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Los comunales y la Guerra Civil en León


El período más vergonzoso de nuestra historia contemporánea es sin duda alguna la Guerra Civil (1936-1939). A pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, aún quedan temas por abordar; uno de ellos es la conflictividad originada al interior de los pueblos por la disputa de los recursos, y concretamente por los comunales.

A pesar que en la provincia de León la superficie de comunales vendida con la desamortización de Madoz fue mínima, en la primeras décadas del siglo XX el campesinado sufría un empobrecimiento generalizado. Además la población no dejaba de crecer. Las salidas eran complicadas; una era la emigración y otra la puesta en cultivo de nuevas tierras.

Así, por una parte muchos leoneses optaron por irse a Cuba y Argentina. Por otra, desde los sectores más pobres del campesinado se pedía el reparto de tierras; es decir, se pedía la roturación del monte, o que fuesen repartidos nuevos quiñones, especialmente en aquellos municipios donde únicamente accedían a los quiñones los vecinos más antiguos.

Ambas soluciones eran complicadas; para emigrar hacia falta dinero, y las roturaciones, prohibidas por la administración forestal, mermaban el espacio de pasto de los ganados, por lo que había vecinos que estaban en contra.

El caso es que hasta la llegada de la II República Española, ningún gobierno se atrevió a abordar la ‘cuestión social’ en el campo, como era llamada la problemática asociada a la generalización de la pobreza rural.

Para paliar la desastrosa situación del campesinado, durante el período republicano fueron autorizadas roturaciones en los montes de utilidad pública, se abolieron prestaciones señoriales que pagaban los pueblos (como el foro de Villamor de Riello) y  se aprobó la Ley de Bases de Reforma Agraria. Esta ley contemplaba el reparto de los grandes latifundios entre el campesinado, pero también medidas que afectaban a la provincia de León como el ‘rescate’ de comunales privatizados o usurpados en el siglo XIX (habrá una próxima entrada sobre este tema).

El caso es que los ‘repartos’ y las roturaciones en los comunales crearon mucha tensión y disputas al interior de los pueblos. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Valderas. Allí, hacia 1915 según un informe de Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, en el último quinquenio habían emigrado más de 300 familias, a pesar de que la construcción del ferrocarril de Palanquinos a Medina de Rioseco había frenado un poco la sangría emigratoria.

Sin embargo la villa poseía una extensa finca comunal, la «Dehesa de Trasconejos», aprovechada por los ganaderos, cuya roturación y reparto había sido solicitada reiteradamente por los vecinos; por ejemplo en febrero de 1925, los vecinos, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, solicitaban que la Dehesa destinada para pastos “rindiendo poco para dicho fin y en cambio pudiendo producir en abundancia cereales y leguminosas” les fuese cedida en arrendamiento, dejando para dehesa boyal y pastos una parte de la misma.

Recogiendo estas peticiones, el Alcalde solicitó la roturación, indicando que se trataba de una cesión temporal, siendo autorizada en 1926 la adjudicación de 444 parcelas. Diez años más tarde, en 1936, el problema persistía y el gobierno municipal republicano autorizó una nueva roturación y reparto que benefició a 713 personas.

Esta disputa por el uso de los comunales se dio en numerosas localidades, tal y como se puede comprobar en la documentación del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Aunque no es lugar aquí de valorar las medidas republicanas, se advierte que estas medidas crearon tensión en muchos pueblos ya que además se utilizó la política de hechos forzados como roturar y repartir tierras comunales sin los permisos pertinentes y esperando que el IRA lo legitimase.

En cierta manera el consenso que había habido entre los distintos grupos sociales en defensa del comunal durante el siglo XIX se rompió: detrás de esta disputa por los comunales también había un enfrentamiento político y social. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño campesinado tenía poder decisorio. Es posible que estas medidas molestasen a los ‘cuatro ricos’ que hacían y deshacían y utilizaban los comunales a su antojo; es posible también que estas medidas alimentasen los miedos de una mayoría de vecinos que dependían de los comunales y temían que fuesen repartidos.

En los años previos a la contienda fratricida, la violencia ya estaba presente en muchos pueblos, y la disputa por el comunal agudizó el enfrentamiento entre sectores sociales. Aunque se desconoce bastante del impacto de la Guerra Civil en las zonas rurales de la provincia, se constata que en León los más pudientes y buena parte del campesinado apoyaron a los militares insurrectos.

