Argentina tiene millones de sitios para visitar, algunos de ellos verdaderamente pintorescos. Uno de estos lugares es el Palacio de San José, localizado en Entre Ríos a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay. Esta lujosa construcción era la residencia del caudillo Justo José de Urquiza, quien es considerado uno de los padres de la Argentina moderna al promover la unificación nacional y sentar las bases del Estado federal. Una curiosidad del lugar es que en el postigo de una de las puertas, protegida por un vidrio, se conserva la marca de una mano ensangrentada. Según la tradición, corresponde al general Urquiza después de ser herido mortalmente por sus enemigos.

Esa mancha de sangre testifica sobre una época muy convulsa de la historia del país. Aunque Argentina proclamó su independencia el 9 de julio de 1816, el proceso de construcción nacional se vio obstaculizado por décadas por guerras civiles entre unitarios y federales, que retrasaron la formación de un Estado fuerte y centralizado. Precisamente, tras la muerte de Urquiza en 1870 el poder de los caudillos provinciales se debilitó, acelerándose la centralización del Estado al tiempo que se afianzaba la hegemonía porteña. Sin embargo, este proceso de construcción nacional se encontró con un importante obstáculo: vastas regiones del sur y la Patagonia permanecían fuera del control estatal, controladas por pueblos originarios como mapuches, pampas y ranqueles.

Alguno de estos pueblos originarios poseían un alto grado de autonomía y un fiero ethos guerrero. De la misma manera que habían resistido la conquista española, se resistían a integrarse en el nuevo Estado argentino. Además de defender activamente sus territorios, lograron articular alianzas intertribales bajo caciques como Calfucurá, Namuncurá, Saygüeque o Pincén. Gracias a estas alianzas los tribus indígenas llevaron a cabo conjuntamente diversos ‘malones’ —ataques rápidos y sorpresivos de una partida de guerreros a caballo contra un grupo enemigo— y también incursiones de considerable envergadura, siendo capaces incluso de enfrentarse y desafiar al ejército nacional. Un ejemplo de estas resistencias fue la incursión de 1876, cuando confederaciones indígenas llegaron a menos de 300 km de Buenos Aires, llevándose alrededor de 300.000 cabezas de ganado y 500 cautivos, entre los que se incluían mujeres y niños. Como es lógico, hechos así generaban una gran preocupación en las ciudades criollas más meridionales. Episodios similares afectaron con frecuencia a localidades fronterizas como Azul, Bahía Blanca o Mercedes, sometidas a ataques que ponían en jaque tanto la economía rural como la seguridad de los colonos. Esta dinámica de enfrentamiento convirtió la frontera sur en una zona marcada por la violencia y el temor constantes.

Ante la creciente presión de los sectores militares, políticos y de los grandes propietarios —que buscaban extender la frontera agrícola con nuevas tierras productivas—, la situación con los pueblos originarios se volvió insostenible para el Estado. La combinación de los ataques indígenas, la complejidad de sus alianzas y la determinación de integrar plenamente el territorio nacional llevó al gobierno a planificar una amplia operación destinada a someter a las comunidades originarias y consolidar su dominio en la Patagonia y el sur argentino. Esta campaña, conocida como la Conquista del Desierto, fue promovida por el gobierno nacional bajo el liderazgo de Julio Argentino Roca, quien asumió como ministro de Guerra en 1878.

No obstante, hablar de la Conquista del Desierto es abrir de una de las páginas más sombrías de la historia argentina, un proceso que consolidó el modelo agrario moderno a base de sangre, despojo y exterminio de los pueblos originarios. Sus secuelas políticas, sociales y simbólicas siguen reverberando en el presente argentino. Lo que se presentaba como un acto de civilización era, de facto, la apropiación violenta de millones de hectáreas fértiles pertenecientes a los pueblos pampa, ranquel, mapuche y tehuelche, junto con su exterminio físico y expulsión de las tierras que habían ocupado durante siglos. Todo ello justificado en nombre del llamado “progreso”.

El Estado argentino implementó una estrategia de expansión territorial hacia el sur mediante expediciones militares equipadas con tecnología moderna y operaciones ofensivas coordinadas. Los registros oficiales documentan la muerte de miles de personas y el apresamiento, desplazamiento o deportación de decenas de miles más. Las cifras gubernamentales contabilizan 14.000 indígenas “eliminados” durante la campaña principal, sin incluir las muertes por hambre y enfermedades que siguieron a las operaciones militares.

