Desmontando supersticiones, falacias y mitos (i): la tragedia de los comunales


La ‘tragedia de los comunales’ es una de esas teorías que de forma recurrente aparece en los medios para recordarnos que la propiedad común (generalmente de  aprovechamiento colectivo) no es eficiente ni sostenible y va camino de su extinción por la sobrexplotación. La burra de todos la come el lobo, que diría el refrán tradicional.

Pues, a pesar de lo arraigada que pueda estar esa creencia, hay numerosos estudios que desacreditan esos argumentos. Es más, históricamente hay muy pocas evidencias de dicha tragedia e incluso Elinor Ostrom recibió un Premio Nobel por sus teorías que, claramente, contradicen y niegan la tragedia de los comunales.

El concepto se originó en un ensayo escrito en 1833 por el economista británico William Foster Lloyd, quien utilizaba un ejemplo hipotético sobre los efectos del pastoreo no regulado en los comunales (common lands) de Gran Bretaña e Irlanda. Más o menos el ejemplo es así: si un grupo de ganaderos posee un terreno y uno de ellos para aumentar la ganancia, decide meter a pastar una vaca más, el resto terminaría haciendo lo mismo. En esa dinámica —viene a decir Lloyd— cada ganadero iría introduciendo una vaca, y otra, y otra más, hasta un punto que el pasto se agotaría y el sistema acabaría colapsando.

Obviamente, el ensayo de Lloyd pretendía justificar las ‘enclosures’, esto es la privatización de las tierras comunales. Con la privatización de los comunales los problemas de sobrexplotación desaparecerían ya que el propietario cuidaría de que el recurso no se agote. Ese mismo argumento, con diversas variantes, fue utilizado a lo largo y ancho de Europa durante el siglo XIX: la propiedad comunal era presentada como ineficiente y propensa a ser sobreexplotada; es decir, todo el mundo buscaba lucrarse al máximo sin preocuparse del daño que podía ocasionar.

Aunque en toda época y lugar, la propiedad comunal ha sido denostada, la tragedia de los comunales alcanzó gran popularidad a partir de 1968 a raíz de la publicación en la revista Science de un artículo de Garrett Hardin titulado «La tragedia de los comunales». Hardin vuelve con el ejemplo del prado y las vacas señalando que con la propiedad comunal la racionalidad privada (del beneficio inmediato) se perjudica la racionalidad pública. Hardin sostenía que el mundo estaba plagado de bienes comunales, y como la población no dejaba de crecer, esa lógica de explotación aseguraba el agotamiento de la Tierra y una catástrofe ecológica y económica. Según Hardin la única manera de evitarlo era controlando la natalidad. Lo que no todo el mundo sabe es que detrás de la teoría de Hardin había una clara —y perversa— intencionalidad política que descubrirán si siguen leyendo.

Antes de desvelar qué movía a Hardin a sostener esos planteamientos, indicar que también Ludwig von Mises de la Escuela Austríaca defendía argumentos similares para mostrar los problemas que plantean los derechos de propiedad insuficientemente definidos y/o defendidos. Dice von Mises en este artículo: «Si el terreno no es propiedad de nadie, aunque el formalismo legal pueda calificarlo de propiedad pública, se utiliza sin considerar las desventajas resultantes. Quienes estén en situación de apropiarse de los beneficios (leña y caza en bosques, pescado en áreas acuáticas y depósitos minerales en el subsuelo) no se preocupan por los efectos posteriores de su modo de explotación. Para ellos, la erosión del terreno, el agotamiento de los recursos no renovables y otros problemas de la utilización futura son costes externos que no entran es su cálculo de entradas y salidas. Talan los árboles sin consideración por los brotes o la reforestación. Al cazar y pescar, no retroceden ante métodos que impiden la repoblación de las zonas de caza y pesca«.

Hasta ahí todo más o menos bien, pero tal y como aparece formulada, la tragedia de los comunales se basa en asunciones que son totalmente falsas. Asumen: (i) que las tierras comunales no tienen dueño efectivo; (ii) que todo el mundo puede acceder libremente y sin cortapisas al uso de los recursos comunales; (iii) que lo único que parece mover a los campesinos es el ánimo de lucrarse, sin tener en cuenta otras consideraciones; y (iv) que los campesinos carecen de sentido común y no les importa lo más mínimo destruir los recursos comunes a costa de una pequeña ganancia individual.

