Según la Wikipedia, en España hay más de 500 pueblos sepultados por la construcción de embalses o ‘pantanos’. Hace años que le doy vueltas al tema y cada vez lo tengo más claro. Al igual que las desamortizaciones del siglo XIX, los embalses del siglo XX fueron en muchos casos un fenómeno de desposesión campesina.
Para situarnos quiero empezar con una pregunta que pueden contestar en los comentarios y que nos pueden ayudar a situarnos: ¿quiénes han sido los mayores beneficiados y perjudicados por la construcción de esos embalses? La respuesta es relativamente fácil y estarán de acuerdo conmigo que quienes no sacaron ningún provecho fueron los pueblos y las comarcas donde se construyeron estos embalses. Un buen ejemplo es el pantano de Riaño, donde se condenó a muerte a todo un valle para beneficiar a las empresas eléctricas y a unos pocos agricultores de Tierra de Campos. ¿Cómo es posible que los menos beneficiados por un embalse sean los ‘afectados’? Quizás esto ya nos da pistas de la lógica que hay detrás de estas infraestructuras.
Ya en una entrada de este blog del año 2013, se presentaba el embalse de Riaño como tragedia de los cerramientos. En esa ocasión, como especialista en comunales me preguntaba yo si los vecinos de los pueblos fueron indemnizados por los terrenos comunales que quedaron bajo las aguas; sugería yo que, al igual que en el siglo XIX, había habido un proceso de ‘despojo’ en tanto que los campesinos perdieron mucho más que sus tierras particulares.
Lo cierto es que España hay más de 350 grandes embalses, y aunque se suele asociar la construcción de éstos al período franquista, casi una tercera parte de estas grandes presas fueron construidas con posterioridad a la muerte del Dictador. Habría que señalar también que la idea de los pantanos, como grandes infraestructuras, es anterior al franquismo. Los planes hidrológicos se remontan a las propuestas de los regeneracionistas, empezaron a despegar en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y continuaron con el gobierno de la Segunda República (1931-1939), si bien fue en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) alcanzaron su desarrollo pleno. Estos embalses formaban parte de estos planes hidrológicos que tenían como principal objetivo interconectar las cuencas hidrológicas, regular las cabeceras de las principales ríos españoles para a su vez, optimizar su uso productivo, incluyendo la generación de electricidad. Si bien se solía justificar la construcción de las presas para extender la superficie de regadío, en realidad la mayoría de los pantanos se construyeron para abastecer de agua a los grandes centros urbanos y la electricidad producida lucraba a grandes empresas.
Una vez se planificaba construir una presa, los funcionarios de la Confederación Hidrográfica correspondiente iniciaban el proceso de expropiación forzosa. Los vecinos eran ‘indemnizados’ por sus posesiones y reasentados en otras localidades. Lo que se argumenta en la entrada del blog de hoy es que en estas decisiones nunca fue tenida en cuenta a la población local y en muchísimos casos —en la mayoría, se podría decir— no se respetaron o fueron vulnerados los derechos de los habitantes de las zonas anegadas. Hay un autor llamado Rob Nixon que ha estudiado el tema para otros lugares y que detalla las cinco estrategias generalmente utilizadas para negar los derechos de las personas afectadas.
1. Uso de la violencia. Basta con echar un vistazo a la icónica foto de Mauricio Peña que ilustra esta entrada para ver lo que pasó por ejemplo en Riaño. La diferencia de Riaño con otros embalses construidos en la provincia de León es que la presa de Riaño se cerró en 1987, en plena democracia; durante el franquismo era impensable plantear una resistencia así a la construcción de una presa. ¿Cuántas veces han escuchado aquello de que con Franco no se movía nadie?. Pues eso. Pero no sólo hubo violencia física sino también presiones, amenazas y otro tipo de violencia más sutil. Así por ejemplo, el escritor Julio Llamazares en alguna entrevista / artículo reconoce haber sufrido amenazas por oponerse al embalse de Riaño.
2. Apelación al autosacrificio por “el bien común”. La justificación más usual para construir un embalse es el ‘bien común’ o el interés general. Se le exige a unos pocos habitantes que se sacrifiquen por el bienestar común o el bienestar de un grupo de población mayor; por ejemplo, anegamos unos pueblos pero así una capital de provincia está abastecida de agua.
