Gestión tradicional de los comunales en León (iv): arriendos y subastas de aprovechamientos


Y por fin… la última parte de la serie sobre gestión de los comunales:

3.4. Una nota sobre comunales y haciendas locales.

Además de los aprovechamientos directos, de mayor significación para las economías rurales, los comunales también proporcionaban ingresos a las haciendas locales con los cuales afrontar gastos (pago de impuestos, por ejemplo), realizar mejoras que beneficiasen a la comunidad (como el sostenimiento de la escuela).

Esta explotación indirecta del comunal eximía a los vecinos de hacer aportaciones para pagar impuestos o gastos comunitarios y permitía a los concejos contar con recursos financieros. Por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX, el arriendo de los puertos de montaña –y en ocasiones del estiércol– proporcionaban un numerario tan importante que algunos concejos de montaña mantenían maestro, cirujano, o guardas de campo remunerados[21].

En aquellas comarcas de la provincia donde la superficie de comunales era menor, los principales ingresos procedían de los «propios» y de los arriendos de rentas que gravaban el comercio y el consumo, aunque también los bienes comunales eran utilizados para hacer frente a los gastos de las haciendas locales. En este caso la vía fue la enajenación temporal –arriendos– o enajenación perpetua –venta– de los patrimonios concejiles; un ejemplo de ello es la «Dehesa de Trasconejo» en Valderas cuyo aprovechamiento de pastos era subastado anualmente por el ayuntamiento.

En otros lugares, los comunales o bien eran gravados con un pequeño canon por su utilización —por ejemplo por cabeza de ganado o por cada quiñón de tierra— o bien su aprovechamiento era sacado a subasta.

[20] El pueblo de Lario (Burón) a mediados del siglo XIX tenía por cuenta del concejo: castrador, herrador, cirujano, o guarda de campo, gracias al ingreso obtenido por el arrendamiento de los pastos [ACLario, Legajos varios]

Texto extraído de Serrano Alvarez, J. A. (2014): «When the enemy is the state: common lands management in northwest Spain (1850–1936)«. International Journal of the Commons8 (1), 107–133. En este enlace podéis descargar el artículo original en inglés.

 

Carta abierta a los promotores del centro de esquí de fondo en Babia


 

Estimados Eva Márquez y David Iturralde,

me asombra la falta de vergüenza con al que tratáis a un alcalde pedáneo por pedir a un pueblo la máxima expresión de democracia que es sencillamente votar. No sé si sois de León, pero como bien sabréis en nuestra provincia aún tenemos ‘eso’ que se llama Juntas Vecinales, heredadas de los concejos antiguos que se pierden en la historia y, que da la posibilidad de votar y frenar un proyecto como el vuestro.

Yo soy de Cabrera, y veo que tenemos los mismos problemas en toda la provincia, La Cueta tiene nieve, nosotros tenemos pizarra, de repente llega una empresa que ve cierto negocio, se lanza como un paracaídas y suelta que va a dar empleo a costa de ciertas concesiones. Y cuando el pueblo vota que no, es culpa del pueblo…. NO

Vamos a analizar un poco más esta situación que ustedes aprovechándose de la coyuntura (y hacen bien) no han sabido analizar y han caído en tópicos de regímenes anteriores. Resulta que mientras en el resto de Europa se apuesta por políticas para poner en valor el campo creando riqueza sostenible, en España se apuesta por un centralismo exacerbado en el que son cómplices no solo las administraciones del Estado, sino también las que mentan en su carta: el ayuntamiento de Cabrillanes, la super excelentísima Diputación de León y sus diputados del pensamiento único, así como asociaciones (para el desarrollo, o eso dicen) que no son capaces de ver el negocio que ustedes proponen (el cual veo muy correcto) pero lo dejan en manos privadas porque ellos son incapaces….

Los pueblos se vacían, pierden esa autoridad porque resulta que 19 votos ya no sirven… pero culpamos al pedáneo de ejercer su derecho a la democracia… NO SEÑORES, NO. La culpa no está en la democracia, sino en las políticas, y en tratar de aprovecharse de ellas. No llego a entender como un proyecto tan serio no es negociable, es decir, sólo haya blanco o negro; tal vez sea porque no es tan serio. No llego a comprender porque no hay posiciones intermedias en las que seguro que el proyecto hubiese salido adelante.

