En la primavera de 1981 yo tenía 12 años recién cumplidos. España se estaba asomando a la modernidad y era una época en la que cada semana llegaban a los pueblos vendedores ambulantes ofreciendo los productos más diversos.

Justamente, la venta de aceite a granel fue el origen de un ‘envenenamiento’ masivo y es uno de los episodios más trágicos e infames de la historia sanitaria de España. Vendedores ambulantes habían distribuido por toda la geografía española miles de litros de aceite de colza que había sido desnaturalizado y originalmente tratado con anilina, un compuesto químico tóxico que alteraba el olor y el color del aceite, precisamente, para marcarlo como industrial y disuadir su consumo.

La historia —aunque imagino que ya la conocen— es más o menos como sigue. Unos empresarios sin escrúpulos importaron de Francia miles de litros de aceite de uso industrial y lo ‘falsificaron’ para venderlo fraudulentamente para uso humano. En principio, lo declararon como producto industrial, y así beneficiarse de menores impuestos y de controles más laxos. Como era un aceite que había sido ‘teñido’ con anilinas para evitar que fuese consumido por las personas, el siguiente paso fue el “lavado” del aceite en instalaciones clandestinas. A través de procesos ilegales de filtración, decoloración y blanqueo químico, eliminaron (o al menos disimularon) los rastros de anilina, dejando un líquido aparentemente inocuo listo para ser vendido como alimento. Este aceite adulterado se envasó y comercializó en mercadillos ambulantes y tiendas minoristas, muchas veces en botellas sin etiquetado o con tapones de colores llamativos, acompañado de documentación falsa o alterada y se cambiaron denominaciones para ocultar su origen peligroso e industrial. Los vendedores, por ignorancia o por complicidad, lo ofrecían como “aceite vegetal refinado” a precios ventajosos sin saber el riesgo que implicaba consumir este tipo de aceite. El resultado fue que un aceite destinado a usos industriales diversos (lubricantes, aditivos, procesos químicos, etc.), fue consumido por miles de familias.

Como es lógico, las personas que consumieron dicho aceite empezaron a enfermarse y los primeros brotes de la enfermedad causada por este aceite ‘envenenado’ se detectaron en Madrid en mayo de 1981. Esos primeros casos fueron diagnosticados como ‘neumonía atípica’ ya que los síntomas eran edema pulmonar, rigidez, dolor muscular, erupciones y fiebre. Enseguida empezaron a aparecer enfermos en otras zonas de España, mientras que los hospitales y centros de salud trataban de averiguar la causa real de aquella enfermedad, la cual afectaba en mayor medida a mujeres y adultos jóvenes, aunque nadie estaba realmente a salvo.
Durante la crisis, las labores clínicas identificaron tres fases claras de progresión: una fase aguda con grave afectación pulmonar y sistémica, una intermedia con calambres, trombosis, pérdida de peso y alteraciones neurológicas, y una última fase de secuelas crónicas tan devastadoras como la fibrosis de órganos, parálisis nerviosas o artrosis. Muchas de estas lesiones no remitieron nunca y, más de cuarenta años después, los supervivientes siguen padeciendo fatiga, dolores musculares y secuelas neurológicas o vasculares.

Fue el equipo dirigido por un joven pediatra, Juan Casado, que trabajaba en el Hospital Niño Jesús de Madrid, quien detectó que aquella enfermedad estaba causada por algún producto tóxico y no por una bacteria. Después de una encuesta de consumo llegaron a la conclusión de que la causa podía ser un aceite que se vendía en mercadillos y a domicilio en una garrafa con un tapón de color rojo. Casado y su equipo fueron al Ministerio de Sanidad donde no les hicieron mucho caso. Amenazaron con dar ellos mismos una rueda de prensa y esa misma noche el Ministerio advirtió de la peligrosidad de consumir aceite a granel. En los días siguientes se analizaron las garrafas de aceite y se comprobó que eran aceites industriales que contenían anilina. Todo encajaba.

