Categoría: Notas para un estudio de la infamia

Notas para un estudio de la infamia (v): la masacre de los Horcones (Honduras)


Hace pocos meses, en el último viaje que hice a Honduras, tuve ocasión de visitar varios departamentos del país. Al dirigirnos a Juticalpa, capital del Departamento de Olancho, transitando por el valle de Lepaguare pasamos al lado de unas fincas de una gran extensión. Mi acompañante me indicó que se trataba de propiedades del ex-presidente Mel Zelaya y consorte de la actual presidenta del país, Xiomara Castro.

Me sorprendió el dato, ya que desconocía que Manuel Zelaya era un importante terrateniente y —a pesar de su discurso ‘revolucionario’— formaba parte de las oligarquías agrarias del país. De hecho, mi acompañante que había sido compañero de colegio de Mel Zelaya me contaba diversas anécdotas del ex-presidente destacando su inteligencia, carisma y generosidad.

Sin embargo, relataba mi interlocutor que en aquella finca el padre de Mel Zelaya junto con un grupo de militares había matado a un grupo de campesinos, sacerdotes y estudiantes que se dirigían a la capital para protestar contra las adjudicaciones de tierras que se estaban llevando a cabo.

Ahí quedó la cosa. La conversación siguió por otros derroteros, pero a la noche al llegar al hotel no pude resistirme y busqué más información al respecto. Efectivamente, este episodio de violencia es conocido como la masacre de La Talanquera, Santa Clara y Los Horcones, o simplemente la masacre de los Horcones. Incluso hay un documental sobre el tema y, aunque han pasado casi 50 años, las organizaciones campesinas tratan de mantener viva la memoria de las personas torturadas y posteriormente asesinadas.

La historia es más o menos como sigue. Un grupo de 14 campesinos, estudiantes y religiosos se dirigían a Tegucigalpa para participar en la Marcha del Hambre fueron detenidos y conducidos a la hacienda de Manuel Zelaya donde fueron torturados y asesinados. Cinco campesinos fueron quemados vivos en una hoguera, las estudiantes fueron arrojadas con vida a un pozo que posteriormente fue dinamitado, y los sacerdotes Iván Betancourt (colombiano) y Michael Jerome Cypher (estadounidense) fueron mutilados y torturados hasta la muerte.

¿Qué más les puedo contar? Pues que en Honduras unas pocas familias controlan la mayoría de la tierra y, por tanto, el poder. El problema es que al igual en otros muchos países donde la tierra está en pocas manos (Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador,…) no hay datos sobre quienes son los propietarios de la tierra ya que no existen censos ni estadísticas oficiales. No es difícil imaginarse el porqué. Lo que se sabe y se aprecia a simple vista cuando uno visita un país como Honduras es que las grandes explotaciones ganaderas o de cultivos industriales (banano, palma africana, caña de azúcar, etc) ocupan las tierras más fértiles (valles de los ríos). Por el contrario, una mayoría de pequeños propietarios tienen que conformarse con tierras marginales y poco productivas situadas en las partes más quebradas del relieve. Mientras que los primeros, unos pocos grandes propietarios, producen para la exportación, los segundos se dedican a la agricultura familiar y destinan las producciones, especialmente granos básicos y legumbres, al autoconsumo o al mercado nacional.

Lo peor es que, en países como Honduras, el fenómeno de la concentración de la tierra no ha hecho más que agudizarse en los últimos 30 años. Cada día son expulsados campesinos de sus tierras. También en Guatemala, Colombia y otros países de la región. Así, por ejemplo, en Colombia con el resurgimiento del paramilitarismo miles de campesinos están siendo expulsados violentamente de sus tierras. Tierras que, posteriormente, son compradas a precios irrisorios por los empresarios y terratenientes que amparan y financian a los grupos paramilitares.

Volviendo a la masacre de los Horcones, únicamente me queda añadir que el padre de Mel Zelaya juntamente con el terrateniente Carlos Bahr y dos militares fueron sentenciados a 20 años de cárcel. Sin embargo, permanecieron en prisión poco más de 1 año ya que fueron favorecidos por un decreto de amnistía sobre crímenes militares de la Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1975.

En fin… Nada nuevo bajo el sol.

