Un artículo sobre el Estado y la gestión del monte

Hace ya unos años que fue publicado en la prestigiosa revista ‘International Journal of the Commons‘ un artículo del leonés José A. Serrano-Alvarez.

El artículo en cuestión se titula «When the enemy is the state: common lands management in northwest Spain (1850–1936)»; algo así como «Cuando el enemigo es el Estado: la gestión de los comunales en el Noroeste de España (1850-1936)».

Precisamente, este artículo es un estudio de caso de lo ocurrido en la provincia de León en relación a la intervención del Estado en la gestión de los comunales. El autor parte de la hipótesis de la premio Nobel Elinor Ostrom que en su libro “El gobierno de los comunes» [Governing the Commons] sugería que la intervención del Estado podía desestabilizar seriamente el equilibrio del sistema bien porque las soluciones propuestas crean problemas mayores de los que pretenden resolver, bien porque las regulaciones desarrolladas a nivel local no son reconocidas o son deslegitimadas por parte de las autoridades nacionales.

Se muestra que la agricultura tradicional en León, como en otras partes del Norte y Noroeste de España estaba basada en el uso de los comunales (montes, quiñones, puertos, coutos, etc); según el autor se trataría de una superficie en torno a las 913.000 hectáreas (de las cuales 843.000 Has. habían sido calificadas como ‘Montes de Utilidad Pública’), Estos comunales, explotados directamente por los vecinos, eran la urdimbre del tejido productivo y su explotación estaba regulada por detalladas normas, generalmente recogidas en las ordenanzas concejiles.

En el siglo XIX, el Estado liberal intentó acabar con el régimen comunal a través de varias medidas: (i) poniendo a la venta los comunales; (ii) impulsado una economía de mercado y una agricultura más intensiva; (iii) a los concejos de vecinos fueron ‘sustituidos’ por los recién creados municipios / ayuntamientos; y (iv) los montes pasaron a estar bajo el control del Estado con la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes. El resultado de todo ello es que las desamortizaciones y ventas de comunales crearon ‘inseguridad jurídica’, los Ingenieros de Montes impusieron drásticas restricciones en los usos tradicionales del monte y quitaron a los concejos sus poderes de castigar abusos, y los propios concejos fueron despojados de sus atribuciones de gobierno local, pasando éstas a los ayuntamientos.

No obstante, concluye el autor que en León los comunales sobrevivieron los intentos de privatización y, además, se mantuvieron los usos tradicionales en ellos; la explicación de ello es que los cambios fueron resistidos y el Estado no consiguió imponer su criterio. Justamente, en relación a la intervención del Estado, se indica que ésta tuvo consecuencias no deseadas poniendo en peligro la conservación de los recursos, en tanto que los campesinos fueron desposeídos de sus capacidades (y leyes) para gestionar los montes. Sin embargo, sugiere el autor que, en muchos casos, los concejos siguieron defendiendo sus recursos comunales frente a las intrusiones exteriores.

En fin. Si te interesa el tema, el artículo puedes descargarlo haciendo click en este enlace.