Vivimos tiempos globalizados. Uno ojea los diarios o los informativos y sabemos al detalle lo que ocurre en nosequé länder de Alemania, la última declaración de Von der Leyen en Bruselas, los planes descabellados de la OTAN o cualquier desencuentro entre los gobiernos europeos. Lo sabemos todo de Macron y Brigitte. Sabemos incluso quién gana unas elecciones en Austria o en Letonia. ¡Letonia, válgame Dios!

Quienes tenemos ya cierta edad recordamos una época en la que España miraba hacia América Latina, y los informativos —aunque fuese de refilón— contaban cosas importantes de verdad: golpes de Estado, reformas agrarias, revoluciones, dictaduras o las resistencias que se levantaban contra ellas. Hoy nos cuentan alguna excentricidad de los Milei, De la Espriella o los Bukele de turno. Sin embargo, las noticias importantes suelen ser ignoradas. Por este motivo yo sigo leyendo los diarios de esos países en busca de esas noticias que acá nunca llegan, pero que son importantes.

Una de estas historias la leí hace unos meses. La noticia detallaba que el 21 de mayo en la comunidad de Rigores (Honduras) en la región del Bajo Aguán, al menos 20 campesinos (14 hombres, 3 mujeres y 3 niños) fueron asesinados; estaban reunidos junto a la iglesia antes de empezar la jornada de trabajo. Esta masacre, ejecutada por sicarios a la orden de los terratenientes locales y, según las primeras líneas de investigación oficial, también vinculada a disputas entre estructuras criminales por el control de plantaciones y las rutas del narcotráfico, no es un ‘hecho aislado’ sino el capítulo más reciente y sangriento de un conflicto que lleva más de medio siglo larvado en el valle del Aguán, en el departamento hondureño de Colón.

Para entender estos hechos y este conflicto hay que remontarse a 1972. Aquel año el Estado hondureño puso en marcha una reforma agraria destinada a repartir tierra entre el campesinado sin tierras. En el Bajo Aguán, decenas de miles de hectáreas pasaron a manos de cooperativas, en muchos casos conformadas por familias llegadas del sur del país.

La reforma duró dos décadas. En 1992, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas —de signo nacionalista conservador— impulsó una orientación económica neoliberal y de “economía abierta”. Entre las medidas aprobadas se incluye la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, que abrió la puerta a la venta y transferencia de esas tierras colectivas. Hasta ese momento la ley era clara, esas parcelas pertenecían al llamado «sector reformado» y, en principio, no podían venderse libremente ni salir de él. Lo que siguió es previsible para quien conozca cualquier otro proceso de contrarreforma agraria en América Latina; cooperativas enteras vendieron o fueron presionadas para vender, y la propiedad volvió a concentrarse, esta vez en manos de empresarios agroindustriales. El cultivo elegido fue la palma africana, cuyo aceite tiene un amplio mercado garantizado tanto dentro como fuera de Honduras.

Organizaciones campesinas, como el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), surgido en 2001, y otras que aparecieron después, como el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) o el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), nunca aceptaron la ‘legalidad’ de esas transferencias de tierra. Por ello, sus principales reivindicaciones son la recuperación de tierras que consideran pertenecientes a la reforma agraria de los años setenta, la nulidad de ventas que denuncian como irregulares y el acceso efectivo a la tierra para las familias campesinas. En ese marco, han promovido ocupaciones de fincas como forma de presión y de reivindicación, aunque ellas mismas suelen describir esas acciones no como “invasiones”, sino como recuperaciones de tierras que les habrían sido arrebatadas o transferidas vulnerando las restricciones legales de la reforma agraria.

Bien. En 2008 parecía que el conflicto encontraba una salida. El presidente Manuel Zelaya firmó un decreto para regularizar la tenencia de tierras y, en junio de 2009, alcanzó un acuerdo con el MUCA para iniciar el reparto. Tres semanas después, el golpe de Estado del 28 de junio lo sacó del país y del cargo. El gobierno de facto del liberal Roberto Micheletti enterró el decreto. Ante esa situación de bloqueo, en diciembre de ese mismo año, los campesinos hondureños empezaron a ocupar de nuevo las fincas que consideraban suyas, lo cual se presentó como una recuperación de tierras vinculadas a la reforma agraria de los años setenta.

A partir de ahí, el conflicto agrario en el Bajo Aguán se transformó en un conflicto armado en el que la Corporación Dinant —uno de los mayores productores de palma africana de Honduras, propiedad de Miguel Facussé Barjum y hoy controlada por la familia Facussé— ocupó un lugar central. En 2012, Periodistas sin Fronteras denunció que la empresa mantenía una milicia privada con apoyo de policías y militares; dos años después, Dinant anunció el desarme rutinario de sus vigilantes y la entrega de la “responsabilidad exclusiva” de la aplicación de la ley al Estado, aunque en la práctica mantuvo una estrecha relación operativa con el operativo Xatruch, que desplegaba efectivos en sus plantaciones y utilizaba sus instalaciones para descanso y alojamiento.