Notas para una historia de la infamia (iv): la masacre de El Mozote


Hace años transité por la carretera que une San Francisco Gotera y Perquín en El Salvador. Exuberantes bosques de coníferas tapizan los cerros que bordean la llamada ‘Ruta de Paz’ e invitan a la ensoñación. Sin embargo en esas montañas se esconde una terrible historia que merece un puesto de honor en la ‘historia universal de la infamia’.

Si uno va un poco atento a las señales de tráfico podrá ver que en sentido Perquín, a mano derecha, hay una señal que indica la salida a «El Mozote». No sé si el lector conoce la historia de lo ocurrido, pero se trata de la mayor matanza de campesinos en el hemisferio occidental de la época contemporánea; allí, en diciembre de 1981, militares del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron al menos a 986 personas indefensas, entre ellos 552 niños y 12 mujeres embarazadas.

Les resumo lo ocurrido, aunque en internet pueden encontrar abundante información al respecto. En una operación contra la guerrilla «Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)», más de 1.200 soldados apoyados por bombardeos de la Fuerza Aérea, en diversos poblados, cantones y caseríos del Departamento de Morazán fueron reuniendo por la fuerza a los campesinos y sus familias para, después de torturarlos, asesinarlos de forma vil y cruel: numerosas mujeres jóvenes fueron violadas y muchos niños murieron degollados. También las viviendas y los animales fueron quemados, resultando totalmente arrasados los poblados de El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo; los cantones de La Joya y Cerro Pando, y el sitio conocido como Cerro Ortiz. El ‘delito’ de estos campesinos era vivir en una zona rural limítrofe a la zona controlada por la guerrilla.

Rufina Amaya, la única superviviente de la matanza ocurrida en el poblado de El Mozote pasó varios días escondida en una cueva hasta que fue encontrada por guerrilleros que la condujeron a un campo de refugiados. Allí contó lo ocurrido a la emisora clandestina Radio Venceremos de la guerrilla. El Gobierno de El Salvador y la Embajada de los EEUU en el país negaron los hechos manifestando que era “propaganda izquierdista” proveniente de “fuentes no confiables”. Hubo también otros supervivientes en las aldeas vecinas los cuales, al ver los bombardeos, tuvieron tiempo de huir y días más tarde al regresar a sus viviendas se encontraron con las escenas de muerte y destrucción.

Sin embargo, el tema llegó a medios internacionales y a finales de enero de 1982, el The New York Times y The Washington Post publicaron sendos reportajes sobre El Mozote. La Casa Blanca negó la masacre y los periodistas que estaban detrás de las informaciones —Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner— fueron denostados y acusados de mentir. No es extraño, ya que recientemente se ha sabido que los militares salvadoreños estuvieron apoyados por agentes estadounidenses. Como suele ocurrir en estos casos, los gobiernos salvadoreños de entre 1981 y 1989, apoyados por los EEUU, negaron la masacre señalando que se trataba de rumores propagados por periodistas de orientación comunista para perjudicar al país.

En 1990 fueron firmados los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno y algunos campesinos que habían perdido a su familia en esta masacre, apoyados por diversos organismos internacionales de derechos humanos, empezaron a denunciar ante la justicia de El Salvador.

En 1992, el Equipo Argentino de Antropología Forense que llevaba años trabajando en el país, empezó a hacer excavaciones en El Mozote, y recolectó 492 osamentas, la mitad de ellas de menores de edad. A partir de ahí ya no se podía seguir tapando el sol con la mano.

Aunque desde esa fecha los gobiernos de El Salvador ya no niegan la masacre, no han hecho nada para que se juzgue a sus responsables o incluso han obstaculizado la acción de la justicia bloqueando el acceso a las instalaciones militares o negando que existan archivos militares de aquella época; dicen que se han extraviado y por tanto es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la  masacre. Es más, aunque los responsables fuesen identificados estarían amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y no podrían ser juzgados.

Aún así, en los últimos años ha habido pequeños avances, ya que por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) considera que se trata de crímenes de lesa humanidad y ha acreditado la responsabilidad del Estado salvadoreño sobre los hechos ocurridos en El Mozote. A pesar de ello, el tiempo juega en contra: una buena parte de los campesinos supervivientes de esta masacre han muerto sin obtener justicia, como también han muerto sin ser juzgados y condenados 15 de los 28 oficiales militares mencionados en la acusación.

En fin. En diciembre de este año se cumplirán 40 años y los inocentes masacrados en El Mozote aún esperan justicia. Una verdadera infamia.