Pero claro, querer el monte de utilidad publica durante 25 años por el rostro aprovechándose de la situación provocada por las administraciones es de una jeta que no tienen con todo el agua del lago de Babia para limpiarse. Lo de menos son las instalaciones de las escuelas de La Cueta ¿verdad? porque digo yo, si estuviesen interesados en este proyecto de verdad, podrían comprar cualquiera de las casinas que se vende en el pueblo, es más, si están interesados, podrían incluso realizar contratos a 5 años de alquiler del monte de utilidad publica y convivir con otras actividades que no son incompatibles, todo lo contrario, la ganadería podría mantener limpias rutas de senderismo….

Así soy yo empresario, llego con mi proyecto, y pido barra libre a costa de empleos, (repito que hacen bien, porque se aprovechan de una situación no creada por ustedes) pero tal vez habría que mirar más gamas de grises…. Y a mi me da mucha pena, porque seguro que hay posiciones intermedias en las que todos cabrían. Pero no se puede insultar ni faltar al respeto a un pedáneo por ejercer la democracia. Pregúntense ustedes porque no hay posiciones intermedias, pero sobre todo, háganselo mirar, porque tal vez lleven en Babia más tiempo del que piensan…

P.D. En Cabrera también tenemos montes con nieve, pero ya me encargaré yo de no regalarlos. Y por el contrario, ya me encargaré yo de hacer que los propios locales vean el negocio y lo exploten, sin necesidad de las administraciones que sólo saben salir en los medios para la foto y que en ningún momento trabajan por el pueblo ni para el pueblo.

Iván Martínez Lobo – La Cuesta (Truchas – La Cabreira)

«La Voz del Concejo», más que un proyecto documental…


cartel_concejo_de_vecinos-la_voz_del_concejoMañana viernes, 21 de noviembre, se presenta en Madrid, en la Casa de León, el proyecto “La voz del concejo”.

Este interesantísimo proyecto cuyas cabezas visibles son Teresa García Montes e Isabel Medarde tiene entre sus objetivos que la UNESCO declare a los concejos de vecinos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Para lograr este objetivo están trabajando en un documental que difunda y ponga en valor los concejos. Para saber más de qué va la historia os aconsejo visitar la página web de Bambara Zinema, productora del proyecto, disponible aquí .

Se agradecen proyectos como este, razón por la que hay que felicitar a todo el equipo de trabajo, especialmente a Tere e Isabel, por una idea tan original y agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Esperamos ver pronto el resultado final. Tanto da que sean declarados o no los concejos Patrimonio de la Humanidad, el hecho en sí de poner en marcha este proyecto ya tiene un gran mérito.

Actualización 24/10/2014

En este enlace podéis ver el cortometraje presentado en Madrid.

 

Las propiedades comunales, siempre amenazadas…


 

Está estudiado que los comunales en el antiguo Reino de León tienen su origen en la Edad Media. Por delegación de los reyes, en la tierra que se iba recuperando a los reinos musulmanes se establecían grupos familiares. Generalmente, el área geográfica delimitada por los contornos geográficos de un valle natural, pasaba a ser una unidad de propiedad y explotación colectiva agraria y ganadera o ‘concejo’. Por otra parte, la extensión de estas comunidades aldeanas se basó en la existencia de un campesinado generalmente libre, organizado en concejos de vecinos, lo cual históricamente será una de las claves de la pervivencia del comunal en la provincia de León.

Llegados a la Edad Moderna, en la provincia de León había más de 1.200 concejos con un elevado nivel de autogobierno y el control sobre la gestión y la utilización de amplios espacios comunales dedicados a monte y pasto. Es por ello que en León, al igual que sucedió en otras partes de Europa y España, las instituciones comunales se consolidaron o como la forma predominante de uso y gestión del territorio al garantizar la estabilidad tanto en lo que se refiere a la explotación de los recursos como a la distribución del ingreso entre los diferentes sectores sociales.