Ahora bien, este envenenamiento afectó a más de 20.000 personas según el censo oficial (las asociaciones elevan la cifra a unos 30.000) y, según distintas estimaciones, murieron entre 3.000 y 5.000 personas. El caso tuvo un eco particular en provincias como León, con más de 1.200 personas afectadas y unos 200 fallecidos, aunque no se dispone de datos exactos. En mi pueblo en León, en la comarca de La Cepeda, no apareció ningún caso, pero sí hubo afectados en pueblos vecinos. Sin embargo, en comarcas vecinas hubo pueblos enteros marcados por esta tragedia, especialmente en áreas como Cea-Campos o la Montaña de Riaño con familias en las que enfermaron todos los miembros. Aunque, tras un primer momento de desconcierto, las autoridades sanitarias desplegaron equipos de emergencia, visitas domiciliarias, campañas de retirada de productos e investigación epidemiológica, en muchos casos ya llegaban tarde. Además de las graves dolencias, los afectados tuvieron que enfrentar el estigma social y la carencia institucional, tanto durante la emergencia como en la atención a las secuelas.

Las investigaciones para determinar el origen del aceite industrial comercializado revelaron una red criminal planificada con cadenas de intermediarios, documentación y facturación ficticia, depósitos clandestinos y una distribución difícil de rastrear. El único objetivo de todo ello era maximizar el lucro a costa de la salud pública, sabiendo perfectamente el riesgo de muerte que suponía este fraude.
A raíz de estas investigaciones 38 empresarios fueron procesados por la importación, manipulación y venta del aceite adulterado tratándose de uno de los macrojuicios más grandes de la historia de España. No obstante, únicamente 13 empresarios fueron condenados —a entre seis meses y veinte años de cárcel—, mucho menos de lo que demandaban las víctimas. Entre los condenados a prisión estaban el copropietario y gerente de Refinería de Aceites de Pescado, S.A. (RAPSA), Juan Miguel Bengoechea Calvo, y el distribuidor Ramón Ferrero López (RAELCA). Se juzgó también a algunos funcionarios públicos por negligencia en el control, aunque la mayoría quedaron impunes. En 1988 la Audiencia Nacional condenó a los responsables industriales y en 1992 el Tribunal Supremo confirmó esas condenas. También declaró al Estado responsable civil subsidiario, al considerar que el aceite fue desviado conscientemente con ánimo de lucro y vendido sin controles sanitarios, y estableció indemnizaciones para los afectados, aunque la sensación predominante de las personas afectadas es que llegaron tarde y fueron insuficientes.

A nivel legislativo, el síndrome del aceite tóxico provocó un giro radical en la política alimentaria de España. En 1984 fue aprobada la primera Ley de Defensa del Consumidor, que reconocía derechos básicos a la prevención de riesgos y a la veracidad en la información alimentaria. También se establecieron controles estrictos y trazabilidad obligatoria para los aceites y otros productos alimentarios, y se reforzaron los requisitos y la inspección de la venta ambulante de productos alimenticios. Poco después, con la entrada en la Comunidad Europea se aumentó la protección a los consumidores y se implantaron los estándares europeos de consumo.

El legado de esta intoxicación masiva sigue vivo en la legislación, en la memoria social y en las luchas de las víctimas por justicia y atención adecuada. La sociedad española aprendió, del modo más amargo, que la salud pública es un bien irrenunciable y que el fraude, la codicia y la negligencia institucional pueden tener consecuencias irreparables cuando la supervisión del Estado falla. No se trató solo de una crisis médica, sino del mayor fraude alimentario de la historia contemporánea de España, cuyas lecciones y advertencias no deberían jamás ser olvidadas.

Una anécdota relacionada con todo este episodio, y a su vez una paradoja, es que el aceite de colza no desapareció de los lineales del supermercado, pero sí su nombre. Hoy se produce y consume en España bajo las denominaciones “aceite de nabina”, “aceite de nabiza” o “aceite de canola”. En los tres casos se trata de aceites aptos para alimentación y regulados con las máximas garantías. El aceite de colza es uno de los más utilizados por la industria alimentaria aunque su presencia en botella es testimonial ya que desde 1981 la palabra “colza” sigue asociada a la tragedia en el imaginario colectivo.

El autor de la foto que acompaña este texto es Ignacio Gil y la foto es de Carmelo y su esposa Carmen en 2006, con el retrato de su hijo Jaime Vaquero García, que fue la primera víctima mortal del aceite de colza. Tenía 8 años.

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