—

La foto que acompaña la entrada es de Susan Meiselas

Notas para una historia de la infamia (iii): Oliegos de Cepeda


Se ha escrito mucho sobre Oliegos y poco nuevo se puede añadir. Sin embargo, Oliegos merece un lugar en este blog.

Oliegos es un pueblo que quedó anegado por las aguas del pantano de Villameca. Oliegos es la historia de una pérdida, pero también de una infamia.

Contrariamente a lo que se suele creer, el embalse de Villameca fue planificado durante la Segunda República. Eso sí, lo inauguró el General Franco el 3 de octubre de 1946 y tal como en su día documentó el NO-DO, la gente de los pueblos acudió a aclamar al dictador que fue agasajado por las autoridades locales con una muestra de frutos de la tierra.

A la mayoría de las familias de Oliegos las metieron con los animales y enseres en un tren y los mandaron para Foncastín en Valladolid para que ‘colonizasen’ una hondonada palúdica que el Instituto Nacional de Colonización había comprado al Marqués de la Conquista.

Lo que vino después ya es conocido. Lo más destacable fue que al llegar al nuevo destino, no había ni pueblo ni nada y además los vecinos de Oliegos tuvieron que pagar durante 20 años las casas y las tierras que les habían entregado.

Sin embargo hay dos temas que al hablar de Oliegos nunca se abordan. Uno es los comunales y yo me pregunto si los vecinos fueron indemnizados por el monte que dejaban de utilizar. Ya hemos visto en otras entradas que los comunales eran fundamentales para todas las familias pero especialmente para los más pobres.

Otro tema del que se ha escrito poco es el paludismo y, como señalaba unas líneas más atrás, los vecinos fueron asentados en una zona endémica de paludismo (malaria).  Como indica un informe de la época: «Las aguas circundantes eran sucias, de curso lento y vegetación acuática que fácilmente albergaba larvas de Anopheles sp. Además contigua al pueblo existía una charca artificial que servía de abrevadero y que siempre contenía larvas de mosquitos transmisores del paludismo«.

Precisamente Foncastín fue elegido para llevar a cabo pruebas de lucha antipalúdica utilizando un nuevo producto para eliminar los mosquitos y sus larvas, el 666 de Industrias Cóndor. La desinsectación experimental fue dirigida por el Jefe Provincial de Sanidad de León y se llevó a cabo de febrero a septiembre de 1946. Son interesantes alguna de las observaciones que aparecen en el informe de dichas operaciones ya que dan idea por ejemplo de las duras condiciones de vida de los recién llegados a Foncastín y cómo soportaban toda adversidad. Se indica por ejemplo que en las viviendas vivían hacinados «seres humanos y animales, en gran promiscuidad a causa del poco espacio disponible, almacenando los productos alimenticios en las mismas habitaciones en que duermen las familias”.

Respecto a las operaciones dice el autor del informe que los habitantes del pueblo “toleraban perfectamente el olor a humedad que daba el producto, y que, muchos de ellos lo encontraban agradable por realizarlo con “olor a desinfectante”. A pesar de mis preguntas insistentes acerca de este extremo, no hubo ninguna queja por ello, mientras que mis familiares se quejaban de, ligero olor que llevaban nuestros trajes al volver de fiscalizar la marcha de la operación”. Incluso toleraban de buen grado que el desinsectante fuese aplicado sobre los alimentos ya que, tal y como relatan, no pudo “evitarse que en algunos locales se empleara el producto sobre las provisiones de boca de los habitantes (Jamones, tocino, etc (…) sin embargo no se tuvieron quejas tampoco de que hubieran quedado con mal sabor”.

El producto utilizado fue el HCH, esto es hexacloruro de benceno, conocido también con el nombre de lindano[1], que quizás les suene más. Es cierto que en esa época quizás no se conocían los efectos del HCH y desde los años 50 del siglo XX fue ampliamente utilizado en todo el mundo como insecticida de amplio espectro para fines agrícolas y no agrícolas. El caso es que, parece ser que la impregnación demostró ser eficaz y el pueblo se mantuvo libre de mosquitos, pero no conviene perder de vista que los vecinos de Oliegos fueron utilizados como ‘conejillos de indias’ para probar un producto que muchos años más tarde se demostró altamente contaminante.