No obstante, los bienes comunales de los pueblos han sido muy apetecibles para todos, pero especialmente para los más poderosos. Así por ejemplo en la Edad Moderna, el poder señorial intentó imponer su dominio ‘solariego’ allí donde ejercían el dominio jurídico; dicho de manera sencilla y no del todo exacta, quisieron que se les reconociera como dueños de las tierras comunales en aquellos lugares donde impartían justicia. De esta manera, el Conde de Grajal o el Conde de Luna lograron establecer prestaciones señoriales sobre los bienes comunales de numerosos concejos leoneses. Durante el siglo XIX los gobiernos liberales se propusieron abolir los señoríos (sobre el cual trataremos en alguna otra entrada de este blog) y prestaciones “vasalláticas”; la trampa fue que cuando hubo una disputa entre los pueblos y un noble por un determinado bien, se exigió a los pueblos presentar los títulos de propiedad (vaya, que lo usurpado a los pueblos en los siglos anteriores pudo ser ‘legitimado’ sin problema en el siglo XIX). Sin embargo, durante la Edad Moderna allí donde la tierra estaba bajo el control de los concejos, la nobleza lo tuvo más complicado (no obstante, el conde de Luna durante el siglo XV  se hizo con la propiedad de varios puertos de merinas que arrendaba directamente a los ganaderos de la Mesta). En ocasiones los concejos consiguieron contratos forales enfitéuticos (a largo plazo) que les permitía administrarlos y les aseguraba su explotación. Pero también fue común que se estableciesen pleitos y conflictos que no se resolvieron hasta la llegada de la II República Española (como sucedió con el foro de Villamor de Riello).

A partir del siglo XVIII, con las teorías económicas fisiocráticas que consideraban que la riqueza de las naciones provenía exclusivamente de la agricultura, los comunales empezaron a ser vistos como un símbolo de atraso y un obstáculo al desarrollo económico (en España uno de los exponentes de estas ideas es Jovellanos). El resultado de ello fue que durante la segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX a lo largo y ancho de Europa los comunales fueron privatizados.

España y la provincia de León no fueron una excepción a la regla, y durante el siglo XIX se vendieron numerosas propiedades de los pueblos. Una primera etapa de este proceso fue la llamada ‘desamortización olvidada’; es decir, para saldar la deuda contraída por los concejos y ayuntamientos en la Guerra de la Independencia (1808-1814) fueron vendidas numerosas propiedades comunales. El segundo hito fue la ‘desamortización de Mendizábal’ puesta en marcha en 1837 y que ponía en venta propiedades de la Iglesia pero administradas por los concejos de vecinos. Finalmente, la ‘desamortización de Madoz’ de 1855 fue el gran intento de vender las propiedades de los pueblos y un ataque directo al régimen comunal. Además la gestión de la mayor parte de bienes exceptuados de la desamortización, los montes, pasaban a estar supervisados por el Cuerpo de Ingenieros de Montes, que tampoco se mostraron muy ‘amigos’ de los pueblos.

Ya en el siglo XX, también el comunal ha estado amenazado. Por un lado, los Ayuntamientos han tratado de «quitarle» los bienes a los pueblos inscribiéndolos a su nombre en el Catastro; por otro, ayuntamientos y juntas vecinales han recurrido a la venta de propiedades comunales para financiar gastos u obras públicas; en muchos pueblos las escuelas, la electrificación, el pavimentado de calles, el alcantarillado o el alumbrado se hizo con la venta de tierras y bienes de los concejos. Y ¡cómo no! algunos particulares, siempre que han podido, también han intentando aumentar sus propiedades a costa del comunal. Así por ejemplo, era bastante común ver crecer las fincas privadas que lindaban con el comunal. Por otro lado, muchos particulares han intentado quedarse con quiñones y tierras que en algún momento les había cedido el concejo; de hecho en 1923 el gobierno de Primo de Rivera sacó una ley para «legitimar las roturaciones arbitrarias» que se habían ido produciendo en los montes.

En próximas entradas del blog, iremos detallando estos procesos. Si te interesa, suscríbete al blog y las actualizaciones te llegarán directamente al correo electrónico.

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