Hace unos años ya, murieron mis padres. Tuvimos la suerte de poder acompañarlos en sus últimos días. Digo esto, porque después vino la epidemia de coronavirus y hubo mucha gente que no pudo despedirse de sus seres más queridos. Y en nuestro caso, además —no menos importante— pudimos velarlos y, acompañados por familiares y vecinos, darles un entierro digno.

Sostenía Giambattista Vico un filósofo del siglo XVIII que una de las marcas que distinguen a una sociedad civilizada de la barbarie es el acto de enterrar a sus muertos. No se trata solo de una práctica religiosa o higiénica, sino de un gesto radical de reconocimiento: su ausencia transforma, en adelante, nuestro modo de estar juntos. Dice Vico que no es casual que la palabra “humanidad” se emparente con ‘humare’, “enterrar”, y con ‘humus’ (tierra); visto así, lo humano nacería de la capacidad de devolver a la tierra a quienes han compartido con nosotros el mundo.

Enterrar es, al mismo tiempo, un acto simbólico y político. Simbólico, en tanto marca la frontera entre el cadáver anónimo y la persona llorada y recordada. Político, porque la comunidad se reconoce deudora de sus muertos y responsable de su memoria. Se podría añadir que cuidar y acompañar a quienes transitan por sus últimos días, supone también reconocer la fragilidad y la dependencia de los demás.

Volviendo a las ideas de Vico, se podría decir que la manera cómo una sociedad trata a sus muertos es indicativo del nivel de civilización. De acuerdo con este planteamiento, hay situaciones en las que se estaría vulnerando ese principio civilizatorio de enterrar a los muertos. Así por ejemplo, en países de América Latina, cuando el terrorismo de Estado hizo desaparecer a miles de personas arrojándolas al mar o a fosas clandestinas, negaba a sus familias la posibilidad de un entierro digno y el duelo posterior. Lo mismo ocurre con las personas ‘desaparecidas’ en las rutas migratorias. ¿Qué decir de los muertos que —en España— aún descansan en cunetas o en fosas comunes? Frente a quienes señalan que es mejor no hurgar en ese pasado incómodo, dar entierro a los muertos es un acto de dignidad. Por otra parte, la desaparición forzada encarna una forma extrema de deshumanización: rompe el hilo que une ‘humare’ con humanidad al impedir devolver a la tierra lo que es de la tierra. La barbarie es matar, pero también impedir que se pueda enterrar.

Entendiéndolo así, la exhumación de fosas comunes y la identificación de los restos es más que un procedimiento arqueológico o judicial, es un acto de sutura de las heridas del pasado. Cuando se abre una fosa y se recuperan los restos, es completar el puzle de esa historia; igualmente, es recomponer el vínculo con la sociedad roto por la violencia. De alguna manera, se están devolviendo a esas personas a la sociedad. Dejan de ser restos anónimos y pasan a ser personas con nombre y apellidos. Se abre un nuevo universo afectivo ya que son personas con padre, madre, hijos/as, sobrinos/as… A todo ello se añade que, con la identificación de los restos, aparece la posibilidad de un funeral —una ceremonia de despedida— y de algo tan básico como una tumba a la que los familiares puedan llevar flores.

Ahora bien, —y aquí está el quid de la cuestión— el levantamiento de un cadáver o la exhumación de unos restos obliga a nombrar el crimen y a registrar la violencia contra esas personas. Obliga a ‘identificar’ a los responsables, obliga a hablar de brutalidad, obliga mostrar la crueldad ejercida contra esas personas, obliga a poner la verdad por delante. Quizás por eso es lógico que haya gente que quiera que los muertos sigan en las cunetas o en una fosa común… y que, de esta manera, esos crímenes no salgan a la luz.

En fin. Nada más que añadir, porque, sea como sea y se mire como se mire, enterrar a los muertos es mirar al futuro y no al pasado: es decidir qué clase de sociedad queremos ser. Es optar por la civilización y rechazar la barbarie.

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