Fuentes #1 – La II República y el cuestionario sobre comunales a los pueblos


BOPL 13 Junio 1931

A lo largo de diversas entradas, hemos visto cómo los gobiernos liberales trataron de vender las propiedades comunales de los pueblos. El caso es que todas estas medidas no lograron crear una amplia capa de propietarios como era la intención original, sino que un sector del campesinado, desposeídos de los comunales, se vio aún más empobrecido y endeudado.

Por este motivo, ya en pleno siglo XX, la situación en el campo era desastrosa: caciques y políticos corruptos se habían adueñado de la vida política, día a día aumentaba el número de pobres y desposeídos, y las condiciones de vida de la población rural estaban cada vez más deterioradas. Prácticamente la única salida era «por barco», es decir, la emigración. No obstante, no todos podían viajar a Argentina o Cuba, destinos principales de unos 200.000 leoneses entre 1870 y 1920, ya que era necesario tener un pequeño capital, básicamente para comprar el pasaje de barco.

Además la ‘cuestión social agraria’ había ido empeorando en las primeras décadas del siglo XX a causa de políticas desastrosas. No se abordaban las verdaderas causas de los problemas y los distintos gobiernos únicamente se habían limitado a poner parches: que si colonias agrícolas, que si roturaciones en los montes, que si legitimación de roturaciones arbitrarias… la cosa era marear la perdiz, porque lo que pedían los campesinos eran tierras y aumento de los salarios y mejora de las comidas.

Todo ello venía agravado por una terrible crisis económica, la Gran Depresión, iniciada en 1929 en los EE.UU y que terminaría golpeando con fuerza a Europa y a los países destino de los emigrantes. Con este panorama de descontento generalizado, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los partidos republicanos ganaron ampliamente en la mayoría de capitales de provincia de España. Unas horas más tarde, el abuelo del actual rey abandona el país y es proclamada la Segunda República Española.

Las primeras medidas del primer gobierno republicano (presidido por un terrateniente católico-conservador, y al que acompañaban ocho liberales y tres socialistas) iban encaminadas a afrontar la grave crisis económica, así como a asentar y consolidar la institucionalidad del nuevo régimen político. Precisamente, en mayo de 1931 el Gobierno provisional declaraba su intención de abordar una reforma agraria integral que transformase la economía del país y paliase la desastrosa situación de miles de campesinos.

Esta reforma agraria, como recogería un año más tarde la Ley de Bases, tenía tres objetivos: evitar el paro obrero, distribuir la tierra y racionalizar la economía agraria. Una de las medidas propuestas, y que afectaría a León como veremos, fue el rescate de los bienes comunales que habían sido usurpados o despojados a los pueblos durante el siglo XIX.

Como no había tiempo que perder, en 1931 se empezaron a tomar las primeras medidas. El 13 de junio el Gobernador Civil en una circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León (BOPL) requería y hacía saber «a todos los Ayuntamientos de esta provincia que en el plazo de quince días deberán enviar al Ministerio de la Gobernación por conducto de este Gobierno Civil nota puntual de los bienes comunales, y de los pueblos agregados del municipio así como los del Estado que existan en la demarcación municipal expresando su extensión, producción, aprovechamiento y posible utilización (…)«.

También unos pocos días más tarde, el 19 de junio, en una nueva circular se solicitaba a los alcaldes que remitieran a la Comisión Técnica Agraria datos, informes, reclamaciones sobre “despojos sufridos o alteraciones experimentadas en los bienes comunales, de propios, realengos, baldíos, dehesas boyales o cualquiera otra clase de bienes cuya propiedad o aprovechamiento, o ambos a la vez hubieran pertenecido a los vecinos en común, incluyendo entre estos bienes a los conocidos con el título de señoríos”. El tema merece una entrada más en detalle.

Como puede adivinar el lector, las respuestas enviadas por los pueblos son sumamente interesantes; de hecho, es una especie de estadística sobre comunales, motivo por el cual esta entrada abre la serie de fuentes para una historia agraria de León.

Las respuestas de los pueblos las iremos viendo en una nueva serie, comentando los aspectos más destacables. Imagino que habrá cosas que os sorprenderán. Así que si os interesa el tema no seáis tímidos y dejad el correo: cada nueva entrada os llegará automáticamente.

Los comunales y la Guerra Civil en León


El período más vergonzoso de nuestra historia contemporánea es sin duda alguna la Guerra Civil (1936-1939). A pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, aún quedan temas por abordar; uno de ellos es la conflictividad originada al interior de los pueblos por la disputa de los recursos, y concretamente por los comunales.

