Hace algún tiempo trabajé en una fundación filantrópica que financiaba proyectos de desarrollo en América Latina y África. Como es lógico, muchas ONGs locales acudían a nosotros buscando apoyo económico para sus iniciativas. En una ocasión, nos reunimos con la directora de una ONG colombiana que trabajaba en el ámbito de la educación escolar y había puesto en marcha un proyecto que consideraban particularmente innovador.

En un punto de la conversación, mientras hablábamos sobre la importancia de buscar alianzas y trabajar con las empresas y el sector privado, la señora comentó que había que valorar más el trabajo de los empresarios. Que era necesario convencer a los niños de que los empresarios no eran el “coco”. Como ejemplo, mencionó que ella les decía a los niños “beneficiarios” de su proyecto: “Miren, aquel es un empresario, y gracias a él ustedes pueden venir a esta escuelita. Gracias a los impuestos que él paga, el Estado paga al maestro, la electricidad…”.

Al escuchar eso se me revolvió el estómago. Es evidente que hay que colaborar con el sector privado, y tengo claro que empresas y empresarios también contribuyen a la creación de riqueza. Y lo vamos a dejar ahí, ya que si nos ponemos quisquillosos y somos rigurosos resultaría que quienes crean la riqueza son los trabajadores. De hecho, hace unas semanas circuló por las redes una noticia que decía que según un estudio de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), en España cada trabajador genera 262.730 euros de media al año, pero solo recibe 39.900.

En todo caso, volviendo al surco, me puso de los nervios escuchar aquello, porque pareciese que los niños tenían escuela gracias a los empresarios, y ahí ya estamos tergiversando las cosas. Porque, independientemente de como el Estado cubra los gastos, la educación es un derecho básico como lo son también la sanidad, la protección social o el acceso al agua potable.

Aprovechando que el próximo viernes se celebra el 1º de mayo, convendría recordar que la mayoría de los derechos sociales que hoy damos por sentados —como la jornada laboral de 8 horas, los seguros sociales, la educación universal o la erradicación del trabajo infantil— son fruto de luchas históricas, de movilizaciones, huelgas y sacrificios de millones de trabajadores a lo largo de generaciones. Ninguno de estos derechos cayó del cielo por la generosidad de los poderosos o la buena voluntad de las empresas. Al contrario, en muchos casos, las empresas y gobiernos se resistieron a reconocerlos hasta el último momento, y solo cedieron ante intensas presiones sociales y políticas.

Volviendo al ejemplo de Colombia, aunque es aplicable a nivel mundial, habría que ver hasta qué punto algunos empresarios pagan impuestos por voluntad propia o más bien porque los obliga la ley. Queda pues la duda de qué suerte correrían los niños si las escuelas, los maestros y, en general, los servicios públicos dependieran de la generosidad espontánea del sector privado.

Traigo todo esto a colación porque este tipo de discurso que presenta los derechos básicos como “favores” otorgados por quienes ostentan el poder es profundamente peligroso y retrógrado. No solo se distorsiona la realidad, sino que al presentar estas conquistas como gestos benevolentes de “otros” se las despoja de su verdadero sentido emancipador. Convertir los derechos en favores los vuelve frágiles y susceptibles de ser revocados en cualquier momento, en lugar de consolidarlos como conquistas firmes e irrenunciables. La educación, la salud, el transporte o la cultura no son concesiones, son derechos que nos corresponden por nuestra condición de miembros de una comunidad.

Por otra parte, concebir los derechos como privilegios entraña un peligro aún mayor. En la agenda de cierta derecha —y ya lo estamos viendo en algunos países de América Latina— esos derechos que llevó muchos años conquistar pasan a interpretarse como ‘concesiones indebidas’ y quienes los ejercen son presentados como “privilegiados”. El paso siguiente es previsible. Si son privilegios y no derechos, entonces pueden —y deben— ser eliminados. Por tanto, al presentar los derechos como favores, se corre el riesgo de abrir la puerta a retrocesos preocupantes.

En tercer lugar, esta visión, lejos de ser neutral, podría favorecer a quienes prefieren una ciudadanía menos crítica y más pasiva, ya que una población enfocada en agradecer es, muchas veces, menos propensa a exigir. De esta manera se pasa de concebir al Estado como garante de lo común y comprometido con la igualdad y el bienestar colectivo, a concebirlo como administrador de las migajas que deja el mercado.

Ya para finalizar, el colmo de todo este discurso ‘servil’ es aplaudir a quienes simplemente cumplen con su obligación de pagar impuestos. Es justicia básica y un deber ciudadano, no generosidad. Los impuestos —aunque los youtubers que se van a Andorra o a Dubai para no tributar en España no lo entiendan— no son un ‘robo’ del Estado a sus ciudadanos, sino el mecanismo mediante el cual se financia colectivamente la educación, la sanidad, las infraestructuras y tantos otros bienes comunes. Y, más allá de financiar servicios, son también el principal instrumento con el cual el Estado puede corregir las desigualdades que el mercado genera.

En fin… Es fundamental, sin duda, que los niños aprendan a ser agradecidos y valoren el esfuerzo de quienes —maestros y maestras, en particular— hacen posible a diario el ejercicio de su derecho a la educación. Pero que entiendan que los logros sociales son fruto de empeños colectivos es también otra lección indispensable. Es decir, la gratitud debe ir siempre acompañada de la conciencia de que, por un lado, los derechos se defienden, se ejercen y en todo caso se mejoran; y por otro, de que si existen es gracias a muchas luchas y sacrificios, pasados y presentes.

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