[1] Desde 2008 todos los usos del lindano están prohibidos en la Unión Europea ya que el lindano y otros isómeros del HCH son persistentes en el medio ambiente, se bioacumulan en organismos vivos y son tóxicos para la salud humana y el medio ambiente.

Para saber más:

PRADA, J. de. “Ensayo de lucha antipalúdica por medio del –666- en Foncastín”. Revista de Sanidad e Higiene Pública. 1947. Tomo XXI. Pág.261-266.

Notas para una historia de la infamia (ii): Colmeal (Portugal)


Todos los países, debajo de la alfombra de la historia, esconden vergonzosos episodios en los que campesinos son expulsados de sus tierras o, en el peor de los casos, masacrados por defenderlas o defender sus derechos. Son episodios vergonzosos que, intencionadamente o no, no suelen aparecen en los libros de texto y que el gran público ignora.

En muchos casos estos hechos se etiquetan con el eufemismo de ‘sucesos’, pero han sido historias ignominiosas, episodios infames contra personas inocentes que, en la mayoría de los casos, su único delito fue defender la tierra que trabajaban. Yeste, Casas Viejas, Colmeal, El Mozote, Napalpí, Panzós… son algunos de los casos que iremos viendo.

En esta entrada veremos lo ocurrido en la aldea portuguesa de Colmeal. Todo se remonta a principios de los años 60 del siglo pasado. Las 14 familias que vivían en Colmeal, al igual que ocurrían en otras miles de aldeas portuguesas (y españolas) pagaban algún tipo de foro. Se trataba de prestaciones señoriales que gravaban las tierras y otras propiedades de los vecinos de la aldea, pero quienes eran los legítimos propietarios de ellas eran los campesinos. En algún momento, amparándose en esos gravámenes sobre las tierras, parece ser que alguien acudió al Registro de la Propiedad y puso todas esas propiedades a su nombre (ya vimos en este blog que algo muy similar ocurrió en Villaverde de Sandoval en León).

Llegados a 1956, los campesinos se niegan a pagar los crecidos impuestos que les exigía la perceptora de las rentas. Ante esta negativa, Rosa Cunha e Silva la ’nueva heredera’ de esas prestaciones, con el pretexto de que los campesinos rechazaban pagarle, decide ‘recuperar’ la aldea, que considera una ‘finca (quinta)’ de su entera propiedad. Un juez así lo reconoce, porque entre otras razones, los vecinos no conocen los mecanismos judiciales y ni se defienden. Hay que tener en cuenta además que estamos en plena dictadura fascista de Salazar, y los jueces son propicios a fallar a favor de los grandes propietarios; también en España, en la Dictadura, gracias a los jueces, prestaciones señoriales que habían sido abolidas durante la II República fueron reconocidas de nuevo.

Fueron conminados a abandonar las tierras, las casas y todas las propiedades. Ante la negativa de éstos, el 8 de julio de 1957, se presentó en el pueblo un destacamento de la Guardia Nacional Republicana (GNR) fuertemente armado compuesto por 25 números y 3 oficiales. Ante la llegada de las fuerzas del orden, y viendo que no había negociación posible, la mayoría de los campesinos huyó al monte dejando atrás todas sus propiedades. El 10 de julio, la GNR intervino contra quienes se resistían y entró por la fuerza en las casas; se dice que hubo varias casas quemadas y unos cuantos muertos.

No se sabe a ciencia cierta lo que pasó porque no hay testimonios de quienes quedaron a defender sus propiedades. Y la prensa lusa no dedicó una sola línea a estos ’sucesos’. Lo que se sabe es que Colmeal pasó a ser una aldea ‘fantasma’. Durante muchos años, las ruinas de la aldea, incluyendo la iglesia del siglo XV, fueron prueba fehaciente de la infamia del Estado y la Justicia contra unos campesinos pobres.

 

Pero los tiempos cambian. Hoy en día, Colmeal está ‘ocupada’ por un hotel de lujo que se anuncia de la siguiente manera (permítanme marcarles en negrita algunas palabras):

«Numa quinta dispersa por mais de 650 hectares, fica a histórica e desabitada aldeia do Colmeal. A diversidade da sua herança cultural revela-se nas antigas habitações de xisto e granito dos pastores lusitanos, numa igreja do séc. XV e nas pinturas rupestres do período neolítico. Um cenário perfeito carregado de simbolismo e história”.

Todo muy aséptico, como pueden ver… una pena que la Historia nos enseñe a no olvidar y además nos muestre otra visión de la realidad, más hiriente.

