaboraron en la tramitación de las denuncias impuestas por el Distrito Forestal de León; así, muchas denuncias impuestas por los empleados forestales o la Guardia Civil eran paradas por el gobernador. Ello tuvo su parte positiva y negativa; lo positivo es que los pueblos estaban amparados frente a los ingenieros de montes que, ignorando los usos tradicionales del monte, ponían multas desproporcionadas a diestro y siniestro; lo negativo fue que los caciques de los pueblos con contactos políticos, y sabiendo que las denuncias no iban a ser tramitadas, podían hacer lo que les viniese en gana con el monte.

Durante el siglo XIX, los caciques controlaban la vida social y económica de comarcas enteras, y en períodos electorales se encargaban de los manejos destinados a promover el candidato elegido en Madrid. Dentro de las sagas de caciques leoneses, destacan figuras como Demetrio Alonso Castrillo, el cual ocupó el cargo de Gobernador Civil, y en el tiempo que fue Diputado en Madrid medió entre los pueblos y la Administración para la compra de montes; Eduardo Dato, diputado por el distrito leonés de Murias de Paredes, que llegó a ministro de Gobernación; o Fernando Merino, yerno de Sagasta y diputado a Cortes por León desde 1891 hasta 1923 por los distritos de La Vecilla y Riaño y ministro de Gobernación en 1910. ¿Les suena esta manera de proceder?

Parece que las cosas no han cambiado demasiado. Aparentemente el leonés del medio rural es un persona esencialmente libre, pero sigue delegando muchos de sus asuntos el cacique de turno, llámese diputado provincial, alcalde del ayuntamiento o senador en Madrid. Sin embargo, en el siglo XIX cuando los caciques defendían los intereses de los pueblos, estaban defendiendo el suyo propio; hoy en día, los votos se recogen en ciudades como León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, o  Astorga y no en los pueblos pequeños. A todo ello se añade que desgraciadamente, las decisiones de lo que compete a León, se toman en Valladolid. En fin… pinta mal la cosa: aunque en esta ocasión se salvó la bola de partido, los caciques no se juegan nada en los pueblos de León.

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Riaño como «tragedia de los cerramientos»


En una entrada anterior, hacíamos referencia a la ‘tragedia de los comunales’. Decíamos que allí donde se privatizaron los comunales, los campesinos más pobres se vieron despojados de sus medios de vida, ocurriendo la llamada ‘tragedia de los cerramientos’ (Tragedy of Enclosure, en inglés).

La privatización o cerramiento (enclosure) de los comunales ocurrido a lo largo y ancho de la mayoría de países europeos durante los siglos XVIII y XIX fue un verdadero drama. Miles de campesinos desposeídos de sus comunales vagaban por los campos en busca de trabajo, viéndose obligados finalmente a emigrar a las ciudades y los centros industriales, donde hacinados subsistían con salarios míseros.

En España, con la desamortización de Madoz se pusieron en venta los bienes de los pueblos, lo que en algunos casos tuvo como resultado la venta de molinos, fraguas, cantinas, quiñones, montes o puertos de merinas. Posteriormente, con la intervención del Estado en los montes se vio limitado el acceso a las leñas, maderas, o pastos. Antonio Ortega Santos en su libro «La tragedia de los cerramientos: desarticulación de la comunidad en la provincia de Granada» estudia este proceso para Andalucía, afirma que con los “cerramientos” y la intervención estatal en los montes se subordinó la lógica de la subsistencia a la lógica del mercado. Es decir, allí donde los comunales fueron privatizados, la prioridad de los compradores era hacer dinero con ellos: se talaron bosques, se roturaron montes, y se impusieron arrendamientos abusivos a quienes los venían explotando. Por otro lado con las restricciones impuestas por el servicio forestal, aprovechamientos del monte que eran gratuitos fueron prohibidos y sacados a subasta; por tanto, si alguien necesitaba maderas o leñas, debía acudir al mercado a comprarlas. 

En León, como ya veremos, la desamortización de Madoz no tuvo demasiada importancia. Sin embargo en aquellas comarcas donde hubo privatizaciones es posible que ocurriese como en el resto de España, que el pequeño campesinado quedase excluido de los beneficios ya que las oligarquías gobernantes habrían utilizado las reformas agrarias en su provecho adquiriendo tierras. En León, es posible que, allí donde los comunales fueron vendidos, los campesinos más pobres se viesen despojados de recursos que eran fundamentales para su supervivencia (tampoco hay que olvidar, no obstante, que el uso de muchos de estos bienes ya había sido privatizado, dado que eran bienes de propios, arrendados al mejor postor.

Una versión de la tragedia de los cerramientos en la provincia de León podría ser la desaparición de numerosos pueblos bajo los pantanos. El ejemplo más evidente es Riaño, donde para satisfacer los intereses de las empresas eléctricas y de unos pocos regantes fueron anegados los pueblos  y propiedades de Anciles, Éscaro, La Puerta, Huelde, Burón, Pedrosa, Salio y Riaño. Imagino que los vecinos fueron indemnizados por las fincas que perdieron, pero ¿qué indemnización recibieron por los comunales que quedaron bajo el pantano?. Lo grave no fue sólo que los vecinos tuviesen que abandonar los pueblos y sus medios de vida sino que la construcción de la presa, para satisfacer intereses de unos pocos, dejó tocado de muerte todo el valle.

Una vez más los bienes comunales de toda la provincia de León están en peligro y un nueva tragedia se cierne sobre ellos: La Ley Montoro. Si los bienes de los pueblos pasan a ser gestionados por los ayuntamientos, visto el endeudamiento de éstos, el peligro es evidente. Parece que de nuevo se quiere expulsar de la tierra a los pocos agricultores y ganaderos que viven de ella. Los pueblos de León agonizan por el envejecimiento y porque apenas queda gente que trabaje las tierras. Si desaparecen las juntas vecinales estaríamos contemplando una nueva versión de la ‘tragedia de los cerramientos’. De la misma manera que el pantano de Riaño perjudicó a toda la comarca, estas medidas no sólo afectarían a quienes dependen de los comunales, sino a la provincia entera. Es triste reconocerlo, pero hoy en día, los pocos agricultores y ganaderos que quedan, son los que mantienen a los pueblos con vida.

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Foto: J.M. Pando Barrerro / Color: Antonio Aláiz

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