Parece que el artículo de principios de esta semana levantó ampollas entre el colectivo veterinario. Alguno de ellos dejaron comentarios en el blog tachándome de ignorante. Con este ‘argumento ad hominem’ intentaban desacreditar lo que se decía, pero sin ofrecer ningún argumento o dato que refute lo dicho. Pero ¡cuánto saben estos veterinarios!
Aún así, considero conveniente hacer algunas puntualizaciones respecto a lo ya dicho.
Una de las precisiones es respecto a las estadísticas ganaderas. El hecho cierto es que entre 1985 y 1992 la cabaña de vacuno en la provincia de León se redujo en un 40%. Lo que se deja caer en el anterior artículo es que podría haber una relación casual entre la disminución del número de ganados y la puesta en marcha de las campañas de saneamiento ganadero. Los indicios son fuertes, y una posible hipótesis de partida es que una de las causas de disminución del ganado fueron estas campañas.
Ahora bien, cualquier hipótesis ha de ser validada, y para ello sería preciso conocer: (i) número total de animales sacrificados; (ii) porcentaje de animales sanos sacrificados en relación a animales enfermos. Con estos datos en la mano, se podría ver en qué medida las campañas de saneamiento han sido responsables de la mentada reducción. De lo momento lo que hay son fundadas sospechas.
Lo que sí es una certeza es que las campañas de saneamiento han sido un éxito, y así por ejemplo, en Castilla y León en brucelosis bovina no se ha detectado ninguna explotación positiva en 2018, por lo que la Comunidad contará este año con cinco provincias ya declaradas libres de esta enfermedad por la Unión Europea, tal y como se puede leer en esta noticia.
Ahora bien, acá viene una segunda reflexión / puntualización y es si el fin justifica los medios. Volviendo al ejemplo de Fidel, el ganadero de Cabuérniga, considerando que le obligaron a sacrificar 53 animales sanos por un positivo, ¿son necesarias medidas tan drásticas y tan lesivas para un ganadero? Visto lo que hubo, uno podría pensar (de nuevo) que detrás de estas campañas hay otros intereses espurios. A bote pronto, la pregunta es: ¿no debería ser la Administración también garante de los derechos de los ganaderos, no sólo de los consumidores? Y ya ni hablamos de los derechos de los animales.
Es obvio que el artículo anterior buscaba la polémica, pero teniendo en cuenta el caso de Fidel un tema serio para la reflexión es hasta dónde se puede llegar en la búsqueda del bien común. Se han hecho barbaridades en aras del bien común, y un buen ejemplo es Riaño que, para favorecer a unos pocos regantes y a las empresas eléctricas, se condenó a muerte a todo un valle, como ya explicamos acá. No siempre cabe pensar en el bien común, sino también en que no se lesionen derechos fundamentales de los afectados.
Una tercera reflexión surge en relación a la diferencia entre valor y precio. Cuando a un ganadero lo obligan a sacrificar a toda su ganadería, el valor del ganado no es igual al precio fijado por la Administración. Durante años el ganadero ha venido seleccionando ese ganado y lo ha ido enseñando y además conoce las características de cada animal (p.e., si tiene partos complicados, si cría bien, etc). Todos esos conocimientos se pierden y nadie se los paga… lo obligan a empezar de nuevo; otro ejemplo, una vaca puede ser vieja pero puede ser valiosa porque guía a las otras o está enseñada para el yugo o el carro. Eso tampoco te lo compensan… Y los veterinarios deberían saber que no es lo mismo valor que precio.
No me extiendo más. Aún así sigo manteniendo que: (i) la entrada de España en la CEE y las políticas puestas en marcha para adaptarse al mercado único fueron un desastre para las provincias del Norte y Noroeste de España; a ello se añade que la entrada en el Euro y el sistema perverso de subvenciones puesto en marcha fueron la puntilla a la agricultura y ganadería tradicional; (ii) las campañas de saneamiento ganadero se han realizado de forma opaca, sin facilitar información y estadísticas de los resultados en relación a reses sacrificadas; y (iii) el fin no justifica los medios y la Administración debe proteger los intereses de las minorías y los menos pudientes, como los pequeños productores.
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