Comunales en 1931 #1. Carrizo: en la ribera del Órbigo también hay comunales


Acarreo #2En diversas publicaciones sobre comunales, que ni siquiera merece la pena citar, se da por supuesto que la propiedad comunal es algo exclusivo de las zonas de montaña, por lo que la misma existencia del comunal se explicaría por factores geográficos. Grave error, como explicaremos a continuación.

No cabe duda que el factor geográfico puede «favorecer» la propiedad comunal puesto que en las zonas de montaña hay amplios espacios rocosos que son «improductivos» y zonas de aprovechamiento extensivo como pastizales o bosques susceptibles de aprovechamiento colectivo. Sin embargo, hay varias matizaciones que hacer al respecto.

Una de ellas es que como no hay una estadística de comunales como tal, los estudiosos del tema han trabajado con los catálogos de montes ‘públicos’ (ya saben que cuando decimos públicos nos referimos a montes cuya gestión está supervisada por el Estado): es precisamente en las zonas de montaña donde más monte hay. La otra es que, como veremos, en la provincia de León hay numerosos municipios que no son montañosos donde hay importantes superficies de comunales.

En este sentido, hace unas semanas, en una entrada del blog señalábamos que en 1931, el Gobernador Civil de la provincia pedía a los alcaldes que enviasen una relación de los bienes comunales existentes en cada municipio comprobándose que había comunales a lo largo y ancho de la provincia, incluso en zonas de ribera.

Así se comprueba por ejemplo en este documento, fotocopia de la relación original enviada por el alcalde de Carrizo de la Ribera. Sin entrar en demasiado detalle, hay varios aspectos llamativos:

  • Uno de ellos es que en un municipio como Carrizo, situado en la ribera del Órbigo, donde además había una agricultura de regadío, haya una superficie tan amplia de comunales.
  • Relacionado con lo anterior, se observa que los comunales era sometidos a una aprovechamiento intensivo, cultivándose en ellos lino o legumbres.
  • Otro aspecto destacable son los «coutos» de Huergas y la Milla del Río, indicativo de la importancia de los comunales en el sostenimiento del ganado vacuno (imprescindibles para el trabajo de las tierras y como fuente de fertilizante)

En el caso de Carrizo se constata la existencia de comunales en una zona que no es de montaña y donde además había una agricultura intensiva de regadío muy dinámica. Con ello se demuestra que los comunales no son exclusivos de las zonas de montaña ni de comarcas donde predominan los usos extensivos; es más comunales y agricultura dinámica no son términos antitéticos.

Por tanto si en algunas localidades la propiedad colectiva no se explica por factores geográficos, ¿por qué otros factores se explica?. Bien, la respuesta no es sencilla ya que habría factores históricos estando la presencia o no de comunales muy relacionada con la organización económica y social. Pero eso ya es harina de otro costal que daría para varias entradas en este blog.

En próximas entradas irán apareciendo las relaciones de comunales enviadas en 1931 por diversos ayuntamientos de la provincia ¿Te lo vas a perder? Suscríbete al blog.

El rescate de comunales en León durante la II República


 

Este mes de abril se cumplen 83 años de la proclamación de la Segunda República Española. Como ya comentamos en anteriores entradas, una de las medidas del primer gobierno republicano fue plantear una reforma agraria integral con tres objetivos: evitar el paro obrero, distribuir la tierra y racionalizar la economía agraria.

Comentábamos también que una de las medidas propuestas, y que afectó a la provincia de León, fue el rescate de los bienes comunales que habían sido usurpados o despojados a los pueblos durante el siglo XIX. Precisamente en el último número de abril de la revista científica Historia Agraria sale publicado el artículo ««Reviviendo el sueño de varias generaciones»: comunales y reforma agraria en la provincia de León durante la II República (1931-1936)».

Si estás interesado en consultar esta publicación, envíanos un correo o pídelo en los comentarios y te la enviamos sin problemas puedes descargarla en este enlace.

Resumen: Con la llegada de la II Republica el nuevo gobierno provisional impulsó un verdadera reforma agraria centrada en mejorar las condiciones del campesinado, con un programa que iba más allá de la expropiación y reparto de los grandes latifundios, al proponer la reforma de los contratos agrarios, del mercado de trabajo, la abolición de las prestaciones señoriales o el rescate de comunales. En la provincia de León el marco de la reforma agraria se autorizaron roturaciones en comunales y montes públicos sin socavar los derechos posesorios colectivos y se restituyeron a los pueblos derechos sobre los comunales de los cuales habían sido desposeídos en el siglo XIX. En este artículo se argumenta que el reformismo republicano colocó como protagonista al campesinado al plantear una revisión de la reforma agraria liberal, al tiempo que apostaba por la consolidación de la pequeña explotación campesina sin dejar de lado los reclamos populares sobre el reparto y acceso a la tierra. También se defiende que detrás de las reclamaciones de los pueblos para recuperar espacios que habían sido comunales hay una explicación de orden moral, relacionada con la defensa de un modo de vida y una cultura campesina.

Si te interesa el tema, son especialmente interesantes las publicaciones del historiador Ricardo Robledo, a las que puedes acceder haciendo click aquí.

Fuentes #1 – La II República y el cuestionario sobre comunales a los pueblos


BOPL 13 Junio 1931

A lo largo de diversas entradas, hemos visto cómo los gobiernos liberales trataron de vender las propiedades comunales de los pueblos. El caso es que todas estas medidas no lograron crear una amplia capa de propietarios como era la intención original, sino que un sector del campesinado, desposeídos de los comunales, se vio aún más empobrecido y endeudado.

Por este motivo, ya en pleno siglo XX, la situación en el campo era desastrosa: caciques y políticos corruptos se habían adueñado de la vida política, día a día aumentaba el número de pobres y desposeídos, y las condiciones de vida de la población rural estaban cada vez más deterioradas. Prácticamente la única salida era «por barco», es decir, la emigración. No obstante, no todos podían viajar a Argentina o Cuba, destinos principales de unos 200.000 leoneses entre 1870 y 1920, ya que era necesario tener un pequeño capital, básicamente para comprar el pasaje de barco.

Además la ‘cuestión social agraria’ había ido empeorando en las primeras décadas del siglo XX a causa de políticas desastrosas. No se abordaban las verdaderas causas de los problemas y los distintos gobiernos únicamente se habían limitado a poner parches: que si colonias agrícolas, que si roturaciones en los montes, que si legitimación de roturaciones arbitrarias… la cosa era marear la perdiz, porque lo que pedían los campesinos eran tierras y aumento de los salarios y mejora de las comidas.

Todo ello venía agravado por una terrible crisis económica, la Gran Depresión, iniciada en 1929 en los EE.UU y que terminaría golpeando con fuerza a Europa y a los países destino de los emigrantes. Con este panorama de descontento generalizado, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los partidos republicanos ganaron ampliamente en la mayoría de capitales de provincia de España. Unas horas más tarde, el abuelo del actual rey abandona el país y es proclamada la Segunda República Española.

Las primeras medidas del primer gobierno republicano (presidido por un terrateniente católico-conservador, y al que acompañaban ocho liberales y tres socialistas) iban encaminadas a afrontar la grave crisis económica, así como a asentar y consolidar la institucionalidad del nuevo régimen político. Precisamente, en mayo de 1931 el Gobierno provisional declaraba su intención de abordar una reforma agraria integral que transformase la economía del país y paliase la desastrosa situación de miles de campesinos.

Esta reforma agraria, como recogería un año más tarde la Ley de Bases, tenía tres objetivos: evitar el paro obrero, distribuir la tierra y racionalizar la economía agraria. Una de las medidas propuestas, y que afectaría a León como veremos, fue el rescate de los bienes comunales que habían sido usurpados o despojados a los pueblos durante el siglo XIX.

Como no había tiempo que perder, en 1931 se empezaron a tomar las primeras medidas. El 13 de junio el Gobernador Civil en una circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOPL) requería y hacía saber «a todos los Ayuntamientos de esta provincia que en el plazo de quince días deberán enviar al Ministerio de la Gobernación por conducto de este Gobierno Civil nota puntual de los bienes comunales, y de los pueblos agregados del municipio así como los del Estado que existan en la demarcación municipal expresando su extensión, producción, aprovechamiento y posible utilización (…)«.

También unos pocos días más tarde, el 19 de junio, en una nueva circular se solicitaba a los alcaldes que remitieran a la Comisión Técnica Agraria datos, informes, reclamaciones sobre “despojos sufridos o alteraciones experimentadas en los bienes comunales, de propios, realengos, baldíos, dehesas boyales o cualquiera otra clase de bienes cuya propiedad o aprovechamiento, o ambos a la vez hubieran pertenecido a los vecinos en común, incluyendo entre estos bienes a los conocidos con el título de señoríos”. El tema merece una entrada más en detalle.

Como puede adivinar el lector, las respuestas enviadas por los pueblos son sumamente interesantes; de hecho, es una especie de estadística sobre comunales, motivo por el cual esta entrada abre la serie de fuentes para una historia agraria de León.

Las respuestas de los pueblos las iremos viendo en una nueva serie, comentando los aspectos más destacables. Imagino que habrá cosas que os sorprenderán. Así que si os interesa el tema no seáis tímidos y dejad el correo: cada nueva entrada os llegará automáticamente.

Los comunales y la Guerra Civil en León


El período más vergonzoso de nuestra historia contemporánea es sin duda alguna la Guerra Civil (1936-1939). A pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, aún quedan temas por abordar; uno de ellos es la conflictividad originada al interior de los pueblos por la disputa de los recursos, y concretamente por los comunales.

A pesar que en la provincia de León la superficie de comunales vendida con la desamortización de Madoz fue mínima, en la primeras décadas del siglo XX el campesinado sufría un empobrecimiento generalizado. Además la población no dejaba de crecer. Las salidas eran complicadas; una era la emigración y otra la puesta en cultivo de nuevas tierras.

Así, por una parte muchos leoneses optaron por irse a Cuba y Argentina. Por otra, desde los sectores más pobres del campesinado se pedía el reparto de tierras; es decir, se pedía la roturación del monte, o que fuesen repartidos nuevos quiñones, especialmente en aquellos municipios donde únicamente accedían a los quiñones los vecinos más antiguos.

Ambas soluciones eran complicadas; para emigrar hacia falta dinero, y las roturaciones, prohibidas por la administración forestal, mermaban el espacio de pasto de los ganados, por lo que había vecinos que estaban en contra.

El caso es que hasta la llegada de la II República Española, ningún gobierno se atrevió a abordar la ‘cuestión social’ en el campo, como era llamada la problemática asociada a la generalización de la pobreza rural.

Para paliar la desastrosa situación del campesinado, durante el período republicano fueron autorizadas roturaciones en los montes de utilidad pública, se abolieron prestaciones señoriales que pagaban los pueblos (como el foro de Villamor de Riello) y  se aprobó la Ley de Bases de Reforma Agraria. Esta ley contemplaba el reparto de los grandes latifundios entre el campesinado, pero también medidas que afectaban a la provincia de León como el ‘rescate’ de comunales privatizados o usurpados en el siglo XIX (habrá una próxima entrada sobre este tema).

El caso es que los ‘repartos’ y las roturaciones en los comunales crearon mucha tensión y disputas al interior de los pueblos. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Valderas. Allí, hacia 1915 según un informe de Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, en el último quinquenio habían emigrado más de 300 familias, a pesar de que la construcción del ferrocarril de Palanquinos a Medina de Rioseco había frenado un poco la sangría emigratoria.

Sin embargo la villa poseía una extensa finca comunal, la «Dehesa de Trasconejos», aprovechada por los ganaderos, cuya roturación y reparto había sido solicitada reiteradamente por los vecinos; por ejemplo en febrero de 1925, los vecinos, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, solicitaban que la Dehesa destinada para pastos “rindiendo poco para dicho fin y en cambio pudiendo producir en abundancia cereales y leguminosas” les fuese cedida en arrendamiento, dejando para dehesa boyal y pastos una parte de la misma.

Recogiendo estas peticiones, el Alcalde solicitó la roturación, indicando que se trataba de una cesión temporal, siendo autorizada en 1926 la adjudicación de 444 parcelas. Diez años más tarde, en 1936, el problema persistía y el gobierno municipal republicano autorizó una nueva roturación y reparto que benefició a 713 personas.

Esta disputa por el uso de los comunales se dio en numerosas localidades, tal y como se puede comprobar en la documentación del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Aunque no es lugar aquí de valorar las medidas republicanas, se advierte que estas medidas crearon tensión en muchos pueblos ya que además se utilizó la política de hechos forzados como roturar y repartir tierras comunales sin los permisos pertinentes y esperando que el IRA lo legitimase.

En cierta manera el consenso que había habido entre los distintos grupos sociales en defensa del comunal durante el siglo XIX se rompió: detrás de esta disputa por los comunales también había un enfrentamiento político y social. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño campesinado tenía poder decisorio. Es posible que estas medidas molestasen a los ‘cuatro ricos’ que hacían y deshacían y utilizaban los comunales a su antojo; es posible también que estas medidas alimentasen los miedos de una mayoría de vecinos que dependían de los comunales y temían que fuesen repartidos.

En los años previos a la contienda fratricida, la violencia ya estaba presente en muchos pueblos, y la disputa por el comunal agudizó el enfrentamiento entre sectores sociales. Aunque se desconoce bastante del impacto de la Guerra Civil en las zonas rurales de la provincia, se constata que en León los más pudientes y buena parte del campesinado apoyaron a los militares insurrectos.

Se intuye también que muchos de los represaliados en la provincia fueron obreros del campo –ni siquiera militantes de partidos de izquierda– que habían apoyado las medidas de los gobiernos republicanos.

No es casualidad que en Valderas, donde había habido los conflictos en torno a la dehesa comunal los primeros días del alzamiento se detuviese por lo menos a 178 personas y fuesen asesinadas 79 vecinos/as con filiación en Valderas, tal como estudiaron Sol Gómez Arteaga y Miguel García Bañales. 72 personas y hubiese 117 desaparecidos víctimas de la guerra, como se recoge en esta noticia del Diario de León. Pero esa es otra historia que alguien tendrá que escribir…

El señor de la foto es Benito Pamparacuatro. Si no lo conocen, les aconsejo que busquen información sobre él…

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