Se intuye también que muchos de los represaliados en la provincia fueron obreros del campo –ni siquiera militantes de partidos de izquierda– que habían apoyado las medidas de los gobiernos republicanos.

No es casualidad que en Valderas, donde había habido los conflictos en torno a la dehesa comunal los primeros días del alzamiento se detuviese por lo menos a 178 personas y fuesen asesinadas 79 vecinos/as con filiación en Valderas, tal como estudiaron Sol Gómez Arteaga y Miguel García Bañales. 72 personas y hubiese 117 desaparecidos víctimas de la guerra, como se recoge en esta noticia del Diario de León. Pero esa es otra historia que alguien tendrá que escribir…

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El señor de la foto es Benito Pamparacuatro. Si no lo conocen, les aconsejo que busquen información sobre él…

Tierra y democracia en Colombia: los muchos obstáculos hacia la paz


El pasado octubre, el Gobierno de Colombia y el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron oficialmente las conversaciones de paz. El primero de los cinco puntos del diálogo es el acceso a la tierra y el desarrollo rural, lo cual se presiente como un importante escollo para llegar a acuerdos.

El problema de la tierra en Colombia está presente desde hace décadas y se podría decir que, a pesar de varios intentos fallidos de reforma agraria, el problema no sólo no se ha resuelto sino que el conflicto armado vivido en el país ha terminando agudizándolo. Colombia es uno de los países que presenta una mayor desigualdad rural la cual se ha agudizado en los últimos años a consecuencia de la violencia. Según un estudio del IGAC-CORPOICA en 2002 el 0,4% de los propietarios poseía el 61% de la superficie agraria, mientras que el 57,3% de los propietarios poseía el 1,7%. Según el IGAC en el 2009 el índice de Gini de propietarios es del 0,875 y el de tierras de 0,86 (cuanto más cercano a 1, más concentrada está la propiedad); comparados con otros países resulta que en Colombia se produce uno de los accesos más desiguales a la propiedad a la tierra, no sólo de América Latina sino del mundo. No obstante, el conflicto no puede ser explicado por la concentración de la tierra; en otros países de la región como Perú, Brasil, Paraguay o Argentina existe una alta concentración de la propiedad y no hay conflicto armado.

Como veremos, el conflicto armado ha agudizado la concentración de la tierra aunque también ha creado otros problemas. El principal es el desplazamiento forzado de población rural ya que según Amnistía Internacional, entre 3 y 5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en los últimos 15 años a causa del conflicto bélico, siendo la mayoría familias campesinas. A causa de ello, entre 1980 y 2010 han sido abandonadas unas 6,64 millones de hectáreas que estaban siendo explotadas por los ahora desplazados. Aunque podría pensarse que el abandono de tierras ha sido un efecto colateral de las hostilidades bélicas, el conflicto ha sido utilizado como estrategia por los actores armados para apropiarse de tierras y recursos, desplazando a la población rural que los ocupaba. Así la III Encuesta Nacional de Verificación realizada en diciembre 2010 recoge que al menos el 40,7% de los grupos familiares desplazados, abandonaron, vendieron forzadamente, o les fueron arrebatadas sus tierras.

Los orígenes de la violencia contra la población rural se remontan a las décadas centrales del siglo XX, donde el problema agrario fue uno de los factores que impulsó la aparición de las FARC en 1967, siendo el apoyo a las luchas y los movimientos campesinos uno de los leitmotiv de sus primeras acciones armadas. En los años 80, las FARC, que ya daban protección a grupos de narcotraficantes, comenzaron a utilizar la extorsión, el secuestro y la violencia contra ganaderos y terratenientes. Ante estas amenazas, y el peligro real de perder las tierras, la élite terrateniente en complicidad con el Estado empezó a sostener grupos armados de autodefensa. Precisamente, a finales de la década de los años 80, tres hermanos, Carlos, Fidel y Vicente Castaño, cuyo padre había sido asesinado por la FARC crearon un grupo de autodefensa de unos 50 hombres financiado por ganaderos y propietarios. En 1997, bajo el liderazgo de los Castaño fueron creadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las cuales en 2001 contaban con unos 30.000 hombres armados, controlando partes importantes del territorio colombiano. Como se ha demostrado posteriormente, la consolidación del paramilitarismo fue posible gracias a la ayuda, por acción u omisión, del Estado colombiano.

