Según la Wikipedia, en España hay más de 500 pueblos sepultados por la construcción de embalses o ‘pantanos’. Hace años que le doy vueltas al tema y cada vez lo tengo más claro. Al igual que las desamortizaciones del siglo XIX, los embalses del siglo XX fueron en muchos casos un fenómeno de desposesión campesina.

Para situarnos se podría empezar con una pregunta que, si lo desean, pueden contestar en los comentarios y que nos pueden ayudar a situarnos: ¿quiénes han sido los mayores beneficiados y perjudicados por la construcción de esos embalses? La respuesta es relativamente fácil y creo que estarán de acuerdo conmigo en que quienes no sacaron ningún provecho fueron los pueblos y las comarcas donde se construyeron estos embalses.

Un buen ejemplo es el pantano de Riaño (León), donde se condenó a muerte a todo un valle para beneficiar a las empresas eléctricas y a unos pocos agricultores de Tierra de Campos. En primer lugar, resulta asombroso comprobar que los menos beneficiados por un embalse son los ‘afectados’ lo cual ya ofrece una primera pista sobre la lógica que hay detrás de estas infraestructuras. Por otra parte, y en mi caso como especialista en comunales en la provincia de León, también me pregunto si los vecinos de los numerosos pueblos desplazados por la construcción de media docena de pantanos fueron ‘justamente’ indemnizados y si recibieron alguna compensación por los terrenos comunales que quedaron bajo las aguas. Imagino que la respuesta es no. Por tanto, al igual que ocurrió en el siglo XIX con las desamortizaciones, con la construcción de los embalses hubo un proceso de ‘despojo’ en el que los campesinos perdieron mucho más que sus tierras particulares.

Lo cierto es que España hay más de 350 grandes embalses, y aunque se suele asociar la construcción de éstos al período franquista, casi una tercera parte de estas grandes presas fueron construidas con posterioridad a la muerte del Dictador. Conviene señalar también que la idea de los pantanos, como grandes infraestructuras, es anterior al franquismo. Los planes hidrológicos se remontan a las propuestas de los regeneracionistas, empezaron a despegar en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y continuaron con el gobierno de la Segunda República (1931-1939), si bien fue en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) alcanzaron su desarrollo pleno. Estos embalses formaban parte de estos planes hidrológicos que tenían como principal objetivo interconectar las cuencas hidrológicas, regular las cabeceras de las principales ríos españoles para a su vez, optimizar su uso productivo, incluyendo la generación de electricidad. Aunque se solía justificar la construcción de las presas para extender la superficie de regadío, en realidad la mayoría de los pantanos se construyeron para abastecer de agua a los grandes centros urbanos y la electricidad producida lucraba a grandes empresas.

Una vez que se planificaba construir una presa, los funcionarios de la Confederación Hidrográfica correspondiente iniciaban el proceso de expropiación forzosa. Los vecinos eran ‘indemnizados’ por sus posesiones y reasentados en otras localidades. Lo que sostengo en este artículo es que en estas decisiones nunca fue tenida en cuenta a la población local y que en la mayoría de los casos —si no en todos— no se respetaron o directamente se vulneraron los derechos de los habitantes de las zonas anegadas. Rob Nixon, autor del influyente libro «Slow Violence and the Environmentalism of the Poor» propone el concepto de «violencia lenta» para referirse a los desastres ambientales que ocurren de forma gradual y fuera de la vista del público, afectando desproporcionadamente a las comunidades pobres. En base al análisis de diferentes contextos geográficos describe cinco estrategias generalmente utilizadas para negar los derechos de las personas afectadas. Vamos con ellas:

1. Uso de la violencia. Basta con echar un vistazo a la icónica foto de Mauricio Peña que ilustra esta entrada para ver lo que pasó en Riaño, por ejemplo. La diferencia de Riaño con otros embalses construidos en la provincia de León es que esta presa de la montaña leonesa se cerró en 1987, en plena democracia; durante el franquismo era impensable plantear una resistencia así a la construcción de una presa. Pero no sólo hubo violencia física, también hubo presiones, amenazas y otras formas de violencia más sutiles. Así por ejemplo, el escritor Julio Llamazares en alguna entrevista / artículo ha reconocido públicamente haber sufrido amenazas por oponerse al embalse de Riaño.

2. Apelación al autosacrificio por “el bien común”. La justificación más usual para construir un embalse es el ‘bien común’ o el interés general. Se exige a unos pocos habitantes que se sacrifiquen por el bienestar común o el bienestar de una mayoría; el argumento típico sería: anegamos unos pueblos y así una capital de provincia queda abastecida de agua.