 

 

 

 

Notas para una historia de la infamia (i): Ribadelago


Hoy, 9 de enero, se cumplirán 58 años de la tragedia de Ribadelago, pueblo situado en la comarca leonesa de Sanabria (Zamora).

La historia es más o menos la siguiente. En la madrugada de ese fatídico día, cuando todo el mundo dormía, la presa de la Vega de Tera, con graves deficiencias estructurales, reventó y el agua arrasó el pueblo y todo lo que encontró a su paso. Perdieron la vida más de 140 personas y los que se salvaron perdieron casas, ganados, enseres y medios de vida.

En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zamora se culpó en exclusiva a un encargado de obra. También fueron condenados a penas de cárcel directivos de Hidroeléctrica Moncabril, la titular de la explotación, aunque nunca ingresaron en prisión y que posteriormente fueron indultados por el Gobierno franquista de la época. Es decir, el régimen franquista nunca depuró a los responsables e intentó minimizar el alcance de la noticia, indemnizando exiguamente por las pérdidas ocurridas. 

Como en otros casos similares (y me vienen a la cabeza Riaño u Oliegos) para realojar a los vecinos que habían perdido sus casas, el Ministerio de la Vivienda construyó un nuevo pueblo que recibió el nombre de Ribadelago de Franco; también, como en el caso de Oliegos o Riaño, el emplazamiento del nuevo pueblo era pésimo y los materiales de construcción de ínfima calidad.

La idea era pasar página lo antes posible y que el tema se olvidase pronto.

Sin embargo, a día de hoy Ribadelago sigue en la memoria…

 

Tierra y política en Paraguay: claves para entender la destitución del presidente Lugo


 El pasado 22 de junio, Fernando Lugo era destituido por el Congreso de su cargo de Presidente de Paraguay. El hecho desencadenante de esa decisión eran los enfrentamientos habidos días atrás, concretamente el 15 de junio, entre la policía y campesinos que ocupaban en Curuguaty, en el Departamento de Ñacunday, unas tierras del senador Blas N. Riquelme del Partido Colorado, y que saldó con 11 campesinos y 6 agentes de policía muertos y más de 80 heridos. Si bien las versiones de los hechos difieren (fuentes policiales afirman que fueron recibidos a tiros mientras que los campesinos sostienen que fueron francotiradores los que originaron las muertes), lo cierto es que estas muertes fueron la chispa de una decisión que ya parecía tomada de antemano. De nada sirvieron las dimisiones del ministro de Interior y del Jefe de la Policía y las manifestaciones de Lugo en apoyo a la fuerza policial así como el anuncio del Presidente de la creación de una comisión de investigación independiente para aclarar lo ocurrido; pocos días después, y en apenas 17 horas el Congreso de la Nación, utilizando una prerrogativa constitucional, enjuiciaba al presidente Lugo y lo declaraba “culpable” de mal desempeño político destituyéndolo del cargo. A partir de ese momento, el vicepresidente Federico Franco (Partido Liberal) pasaba a ocupar su lugar. Mientras que el nuevo presidente defendía la legalidad del “juicio político”, las organizaciones campesinas y países vecinos de la región como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina denunciaron que se trataba de un “golpe de Estado” encubierto, razón por la cual Paraguay fue suspendido del Mercosur y de UNASUR.

De cara a entender mejor lo ocurrido, y enjuiciarlo críticamente, es necesario ir más allá de los graves incidentes de Curuguaty analizando lo ocurrido en Paraguay en los últimos años en relación al problema de la tierra. Junto con el fortalecimiento democrático, la reforma agraria era uno de los ejes del programa político de Fernando A. Lugo Méndez, conocido como el «obispo de los pobres», cuando en 2008 presentó su candidatura a la presidencia del Paraguay. Encabezando la Alianza Patriótica para el Cambio que aglutinaba a distintas organizaciones de izquierda, y aliado con el Partido Liberal (F. Franco encabezaba la candidatura como vicepresidente), Lugo consiguió derrotar al Partido Colorado que llevaba 61 años en el poder. En un país donde casi la mitad de la población es rural, la promesa de una “reforma agraria integral” le reportó el apoyo masivo de las organizaciones campesinas y también el voto rural. No obstante, los retos que se le presentaba al presidente eran de gran envergadura, entre otras razones porque Paraguay es uno de los países del mundo con un reparto más desigual de la tierra y donde además las oligarquías dueñas de la tierra y el sector agroexportador ostentan el poder económico y político.