Las evidencias históricas muestran que todas estas premisas son falsas, o al menos, inexactas. No me extenderé, ya que en otras entradas del blog hemos visto como, por ejemplo, en la provincia de León las tierras comunales son del concejo de vecinos que las gestionaba y velaba para nadie abusase del recurso común. No eran de acceso libre, ni mucho menos. Por un lado, para acceder a utilizar los comunales había que tener la condición de vecino. Por otro, los aprovechamientos en los comunales solían estar claramente regulados y por ejemplo en relación a los pastos, en las ordenanzas concejiles se establecían las épocas de aprovechamiento, el número de cabezas que cada vecino podía introducir, etc; también los aprovechamientos de maderas y leñas, la caza o los usos agrícolas, estaban regulados. Y obviamente, se establecían castigos para quienes contraviniesen esta normativa. En general, se mostraba un especial cuidado en prevenir la sobreexplotación ya que se pensaba en las generaciones venideras (hay por tanto una voluntad de sostenibilidad). Y obviamente, se evitaba el agotamiento del recurso común ya que en ello les iba la propia supervivencia. Por último, hay que destacar que la lógica de la economía campesina no giraba en torno al riesgo y el beneficio sino que las decisiones se basaban en otros parámetros como las necesidades de consumo o el trabajo exigido para producir. A todo ello se añade que el comportamiento económico de los campesinos estaba modulado —e incluso subordinado a— por los valores morales.

No voy a entrar aquí en temas de eficiencia de la propiedad común frente a la propiedad privada, y remito al lector a los estudios de Robert C. Allen para Inglaterra o Fran Beltrán Tapia para España, los cuales muestran que el comunal podía ser tan eficiente e innovador como la propiedad privada. Lo que sí parece bastante claro es que esta última —a diferencia de lo sostenido por los evangelistas de la ‘mano invisible’— no asegura una mayor sostenibilidad ambiental. Así por ejemplo en España, las privatizaciones de comunales realizadas al amparo de la desamortización de Madoz, y también de Mendizábal, supusieron el descuaje de miles de bosques. Ante los precios altos de la madera y del grano al propietario de la tierra le salía muy a cuenta convertir los árboles en madera, roturar y sembrar cereales.

Aunque los historiadores han venido demostrando que la tragedia de los comunales no era tal, sino una malinterpretación interesada, hubo que esperar al año 2009, para ser tomados en serio por los economistas. Ese año, la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom por re-examinar el debate de la tragedia de los comunales ofreciendo argumentos más sutiles y convincentes basados en el estudio de la gestión de los recursos naturales locales en países en desarrollo. Muestra Ostrom que, precisamente, la participación de la comunidad local es una de las claves del éxito para asegurar la sostenibilidad de los recursos comunales. A partir de ese momento la ‘tragedia de los comunales’ ha ido perdiendo predicamento entre los economistas y han aparecido matices: que si sólo se da cuando los derechos están mal definidos o poco claros, que si bla, bla, bla.

Para ir cerrando el tema, y volviendo a Hardin, al igual que sucedía con el liberalismo decimonónico y la Escuela Austríaca, detrás de sus teorías había una clara intencionalidad ‘política’. Su artículo era básicamente un argumento a favor del control de la natalidad. Hardin usó el fantasma de la destrucción ambiental y el conflicto étnico para promover políticas que, sin ningún género de dudas, se pueden considerar fascistas. Hardin defendía que para prevenir el colapso, la sociedad estadounidense debía adoptar valores más radicales, y especialmente en relación a la reproducción, siendo un acérrimo defensor de esterilizaciones masivas. Sostenía que EEUU debía rechazar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, argumentando que el gobierno debía adoptar medidas coercitivas para prevenir que las mujeres —especialmente las que no eran de raza blanca— se reprodujesen. De acuerdo con Hardin, algunos grupos étnicos estaban utilizando la natalidad para asegurar su expansión y por tanto el derecho de reproducirse debía ser limitado. Hardin sostenía que los inmigrantes llegaban a EEUU a robar la riqueza y los privilegios que la cultura de origen no podía proporcionarles. Por este motivo, Hardin consideraba que la inmigración era intolerable y también detestaba la ayuda al desarrollo argumentando que permitía que las naciones pobres viviesen por encima de sus posibilidades.