Las consecuencias demográficas fueron devastadoras para los indígenas, aunque el impacto también se extendió a sus estructuras sociales y políticas: jefes y caciques fueron recluidos en prisiones o enviados a lugares de confinamiento como la Isla Martín García. Otros supervivientes varones fueron encerrados en reservas, internados en condiciones miserables, o forzados a servir como mano de obra esclavizada en los nuevos establecimientos rurales.

El proceso de apropiación del territorio indígena siguió plan claramente organizado. El Estado declaraba oficialmente como “desierto” el territorio conquistado, procediendo a su nacionalización y posterior adjudicación. Contrariamente a las expectativas de distribución entre campesinos e inmigrantes, las tierras fueron asignadas principalmente a la elite agropecuaria y militar. Familias prominentes como los Anchorena, Martínez de Hoz, Álzaga Unzué, Pereyra Iraola o los Menéndez acumularon extensas propiedades, algunas de las cuales excedían las 250.000 hectáreas. Para que se hagan una idea de la magnitud del fenómeno de ‘redistribución de tierras’, entre 1876 y 1903, menos de 2.000 propietarios adquirieron más de 41 millones de hectáreas, consolidando una estructura de latifundio sin igual en América Latina. Para que se hagan una idea, España ocupa unos 50 millones de hectáreas. El gobierno argentino, también ‘recompensó’ a caciques amigos, como Namuncurá, quien recibió para su pueblo poco más de 16.000 hectáreas de tierras marginales y poco productivas. Menos que migajas, si uno compara con los millones de hectáreas fértiles repartidas entre la oligarquía.

Las mismas familias que se apropiaron de millones de hectáreas en el siglo XIX son, en muchos casos, las que hoy siguen concentrando el poder económico en Argentina. Y es que, se trata de familias que han sido parte activa de los círculos y estructuras de poder, lo que les ha permitido preservar y expandir sus privilegios. Un ejemplo paradigmático es José Alfredo Martínez de Hoz, heredero directo de una de las mayores fortunas terratenientes del país, quien como ministro de Economía de la dictadura militar (1976-1981) implementó políticas de apertura económica y concentración que beneficiaron directamente a los grandes propietarios rurales, debilitando simultáneamente a los sindicatos y desmantelando sectores industriales que competían con sus intereses. La Sociedad Rural Argentina o el Jockey Club, verdaderos centros neurálgicos del establishment terrateniente, han funcionado —y funcionan— como grupos de lobby y presión, promoviendo activamente políticas regresivas y defendiendo con tenacidad un modelo económico con el poder concentrado en muy pocas manos. Su influencia trasciende lo económico: han respaldado históricamente medidas represivas contra trabajadores y movimientos sociales, evidenciando cómo el poder económico y la violencia política se han articulado para mantener intacta la estructura de dominación heredada del siglo XIX.

Ahora bien, ese proceso de despojo de las tierras fue solo una de las dimensiones del proceso. Otro de los impactos más profundos y duraderos fue la destrucción sistemática de la cultura y organización indígenas. Así por ejemplo, la propiedad comunitaria de la tierra fue abolida y se prohibió el uso de las lenguas nativas; por su parte, los sistemas de conocimiento ancestrales fueron denostados y considerados como un símbolo de la barbarie.

Más allá del exterminio físico de los indígenas, uno de los aspectos más aberrantes y silenciados del proceso fue la apropiación masiva de niños indígenas. Muchos fueron arrancados de sus familias, despojados de su identidad y repartidos como “botín de guerra” entre familias criollas adineradas, principalmente en Buenos Aires y otras ciudades del interior. El Estado no solo toleró esta práctica, sino que la legitimó a través de diversos decretos oficiales. En realidad, esas disposiciones encubrían una forma de esclavitud doméstica y la ruptura definitiva de los lazos familiares y culturales con sus comunidades de origen. Investigaciones históricas muestran que, hacia fines del siglo XIX, en municipios como Carmen de Patagones, entre el 80 % y el 90 % de los niños indígenas vivían en hogares no indígenas. Estos datos revelan hasta qué punto la deshumanización de los pueblos originarios caló en la sociedad argentina de la época. Los niños fueron tratados como objetos de transacción. Este proceso de asimilación —frecuentemente presentado como adopción filantrópica— implicó la pérdida de todo: familia, lengua, nombre, creencias y pertenencia ancestral.