En ese contexto, organizaciones campesinas y de derechos humanos han vinculado directamente a Dinant con la utilización de grupos criminales como “Los Cachos” para llevar a cabo desalojos violentos y desplazamientos forzados, afirmando que estos grupos mantienen una “estrecha relación” con la empresa agroindustrial y actúan con la tolerancia o complicidad de autoridades locales. Así, la combinación de seguridad privada armada, presencia militar bajo la lógica de Xatruch y la emergencia de bandas irregulares han convertido la disputa por la tierra en un escenario de violencia sistemática, impunidad y despojo en el que Dinant y la familia Facussé aparecen como actores clave.

Las cifras hablan por sí mismas. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos documentó 92 muertes vinculadas al conflicto entre 2009 y finales de 2012, cifra recogida por Human Rights Watch. En 2013 el propio gobierno hondureño reconocía 73 homicidios relacionados con disputas de tierras; de ellos, solo siete habían llegado a juicio y ninguno terminó en condena. Las organizaciones que siguen el caso calculan que, desde 2008 hasta hoy, la cifra total de personas asesinadas en el Bajo Aguán —en su mayoría campesinos o defensores de la tierra— supera las 200. En este relato, la impunidad es el mecanismo que permite que la violencia se sostenga en el tiempo.

Mientras tanto, el cultivo de palma africana ha seguido creciendo. De unas 170.000 hectáreas en 2014 se pasó a más de 200.000 en 2024, de las cuales entre 20.000 y 60.000 se concentran en el valle del Aguán. Es un cultivo intensivo en agua, lo que ha contribuido al colapso de microcuencas y a reducciones del caudal de los ríos. Por su parte, el modelo extensivo y el uso intensivo de agroquímicos favorecen la erosión de los suelos, la pérdida de nutrientes por escorrentía y la contaminación de aguas subterráneas con sedimentos, nitrógenos y fosfatos. Todo ello tiene impactos negativos en la salud de trabajadores y comunidades y en ecosistemas costeros y arrecifales. Por otro lado, la expansión de la palma ha desplazado cultivos básicos y sistemas de producción de alimentos que antes garantizaban cierta soberanía alimentaria en la región, reconfigurando el territorio en función de un monocultivo de exportación cuyos beneficios se concentran en pocas empresas mientras los costos socioambientales los asumen las comunidades locales.

Llegados a 2022, ya con Xiomara Castro en el poder, el Gobierno firmó un nuevo convenio con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) para garantizar el derecho a la recuperación de la tierra y buscar una solución definitiva al conflicto agrario. También en abril de 2025, Honduras suscribió un acuerdo con Naciones Unidas para reforzar el acceso a la justicia en la zona. Son gestos que apuntan en la dirección correcta, pero la matanza de Rigores, en mayo de este año, y la intervención militar ordenada en diciembre de 2024 —más orientada a contener que a resolver— dejan claro que la estructura de fondo sigue intacta; quien tiene el título de propiedad, aunque ese título nazca de una ley que despojó a quien cultivaba la tierra desde generaciones atrás, tiene también la protección del Estado.

El conflicto del Bajo Aguán es el más largo en la historia reciente de Honduras y lleva así más de cincuenta años demostrando algo que se repite también en Colombia, en Guatemala y en tantos otros lugares; cuando la reforma agraria se revierte por la vía legal, la violencia es la consecuencia más previsible.

Frente a todo esto, lo que sorprende no es la violencia —desgraciadamente previsible en cualquier disputa por la tierra en América Latina— sino la persistencia de la resistencia campesina. El MUCA, el MARCA, el MCA, llevan más de veinte años ocupando fincas, negociando mesas de diálogo que casi siempre se incumplen, enterrando a sus compañeros y volviendo a ocupar. Piden la restitución de unas tierras que, según su lectura del Derecho y la Ley, nunca dejaron de ser suyas, y con ella, el acceso a agua, a semillas propias, a la posibilidad de cultivar maíz y frijol en lugar de palma para exportar aceite a otro continente. Cada asesinato selectivo, cada desalojo, busca quebrar esa organización. Sin embargo, medio siglo después de la reforma de 1972, el campesinado del Aguán sigue ahí resistiendo y ocupando la misma tierra por la que luchó su abuelo o su padre. Esa resistencia, más que cualquier acuerdo firmado con el gobierno o Naciones Unidas, es probablemente lo único que ha evitado que el despojo sea total.

En fin… Quizás les interese más lo que sucede en Letonia, pero yo… Yo, a lo mío, a contarles de estas cosas que no suelen aparecer en las noticias en España.


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Avatar de Gregorio Urz

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3 respuestas a «Resistencias campesinas – El conflicto del Bajo Aguán (Honduras)»

  1. Avatar de
    Anónimo

    Excelente descripción de un problema agrario que se ha larvado y enconado por las ineficaces leyes estatales y la codicia de los poderosos.

  2. Avatar de Gabriel Pons Cortès
    Gabriel Pons Cortès

    Viví muchos años en los países vecinos, y sigue interesándome lo que pasa allí. Honduras ha sido siempre el país desconocido, Nicaragua, El Salvador y Guatemala han recibido mucha más atención y visitas. Gracias por mantenernos actualizados sobre sus luchas. Como anécdota que muestra cómo los ricos y poderosos se conocen, el Borbón y Letizia pasaron las vacaciones de 2004 en un yate de los Facussé. Dios los cría…

    1. Avatar de Gregorio Urz

      Gracias por comentar! No conocía la anécdota esa de los Borbones. Tal cual, Dios los cría y…

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