Ahora bien, aunque el tema tiene muchos matices hay varios aspectos a considerar. Uno de ellos es que el sacrificio siempre se lo piden a los mismos, a los más pobres. Como señala Rob Nixon, la relación entre los espacios ‘sacrificados’ por el bien común y los ‘beneficiados’ no es equitativo y obedece a unas relaciones de poder que históricamente ubican a los centros urbanos como referentes de desarrollo, mientras que lo rural es relegado a un espacio de sacrificio.

Ahora bien, detrás de todo este andamiaje del bien común, etc., lo que hay es un reparto desigual de beneficios. Los afectados por las presas asumen las pérdidas y los regantes y las empresas hidroeléctricas se quedan con los beneficios. Lo del bien común suena a treta a engaño para despojar a la gente de sus tierras, porque sólo hay que ver como las empresas eléctricas cuidan el bien común, aumentando cada día la factura de la luz, vaciando embalses u ocupando montes y terrenos comunales con parques solares y eólicos, sin tener demasiado en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan.

Lo que parece claro es que el criterio del bien común es variable y únicamente se aplica en una dirección; así, se pueden expropiar las tierras de los vecinos de los pueblos para producir electricidad, pero no se puede expropiar empresas eléctricas que están empobreciendo a millones de ciudadanos y pequeños negocios con el precio abusivo de la electricidad.

3. Utilizar eufemismos para referirse a los afectados. Dice Rob Nixon que el Banco Mundial para referirse a las personas desplazadas por estos macro-proyectos utilizada el término “Project-Affected People” o PAPs (Personas Afectadas por el Proyecto). Esa también es una manera de ocultar y negar que estas personas han sido desposeídas de sus tierras, que han sido desplazados de su comunidad, que han perdido sus hogares, que se les ha arrancado una parte de su memoria.

En el caso de España —bien documentado en las noticias del NO-DO— el discurso oficial habla de la promesa de una ‘nueva vida’ y de un ‘futuro’ para los reasentados en los poblados de colonización. Pero la realidad era muy distinta o si no que le pregunten a los ‘reasentados’ por el pantano del Porma que fueron enviados a un secarral de Palencia y alojados en barracones como si fuesen ganado; o a los vecinos y vecinas de Oliegos ‘reasentados’ en una antigua laguna palúdica en Valladolid. Se utilizan eufemismos como ‘nueva vida’, ‘un futuro’ o ‘reasentados’, pero vistas las condiciones cómo estos procesos se llevaron a cabo quizás sería más adecuado hablar de ‘destierro’, como dice acá Julio Llamazares.

Al fin y al cabo, los eufemismos sirven para ocultar las tragedias de quienes, en realidad, fueron despojados de sus tierras y desterrados lejos de sus hogares.

4. Las personas afectadas son consideradas culturalmente inferiores. No hay mucho que ahondar en esta idea. Frente a la visión desarrollista de los ingenieros, los habitantes de los pueblos han sido vistos como atrasados, incultos, etc., y el conocimiento y la cultura campesina ha sido despreciada. Esa pretendida inferioridad no es un juicio inocente, es un argumento más para justificar el despojo de tierras y hogares y la negación de sus derechos como personas.

5. No se les reconocen derechos de propiedad. En el siglo XIX, con el liberalismo se atacó a la propiedad comunal por considerarla ‘imperfecta’. El siglo XX no fue muy diferente, ya que con los pantanos también se ‘arrasaron’ espacios de propiedad comunal. Surge aquí una pregunta jurídicamente relevante y poco explorada, por qué los vecinos de los pueblos no fueron indemnizados por el ‘lucro cesante’ que suponía perder esos espacios. Recuerdo que hace años, cuando el gobierno catalán prohibió los espectáculos taurinos, los dueños de la plaza de toros Monumental de Barcelona exigían a la Administración Pública catalana 10 millones de euros por ‘lucro cesante’. Ahora bien, ¿no tendrían también derecho los pueblos que perdieron sus comunales a ese tipo de indemnización ya que no son espacios ‘públicos’?

En fin. Lo que parece bastante claro es que, como les decía, lo ocurrido con los pantanos y embalses constituye un proceso de despojo y desposesión campesina ya que queda bastante claro que sistemáticamente no se respetaron —o directamente fueron vulnerados— los derechos de los habitantes de las zonas anegadas. Sería interesante que alguien empezase a escribir la historia de los embalses teniendo en cuenta también las externalidades y a quienes pagaron el precio del llamado ‘progreso’.

La icónica foto que acompaña esta entrada fue hecha en Riaño (León) por el gran fotógrafo leonés Mauricio Peña.