Buenos Aires comenzó el año con las habituales celebraciones navideñas, el éxodo turístico hacia las playas y la operación de tiroides de la Presidenta para extirparle un cáncer que después resultó no ser tal. Una vez que Cristina Fernández se recupere de la intervención quirúrgica a la que fue sometida deberá afrontar sus obligaciones de mandataria, resultado de su victoria en las elecciones de 2011 con un 54% de los votos. Este segundo mandato plantea numerosos retos para la gobernante, pero hay tres cuestiones relacionadas con la tierra, los recursos naturales y las materias primas a las cuales habrá que prestar una especial atención en este año que comienza.
Una primera cuestión que exige seguimiento es la producción de alimentos. A consecuencia del fenómeno climático de La Niña, los países del Cono Sur, y especialmente el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, se están viendo afectados por una importante sequía lo cual afectará a las cosechas. Esta sequía, que afecta a las regiones más agrícolas de la Argentina como la Pampa húmeda, está provocando importantes mermas en las cosechas de maíz y de soja (aquí se produce en torno al 17% de la soja mundial). En un momento de demanda creciente de alimentos por parte de los países en desarrollo y de países emergentes como India o China (uno de los principales socios comerciales de Argentina) un descenso de las cosechas de soja y maíz podrían incrementar su precio en la bolsa de Chicago donde se negocian los “futuros” de estas “commodities”. Habrá que ver hasta qué punto estas malas cosechas previstas podrían desencadenar una subida del precio de los alimentos y ayudar a cocinar una nueva crisis alimentaria similar a la ocurrida en 2008.
Relacionado con la producción de soja y maíz, hay una segunda cuestión y son las disputas por las tierras de uso agrícola y ganadero. En los últimos años se han desmontado amplias superficies de bosques y pastizales para dedicarlas al cultivo. De ello se han derivado diversos conflictos, incluso violentos, ya que hay luchas por la tierra entre particulares, y también entre comunidades y terratenientes. Baste recordar que en 2011 hubo varios muertos; uno de los incidentes más graves fue el ocurrido en diciembre en Santiago del Estero con varios campesinos “baleados”.
Otros problemas en relación a los usos agrícolas están relacionados con la compra/acaparamiento de tierras por parte de extranjeros, y con la sostenibilidad medioambiental, en tanto que tierras de bosques son transformadas en tierras agrícolas con la consiguiente pérdida de biodiversidad. En lo que se refiere al acaparamiento de tierras, también Argentina está en el ojo de huracán con el creciente interés de multinacionales chinas y árabes en la adquisición de tierras para la producción de alimentos. Así en 2011 la compañía estatal china Beidahuang Group firmó un acuerdo con el gobierno de la provincia de Río Negro para explotar una superficie de 320.000 hectáreas con una inversión estimada de 1.500 millones de US$. En un contexto mundial de subida de los precios de las materias primas y de los alimentos, es de esperar que estas disputas y conflictos se mantengan latentes o explícitos. El actual gobierno, con mayoría en la Cámara de Diputados, está impulsando una Ley de Tierras que entre otras cosas limita la propiedad de ésta en manos de extranjeros y crea un Registro Nacional de Propietarios de Tierras. Desde las organizaciones campesinas como el MOCASE-Vía Campesina se pide que los campesinos sean tenidos en cuenta. En este sentido habrá que ver cuál es la posición del gobierno argentino: si apuesta por un modelo de soberanía alimentaria con una protección efectiva de la tierra y de los derechos de las comunidades indígenas o hace la vista gorda y mantiene el apoyo tácito al modelo agroexportador vigente, consciente de que las exportaciones de soja y otras materias primas son uno de los ejes del modelo agropecuario y fundamentales también en la obtención de divisas.
En este contexto de aumento de los precios de las materias primas, un tercer conflicto surge con la minería, y en particular la que se realiza a cielo abierto. Como es sabido, la minería a cielo abierto exige el desmonte de amplias superficies de tierra que en ocasiones tienen utilidad agrícola, ganadera o forestal. Pero no sólo eso, la minería del oro por ejemplo, implica la utilización de grandes cantidades de cianuro el cual puede acabar depositado en la naturaleza contaminando acuíferos y cursos de agua, y dañando, por tanto, la vida. Por esta razón, se suceden las protestas contra los emprendimientos mineros, como la de los vecinos de Famatina en la provincia de La Rioja que desde hace meses vienen movilizándose contra los proyectos de minería aurífera por parte de las compañías Barrick Gold y de Osisko Mining, autorizados éstos por el gobernador kirchnerista Luis Beder Herrera.
En este sentido, hay que tener en cuenta que la Ley Minera vigente en la Argentina es de la época de Menem y otorga numerosas ventajas a las empresas extranjeras. Parece haber una cierta demanda social que exige cambios en esta Ley y tal vez ahora, con mayoría en la Cámara de Diputados, sea el momento de actuar y promover un cambio profundo a favor de una mayor sostenibilidad. No obstante parece haber una cierta hipocresía al respecto, ya que mientras los gobernantes hablan de soberanía nacional y desarrollo sustentable se siguen cerrando acuerdos con las grandes multinacionales mineras y se fomenta la inversión de países como China. Precisamente, el mencionado líneas atrás Luis Beder Herrera, junto con el Secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, encabezó la delegación argentina que en noviembre de 2010 presentó en Tianjin (China) el III Congreso de “Minería Argentina: Oportunidades de Inversión” para promover nuevas inversiones chinas en actividades de exploración y producción minera en el país. Para el Secretario de Minería, estas inversiones previstas, superiores a los 30 mil millones de dólares, posibilitarían la realización de nuevos proyectos productivos, y convertirían a Argentina en un gran jugador mundial de cobre, plata y oro, a la vez que líder en materia de minería de litio y boratos. Otro ejemplo de este doble discurso gubernamental es la Ley de Glaciares (aprobada en 2010 y que prohíbe la contaminación y la exploración minera y de hidrocarburos en los glaciares y periglaciares) la cual está paralizada por los recursos de las empresas mineras y la no dotación de fondos por parte del gobierno para realizar el inventario de zonas a proteger.
Hasta ahora no se ha avanzado mucho en estas materias, ya que, como justifican los simpatizantes del gobierno, se trataba de resolver lo más urgente. No cabe duda de que la situación heredada, especialmente por Néstor Kirchner, era especialmente complicada. No obstante habrá que ver si se opta por un cambio real y serio en el modelo de producción o se sigue aprovechando el “viento de cola” de los altos precios de las materias primas y de los alimentos. Lo que suceda al respecto, será importante para el futuro de Argentina pero también para América Latina y el mundo en general.
Texto de José SERRANO publicado en enero de 2012 en RESET
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Foto: Desmontes en Salta (Argentina) – Greenpeace
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