Como imagino que saben los lectores de este blog, uno de los temas que abordé en mi tesis doctoral sobre los comunales en la provincia de León fue la desamortización de Madoz. Este proceso supuso la puesta en venta de numerosas propiedades de los pueblos, entre ellas montes, pastos y otros terrenos aprovechados colectivamente.

En León, sin embargo, su impacto fue relativamente limitado, en buena medida porque el campesinado puso en marcha distintas estrategias para impedir la pérdida de estos bienes. Algunas fueron perfectamente legales, como las compras colectivas o las solicitudes para que determinados terrenos de aprovechamiento común quedaran exceptuados de la venta. Pero también hubo otras prácticas, mucho más difíciles de documentar, que se podrían considerar ilegales o, al menos, irregulares y que van desde la violencia o las amenazas contra posibles compradores hasta las quiebras fraudulentas; en este último caso, un vecino adquiría el terreno en la subasta y después se declaraba insolvente, de manera que la propiedad terminaba regresando al común.

Precisamente, en estos días con toda esta historia de los desahucios, me vino a la cabeza otra estrategia utilizada por los campesinos para evitar perder sus tierras, aunque en un contexto histórico y geográfico muy diferente. Son las llamadas «subastas de centavo», mediante las cuales los granjeros estadounidenses plantaron cara a los bancos que pretendían arrebatarles sus granjas y sus medios de vida.

En los años treinta del siglo pasado, miles de familias campesinas estadounidenses perdieron sus tierras, sus animales y sus herramientas al no poder hacer frente a sus deudas. Durante la Primera Guerra Mundial, animados por el fuerte aumento de los precios de los productos agrícolas, muchos agricultores se habían endeudado. Sin embargo, una vez terminada la guerra, la caída de los precios de las cosechas dio paso a una prolongada crisis en el campo.

El crack de 1929 vino a agravar todavía más la situación. A la caída de la demanda de materias primas y a nuevos descensos de los precios agrícolas se sumaron varios años de sequía y una fuerte contracción del crédito. Todo ello provocó un extraordinario aumento de las ejecuciones hipotecarias rurales, que alcanzaron su punto máximo en 1933, con cerca de 39 ejecuciones por cada 1.000 explotaciones agrícolas.

La crisis afectó especialmente a los estados agrícolas del Medio Oeste y de las Grandes Llanuras, entre ellos Nebraska, Iowa y Minnesota. En algunas zonas, la pérdida de una granja no significaba únicamente el desahucio de una familia; también podía desmantelar redes locales de trabajo, intercambio y ayuda mutua.

En ese contexto surgieron las llamadas ‘penny auctions‘ —literalmente, «subastas de centavo»—, una forma de resistencia colectiva mediante la cual los vecinos acudían a las subastas hipotecarias y adquirían los bienes por cantidades simbólicas, para devolvérselos inmediatamente a la familia desahuciada. No se trataba, por tanto, de una subasta convencional, sino de una acción organizada de solidaridad comunitaria. Hay que matizar que, con frecuencia, lo que se subastaba no era la tierra, sino el ganado, la maquinaria y los aperos, embargados por hipotecas mobiliarias (chattel mortgages). Y es que, sin aperos ni animales, una familia no podía seguir trabajando aunque conservase el título de la tierra.

El funcionamiento de las ‘penny auctions’ era muy sencillo. Cuando un banco o un sheriff anunciaba la venta pública de una granja embargada, los vecinos se organizaban para llevar a cabo una serie de acciones colectivas. Generalmente, la acción se desarrollaba en varias fases. Primero, todos los granjeros y residentes locales acudían al lugar de la subasta para que la familia afectada por el desahucio supiese que no estaba sola. Previamente, los participantes habían acordado no competir entre ellos y llegada la subasta ofrecían cantidades irrisorias por la tierra, el ganado, la maquinaria o los aperos; en ocasiones, 1 o 2 centavos de dólar. Si un especulador o representante bancario intentaba realizar una puja acorde con el valor real, la multitud lo disuadía mediante abucheos, presión colectiva y, a menudo también con amenazas o violencia. Tras ganar la subasta por unos pocos centavos o dólares, el comprador entregaba de nuevo la propiedad a la familia desposeída. En 1931, por ejemplo, alrededor de 150 agricultores acudieron a la subasta de la granja de la familia Von Bonn, en el condado de Madison, Nebraska. La venta terminó recaudando únicamente 5,35 dólares, una cantidad simbólica frente al valor de la explotación y de sus equipamientos.

Las ‘penny auctions‘ combinaban dos elementos: la solidaridad y la intimidación. Por un lado, expresaban una fuerte conciencia comunitaria y la voluntad de impedir que una familia perdiera su medio de vida por una deuda impagable. Por otro, dependían de que la multitud hiciera imposible una puja competitiva. En algunos casos las comunidades movilizadas recurrieron a armas, amenazas e incluso a la exhibición de sogas de ahorcamiento como advertencia para posibles compradores. Era una violencia disuasoria aunque a veces se desbordó. Así por ejemplo, en Le Mars (Iowa) en abril de 1933 un grupo de granjeros sacó al juez Charles Bradley de su tribunal, le puso una soga al cuello y lo amenazó por negarse a suspender las ejecuciones. A raíz de ello, el gobernador declaró la ley marcial en el condado. En todo caso, hubiese violencia o no, las ‘subastas de centavo’ fueron respuestas colectivas a un sistema legal que muchos agricultores consideraban injusto y desconectado de la emergencia social.

En todas estas movilizaciones rurales, la Farmers’ Holiday Association desempeñó un papel destacado. El movimiento combinaba las ‘subastas de centavo’ con boicots, huelgas de entrega de productos agrícolas y campañas para exigir medidas públicas contra las ejecuciones hipotecarias.

Por otra parte, los granjeros también presionaron a las legislaturas estatales y organizaron marchas ante los capitolios. Su objetivo era suspender temporalmente las ejecuciones y ganar tiempo para renegociar las deudas. Entre 1933 y 1935, veinticinco estados aprobaron leyes de moratoria que suspendían temporalmente las ejecuciones hipotecarias agrícolas. Estas medidas no resolvieron por sí solas la crisis y, en algunos lugares, solo aplazaron el problema, pero demostraron hasta qué punto la movilización rural había alterado la agenda política. Minnesota es un buen ejemplo de lo ocurrido; allí, ante el temor de que la crisis desembocara en una rebelión agraria abierta, el gobernador Floyd B. Olson ordenó la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Además, la acción colectiva también funcionó como herramienta de negociación y hubo bancos y aseguradoras que acabaron aceptando acuerdos para no exponerse a estas escenas.

Las ‘penny auctions‘ perdieron protagonismo a partir de 1933, cuando el gobierno de Franklin D. Roosevelt puso en marcha distintos programas del New Deal. Entre ellos se encontraban la Farm Credit Administration, destinada a facilitar la refinanciación de las deudas, y la Agricultural Adjustment Act, orientada a intervenir sobre la producción y los precios agrícolas. También se aprobó la Farm Bankruptcy Act de 1934, conocida como ley Frazier-Lemke, que pretendía ofrecer a algunos agricultores un mecanismo para recuperar sus tierras después de la ejecución hipotecaria. El Tribunal Supremo declaró posteriormente inconstitucional una parte de esta legislación, pero el episodio muestra la intensidad del conflicto en torno a la propiedad rural y el endeudamiento. Aún así, la llegada de la ayuda federal no eliminó inmediatamente las ejecuciones; de hecho, las tasas siguieron siendo elevadas durante varios años. Sin embargo, la combinación de moratorias estatales, refinanciación pública y programas federales redujo la necesidad de recurrir a la acción directa.

Las ‘penny auctions‘ plantean una pregunta que sigue siendo relevante: ¿qué ocurre cuando la legalidad de un procedimiento entra en conflicto con la percepción social de la justicia?

Desde el punto de vista formal o legal, las entidades acreedoras tenían derecho a ejecutar las garantías y vender los bienes hipotecados. Para los vecinos, en cambio, la venta de una granja por una deuda nacida en medio de un colapso general de precios era una forma de desposesión injusta. Por ello, la comunidad respondió creando una especie de «mercado paralelo» en el que el valor económico quedaba subordinado a la obligación moral de proteger al vecino. Ese aval para ‘plantar cara’ a lo que se considera injusto o inmoral es lo que E. P. Thompson o James C. Scott llamaron ‘economía moral’, y que ya hemos abordado en otras entradas de este blog.

En todo caso, las subastas de centavo no fueron ‘anécdotas’ de la Gran Depresión. Fueron una forma de acción colectiva en la que campesinos endeudados utilizaron la presencia física, la solidaridad y la presión política para disputar quién debía pagar el coste de una crisis económica. Antes de que llegaran las soluciones federales, fueron también un mensaje dirigido a bancos, tribunales y gobiernos; la ejecución de una hipoteca podía ser legal, pero no necesariamente aceptable para la comunidad.

En fin, curiosos estos paralelismos. Tanto en León como en el Medio Oeste, separados por un océano y casi un siglo, las solidaridades vecinales sirvieron para lo mismo; vaciar de sentido las subastas y evitar que los campesinos perdieran sus medios de vida.

Nota sobre la foto que acompaña la entrada: Se trata de la subasta de una granja en Michigan en 1936. Como pueden ver, los vecinos y agricultores de la zona colgaron sogas de horca frente a las puertas del granero como ‘advertencia’ a postores externos o representantes de los bancos. Bastante disuasorio ¿no?

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