En lo que se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra en Paraguay, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2008 el 2,06% de los propietarios poseían el 85,5% de la tierra cultivable, mientras que el 91,4% de la población campesina únicamente disponía del 6% de la superficie agrícola. Concretamente habría unas 310.000 familias campesinas que no poseen tierras, lo cual, y teniendo en cuenta que la población rural del Paraguay (2,6 millones de personas) es un porcentaje importante.

Este reparto tan desigual de la tierra no se remonta a la colonización española sino a lo ocurrido a partir de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y durante la dictadura de Stroessner (1954-1984). Entre 1875 y 1914 el Estado vendió más de 26 millones de hectáreas de tierras, las cuales fueron acaparadas por unos pocos propietarios; hacia 1930 una veintena de propietarios poseían la mitad de las tierras del país. Más adelante, durante la dictadura militar al amparo de una supuesta “reforma agraria” el Instituto de Bienestar Rural repartió unas 11 millones de hectáreas de tierras la mitad de las cuales (concretamente el 57%) quedó en manos de 1.877 personas, principalmente militares, hombres de negocios, o amigos del dictador como el senador Blas N. Riquelme el detentador de las tierras en disputa en Curuguaty. Estas tierras repartidas de forma irregular entre 1954 y 2003 son las denominadas tierras «malhabidas» como denuncia la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe de 2008; en él, la Comisión denuncia las graves irregularidades cometidas en el reparto de tierras recomendando que el Estado promueva las acciones ante la Justicia, repare los daños y perjuicios causados y las recupere de nuevo. Precisamente, sobre las tierras «malhabidas», foco frecuente de conflicto entre campesinos y terratenientes, se articulaba la reforma agraria del presidente Lugo, ya que se preveía su compra por parte del Estado y su posterior traspaso a los campesinos sin tierras.

Con la intención de presionar al gobierno de Lugo a favor de la reforma, ya en las primeras semanas de su mandato las organizaciones campesinas comenzaron las ocupaciones de latifundios. Ese mismo año el presidente creó en Consejo Nacional de Reforma Agraria y otorgó poderes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para comenzar con la compra y reparto de tierras entre los campesinos. Como presidente del INDERT fue nombrado Alberto Alderete un abogado experto en DDHH y que a mediados de los 90 había destacado por su defensa de campesinos sin tierras víctimas de la violencia policial. Considerado un activista, pronto se colocó en el punto de mira de los contrarios a la reforma agraria que organizaron agresivas campañas mediáticas contra él, y contra el propio presidente Lugo. Las trabas de los legisladores al proyecto de reforma (como por ejemplo la oposición del Congreso a la elaboración de un catastro), las sucesivas reducciones del presupuesto del INDERT o la campaña de acoso y derribo por parte de los detractores de la reforma que hizo que A. Alderete renunciase a su cargo alegando “agotamiento personal”, quizás cansado de que la reforma no avanzase y de la falta de apoyos.

A las resistencias internas y las trabas de los legisladores se añade la fuerte beligerancia del sector agroexportador, especialmente de los productores ganaderos y sojeros. Para entender mejor la situación téngase en cuenta dos datos: uno es que según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, 4.727 productores ganaderos (un 1,63% del total) con explotaciones mayores de 1.000 hectáreas poseen el 79% de la tierra (24,6 millones de Has.) dedicada a uso ganadero y el 64% de las cabezas de ganado vacuno; el otro es que en 2010 la soja ocupaba el 60% de la superficie cultivada (con el trigo y maíz suman el 86% del área cultivada). Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial, y existe una gran demanda de tierras para este cultivo (la superficie cultivada de soja pasó de 482.000 hectáreas en 1991 a 2,67 millones en 2010).

Precisamente, la soja, que estos días pasados alcanzaba precios históricos, es una de las claves del conflicto por la tierra, entre otras razones porque el modelo agrícola propuesto en la reforma agraria estaba basado en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria lo cual colisionaba con los intereses de las oligarquías y con el modelo agroexportador predominante en el país. Otro elemento a tener en cuenta que la soja que se cultiva en Paraguay es transgénica con lo cual detrás del boom sojero también están presentes los intereses de las empresas agroquímicas y de las grandes transnacionales oligopólicas que controlan el procesamiento y las exportaciones de soja como Cargill, ADM, Bunge o Dreyfus. Como un elemento más del conflicto por la tierra, se ha de añadir que la soja es un cultivo altamente mecanizado que apenas necesita mano de obra y que tiene un altísimo coste medioambiental por el desmonte de tierras y destrucción de bosque que implica el poner las tierras en cultivo y por un uso intenso uso de agrotóxicos en su cultivo.

