Cada vez con más frecuencia en el debate público aparecen críticas a las ayudas públicas a colectivos desfavorecidos. Se suelen utilizar términos como ‘chupar del bote’, ‘chupar de la teta’ o ‘paguitas’. Ya, como punto de partida, la utilización de estas formas coloquiales y despectivas busca desacreditar ciertas ayudas sociales dirigidas, por ejemplo, a personas desempleadas de larga duración o familias en situaciones de vulnerabilidad.

Obviando lo anterior, se observa que con frecuencia, este cuestionamiento de las prestaciones sociales se presenta como una defensa de la racionalidad económica o del mérito individual, como si fuesen un derroche de dinero público. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente económico, estas ayudas sociales no solo cumplen una función de justicia redistributiva, sino que también generan efectos económicos positivos que se suelen pasar por alto. Porque, como veremos a continuación, no sólo se benefician de estas ayudas quienes las reciben.

En primer lugar, la cuantía económica que reciben las personas beneficiarias son por lo general reducidas; por ejemplo, a comienzos de 2026, el subsidio para parados mayores de 52 años asciende a 480 euros mensuales. Quien viva en una ciudad sabe que con esa cantidad no se llega muy lejos. Tampoco hay que ser muy listo para adivinar que el destino inmediato de esas ayudas es el consumo básico: alimentación, alquiler de la vivienda, suministros y productos de primera necesidad.

Lo interesante —y en eso no suelen reparar los detractores de las ayudas sociales— es que ese gasto va directamente a la economía local. Cada euro que que se transfiere a un hogar vulnerable vuelve al circuito económico en forma de consumo; es decir, acaba en manos de los arrendatarios, los dueños de supermercados, de bares o de tiendas. No es un dinero destinado al ahorro o a gastos suntuarios. Por ello, en términos macroeconómicos, se trata de un estímulo modesto pero multiplicador: al reactivar el consumo en los sectores con mayor propensión a gastar se genera movimiento económico real. Incluso si parte de ese dinero se destinase a tabaco y alcohol, a tratarse de bienes gravados con altos impuestos, el Estado recuperaría una porción del gasto. En ningún caso, las ayudas suponen una pérdida neta, sino una rotación interna de recursos.

A esos efectos estrictamente económicos se suman beneficios sociales en el largo plazo. Esas ayudas mínimas sostienen la cohesión social y ayudan a prevenir costes asociados a la marginalidad: problemas de salud mental, exclusión o conflictos sociales que, de no ser atendidos, podrían ser mucho más costosos para el Estado y la sociedad. Las políticas de transferencia no son simples actos de beneficencia, son instrumentos de estabilidad y prevención. Entender las ayudas sociales como inversión y no como gasto improductivo es de 1º de Economía, Capítulo 1. No es caridad, se trata de asegurar que el conjunto de la sociedad mantenga niveles básicos de cohesión social. Como ya señalé, las mal llamadas “paguitas” no solo benefician a quienes las reciben, también ayudan a sostener un tejido social y económico más estable y solidario.

Quienes se oponen a estas ayudas lo hacen más desde un posicionamiento moral que económico. Se parte de la idea de que quienes reciben esas prestaciones sociales son unos ‘vagos’ o ‘no se esfuerzan lo suficiente’, cuando en realidad la mayoría de los beneficiarios pertenecen a sectores con dificultades para insertarse en el mercado laboral o están atrapados en empleos precarios.

Esa desconfianza hacia los más vulnerables convive, paradójicamente, con una amplia aceptación de otras ayudas públicas mucho más cuantiosas —las destinadas a grandes empresas, corporaciones y entidades financieras—, cuya utilidad social ni se discute. Baste recordar el rescate bancario que nos costó unos 105.000 millones de euros a los contribuyentes; además, quienes armaron la timba —los directivos bancarios— fueron premiados con salarios y pensiones millonarias. Eso sí que es ‘chupar del bote’ de verdad, pero como diría mi padre, de eso ‘no trae nada el periódico’… Como tampoco trae nada de los rescates de empresas por parte de la SEPI o las ayudas encubiertas a empresas y consumidores a través de contratos de lo más variado.

Por tanto, quien se opone a las ayudas sociales del Estado debería cuestionar con la misma vehemencia las ayudas públicas a empresas y consumidores. Limitarse a criticar únicamente a los más desfavorecidos, camuflando de economía lo que es un juicio moral, revela mucho sobre quien lo hace: detrás de esos débiles argumentos económicos se esconde, simplemente, un punto de mezquindad.

En fin…