Ahora bien, aunque el tema tiene muchos matices hay varios aspectos a considerar. Uno de ellos es que el sacrificio siempre se lo piden a los mismos —a los más pobres—; es decir, son los pobres los que hay que sacrificar por los ricos. Como dice Rob Nixon, la relación entre los espacios ‘sacrificados’ por el bien común y los ‘beneficiados’ no es equitativo y obedece a relaciones de poder que históricamente han ubicado a los centros urbanos como referentes de desarrollo, mientras lo rural ha sido relegado a ser un espacio de sacrificio.
Ahora bien, detrás de todo este andamiaje del bien común, etc., lo que hay es un reparto desigual de beneficios. Los afectados por las presas asumen las pérdidas y los regantes y las empresas hidroeléctricas se quedan con los beneficios. Lo del bien común suena a treta a engaño para despojar a la gente de sus tierras, porque sólo hay que ver como las empresas eléctricas cuidan el bien común, aumentando cada día la factura de la luz, vaciando embalses u ocupando montes y terrenos comunales con parques solares y eólicos, in tener la mínima consideración por los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan.
Lo que parece claro es que el criterio del bien común es variable y únicamente se aplica en una dirección; así, se pueden expropiar las tierras de los vecinos de los pueblos para producir electricidad, pero no se puede expropiar empresas eléctricas que están empobreciendo a millones de ciudadanos y pequeños negocios con el precio abusivo de la electricidad.
3. Utilizar eufemismos para referirse a los afectados. Dice Rob Nixon que el Banco Mundial para referirse a las personas desplazadas por estos macro-proyectos utilizada el término «Project-Affected People” o PAPs (Personas Afectadas por el Proyecto). Esa también es una manera de ocultar y negar que estas personas han sido desposeídas de sus tierras, que han sido desplazados de su comunidad, que han perdido sus hogares, que se les ha arrancado una parte de su memoria.
En el caso de España, y las noticias del NO-DO son un buen ejemplo, el discurso oficial habla de la promesa de una ‘nueva vida’ y de un ‘futuro’ para los reasentados en los poblados de colonización. Que le pregunten a los ‘reasentados’ por el pantano del Porma que fueron enviados a un secarral de Palencia y alojados en barracones como si fuesen ganado; o a los vecinos y vecinas de Oliegos ‘reasentados’ en una antigua laguna palúdica en Valladolid. Se utilizan eufemismos como ‘nueva vida’, ‘un futuro’ o ‘reasentados’, pero vistas las condiciones cómo estos procesos se llevaron a cabo quizás sería más adecuado hablar de ‘destierro’, como dice acá Julio Llamazares.
Al fin y al cabo, los eufemismos sirven para ocultar las tragedias de quienes, en realidad, fueron despojados de sus tierras y desterrados lejos de sus hogares.
4. Las personas afectadas son consideradas culturalmente inferiores. No hay mucho que ahondar en esta idea. Frente a la visión desarrollista de los ingenieros, los habitantes de los pueblos han sido vistos como atrasados, incultos, etc., y el conocimiento y la cultura campesina ha sido despreciada. Esa pretendida inferioridad no deja de ser un argumento y una justificación más para despojarlos de sus tierras y sus hogares y la negación de sus derechos como personas.
5. No se les reconocen derechos de propiedad. En el siglo XIX, con el liberalismo se atacó a la propiedad comunal por considerarla ‘imperfecta’. Ya en el siglo XX, con los pantanos también se arrasaron espacios de propiedad comunal. Además yo me pregunto si los vecinos de los pueblos fueron indemnizados por el ‘lucro cesante’ que suponía perder esos espacios. Lo dudo, porque siempre se piensa que esos espacios son públicos, y no, no lo son. Recuerdo que hace años, cuando el gobierno catalán prohibió los espectáculos taurinos, los dueños de la plaza de toros Monumental de Barcelona exigían a la Administración Pública catalana 10 millones de euros por ‘lucro cesante’. Ahora bien, ¿no tendrían también derecho los pueblos que perdieron sus comunales a ese tipo de indemnización?
En fin. Lo que parece bastante claro es que, como les decía al principio de la entrada, lo ocurrido con los pantanos y embalses es un proceso de despojo y desposesión campesina ya que queda bastante claro que no se respetaron —o directamente fueron vulnerados— los derechos de los habitantes de las zonas anegadas.
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Como ya indiqué, la foto que acompaña el texto es de Mauricio Peña
La nuestra tierra 