Últimamente los acontecimientos no dan tregua. Hay cosas que dan miedo, como las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos. Asusta la manera de actuar de los policías que las llevan a cabo; si eso no es fascismo, se le parece demasiado. Baste recordar la ejecución por la espalda de Alex Pretti, enfermero de Minneapolis que se manifestaba en apoyo de sus vecinos inmigrantes. Al ver cómo los agentes federales ejecutan a un ciudadano indefenso, uno no puede evitar preguntarse dónde están la Ley y el Estado de Derecho, cómo es posible esa impunidad, cómo puede ser que, en pleno siglo XXI, los encargados de aplicar la ley actúen completamente al margen de ella y de las garantías que se supone que ésta ofrece.

El entorno de Trump se apresuró a etiquetar a Alex Pretti como “terrorista doméstico”, pero ni siquiera esa acusación otorga ‘patente de corso’ a los policías y los hace impunes. Es por ello que ha habido numerosas voces recordando que nadie, ni siquiera Trump, está por encima de la ley. El propio fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, al día siguiente, reconoció que los agentes federales no están por encima de la ley y que Alex Pretti no está por debajo de ella. Es decir, la ley es para todos.

O no, podríamos pensar. Quizás sea cierto lo señalado por el marqués de Sade de que «la ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero». Aunque la frase es de finales del siglo XVIII cuando los privilegios de aristócratas como Sade estaban siendo cuestionados, esta frase apunta a un problema de todo tiempo y lugar: la impunidad de los poderosos y la asimetría entre pobres y ricos a la hora de ser aplicadas las leyes.

No cabe duda que en muchas ocasiones los hechos parecen dar la razón a Sade. Es más, no falta quien piensa que el sistema penal es un dispositivo para disciplinar a los pobres y mantener un determinado orden social o que la justicia contribuye a reproducir las relaciones de dominación. En ambos casos, la ley se insertaría en estructuras de poder desiguales y las reforzaría.

Ahora bien, si abandonamos el plano teórico, no todo es tan diáfano. Porque, a pesar de todo, Trump —por mucho que le pese— no está al margen de la ley ni por encima del Estado de Derecho. De hecho, gracias a las mismas leyes que manipula, podría ser destituido, y los policías que asesinaron a Pretti, podrán ser juzgados y condenados. Estamos, pues, ante una interesante paradoja: la Ley que sirve a los poderosos es también la única herramienta que puede, eventualmente, hacerles rendir cuentas.

Precisamente, a propósito de esta paradoja, quiero compartir un texto que escribí hace un tiempo, donde reflexiono con mayor detenimiento sobre estas cuestiones.

El potencial emancipador de la ley y del Estado de Derecho

Un tema relativamente complicado para los historiadores es entender el papel de las instituciones y, en particular, el rol de la ley y del Estado de Derecho. No sólo resulta complejo por el carácter, de alguna manera, estático de alguna de estas instituciones. Los historiadores lidiamos con los cambios sociales del pasado y —convengamos que— la ley solo refleja parcialmente estas transformaciones. Por tanto hay varios aspectos que nos resultan ‘problemáticos’; uno de ellos que los legisladores suelen ir un poco por detrás de los hechos que ‘exigen’ el cambio de la ley. Es normal. Un buen ejemplo podría ser el acoso en redes sociales; seguramente en el Código Penal ya existía alguna figura similar, pero la aparición de las redes sociales es un fenómeno relativamente reciente.

Otro problema es que suele haber una cierta resistencia en cambiar algunas leyes; baste pensar, por ejemplo, que han pasado casi 48 años desde que se promulgó la Constitución Española. Lo que es obvio es que, aunque no cambien las leyes, las sociedades cambian; e incluso que no cambien las leyes en largos períodos históricos también podría ser objeto de análisis.

Un tercer aspecto ‘problemático’ y que hoy me gustaría abordar en esta entrada es que —al igual que ocurre con la educación— la Ley (el Derecho) puede ser una herramienta de domesticación social, pero también encierra un formidable potencial emancipador. Explorar esa tensión entre ‘control’ y ‘liberación’ nos permite comprender el papel ambivalente —y profundamente transformador— que la Ley puede desempeñar tanto en nuestras sociedades como en las del pasado.

Precisamente, uno de los autores que desafió las concepciones más rígidas sobre el Derecho y abrió nuevas vías para entender su función social fue el historiador británico E. P. Thompson. Sin lugar a dudas, Thompson es una de las mentes más lúcidas del marxismo británico y, sobre todo, un autor que desafió los paradigmas establecidos sobre la función del Derecho en la sociedad.

En el debate marxista tradicional, la ley era vista principalmente como reflejo de las relaciones económicas, una superestructura destinada a perpetuar los intereses de la clase dominante. Sin embargo, Thompson, en obras tan influyentes como Whigs and Hunters (1975), invita a mirar más allá del determinismo económico y a entender la ley como un terreno mucho más dinámico y conflictivo. Para Thompson, la ley no es un ‘instrumento’ al servicio de la economía, sino un auténtico “campo de batalla”. Es dentro del entramado jurídico donde distintos grupos sociales combaten por ‘imponer’ sus valores, defender sus intereses y pugnar por sus visiones del mundo; su ‘relato’ que se diría ahora.

Este enfoque de Thompson transforma por completo la mirada sobre el Derecho: ya no es un simple apéndice de lo económico, sino que se sitúa en el centro mismo de la disputa social. Parte fundamental de este análisis es la idea de que la Ley es una creación humana profundamente histórica y social. No existe “la ley” como entidad inmóvil: lo jurídico surge de contextos concretos, se moldea en el diálogo y en el conflicto entre sujetos reales, y responde a los retos particulares de cada época y sociedad. Las instituciones jurídicas —por tanto— no sólo varían en el tiempo y el espacio: están en continua evolución, presionadas por las demandas de los grupos que las habitan.

En relación a este punto, una de las aportaciones más interesantes y menos conocidas de Thompson es reivindicar las posibilidades transformadoras del Estado de Derecho. Reconoce Thompson que el Derecho ha servido en muchas ocasiones a las élites; sin embargo, sostiene que la existencia misma de normas y procedimientos institucionalizados establece límites reales al abuso de poder. Este “marco jurídico institucionalizado”, como él lo llama, exige que las reglas se apliquen —al menos formalmente— a todos los miembros de la sociedad. Así, incluso en contextos adversos, los sectores excluidos han podido ampararse en el Derecho y lograr avances insospechados.

De ahí que Thompson sostenga, audazmente, que la ley y el Estado de Derecho son ‘un bien humano sin reservas’ —an unqualified human good, en inglés—. En una sociedad sin ley, la alternativa no es la libertad, sino la tiranía y el caos. El Estado de Derecho, con todas sus limitaciones y contradicciones, es entonces una conquista colectiva que protege, habilita la crítica social y favorece la transformación institucional.

El impacto de estas ideas trasciende con mucho el campo de la Historia: el Derecho es presentado como un espacio de disputa social permanente, donde no sólo se reproduce el poder, sino que también puede transformarse. Las ideas de Thompson nos recuerdan que, en un mundo en cambio constante, la Ley debe ser pensada como una herramienta viva para construir marcos jurídicos más justos y democráticos. No conviene olvidar que, en última instancia, la Ley es tanto una herramienta para ejercer el poder como una trinchera de defensa para los débiles. En esa compleja tensión reside, quizás, la clave de su permanente relevancia y su profundo potencial emancipador.

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