Aunque la violencia paramilitar en un principio estaba dirigida contra campesinos acusados de “auxiliar” o “colaborar” con la guerrilla, posteriormente la entrada en juego del narcotráfico y de elementos ajenos al sector rural dio un nuevo sentido a la violencia contra el campesinado. Por un lado, el narcotráfico dinamizó la violencia al multiplicarse los actores armados; por otra parte, una parte de los capitales obtenidos en las actividades ilícitas fue utilizado en la compra de tierras; y en tercer lugar, se dio una alianza entre ganaderos, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes para controlar los resortes de poder político. Como en muchos casos las comunidades campesinas eran un obstáculo a estos planes, se utilizó la violencia para desplazarlos y así crear corredores para asegurar las actividades de narcotráfico. Por un lado se llevó a cabo una violencia selectiva dirigida a amedrentar a los líderes campesinos; entre 2002 y 2008 fueron asesinados 41 líderes campesinos. Por otra parte se utilizó la violencia indiscriminada contra la población; entre 1993 y 2011 ocurrieron 1.974 masacres con 9.233 víctimas. El resultado fue que miles de campesinos tuvieron que abandonar tierras, casas y medios de producción. En muchos casos estas tierras pasaron a engrosar los bienes de los paramilitares o de la guerrilla, aunque hubo casos donde el despojo ha sido legalizado al ser transferida la propiedad a testaferros quienes la han vendido a terceros que compran de buena fe.

Lo que ha ocurrido ha sido una verdadera contrarreforma agraria perpetrada por los paramilitares con el apoyo o connivencia de agentes legales públicos y privados. Como consecuencia de la violencia, las políticas de distribución de tierras en el marco de una reforma agraria han desaparecido totalmente de la agenda política, y el campesinado, la población indígena o la población afrocolombiana ha perdido canales de representación. Asimismo, la violencia ha ayudado a conformar un modelo agropecuario basado en la ganadería extensiva o en cultivos de exportación como el banano o la palma africana.

Por tanto, la cuestión agraria se ha complejizado. El actual presidente de Colombia ha dado algunos pasos como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) que contempla la “restitución de tierras” a los campesinos. Hay quien señala que con estas medidas el presidente Santos está arrebatando una bandera a las FARC. La voluntad política de reparar a las víctimas es un avance importante, no obstante el camino a recorrer es largo y los obstáculos numerosos. Una primera dificultad es la burocracia ya que, aunque los jueces dicen estar preparados para la aplicación de la Ley de Víctimas, la primera sentencia de restitución de tierras recién fue dictada el 17 de octubre de 2012. Según la Unidad de Restitución de Tierras, dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a 30 de noviembre de 2012 se habían cursado un total de 28.991 solicitudes de ingreso al registro, lo que hacía un área reportada por los solicitantes de 2,12 millones de hectáreas. Otro obstáculo es la existencia de grupos autodenominados “ejércitos antirestitución de tierras”, herederos de las AUC y los grupos de narcotraficantes. Es decir, a pesar del proceso de desmovilización, siguen operando estructuras paramilitares que aliadas con grupos de narcotraficantes, continúan asesinando campesinos y amenazando a los reclamantes de tierras; de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre 2006 y 2011, al menos 71 líderes de procesos de restitución de tierras fueron asesinados, habiendo sólo una condena en firme por una de estas muertes.

Como señala el PNUD en su último informe sobre Colombia, hay razones para la esperanza, si bien la consecución de la paz en Colombia pasa por la solución de los conflictos por la tierra. Es decir, es necesario impulsar una solución política al problema agrario que repare a las víctimas del conflicto, que reduzca las desigualdades en el acceso a la tierra, que cambie el modelo de desarrollo y que fortalezca la democracia y la representatividad del campesinado y de la población rural.

Restituir las tierras despojadas, protegiendo el retorno de los desplazados es un primer paso, ya que éstos se han visto condenados a la pobreza y la marginación. Sin embargo, cabe un mayor esfuerzo contra la impunidad ya que hay datos verdaderamente preocupantes; así por ejemplo apenas se ha hecho nada para reparar las víctimas de «falsos positivos» como se denomina en Colombia a los jóvenes civiles asesinados por parte del Ejercito y contabilizados como guerrilleros muertos en combate; otra muestra es que según la OIT siguen impunes el 94,5% de los más de 2.900 sindicalistas asesinados desde 1986.

También es ineludible corregir la desigual estructura de propiedad agraria, y el modelo agropecuario de los últimos años, los cuales se han convertido en un obstáculo para el desarrollo e incluso para la democracia. Esta desigualdad histórica y control de los medios de producción por unos pocos coarta la democracia, dificulta la superación de la pobreza, y es origen de conflictos por el uso de la tierra. Considerando que la tierra es el principal activo para la supervivencia y el bienestar para la mayoría de la población rural, se hace necesario un modelo más equitativo e inclusivo que promueva un uso sostenible del territorio.

Por último, es fundamental que el Estado reconozca con voz propia al campesinado el cual a causa del conflicto armado se ha visto acusado, señalado y reprimido, viéndose despojado de su capacidad de representación.

Tal y como sucedía hace décadas, la tierra es un elemento clave del conflicto colombiano. Aunque el camino iniciado hacia la paz se presenta complicado, el futuro recién empieza y allí parece haber lugar para la esperanza.

José Serrano – 21/12/2012

Foto: Miguel Galezzo / Dejusticia

Tierra y política en Paraguay: claves para entender la destitución del presidente Lugo


 El pasado 22 de junio, Fernando Lugo era destituido por el Congreso de su cargo de Presidente de Paraguay. El hecho desencadenante de esa decisión eran los enfrentamientos habidos días atrás, concretamente el 15 de junio, entre la policía y campesinos que ocupaban en Curuguaty, en el Departamento de Ñacunday, unas tierras del senador Blas N. Riquelme del Partido Colorado, y que saldó con 11 campesinos y 6 agentes de policía muertos y más de 80 heridos. Si bien las versiones de los hechos difieren (fuentes policiales afirman que fueron recibidos a tiros mientras que los campesinos sostienen que fueron francotiradores los que originaron las muertes), lo cierto es que estas muertes fueron la chispa de una decisión que ya parecía tomada de antemano. De nada sirvieron las dimisiones del ministro de Interior y del Jefe de la Policía y las manifestaciones de Lugo en apoyo a la fuerza policial así como el anuncio del Presidente de la creación de una comisión de investigación independiente para aclarar lo ocurrido; pocos días después, y en apenas 17 horas el Congreso de la Nación, utilizando una prerrogativa constitucional, enjuiciaba al presidente Lugo y lo declaraba “culpable” de mal desempeño político destituyéndolo del cargo. A partir de ese momento, el vicepresidente Federico Franco (Partido Liberal) pasaba a ocupar su lugar. Mientras que el nuevo presidente defendía la legalidad del “juicio político”, las organizaciones campesinas y países vecinos de la región como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina denunciaron que se trataba de un “golpe de Estado” encubierto, razón por la cual Paraguay fue suspendido del Mercosur y de UNASUR.

De cara a entender mejor lo ocurrido, y enjuiciarlo críticamente, es necesario ir más allá de los graves incidentes de Curuguaty analizando lo ocurrido en Paraguay en los últimos años en relación al problema de la tierra. Junto con el fortalecimiento democrático, la reforma agraria era uno de los ejes del programa político de Fernando A. Lugo Méndez, conocido como el «obispo de los pobres», cuando en 2008 presentó su candidatura a la presidencia del Paraguay. Encabezando la Alianza Patriótica para el Cambio que aglutinaba a distintas organizaciones de izquierda, y aliado con el Partido Liberal (F. Franco encabezaba la candidatura como vicepresidente), Lugo consiguió derrotar al Partido Colorado que llevaba 61 años en el poder. En un país donde casi la mitad de la población es rural, la promesa de una “reforma agraria integral” le reportó el apoyo masivo de las organizaciones campesinas y también el voto rural. No obstante, los retos que se le presentaba al presidente eran de gran envergadura, entre otras razones porque Paraguay es uno de los países del mundo con un reparto más desigual de la tierra y donde además las oligarquías dueñas de la tierra y el sector agroexportador ostentan el poder económico y político.

En lo que se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra en Paraguay, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2008 el 2,06% de los propietarios poseían el 85,5% de la tierra cultivable, mientras que el 91,4% de la población campesina únicamente disponía del 6% de la superficie agrícola. Concretamente habría unas 310.000 familias campesinas que no poseen tierras, lo cual, y teniendo en cuenta que la población rural del Paraguay (2,6 millones de personas) es un porcentaje importante.

Este reparto tan desigual de la tierra no se remonta a la colonización española sino a lo ocurrido a partir de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y durante la dictadura de Stroessner (1954-1984). Entre 1875 y 1914 el Estado vendió más de 26 millones de hectáreas de tierras, las cuales fueron acaparadas por unos pocos propietarios; hacia 1930 una veintena de propietarios poseían la mitad de las tierras del país. Más adelante, durante la dictadura militar al amparo de una supuesta “reforma agraria” el Instituto de Bienestar Rural repartió unas 11 millones de hectáreas de tierras la mitad de las cuales (concretamente el 57%) quedó en manos de 1.877 personas, principalmente militares, hombres de negocios, o amigos del dictador como el senador Blas N. Riquelme el detentador de las tierras en disputa en Curuguaty. Estas tierras repartidas de forma irregular entre 1954 y 2003 son las denominadas tierras «malhabidas» como denuncia la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe de 2008; en él, la Comisión denuncia las graves irregularidades cometidas en el reparto de tierras recomendando que el Estado promueva las acciones ante la Justicia, repare los daños y perjuicios causados y las recupere de nuevo. Precisamente, sobre las tierras «malhabidas», foco frecuente de conflicto entre campesinos y terratenientes, se articulaba la reforma agraria del presidente Lugo, ya que se preveía su compra por parte del Estado y su posterior traspaso a los campesinos sin tierras.

Con la intención de presionar al gobierno de Lugo a favor de la reforma, ya en las primeras semanas de su mandato las organizaciones campesinas comenzaron las ocupaciones de latifundios. Ese mismo año el presidente creó en Consejo Nacional de Reforma Agraria y otorgó poderes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para comenzar con la compra y reparto de tierras entre los campesinos. Como presidente del INDERT fue nombrado Alberto Alderete un abogado experto en DDHH y que a mediados de los 90 había destacado por su defensa de campesinos sin tierras víctimas de la violencia policial. Considerado un activista, pronto se colocó en el punto de mira de los contrarios a la reforma agraria que organizaron agresivas campañas mediáticas contra él, y contra el propio presidente Lugo. Las trabas de los legisladores al proyecto de reforma (como por ejemplo la oposición del Congreso a la elaboración de un catastro), las sucesivas reducciones del presupuesto del INDERT o la campaña de acoso y derribo por parte de los detractores de la reforma que hizo que A. Alderete renunciase a su cargo alegando “agotamiento personal”, quizás cansado de que la reforma no avanzase y de la falta de apoyos.

A las resistencias internas y las trabas de los legisladores se añade la fuerte beligerancia del sector agroexportador, especialmente de los productores ganaderos y sojeros. Para entender mejor la situación téngase en cuenta dos datos: uno es que según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, 4.727 productores ganaderos (un 1,63% del total) con explotaciones mayores de 1.000 hectáreas poseen el 79% de la tierra (24,6 millones de Has.) dedicada a uso ganadero y el 64% de las cabezas de ganado vacuno; el otro es que en 2010 la soja ocupaba el 60% de la superficie cultivada (con el trigo y maíz suman el 86% del área cultivada). Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial, y existe una gran demanda de tierras para este cultivo (la superficie cultivada de soja pasó de 482.000 hectáreas en 1991 a 2,67 millones en 2010).

Precisamente, la soja, que estos días pasados alcanzaba precios históricos, es una de las claves del conflicto por la tierra, entre otras razones porque el modelo agrícola propuesto en la reforma agraria estaba basado en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria lo cual colisionaba con los intereses de las oligarquías y con el modelo agroexportador predominante en el país. Otro elemento a tener en cuenta que la soja que se cultiva en Paraguay es transgénica con lo cual detrás del boom sojero también están presentes los intereses de las empresas agroquímicas y de las grandes transnacionales oligopólicas que controlan el procesamiento y las exportaciones de soja como Cargill, ADM, Bunge o Dreyfus. Como un elemento más del conflicto por la tierra, se ha de añadir que la soja es un cultivo altamente mecanizado que apenas necesita mano de obra y que tiene un altísimo coste medioambiental por el desmonte de tierras y destrucción de bosque que implica el poner las tierras en cultivo y por un uso intenso uso de agrotóxicos en su cultivo.