Mientras que la producción sojera expulsa campesinos y comunidades indígenas hacia los suburbios de las ciudades, el modelo de reforma agraria planteado en Paraguay apuesta por fijar la población en el campo y por el reparto de tierras como medio para combatir la pobreza rural; téngase en cuenta que hay 1,2 millones de pobres rurales de una población total de 6,5 millones de habitantes. Aunque es cierto que las exportaciones agropecuarias son responsables en buena medida de que el PIB del país haya crecido un 14,5% el 2010, únicamente unos pocos se beneficiaron de ello, puesto que ese mismo año aumentó el número de pobres.

Llegados a 2012, a pesar del apoyo del presidente a la reforma agraria, el panorama para las organizaciones campesinas es desolador: no sólo se avanzó muy poco en el reparto de tierras sino que se afianzó el modelo agroexportador y probablemente la concentración de la tierra. Por esta razón, grupos de campesinos optado de nuevo por ocupar tierras como las de junio pasado de Ñacunday como medida de presión, ya que como señala la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”. En esta ocasión, uno de los resultados de las “medidas de fuerza” fue la expulsión de Lugo de la Presidencia del Paraguay, al ser considerado por los grandes empresarios agrarios y la oposición política como cómplice de las ocupaciones e incapaz de resolver el conflicto.

No obstante, y ya para finalizar, hay varios elementos que llaman la atención del proceso de destitución. Una es que en menos de una semana se armasen las alianzas parlamentarias para ejecutar el juicio político. Otra es la “unanimidad” de la decisión (76 votos a favor y únicamente 1 en contra), si bien mirando la composición de Congreso no es tanta sorpresa; entre el Partido Colorado (33), el Partido Liberal del actual presidente F. Franco (29) y la UNACE (12) del golpista Lino Oviedo suman 74 diputados. Y un tercer aspecto llamativo es que un “juicio político”, en el cual se juzga al Presidente de la Nación, se lleve a cabo en 17 horas, disponiendo el acusado de dos horas para defender su inocencia. Todo ello hace intuir que todo estaba cocinado y se estaba esperando el momento oportuno destituir al presidente; de hecho, el presidente Lugo estuvo amenazado en otras ocasiones con ser sometido a juicio político por cuestiones relacionadas con la reforma agraria que trataba de poner en marcha; una de ellas fue el “caso Teixeira” en la que se acusó al presidente de “intento de estafa al Estado” al acordar con un empresario brasileño la compra de 22.000 hectáreas de tierra para repartir entre el campesinado sin tierras, la cual según sus detractores se había hecho por un valor muy superior al de mercado. Es posible, como señalan algunos analistas, que el Partido Liberal buscase distanciarse de Lugo de cara a las elecciones de 2013, pero también como el propio Lugo ha denunciado, detrás de su destitución se oculta también el clientelismo y el reparto de prebendas entre la clase política. En este sentido, la corrupción en sus múltiples manifestaciones (tráfico de influencias, sobornos, fraude, prevaricación, nepotismo, malversación o fraude) es común en Paraguay; según Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 154 de 182 países situándose al mismo nivel de países como Zimbawe. De hecho, entre los que han impulsado la destitución de Lugo se cuentan numerosos implicados en casos de corrupción, con vínculos incluso con el narcotráfico.

Cierto que la Constitución de Paraguay en el artículo 225 otorga al Congreso la facultad de destituir al Presidente por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Sin embargo, en este caso no parece que la ley se haya aplicado para garantizar un mejor funcionamiento democrático, sino al contrario: al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia del Paraguay, la destitución de Lugo parece mostrar cómo la clase política oligárquica utiliza las leyes del Estado y las instituciones en beneficio propio sin el más mínimo pudor, y de este modo seguir acumulando poder político y económico.

Artículo de José Serrano – 04/07/2012

–

Foto de Carola Thiede

 

 

A %d blogueros les gusta esto: