Hace unas semanas en una entrada de este blog, comentábamos que en 1855 el ministro de Hacienda Madoz intentó vender las propiedades de los pueblos para hacer frente a las necesidades presupuestarias del Estado.
Aunque en León los pueblos conservaron la mayor parte de las propiedades comunales, en muchos lugares antes de la desamortización de Madoz ya habían ‘desaparecido’ una parte importante de los patrimonios comunales.
La venta de propiedades de los pueblos fue especialmente importante en la primera mitad del siglo XIX, en el período que transcurre entre 1810 y 1840, a causa de la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas. Debido a estos conflictos bélicos, ayuntamientos y juntas vecinales acabaron muy endeudadas, por lo que fue frecuente recurrir, entre otras medidas, a la venta de bienes para paliar esta escasez presupuestaria.
Basta con mirar los protocolos notariales de las primeras décadas del siglo XIX de cualquier partido judicial de la provincia para constatar la venta de numerosas fincas comunales en distintas localidades de la provincia, motivo por el que este proceso es considerado como una ‘desamortización olvidada».
En lo que se refiere a las guerras napoleónicas, con el vacío de poder surgido se dio una coyuntura muy favorable para la venta de tierras concejiles. Aunque las ventas parecen haber sido más intensas en las zonas de ribera y en aquellos municipios urbanos que padecieron la ocupación francesa de facto, como por ejemplo Valencia de Don Juan, el fenómeno se dio a lo largo y ancho de toda la provincia.
Precisamente en la antigua villa de Coyanza, ocupada por distintos ejércitos entre 1808 y 1813, las actas municipales dan testimonio de las ventas producidas durante este periodo. Así por ejemplo en febrero de 1810, el Ayuntamiento agobiado por las cargas de la guerra vendió varios predios (la Chopera, Molino Caído, Soto de Abajo, Fuentes de Aja y Marialba); en julio se aumentaron los impuestos; y en septiembre fueron marcadas nuevas fincas que fueron vendidas en febrero del año siguiente. También en febrero de 1811 se arrendaron los molinos de la villa; en abril se vendieron los predios de Pontecillos y Cañamales; y en noviembre (con un nuevo impuesto de guerra) se enajenaron las eras y otras fincas del común. Y así en los años sucesivos…
El caso es que en Valencia de Don Juan la situación desastrosa de la Hacienda municipal (quizás originada en estos años) se mantuvo a lo largo del siglo XIX. Ello obligó a nuevas ventas de comunales, como el “Monte pequeño” vendido en 1851. El remate de todos estos procesos fue la desamortización de propios que acabó liquidando el amplio patrimonio comunal de Valencia de Don Juan.
También en pueblos de la montaña leonesa, como Riaño, Burón, Acebedo, Maraña, o Boca de Huérgano hubo enajenaciones de bienes concejiles con motivo de la ocupación napoleónica. En Acebedo, entre 1809 y 1819, el concejo autorizó la venta en pública subasta de más de un centenar de fincas; según figura en la documentación notarial la razón de estas ventas fue el “remediar las necesidades que padece la citada villa por falta de medios para atender el socorro de nuestras tropas españolas en defensa de los enemigos que ymbaden la patria”.
El otro hito fueron las guerras carlistas, ya que en 1835 y 1838 se autorizó la venta de Realengos o baldíos y la venta de leña de los montes para indemnizar a los perjudicados por las incursiones carlistas en la provincia. Acogiéndose a este decreto, fueron vendidas fincas concejiles en numerosas localidades leonesas.
Lo más destacable es que la privatización de comunales de la mitad del siglo XIX estuvo plagada de irregularidades. Las oligarquías locales y los más ricos, aprovechando el vacío de poder y a la inseguridad jurídica, controlaron el proceso y lo aprovecharon para aumentar sus patrimonios rústicos. La premura con la que se hicieron las subastas a causa de las exigencias y amenazas del ejército francés facilitó todavía más los manejos ya que se ignoró toda legalidad.
Estos ‘chanchullos’ provocaron que vecinos y concejos de unos cuantos pueblos acudieron a denunciar las irregularidades a la Diputación Provincial. Por ejemplo el concejo de Santas Martas alegaba que “cuatro ricos manipulantes fraguaron el enredo para ganar como vendedores, y después como compradores»; también los vecinos de Bustos señalaban que los ‘cuatro ricos’ para pagar las contribuciones habían dividido en quiñones varios terrenos concejiles poniéndoles un precio que no era asumible por los más pobres; de esta manera la mayoría de vecinos tuvieron que ceder su parte a los ricos que se hicieron con las tierras por ‘cuatro reales’.
En fin. Interesante, ¿no?. Ya lo saben… “Quien reparte, y bien reparte se queda con la mejor parte”.
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Si te interesa el tema, en el Capítulo 2 de la Tesis doctoral de José A. Serrano Álvarez, entre las págs. 191 y 208, tienes más información del tema. Aquí tienes el enlace.
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