La apropiación de niños indígenas tras la Conquista del Desierto no fue, por tanto, un efecto colateral de la guerra, sino una política deliberada de destrucción cultural que complementó al exterminio físico. Fue una práctica que dejó cicatrices profundas no solo en las familias afectadas, sino también en la memoria colectiva de los pueblos originarios.

En definitiva, la Conquista del Desierto no fue simplemente un episodio bélico ni un paso inevitable hacia la unificación territorial de la Argentina. Fue el resultado de un proceso histórico más amplio y conflictivo, marcado por décadas de guerras civiles, disputas políticas y una persistente resistencia indígena que impedía al Estado consolidar su dominio sobre vastas regiones del sur. La ofensiva militar impulsada por Roca fue una respuesta directa a esa resistencia, pero la forma brutal en que se resolvió —con exterminio, desplazamiento forzado y despojo sistemático— marcó profundamente el carácter del Estado argentino moderno.

La Conquista del Desierto merece ser incluida en una historia de la infamia porque, lejos de representar una gesta civilizadora, fue un proceso de exterminio y despojo de los pueblos originarios en beneficio de una élite terrateniente. Dio origen a una profunda desigualdad social y a la concentración de tierras, cuyas consecuencias —entre las que se incluyen racismo, marginación o violencia estructural contra los pueblos originarios— aún persisten en la Argentina actual.

Las fotos que acompañan a esta entrada son de uno de los billetes más populares de Argentina, el de 100 pesos, y lleva la imagen de Julio Argentino Roca, principal impulsor de la llamada “Conquista del Desierto”. Esa misma serie de billetes bancarios homenajeaba también a ‘próceres’ como Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre o Nicolás Avellaneda, que durante décadas fueron símbolos incuestionables de la construcción nacional argentina.

Más allá de su presencia en manuales escolares, monumentos o nombres de avenidas y plazas, la imagen de estos próceres circulando de ‘mano en mano’ reforzaba un imaginario nacional basado en la idea de “civilización y progreso”. De hecho, esta serie de billetes fue emitida en 1992 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. En los últimos años, al calor del revisionismo impulsado desde sectores liberales y ultraconservadores —entre ellos el propio Javier Milei—, estas figuras han recuperado centralidad como símbolos del orden, la modernización y la construcción del Estado argentino. Lo malo es que en ese relato suele quedar relegada a un segundo plano la violencia y el carácter profundamente excluyente que aquel proyecto nacional tuvo sobre los pueblos indígenas. Comprenderá el lector que esta recuperación simbólica difícilmente pueda considerarse casual.

No me resisto a mostrarles acá el cuadro titulado ‘La vuelta del malón’ pintado en 1892 por Ángel Della Valle. De gran formato y conservado en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, muestra el regreso de un ‘malón’ tras atacar una población criolla.

Cuenta Rodrigo Cañete en su ‘Historia a contrapelo del arte argentino’ que La vuelta del malón fue presentada en su época como la primera gran obra de arte verdaderamente nacional argentina. Concebida para la Exposición Universal de Chicago de 1893, la pintura no solo representaba un episodio de frontera, sino que buscaba educar la mirada del espectador y construir una determinada idea de nación y civilización.

El cuadro muestra el regreso de un “malón” indígena tras un saqueo: aparecen el robo de ganado, objetos religiosos y una cautiva blanca. Sin embargo, afirma Cañete que la obra va mucho más allá de una simple escena histórica ya que Della Valle construye una narrativa profundamente simbólica y racializada, donde los indígenas son representados como figuras oscuras, violentas y casi ciegas, mientras que la cautiva blanca aparece asociada a la luz divina y a la figura de Cristo. Dice R. Cañete que la composición del cuadro reproduce incluso elementos de la Pasión bíblica en tanto que la cautiva recuerda al Ecce Homo, las lanzas y cruces evocan la crucifixión y la luz del atardecer funciona como símbolo espiritual.

Según esa interpretación, la obra pretendía formar un espectador capaz de distinguir entre “vista” y “visión”, es decir, entre mirar superficialmente y comprender el sentido moral profundo de la imagen. El cuadro transmite así una idea clara donde el ‘mundo’ representado, en el que domina la barbarie, es un orden ‘antinatural’ condenado a desaparecer con el triunfo inevitable de la civilización blanca y estatal.