Mientras que la producción sojera expulsa campesinos y comunidades indígenas hacia los suburbios de las ciudades, el modelo de reforma agraria planteado en Paraguay apuesta por fijar la población en el campo y por el reparto de tierras como medio para combatir la pobreza rural; téngase en cuenta que hay 1,2 millones de pobres rurales de una población total de 6,5 millones de habitantes. Aunque es cierto que las exportaciones agropecuarias son responsables en buena medida de que el PIB del país haya crecido un 14,5% el 2010, únicamente unos pocos se beneficiaron de ello, puesto que ese mismo año aumentó el número de pobres.

Llegados a 2012, a pesar del apoyo del presidente a la reforma agraria, el panorama para las organizaciones campesinas es desolador: no sólo se avanzó muy poco en el reparto de tierras sino que se afianzó el modelo agroexportador y probablemente la concentración de la tierra. Por esta razón, grupos de campesinos optado de nuevo por ocupar tierras como las de junio pasado de Ñacunday como medida de presión, ya que como señala la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”. En esta ocasión, uno de los resultados de las “medidas de fuerza” fue la expulsión de Lugo de la Presidencia del Paraguay, al ser considerado por los grandes empresarios agrarios y la oposición política como cómplice de las ocupaciones e incapaz de resolver el conflicto.

No obstante, y ya para finalizar, hay varios elementos que llaman la atención del proceso de destitución. Una es que en menos de una semana se armasen las alianzas parlamentarias para ejecutar el juicio político. Otra es la “unanimidad” de la decisión (76 votos a favor y únicamente 1 en contra), si bien mirando la composición de Congreso no es tanta sorpresa; entre el Partido Colorado (33), el Partido Liberal del actual presidente F. Franco (29) y la UNACE (12) del golpista Lino Oviedo suman 74 diputados. Y un tercer aspecto llamativo es que un “juicio político”, en el cual se juzga al Presidente de la Nación, se lleve a cabo en 17 horas, disponiendo el acusado de dos horas para defender su inocencia. Todo ello hace intuir que todo estaba cocinado y se estaba esperando el momento oportuno destituir al presidente; de hecho, el presidente Lugo estuvo amenazado en otras ocasiones con ser sometido a juicio político por cuestiones relacionadas con la reforma agraria que trataba de poner en marcha; una de ellas fue el “caso Teixeira” en la que se acusó al presidente de “intento de estafa al Estado” al acordar con un empresario brasileño la compra de 22.000 hectáreas de tierra para repartir entre el campesinado sin tierras, la cual según sus detractores se había hecho por un valor muy superior al de mercado. Es posible, como señalan algunos analistas, que el Partido Liberal buscase distanciarse de Lugo de cara a las elecciones de 2013, pero también como el propio Lugo ha denunciado, detrás de su destitución se oculta también el clientelismo y el reparto de prebendas entre la clase política. En este sentido, la corrupción en sus múltiples manifestaciones (tráfico de influencias, sobornos, fraude, prevaricación, nepotismo, malversación o fraude) es común en Paraguay; según Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 154 de 182 países situándose al mismo nivel de países como Zimbawe. De hecho, entre los que han impulsado la destitución de Lugo se cuentan numerosos implicados en casos de corrupción, con vínculos incluso con el narcotráfico.

Cierto que la Constitución de Paraguay en el artículo 225 otorga al Congreso la facultad de destituir al Presidente por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Sin embargo, en este caso no parece que la ley se haya aplicado para garantizar un mejor funcionamiento democrático, sino al contrario: al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia del Paraguay, la destitución de Lugo parece mostrar cómo la clase política oligárquica utiliza las leyes del Estado y las instituciones en beneficio propio sin el más mínimo pudor, y de este modo seguir acumulando poder político y económico.

Artículo de José Serrano – 04/07/2012

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Foto de Carola Thiede

 

 

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