Quizás un ministro como Montoro, aparentemente bastante mediocre, acabe pasando a la historia. Podría darse (aunque sería penoso) pasar a la posteridad por haber hecho desaparecer las juntas vecinales y los bienes de los pueblos gestionados por éstas.
De alguna manera sería poner el final a siglos de historia y de resistencia a los ataques del Estado. Como ya contamos en otra entrada del blog, los comunales siempre han estado amenazados. Cuando más comprometida estuvo su existencia fue en el siglo XIX con los gobiernos liberales, ya que su idea era acabar con aquellas formas de propiedad –como los comunales– ‘incompatibles’ con el modelo de propiedad liberal que se buscaba imponer; en segundo lugar otra de las finalidades de la venta de los bienes de los pueblos era aumentar el número de propietarios y atraer adeptos al régimen liberal; en tercer lugar no se oculta tampoco que la Hacienda Pública necesitaba obtener más dinero (¿les suena de algo?).
De esta manera, el 1º de mayo de 1855 (por aquella época los primeros de mayo no eran festivos), el ministro de Hacienda de la época, Pascual Madoz, presentaba a las Cortes un proyecto de Ley de Desamortización que declaraba enajenables, entre otros, “todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, y (…) a los propios y comunes de los pueblos”. A partir de ese momento cualquier finca reclamada por un comprador debía ser sacada a pública subasta. También se establecía que la posibilidad de exceptuar de la venta algunos predios que tuviesen una clara funcionalidad social como eran los montes y algunos terrenos de aprovechamiento común; así por ejemplo en provincias como León, situada en la parte montañosa de España, fueron exceptuadas amplias superficies de montes.
León fue una de las provincias de España donde se desamortizó una menor superficie de comunales y montes de los pueblos, si bien hubo comarcas como El Bierzo o Tierra de Campos donde las ventas de comunales sí que fueron importantes. Parece que los bienes de los pueblos más vendidos eran aquellos a los cuales se les podía sacar una mayor rentabilidad económica como molinos, quiñones de cultivo, o incluso puertos de merinas. Sin embargo llama la atención que en León la venta de los pueblos no tuviese el mismo alcance que en otras áreas del país. Las razones parecen haber sido varias; en primer lugar el propio Estado dejó fuera de la venta amplias superficies (más de 400.000 hectáreas de montes fueron exceptuadas de la desamortización); en segundo lugar parece que se privatizó poco porque la mayoría de los comunales eran montes, y únicamente en aquellas comarcas donde podían ser roturados y sometidos al cultivo agrícola despertaron un mayor interés por parte de los compradores. Sin embargo, en León hubo comarcas donde las tierras sacadas a subasta tenían una clara funcionalidad agrícola y no se privatizaron –por ejemplo en la Ribera del Órbigo–, y ahí entran precisamente las formas de organización como los concejos abiertos de vecinos y la significación de estos bienes y espacios colectivos en las formas de organización social.
Se intuye por tanto que, en tercer lugar, hubo un consenso social para el mantenimiento de los bienes comunales. Amplios sectores de la sociedad leonesa se mostraron contrarios a la venta de los montes, tal y como se reflejó en la prensa. Uno de los periódicos más beligerantes contra la venta de los montes fue El Porvenir de León, de orientación demócrata progresista y ligado a la figura del republicano Gumersindo de Azcárate. Esta publicación se argumentaba que las desamortizaciones no solucionaban los problemas reales y además habían empobrecido a los grupos sociales con menos medios de producción. Es decir, con la venta de los pastizales, las dehesas boyales y los pastos en común, indispensables para la reproducción de las economías de aquellos más pobres, se estaba haciendo más daño que beneficio. También desde la prensa conservadora se criticó la desamortización de los montes argumentando que no era muy conveniente que los montes pasaran a propiedad particular por la incapacidad de los vecinos para conservarlos y por los efectos que los montes tenían sobre las aguas, la agricultura y la vida en general, los cuales se verían mermados en caso de ser vendidos.
En resumen, uno de los factores –quizás el más importante– que explicaría la escaso impacto de la desamortización civil en la provincia de León sería la resistencia del campesinado a perder los comunales y, en consecuencia, de las estrategias puestas en marcha por comunidades vecinales para defender usos y recursos comunales. Quien quiera sacar conclusiones, que las saque…
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Si estás interesado en el tema y quieres conocer el volumen, las características, los ritmos y otros detalles de la desamortización en la provincia de León puedes consultar el capítulo 3 de la tesis doctoral de José A. Serrano Álvarez y a la que puedes acceder libremente haciendo click aquí.
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