Como pueden ver en este artículo, Hardin fue un convencido racista, eugenicista, nativista e islamófobo. Durante décadas usó su autoridad en la Universidad de California como ecologista respetado para integrar las actitudes nativistas hacia la raza y la inmigración en el movimiento ambientalista estadounidense. Además de que muchos de sus argumentos racistas están basados en teorías pseudocientíficas, trabajó activamente para convencer a la opinión pública de que la inmigración —la no blanca, por supuesto— era un problema ambiental, motivo por el cual debían cerrarse las fronteras y purgar la diversidad étnica de los EEUU tanto como fuese posible. A fin de cuentas, Hardin era lo que hoy llamaríamos un supremacista blanco.

En fin…

Riaño como «tragedia de los cerramientos»


En una entrada anterior, hacíamos referencia a la ‘tragedia de los comunales’. Decíamos que allí donde se privatizaron los comunales, los campesinos más pobres se vieron despojados de sus medios de vida, ocurriendo la llamada ‘tragedia de los cerramientos’ (Tragedy of Enclosure, en inglés).

La privatización o cerramiento (enclosure) de los comunales ocurrido a lo largo y ancho de la mayoría de países europeos durante los siglos XVIII y XIX fue un verdadero drama. Miles de campesinos desposeídos de sus comunales vagaban por los campos en busca de trabajo, viéndose obligados finalmente a emigrar a las ciudades y los centros industriales, donde hacinados subsistían con salarios míseros.

En España, con la desamortización de Madoz se pusieron en venta los bienes de los pueblos, lo que en algunos casos tuvo como resultado la venta de molinos, fraguas, cantinas, quiñones, montes o puertos de merinas. Posteriormente, con la intervención del Estado en los montes se vio limitado el acceso a las leñas, maderas, o pastos. Antonio Ortega Santos en su libro «La tragedia de los cerramientos: desarticulación de la comunidad en la provincia de Granada» estudia este proceso para Andalucía, afirma que con los “cerramientos” y la intervención estatal en los montes se subordinó la lógica de la subsistencia a la lógica del mercado. Es decir, allí donde los comunales fueron privatizados, la prioridad de los compradores era hacer dinero con ellos: se talaron bosques, se roturaron montes, y se impusieron arrendamientos abusivos a quienes los venían explotando. Por otro lado con las restricciones impuestas por el servicio forestal, aprovechamientos del monte que eran gratuitos fueron prohibidos y sacados a subasta; por tanto, si alguien necesitaba maderas o leñas, debía acudir al mercado a comprarlas. 

En León, como ya veremos, la desamortización de Madoz no tuvo demasiada importancia. Sin embargo en aquellas comarcas donde hubo privatizaciones es posible que ocurriese como en el resto de España, que el pequeño campesinado quedase excluido de los beneficios ya que las oligarquías gobernantes habrían utilizado las reformas agrarias en su provecho adquiriendo tierras. En León, es posible que, allí donde los comunales fueron vendidos, los campesinos más pobres se viesen despojados de recursos que eran fundamentales para su supervivencia (tampoco hay que olvidar, no obstante, que el uso de muchos de estos bienes ya había sido privatizado, dado que eran bienes de propios, arrendados al mejor postor.

Una versión de la tragedia de los cerramientos en la provincia de León podría ser la desaparición de numerosos pueblos bajo los pantanos. El ejemplo más evidente es Riaño, donde para satisfacer los intereses de las empresas eléctricas y de unos pocos regantes fueron anegados los pueblos  y propiedades de Anciles, Éscaro, La Puerta, Huelde, Burón, Pedrosa, Salio y Riaño. Imagino que los vecinos fueron indemnizados por las fincas que perdieron, pero ¿qué indemnización recibieron por los comunales que quedaron bajo el pantano?. Lo grave no fue sólo que los vecinos tuviesen que abandonar los pueblos y sus medios de vida sino que la construcción de la presa, para satisfacer intereses de unos pocos, dejó tocado de muerte todo el valle.