A pesar que en la provincia de León la superficie de comunales vendida con la desamortización de Madoz fue mínima, en la primeras décadas del siglo XX el campesinado sufría un empobrecimiento generalizado. Además la población no dejaba de crecer. Las salidas eran complicadas; una era la emigración y otra la puesta en cultivo de nuevas tierras.

Así, por una parte muchos leoneses optaron por irse a Cuba y Argentina. Por otra, desde los sectores más pobres del campesinado se pedía el reparto de tierras; es decir, se pedía la roturación del monte, o que fuesen repartidos nuevos quiñones, especialmente en aquellos municipios donde únicamente accedían a los quiñones los vecinos más antiguos.

Ambas soluciones eran complicadas; para emigrar hacia falta dinero, y las roturaciones, prohibidas por la administración forestal, mermaban el espacio de pasto de los ganados, por lo que había vecinos que estaban en contra.

El caso es que hasta la llegada de la II República Española, ningún gobierno se atrevió a abordar la ‘cuestión social’ en el campo, como era llamada la problemática asociada a la generalización de la pobreza rural.

Para paliar la desastrosa situación del campesinado, durante el período republicano fueron autorizadas roturaciones en los montes de utilidad pública, se abolieron prestaciones señoriales que pagaban los pueblos (como el foro de Villamor de Riello) y  se aprobó la Ley de Bases de Reforma Agraria. Esta ley contemplaba el reparto de los grandes latifundios entre el campesinado, pero también medidas que afectaban a la provincia de León como el ‘rescate’ de comunales privatizados o usurpados en el siglo XIX (habrá una próxima entrada sobre este tema).

El caso es que los ‘repartos’ y las roturaciones en los comunales crearon mucha tensión y disputas al interior de los pueblos. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Valderas. Allí, hacia 1915 según un informe de Junta Central de Colonización y Repoblación Interior, en el último quinquenio habían emigrado más de 300 familias, a pesar de que la construcción del ferrocarril de Palanquinos a Medina de Rioseco había frenado un poco la sangría emigratoria.

Sin embargo la villa poseía una extensa finca comunal, la «Dehesa de Trasconejos», aprovechada por los ganaderos, cuya roturación y reparto había sido solicitada reiteradamente por los vecinos; por ejemplo en febrero de 1925, los vecinos, en un escrito dirigido al Ayuntamiento, solicitaban que la Dehesa destinada para pastos “rindiendo poco para dicho fin y en cambio pudiendo producir en abundancia cereales y leguminosas” les fuese cedida en arrendamiento, dejando para dehesa boyal y pastos una parte de la misma.

Recogiendo estas peticiones, el Alcalde solicitó la roturación, indicando que se trataba de una cesión temporal, siendo autorizada en 1926 la adjudicación de 444 parcelas. Diez años más tarde, en 1936, el problema persistía y el gobierno municipal republicano autorizó una nueva roturación y reparto que benefició a 713 personas.

Esta disputa por el uso de los comunales se dio en numerosas localidades, tal y como se puede comprobar en la documentación del Instituto de Reforma Agraria (IRA). Aunque no es lugar aquí de valorar las medidas republicanas, se advierte que estas medidas crearon tensión en muchos pueblos ya que además se utilizó la política de hechos forzados como roturar y repartir tierras comunales sin los permisos pertinentes y esperando que el IRA lo legitimase.

En cierta manera el consenso que había habido entre los distintos grupos sociales en defensa del comunal durante el siglo XIX se rompió: detrás de esta disputa por los comunales también había un enfrentamiento político y social. Por primera vez en mucho tiempo, el pequeño campesinado tenía poder decisorio. Es posible que estas medidas molestasen a los ‘cuatro ricos’ que hacían y deshacían y utilizaban los comunales a su antojo; es posible también que estas medidas alimentasen los miedos de una mayoría de vecinos que dependían de los comunales y temían que fuesen repartidos.

En los años previos a la contienda fratricida, la violencia ya estaba presente en muchos pueblos, y la disputa por el comunal agudizó el enfrentamiento entre sectores sociales. Aunque se desconoce bastante del impacto de la Guerra Civil en las zonas rurales de la provincia, se constata que en León los más pudientes y buena parte del campesinado apoyaron a los militares insurrectos.

Se intuye también que muchos de los represaliados en la provincia fueron obreros del campo –ni siquiera militantes de partidos de izquierda– que habían apoyado las medidas de los gobiernos republicanos.

No es casualidad que en Valderas, donde había habido los conflictos en torno a la dehesa comunal los primeros días del alzamiento se detuviese por lo menos a 178 personas y fuesen asesinadas 79 vecinos/as con filiación en Valderas, tal como estudiaron Sol Gómez Arteaga y Miguel García Bañales. 72 personas y hubiese 117 desaparecidos víctimas de la guerra, como se recoge en esta noticia del Diario de León. Pero esa es otra historia que alguien tendrá que escribir…

El señor de la foto es Benito Pamparacuatro. Si no lo conocen, les aconsejo que busquen información sobre él…

Vicente Flórez de Quiñones, un ilustre defensor de los comunales.


 

Vicente Flórez de Quiñones es una de esos leoneses ilustres que no tienen una calle dedicada en la capital, ni siquiera figura en la Wikipedia. No pasa nada: hoy cualquier mindundi puede tener su entrada en la «Enciclopedia libre». Sin embargo sorprende que alguien como Flórez de Quiñones no sea un persona reconocida, al menos en León.

Vicente Flórez de Quiñones nació en Murias de Paredes en 1898. Fue alumno de Laureano Díez Canseco, se licenció en Derecho a los 19 años, a los 21 era Doctor y en 1927 ingresó en el Cuerpo Notarial en 1927 ejerciendo, entre otros lugares, en Benavides de Órbigo y Murias de Paredes. Además de su ejercicio de notario, llevó una importante tarea de investigación sobre el derecho consuetudinario leonés.

Su obra más conocida es su tesis doctoral titulada «Contribución al estudio del régimen local y de la Economía Popular de España. Los pueblos agregados a un término municipal en la Historia, en la Legislación vigente y en el Derecho Consuetudinario Leonés» la cual fue publicada en 1924 y a la cual se puede acceder clickando en este enlace . Con todo lo que está pasando en relación a la Ley de Reforma local, es un libro de enorme actualidad; tal y como señala otro ilustre leonés, Florentino-Agustín Díez, «comprende un análisis meticuloso y profundo, cuidadosamente documentado, del rico y variado acervo institucional, vivido en el uso o la costumbre o escrito en las ordenanzas y libros de pueblo, de la vida local y concejil de nuestras tierras leonesas«. Dicho de otra manera: este libro es un tesoro, fundamental para entender el pasado de la provincia.

También son muy interesantes otras obras suyas como la monografía «Comunidad o servidumbre de pastos» publicada en 1933, «Supervivencias señoriales en el siglo XX» publicada en 1980 por el  Instituto Fray Bernardino de Sahagún, y especialmente «Exposición a las Cortes Constituyentes sobre un foro leonés» publicado en 1931, y que podéis encontrar aquí. Precisamente, en esta obra Vicente Flórez de Quiñones detalla la argumentación utilizada para defender la abolición del «Pan del Cuarto» una prestación señorial que, en pleno siglo XX, continuaba gravando a los 14 pueblos del antiguo concejo de Villamor de Riello.

Ya tendremos ocasión de volver sobre el tema. De momento, solo dejar dicho que Flórez de Quiñones defendió gratis (sí, así es, trabajó gratis) a los pueblos, consiguiendo que el 27 de septiembre de 1933 la Dirección del Instituto de Reforma Agraria la aboliese. También se implicó en la abolición de foros y prestaciones señoriales y en la redacción y promoción de los Decretos abolicionistas de la Segunda República Española. Dice el historiador Ricardo Robledo, experto en la reforma agraria republicana, que Flórez de Quiñones debe ser considerado como uno de los principales responsables de que la legislación antiseñorial se llevase a la práctica durante el período republicano.

Esta defensa de los pueblos y su colaboración con la República, no le salió gratis a Don Vicente. Acabó en Córdoba (hay quien dice que desterrado por el régimen franquista) donde ejerció de notario hasta el fin de sus días. En 1980, los vecinos de  las comarcas de Omaña y Babia le hicieron sendos homenajes; los primeros nombrándolo hijo adoptivo del pueblo de Riello (y poniendo su nombre a una plaza), y los segundos Pastor Mayor de Luna (para que os hagáis una idea de la importancia del evento, os recomiendo leer la noticia aparecida en El País al día siguiente). En este otro enlace podéis leer la semblanza suya que, para la ocasión, escribió otro ilustre leonés, Florentino-Agustín Díez. Finalmente, quienes quieran saber más sobre el personaje, en este enlace encontrarán una biografía suya más detallada.

Desgraciadamente, parece que hoy en día ya no quedan no leoneses ilustres con la generosidad y bonhomía de D. Vicente Flórez de Quiñones y Tomé.
A %d blogueros les gusta esto: