Tierra y política en Paraguay: claves para entender la destitución del presidente Lugo


 El pasado 22 de junio, Fernando Lugo era destituido por el Congreso de su cargo de Presidente de Paraguay. El hecho desencadenante de esa decisión eran los enfrentamientos habidos días atrás, concretamente el 15 de junio, entre la policía y campesinos que ocupaban en Curuguaty, en el Departamento de Ñacunday, unas tierras del senador Blas N. Riquelme del Partido Colorado, y que saldó con 11 campesinos y 6 agentes de policía muertos y más de 80 heridos. Si bien las versiones de los hechos difieren (fuentes policiales afirman que fueron recibidos a tiros mientras que los campesinos sostienen que fueron francotiradores los que originaron las muertes), lo cierto es que estas muertes fueron la chispa de una decisión que ya parecía tomada de antemano. De nada sirvieron las dimisiones del ministro de Interior y del Jefe de la Policía y las manifestaciones de Lugo en apoyo a la fuerza policial así como el anuncio del Presidente de la creación de una comisión de investigación independiente para aclarar lo ocurrido; pocos días después, y en apenas 17 horas el Congreso de la Nación, utilizando una prerrogativa constitucional, enjuiciaba al presidente Lugo y lo declaraba “culpable” de mal desempeño político destituyéndolo del cargo. A partir de ese momento, el vicepresidente Federico Franco (Partido Liberal) pasaba a ocupar su lugar. Mientras que el nuevo presidente defendía la legalidad del “juicio político”, las organizaciones campesinas y países vecinos de la región como Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina denunciaron que se trataba de un “golpe de Estado” encubierto, razón por la cual Paraguay fue suspendido del Mercosur y de UNASUR.

De cara a entender mejor lo ocurrido, y enjuiciarlo críticamente, es necesario ir más allá de los graves incidentes de Curuguaty analizando lo ocurrido en Paraguay en los últimos años en relación al problema de la tierra. Junto con el fortalecimiento democrático, la reforma agraria era uno de los ejes del programa político de Fernando A. Lugo Méndez, conocido como el «obispo de los pobres», cuando en 2008 presentó su candidatura a la presidencia del Paraguay. Encabezando la Alianza Patriótica para el Cambio que aglutinaba a distintas organizaciones de izquierda, y aliado con el Partido Liberal (F. Franco encabezaba la candidatura como vicepresidente), Lugo consiguió derrotar al Partido Colorado que llevaba 61 años en el poder. En un país donde casi la mitad de la población es rural, la promesa de una “reforma agraria integral” le reportó el apoyo masivo de las organizaciones campesinas y también el voto rural. No obstante, los retos que se le presentaba al presidente eran de gran envergadura, entre otras razones porque Paraguay es uno de los países del mundo con un reparto más desigual de la tierra y donde además las oligarquías dueñas de la tierra y el sector agroexportador ostentan el poder económico y político.

En lo que se refiere a la distribución de la propiedad de la tierra en Paraguay, según el Censo Nacional Agropecuario (CNA) de 2008 el 2,06% de los propietarios poseían el 85,5% de la tierra cultivable, mientras que el 91,4% de la población campesina únicamente disponía del 6% de la superficie agrícola. Concretamente habría unas 310.000 familias campesinas que no poseen tierras, lo cual, y teniendo en cuenta que la población rural del Paraguay (2,6 millones de personas) es un porcentaje importante.

Este reparto tan desigual de la tierra no se remonta a la colonización española sino a lo ocurrido a partir de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) y durante la dictadura de Stroessner (1954-1984). Entre 1875 y 1914 el Estado vendió más de 26 millones de hectáreas de tierras, las cuales fueron acaparadas por unos pocos propietarios; hacia 1930 una veintena de propietarios poseían la mitad de las tierras del país. Más adelante, durante la dictadura militar al amparo de una supuesta “reforma agraria” el Instituto de Bienestar Rural repartió unas 11 millones de hectáreas de tierras la mitad de las cuales (concretamente el 57%) quedó en manos de 1.877 personas, principalmente militares, hombres de negocios, o amigos del dictador como el senador Blas N. Riquelme el detentador de las tierras en disputa en Curuguaty. Estas tierras repartidas de forma irregular entre 1954 y 2003 son las denominadas tierras «malhabidas» como denuncia la Comisión de Verdad y Justicia en su Informe de 2008; en él, la Comisión denuncia las graves irregularidades cometidas en el reparto de tierras recomendando que el Estado promueva las acciones ante la Justicia, repare los daños y perjuicios causados y las recupere de nuevo. Precisamente, sobre las tierras «malhabidas», foco frecuente de conflicto entre campesinos y terratenientes, se articulaba la reforma agraria del presidente Lugo, ya que se preveía su compra por parte del Estado y su posterior traspaso a los campesinos sin tierras.

Con la intención de presionar al gobierno de Lugo a favor de la reforma, ya en las primeras semanas de su mandato las organizaciones campesinas comenzaron las ocupaciones de latifundios. Ese mismo año el presidente creó en Consejo Nacional de Reforma Agraria y otorgó poderes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para comenzar con la compra y reparto de tierras entre los campesinos. Como presidente del INDERT fue nombrado Alberto Alderete un abogado experto en DDHH y que a mediados de los 90 había destacado por su defensa de campesinos sin tierras víctimas de la violencia policial. Considerado un activista, pronto se colocó en el punto de mira de los contrarios a la reforma agraria que organizaron agresivas campañas mediáticas contra él, y contra el propio presidente Lugo. Las trabas de los legisladores al proyecto de reforma (como por ejemplo la oposición del Congreso a la elaboración de un catastro), las sucesivas reducciones del presupuesto del INDERT o la campaña de acoso y derribo por parte de los detractores de la reforma que hizo que A. Alderete renunciase a su cargo alegando “agotamiento personal”, quizás cansado de que la reforma no avanzase y de la falta de apoyos.

A las resistencias internas y las trabas de los legisladores se añade la fuerte beligerancia del sector agroexportador, especialmente de los productores ganaderos y sojeros. Para entender mejor la situación téngase en cuenta dos datos: uno es que según el Censo Nacional Agropecuario de 2008, 4.727 productores ganaderos (un 1,63% del total) con explotaciones mayores de 1.000 hectáreas poseen el 79% de la tierra (24,6 millones de Has.) dedicada a uso ganadero y el 64% de las cabezas de ganado vacuno; el otro es que en 2010 la soja ocupaba el 60% de la superficie cultivada (con el trigo y maíz suman el 86% del área cultivada). Paraguay es uno de los principales productores y exportadores de soja a nivel mundial, y existe una gran demanda de tierras para este cultivo (la superficie cultivada de soja pasó de 482.000 hectáreas en 1991 a 2,67 millones en 2010).

Precisamente, la soja, que estos días pasados alcanzaba precios históricos, es una de las claves del conflicto por la tierra, entre otras razones porque el modelo agrícola propuesto en la reforma agraria estaba basado en la agricultura familiar y la soberanía alimentaria lo cual colisionaba con los intereses de las oligarquías y con el modelo agroexportador predominante en el país. Otro elemento a tener en cuenta que la soja que se cultiva en Paraguay es transgénica con lo cual detrás del boom sojero también están presentes los intereses de las empresas agroquímicas y de las grandes transnacionales oligopólicas que controlan el procesamiento y las exportaciones de soja como Cargill, ADM, Bunge o Dreyfus. Como un elemento más del conflicto por la tierra, se ha de añadir que la soja es un cultivo altamente mecanizado que apenas necesita mano de obra y que tiene un altísimo coste medioambiental por el desmonte de tierras y destrucción de bosque que implica el poner las tierras en cultivo y por un uso intenso uso de agrotóxicos en su cultivo.

Mientras que la producción sojera expulsa campesinos y comunidades indígenas hacia los suburbios de las ciudades, el modelo de reforma agraria planteado en Paraguay apuesta por fijar la población en el campo y por el reparto de tierras como medio para combatir la pobreza rural; téngase en cuenta que hay 1,2 millones de pobres rurales de una población total de 6,5 millones de habitantes. Aunque es cierto que las exportaciones agropecuarias son responsables en buena medida de que el PIB del país haya crecido un 14,5% el 2010, únicamente unos pocos se beneficiaron de ello, puesto que ese mismo año aumentó el número de pobres.

Llegados a 2012, a pesar del apoyo del presidente a la reforma agraria, el panorama para las organizaciones campesinas es desolador: no sólo se avanzó muy poco en el reparto de tierras sino que se afianzó el modelo agroexportador y probablemente la concentración de la tierra. Por esta razón, grupos de campesinos optado de nuevo por ocupar tierras como las de junio pasado de Ñacunday como medida de presión, ya que como señala la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) “ya no se puede seguir postergando la regularización de la tenencia de tierras”. En esta ocasión, uno de los resultados de las “medidas de fuerza” fue la expulsión de Lugo de la Presidencia del Paraguay, al ser considerado por los grandes empresarios agrarios y la oposición política como cómplice de las ocupaciones e incapaz de resolver el conflicto.

No obstante, y ya para finalizar, hay varios elementos que llaman la atención del proceso de destitución. Una es que en menos de una semana se armasen las alianzas parlamentarias para ejecutar el juicio político. Otra es la “unanimidad” de la decisión (76 votos a favor y únicamente 1 en contra), si bien mirando la composición de Congreso no es tanta sorpresa; entre el Partido Colorado (33), el Partido Liberal del actual presidente F. Franco (29) y la UNACE (12) del golpista Lino Oviedo suman 74 diputados. Y un tercer aspecto llamativo es que un “juicio político”, en el cual se juzga al Presidente de la Nación, se lleve a cabo en 17 horas, disponiendo el acusado de dos horas para defender su inocencia. Todo ello hace intuir que todo estaba cocinado y se estaba esperando el momento oportuno destituir al presidente; de hecho, el presidente Lugo estuvo amenazado en otras ocasiones con ser sometido a juicio político por cuestiones relacionadas con la reforma agraria que trataba de poner en marcha; una de ellas fue el “caso Teixeira” en la que se acusó al presidente de “intento de estafa al Estado” al acordar con un empresario brasileño la compra de 22.000 hectáreas de tierra para repartir entre el campesinado sin tierras, la cual según sus detractores se había hecho por un valor muy superior al de mercado. Es posible, como señalan algunos analistas, que el Partido Liberal buscase distanciarse de Lugo de cara a las elecciones de 2013, pero también como el propio Lugo ha denunciado, detrás de su destitución se oculta también el clientelismo y el reparto de prebendas entre la clase política. En este sentido, la corrupción en sus múltiples manifestaciones (tráfico de influencias, sobornos, fraude, prevaricación, nepotismo, malversación o fraude) es común en Paraguay; según Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el lugar 154 de 182 países situándose al mismo nivel de países como Zimbawe. De hecho, entre los que han impulsado la destitución de Lugo se cuentan numerosos implicados en casos de corrupción, con vínculos incluso con el narcotráfico.

Cierto que la Constitución de Paraguay en el artículo 225 otorga al Congreso la facultad de destituir al Presidente por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo o por delitos comunes. Sin embargo, en este caso no parece que la ley se haya aplicado para garantizar un mejor funcionamiento democrático, sino al contrario: al igual que ha ocurrido a lo largo de la historia del Paraguay, la destitución de Lugo parece mostrar cómo la clase política oligárquica utiliza las leyes del Estado y las instituciones en beneficio propio sin el más mínimo pudor, y de este modo seguir acumulando poder político y económico.

Artículo de José Serrano – 04/07/2012

Foto de Carola Thiede