Una vez más los bienes comunales de toda la provincia de León están en peligro y un nueva tragedia se cierne sobre ellos: La Ley Montoro. Si los bienes de los pueblos pasan a ser gestionados por los ayuntamientos, visto el endeudamiento de éstos, el peligro es evidente. Parece que de nuevo se quiere expulsar de la tierra a los pocos agricultores y ganaderos que viven de ella. Los pueblos de León agonizan por el envejecimiento y porque apenas queda gente que trabaje las tierras. Si desaparecen las juntas vecinales estaríamos contemplando una nueva versión de la ‘tragedia de los cerramientos’. De la misma manera que el pantano de Riaño perjudicó a toda la comarca, estas medidas no sólo afectarían a quienes dependen de los comunales, sino a la provincia entera. Es triste reconocerlo, pero hoy en día, los pocos agricultores y ganaderos que quedan, son los que mantienen a los pueblos con vida.

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Foto: J.M. Pando Barrerro / Color: Antonio Aláiz

La tragedia de los comunales


Un biólogo estadounidense, Garrett Hardin, se hizo famoso por un artículo titulado «La tragedia de los comunales» (Tragedy of the Commons, en inglés). En él venía a decir más o menos que «la burra de todos la come el lobo», como reza el dicho leonés. Explica Hardin que si hay un recurso común explotado por todos, al final se termina agotando. Pone como ejemplo un prado donde cada pastor va introduciendo a los pastos comunes un animal más, acabando el sobrepastoreo por destruir el recurso común.

No obstante la teoría de Hardin no es válida en relación a los comunales, ya que identifica erróneamente propiedad comunal con acceso libre o ausencia de propiedad. Precisamente, Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, ha mostrado que (cumpliéndose algunos principios) los sistemas tradicionales de propiedad comunal aseguran una gestión eficiente de los recursos. Históricamente en León, los aprovechamientos de los comunales estaban sometidos a una reglamentación estricta a veces codificada en las Ordenanzas concejiles (véase el libro de Laureano Rubio ‘El sistema político concejil en la provincia de León’), lo cual impedía la sobreexplotación y su desaparición.

De todas maneras, el planteamiento que hay detrás de la ‘tragedia de los comunales’ es un cuento muy viejo que ha sido utilizado como excusa para privatizar y quitar el poder a los concejos. Ya en el siglo XIX, los ingenieros de montes consideraban que los vecinos de los pueblos utilizaban de forma abusiva y sin restricciones los montes y trataron de quitárselos. También fue un argumento utilizado para privatizar las propiedades aprovechadas colectivamente por los vecinos de los pueblos. Precisamente, allí donde los comunales fueron privatizados sí que se dio una tragedia más real, la de miles de campesinos pobres que no tenían tierras propias y que al verse privados de sus pocos medios de vida, tuvieron que malvivir como jornaleros o emigrar a las ciudades. Es la llamada ‘tragedia de los cerramientos’, que trataremos en otra entrada de este blog.

Hoy en día, el ministro Montoro quiere suprimir las juntas vecinales, argumentando que son opacas y no rinden cuentas. Lo grave es que, una vez suprimidas éstas sus bienes pasen al municipio. Esa sí sería una verdadera tragedia: la desaparición de cientos de juntas vecinales y el expolio de propiedades que son de los pueblos. Que nadie que defienda a los pueblos frente a la Administración también es una tragedia.

Nota final: Aunque la teoría de Hardin no es válida para los comunales, en algunos casos sí que se está cumpliendo: piensen por ejemplo en un recurso común como un banco de pesca en medio del océano; el que no haya limitaciones a la explotación por parte de las flotas pesqueras termina por agotarlo. O una casa en el pueblo con múltiples herederos, y de la que nadie se hace cargo de mantener: al final termina en ruinas…

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