Hace unos días leía que un campesino tucumano, Juan González había sido asesinado. Acá tienen la noticia, pero se la resumo.
Un martes a la mañana, este señor llamado ‘Cheta’ González se subió a su caballo y guió a sus vacas a una finca de su propiedad en la que su familia había trabajado toda la vida. Al llegar al predio se encontró con Carlos Flórez, un policía retirado que le franqueaba el paso. Le decía que no podía acceder más a esas tierras porque no le pertenecían. Se produjo una discusión, y el ex-policia sacó un arma y lo acribilló a tiros. El asesino, que ya tenía antecedentes penales por robos e intentos de homicidio, era un matón que trabajaba a sueldo para productores sojeros usurpando terrenos.
Esto que acabamos de ver es el pan nuestro de cada día en América Latina. En países como Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil, Paraguay o incluso Nicaragua y Argentina, es bastante común que las ‘fuerzas del orden’ —militares y policía— trabajen como sicarios haciendo el trabajo sucio de las multinacionales o de los grandes propietarios de tierras. Recordará el lector el caso de Berta Cáceres, asesinada por defender el territorio y oponerse a un megaproyecto hidroeléctrico en Honduras. En este caso, el asesino fue un ex-militar pagado por la empresa involucrada en la construcción, pero la policía falsificó pruebas para tratar de presentarlo como un crimen pasional.
Hace ya un tiempo, a mediados de 2018, una ONG llamada Global Witness publicó un informe donde revelaba que durante 2017 al menos 207 personas, en su mayoría campesinos, fueron asesinados por defender sus hogares y comunidades de la minería, la agroindustria y otros negocios destructivos.
Como indicaba el documento, entre las muertes se incluían el asesinato de campesinos en Colombia por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano en tierras robadas a su comunidad, la masacre por parte del ejercito filipino de ocho aldeanos que se oponían a una plantación de café en sus tierras, o ataques violentos por parte de finqueros brasileños, que usando machetes y rifles dejaron gravemente heridos a 22 integrantes del pueblo indígena de Gamela, algunos con las manos cortadas. Pero no sólo hay asesinatos en estos países, también Guatemala, El Salvador, Honduras o Argentina forman parte de este elenco.
Estas cifras se han quedado muy muy cortas ya que casi cada día siguen siendo asesinados campesinos en América Latina por defender la tierra frente a los grandes propietarios o empresas. Así por ejemplo, se comprueba que en lo que va de 2020 en Colombia han sido asesinados 251 líderes sociales, siendo las principales víctimas de este tipo de homicidios líderes comunales o campesinos que se han visto involucrados en reclamaciones de tierras y la implementación de la sustitución de cultivos. Acá tienen la noticia. Otro ejemplo podría ser Paraguay donde desde 1989 —año de caída de la dictadura— han sido asesinados 125 campesinos.
En la mayoría de los casos, detrás de estos crímenes no sólo están los intentos de silenciar a las personas defensoras de la tierra o el medio en el que viven. Muchos de estos campesinos han sido asesinados para arrebatarles sus tierras y producir soja, banano, palma africana o cualquier otro cultivo industrial. Esto, que recientemente se ha venido llamando ‘acaparamiento de tierras’ viene de muy lejos en el tiempo, aunque es un proceso histórico que tiende a acentuarse en los períodos de globalización económica. Es decir, no tiene tanto que ver con la producción de alimentos sino con otros fenómenos como los flujos internacionales de capitales, mercados internacionales, fondos de inversión, etc.
No los aburriré ahora con esos temas, simplemente destacar que lo peor de todo es la impunidad de quienes están detrás de estos delitos, generalmente empresas multinacionales que cuentan con el apoyo tácito o explícito de los gobiernos de estos países. Digo impunidad, ya que casi nunca se castiga a los autores de los crímenes. Y cuando lo hacen es debido a fuertes presiones internacionales. En este sentido, se debería ir un poco más allá y las empresas —y los consumidores deberían exigirlo— han de ser responsables y asegurar que no apoyan proyectos que desalojan a la gente de sus hogares ni devastan sus ecosistemas.
Y sí, también el lector debe saber que hay multinacionales españolas implicadas en esos procesos de desposesión… pero esa es otra historia sobre la que volveremos.
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La fotografía que acompaña el texto es de Mikael Wiström, un fotógrafo sueco y director de cine documental.
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