La creación del Servicio Forestal en León (1/2)


2.3.2. La intervención administrativa en los montes leoneses en León en la primera mitad del siglo XIX.

Para una buena parte de los estudiosos de la política forestal contemporánea, ésta comenzó con la creación del Cuerpo de ingenieros de montes, lo cual admite matizaciones. Es más, una buena parte de los estudios que ofrecen una visión apologética de la labor de los ingenieros de montes han sobrevalorado la labor de éstos, ignorando –quizá no de forma deliberada– con anterioridad a la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes ya había una Comisaría de Montes funcionando; es decir, por lo menos y en el caso de la provincia de León, a la llegada de los ingenieros, ya había “instancias administrativas” que se encargaban de los montes.

El punto de partida de la gestión contemporánea de los montes fue la Ordenanza de 1748, la cual desde un punto de vista administrativo era muy completa. Además de la obligatoriedad realizar plantaciones de árboles (Cap. IV, IX y XI), sometía las cortas de madera a un control bastante estricto siendo necesaria la obtención de licencias[215]; otra parte del articulado era bastante restrictivo con aquellos elementos que pudiesen dañar los montes, como el ganado cabrío –al cual se prohibía la entrada en los sembrados y plantíos de árboles (XXI)–, la elaboración de carbón vegetal (cap. XXIII), y las rozas y quemas (cap. XXII), las cuales estaban prohibidas; en el capítulo XXV mandaba elegir los guardas de Campo y Monte para la vigilancia, los cuales habían de denunciar “ante la Justicia Ordinaria, los que encontraren, ó justificaren hacer talas, causar incendios, introducir ganados, ó cortar sin licencia, procurando sean personas de buena opinión, fama y costumbres”. No merece la pena insistir en detalles sobre la Ordenanza de 1748, pero sí puntualizar que introducía importantes restricciones en la utilización de los montes, incluso en aquellos de propiedad particular, lo cual la hacía odiosa al ideario liberal.

Este carácter represivo de la Ordenanza de 1748 también tenía consecuencias negativas para los pueblos, ya que limitaba el consumo y la utilización de leñas y maderas de sus montes[216], lo cual planteó algún que otro conflicto[217]. A pesar de las quejas contra la ordenanza, desconozco si ésta era aplicada de forma estricta, aunque lo que sí parece comprobarse que ninguna legislación del siglo XVIII, tampoco las ordenanzas de 1748, palió la destrucción de los montes debido a razones como el aumento demográfico, la política marítima de los Borbones, el consumo de madera y carbón en las herrerías tradicionales, y la ausencia de una ciencia forestal y de inversiones por parte del Estado[218]. Ésta era una razón más que hacía necesario no sólo conservar los montes existentes sino también fomentar la producción de éstos.

Llegados ya al siglo XIX, y asumida la necesidad de incidir de forma ordenada y científica en la gestión de los montes aparecían dos problemas básicos: por un lado, al tratarse de recursos materiales era necesario formular una política sectorial que tuviese en cuenta todos los intereses conflictivos en torno a ellos; y por otro había que elaborar una infraestructura básica para la administración del sector[219]. A la primera de las cuestiones se trató de dar respuesta con la ley de 1833, que mantenía el carácter represivo de las ordenanzas anteriores, ya que parte del articulado estaba destinada a castigar los abusos que se produjesen en los montes. Respecto a la segunda, mediante estas Ordenanzas se creaba la Dirección General de Montes, la cual había de inspeccionar la actuación de los ayuntamientos y velar por la adecuada conservación de los recursos[220], viéndose todo ello complementado por una serie de disposiciones que trataban de “armar” lo que había de ser la Administración de los montes. En 1835, mediante un RD se dividía los montes en distritos y comarcas, y se preveía la creación de una Escuela y un Cuerpo Especial de Ingenieros de Bosques[221], para tratar de dotar de contenido práctico a estas nuevas Ordenanzas. Como ya vimos, un hito fundamental en la concreción de la nueva estructura administrativa fue la creación en 1848 de la Escuela Especial de Ingenieros de Montes y del Cuerpo del mismo nombre en 1853, inspirados en la dasonomía alemana e impulsados por la figura de A. Pascual[222].

Entre los objetivos de la ordenanza de 1833 estaba el aclarar y fijar los derechos de propiedad de los montes, administrar los montes realengos y velar por los montes de las entidades públicas[223]. Con las Ordenanzas de Montes de 1833 los montes de particulares recibían un trato más acorde con el espíritu de la Ley Agraria y el decreto de 1812 declarándolos cerrados a perpetuidad y dotando a sus dueños de la facultad de hacer con sus producciones el uso que cada uno estimase conveniente, reconociendo también a los ayuntamientos la facultad de gestionar sus predios[224]. También en la ley se regulaban los aspectos administrativos de la gestión de los montes, como por ejemplo la necesidad de proveerse de permisos para realizar labores de corta[225]. Precisamente, parece que la ley tenía un carácter netamente represivo, ya que una buena parte del articulado estaba dirigido a castigar abusos, lo cual la hacía de una excesiva dureza[226].

El que hubiese una Ordenanza muy severa no implica que el Estado “supervisase” efectivamente la administración de los montes, pero una serie de indicios –como la normativa publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León– permiten suponer que con anterioridad a la llegada de los ingenieros ya había un cierto control sobre la gestión de los montes. Siguiendo con un orden cronológico, mientras que en Madrid se estaba poniendo en marcha la Escuela de Ingenieros de Montes, una Real Orden de 23 de mayo de 1846 disponía la realización de una estadística forestal. En la provincia de León esta R.O. fue puesta en marcha por la circular que el 15 de enero de 1847, que la Comisaría de Montes y Plantíos envió a los Alcaldes Constitucionales y Secretarios de ayuntamientos. En ella se recomendaba “su mayor celo y eficacia en la exacta formación de la estadística de los montes mandada egecutar por real orden última de 23 de Mayo último bajo la firma y la responsabilidad de los espresados Alcaldes y Secretario de cada ayuntamiento y la del Comisario del ramo que igualmente tiene que autorizar estos trabajos después de practicados por él, y sus empleados ausiliares, los reconocimientos y examen facultativamente sobre la esactitud de la mencionada operación estadística, consultando en todo caso con los datos y antecedentes que al efecto existen en la Comisaría para el verdadero conocimiento de dicha riqueza de montes, dehesas, plantíos, viveros y otros cualesquiera terrenos que esten, hayan estado, ó deban estar destinados á la producción de arbolado, ya pertenezcan al Estado ó á los propios y comunes de los pueblos, ó ya á establecimientos públicos, sin omitir la comprensión de otros que los de propiedad particular[227]. La circular dejaba claros varios aspectos, y no parece que se estuviese improvisando, sino que esto formaba parte de la labor “cotidiana” de la Comisaría de Montes, que por otro lado, ya contaba con datos y antecedentes.

Para que estos trabajos se hiciesen con la mayor prontitud posible se remitió un modelo al que habían de arreglarse los trabajos. De él se habían de hacer dos duplicados, uno para remitir a la Comisaría de Montes y el otro para archivar en el ayuntamiento. En el modelo estadístico enviado se titulaba “Relación clasificada de todos los montes existentes en esta jurisdicción municipal, con arbolados ó sin ellos, punto donde se hallan, su estensión superficial ó cabida, por fanegas ó leguas de 20.000 pies cuadrados, poseedores actuales, número de árboles, sus especies, rendimientos anuales y observaciones” constando de 10 columnas en las que se ejemplificaban los datos a incluir en el estadillo, el cual había de ir firmado por el alcalde Constitucional, el Comisario del ramo, y el Secretario del Ayuntamiento[228]. Precisamente, en los archivos municipales de Boca de Huérgano y de Maraña, en la montaña leonesa, se conservan estos estadillos estadísticos[229]; en el caso de Boca de Huérgano lo destacable es que la estadística sigue el modelo propuesto, aunque no se consignó nada en la casilla de producción de los montes, por “no tener más aprovechamiento de ellos que puramente el desbroce de leñas muertas indispensables para el fogón (…) a pastos lo aprovechan los ganados de los pueblos indicados[230].

Más adelante, el 16 de abril de 1847, mediante una circular emitida por el gobierno político de León, se dictaron una serie de normas indicativas de cómo funcionaba el servicio forestal, reproducidas en el Apéndice 5. Quizá una de las características de la política forestal de la época es que ésta estaba ligada a los gobiernos políticos y en teoría sujeta a manejos[231]. Este sería uno de los problemas con los que se encontraron los Ingenieros de montes, presentándose ellos como un cuerpo “técnico” –y en teoría, ajeno a los manejos políticos–, por lo que sus decisiones a menudo entraron en contradicción con las de los Gobiernos Civiles[232]. En el capítulo siguiente habrá ocasión de ver cómo los pueblos solían recurrir ante el Gobernador Civil en muchos asuntos relacionados con los montes, creándose en muchos casos un conflicto de competencias que había de solucionar el Ministerio de Fomento.

Yendo al análisis concreto de esta normativa, en el BOPL de 28 de abril de 1848 se publicó una circular en la cual se daban instrucciones para los expedientes de aprovechamientos. Para ello los pueblos y ayuntamientos habían de seguir dos modelos administrativos que eran muy similares a lo que posteriormente fueron los planes de aprovechamiento forestal. El primero de ellos debía ser rellenado por los alcaldes pedáneos y entregado a los ayuntamientos que, en los meses de abril o mayo, habrían de presentar un nuevo modelo [reproducido en el Cuadro 2.5] que englobase a todos los pueblos de municipio con la solicitud de cortas a la autoridad competente.

También los Comisarios de Montes tenían la obligación de llevar un registro por partidos o comarcas de las licencias que solicitasen los pueblos, para poder informar sobre estos expedientes[233]. No parece que esta normativa se siguiese al pie de la letra, ya que en una circular posterior se señalaba que habiendo “transcurrido el término que les fue señalado para la formación y remisión de los expedientes de cortas ordinarias de leñas para los hogares, aperos de labranza y más usos vecinales que los respectivos pueblos poseedores de los montes tienen necesidad de aprovechar, sin que llegue á doce el número de Ayuntamientos que hasta el fin del próximo pasado Mayo hayan cumplido con la indicada presentación[234]. Aunque la circular se dirigía de nuevo a los ayuntamientos para que remitiesen de nuevo en el plazo de un mes los expedientes de solicitud, los indicios que muestran que las Comisarías de Montes llevaban a cabo un control importante de los montes, y –al menos en teoría– “en el mes de Enero de cada año los Ayuntamientos remitan al Comisario del distrito un estado expresivo de la expresión de la situación de los montes pertenecientes á los pueblos del mismo, sus adelantos, medios de mejorar el arbolado, cortas hechas en el año anterior y valor aproximado de sus productos[235]. Es decir, mucho antes de que fuesen establecidos los Planes de Aprovechamiento Forestal, ya algunos pueblos remitían estadísticas de superficies, producción y aprovechamientos de sus montes.

Aunque con la creación de los Ingenieros de montes se supone el comienzo de la política forestal y de la mercantilización de los montes, todo lo visto hasta ahora supone un claro antecedente de la política forestal contemporánea. De ella se podrían destacar algunas características como la existencia de planes de aprovechamiento y de subastas de esquilmos de los montes del Estado y de los pueblos, como maderas, leñas y otros frutos, de acuerdo a un pliego de condiciones[236]. Habría que subrayar dos cosas; la primera es que, a diferencia de lo ocurrido posteriormente, los vecinos tenían derecho gratuito a las maderas destinadas a usos domésticos; la segunda es que el resto de los usuarios que necesitasen maderas habían de solicitar los permisos pertinentes a la Administración y acudir a las subastas para obtenerlas..

Otro aspecto abordado en esta normativa previa a la entrada en juego de los ingenieros de montes hacía referencia a las repoblaciones en los montes. En el BOPL de 8 de noviembre de 1848 se publicó una “Real orden que determina se hagan por los pueblos siembras y plantaciones en los montes” señalando que “Dado el impulso, creados los empleados á cuyo cargo se confía la dirección del cultivo, divididos los montes en distritos, organizada su administración, con autoridades obligadas á fomentarla , ni puede haber ya graves dificultades que retaren la restauración intentada, ni razones plausibles para privar por más tiempo de sus ventajas al Estado y á los pueblos (…)”. Para ello se dictaban una serie de disposiciones como que los Ayuntamientos destinasen una cantidad en sus presupuestos para estas siembras y plantaciones; también que serían preferidos para las plantaciones y las siembras, aquellos montes que tuviesen una mejor disposición de los suelos, estuviesen próximos a las grandes poblaciones, o se advirtiese escasez en las inmediaciones de éstos, escasez de leña y maderas de construcción, etcétera. Lo más destacable es que estas repoblaciones se llevaron a cabo como se deduce de la memoria de 1847 y de algunos planes de aprovechamiento[237].

Del funcionamiento de las Comisarías de Montes ilustra también el trabajo del Servicio de guardería forestal, que parecía estar a pleno funcionamiento en las décadas centrales del siglo XIX. Así, por ejemplo en el BOPL de 30 de julio de 1847, el Gobierno político de la provincia de León publicó un artículo de oficio por el que designaba 13 guardas forestales para vigilar los dos distritos forestales en que se hallaba dividida la provincia. De ellos, 5 guardas de «a caballo» fueron destinados a custodiar los montes de los partidos judiciales de León, La Vecilla, Riaño, Sahagún y Valencia de Don Juan; el resto de guardas de «a pie» se encargarían de cubrir las 8 comarcas en que subdividía el otro distrito forestal, y que incluía a los partidos judiciales de Villafranca del Bierzo, Ponferrada, Murias de Paredes, Astorga y La Bañeza. Junto al nombramiento de estos guardas figuraba un prontuario de 33 artículos sobre las obligaciones a las que quedaban sujetos o detallando asimismo otros aspectos administrativos o disciplinarios. De este modo, en el prontuario se establecía la obligación de: cuidar y mejorar los montes puestos a su custodia, vigilar el cumplimiento de la legislación de montes (art. 1º), de dar cuenta de los daños (art. 8º), de vigilar que los aprovechamientos se realizasen con la autorización del Comisario de distrito (art. 10º), y otras muchos aspectos que no tiene sentido detallar. Asimismo se establecían prohibiciones como el no poder ausentarse de su término sin permiso (art. 6); no poder tratar en maderas ó leñas (art. 2º) o la prohibición de recibir retribuciones de los ayuntamientos ó particulares (art. 3º)[238].

(continuará…)

[215] En el Archivo Municipal de Barrios de Luna hay numerosos ejemplos de licencias; en una de estas se recoge: “Lorenzo Álvarez vecino de Miñera de este concejo referido hago (ilegible) presente con el respeto debido, como la casa de mi morada y establo de mis ganados, con las muchas nieves que han caído en este término, se han arruinado y caydo, y para poderlas reparar, necesito cortar cinco pies de roble en los montes de este anotado lugar; y para no incurrir en pena alguna (…) se sirva concederme el permiso y licencia para la corta de dichos árboles en que recibiere merced”, [AHPL, Fondo Archivo Municipal de Barrios de Luna. Legajo 11.499/32].
[216] Así se recoge en el artículo XXXI (14) “En atención a los (daños y perjuicios) que también se han originado del abuso de dar los Concejos, y justicias por su propia autoridad licencias para entre sacar los Montes y cortar los Arboles de pie para fábricas de Madera á propios usos, se les prevenga, encargue, y mande de nuevo se abstengan de cometer este exceso, baxo la pena de ser castigados con el mayor rigor, sobre que deberán zelar mucho los Corregidores, y en que solo permitan uno ú otro Arbol, en caso de necesidad para los propios obrages de los Vecínos” [Real Ordenanza (1805)].
[217] Por ejemplo, en León, el Procurador General y Defensor de Pobres se quejó de las Ordenanzas de montes, especialmente por el trastorno que causaba a la gente de la montaña, los cuales obtenían una parte de los ingresos de la venta de madera y aperos de labranza y otros útiles; dice así el escrito: “Que tan multiplicadas vejaciones y exacciones continuas que el Subdelegado de Montes de aquel Rey y promotor Fiscal de su Juzgado (…) han perseguido á aquellos pueblos infelices vecinos 42 años a esta parte a título de denunciar las talas y cortas de árboles han sido tales que ellas solas no solo han bastado para llevar la devastación en medio de aquellos tristes habitantes, sino para que hayan vivido en estado de guerra, dejando abandonados sus campos, para presentarse en la Capital a recibir la ley que se les daba por un Juez interesado en interpretarla conforme a sus miras e intereses. (…) No hay duda que si este ardor en denunciar produjere el efecto que se propone, sería ciertamente laudable; pero todo sucede al contrario porque es imposible que los Montañeses de León dejen de hacer (…) a no ser que abandonen su tierra natal. Les es imposible abandonar el (…) de la leña; en las tres partes del año, si han de resistirse del frío (…) A estas causas de (…) necesidad se agrega otra no menos urgente. La esterilidad del país y el corto producto de la cría de ganado, único ramo de su industria nunca han sido bastantes para la manutención de su numerosa población: y de aquí ha procedido que aquellos laboriosos habitantes se hallan ocupados en todo tiempo en la construcción de carros y fábrica de instrumentos para las operaciones de la Agricultura, que de tiempo inmemorial se han llevado a vender a Castilla, sirbiéndoles su importe para comprar los granos que les niega el país” [AHPL, Protocolos Notariales de Riaño, Legajo 11.835/816, “Informe sobre corta y tala de árboles, 1803”].
[218] Bauer (1990).
[219] Groome (1990), p. 39.
[220] Sanz Fernández (1985), p. 203
[221] Casals Costa (1988) y (1996); Reguera Rodríguez (1998).
[222]Según Cotta, considerado por algunos como el “padre de la dasonomía moderna”, había dos axiomas para el mantenimiento de la riqueza forestal: a) la existencia de un cuerpo facultativo encargado de la administración de los montes, y b) que el Estado fuese el propietario y gestor del monte alto y maderable [Casals Costa (1988), p. 10-11].
[223] Groome (1989), p. 137.
[224] Sanz Fernández (1985), p. 203. Respecto a los montes del los pueblos, rezaba así el artículo 13 de la ordenanza: “La administración de los montes de propios y comunes de los pueblos que esté actualmente en mano de sus Ayuntamientos respectivos, continuará al cuidado de estos; y sus productos se aplicarán á beneficio de los mismo propios ó vecindarios á que hoy deben pertenecer (…)”. Sobre la ordenanza de 1833 véase también Jiménez Blanco (1991a), p. 263 y GEHR (1999), pp. 147-149; un aspecto importante dentro de esta relativa autonomía local fue el respeto a los usos legalmente establecidos en cada localidad para el aprovechamiento de los montes de los pueblos.
[225] Por ejemplo, señala ésta: “Los vecindarios que posean montes de propios ó comunes, ó que tengan uso de maderas ó leñas en los del Estado ó establecimientos públicos, no podrán entrar á cortar no sacarlas sin preceder la autorización del Gobierno de S.M. ó del Gefe Superior político, procurando que se observen exactamente las prevenciones con que se conceda la corta, así como las medidas adoptadas por los empleados del ramo, acerca del modo de cortar, sacar y arrastrar las leñas ó maderas ya cortadas, y al recuento, limpieza y reposición del terreno en su debido tiempo” [BOPL nº 91, 30 de julio de julio de 1847, Gobierno político, “Prontuario de las obligaciones á que quedan sujetos los guardas mayores…”].
[226] Sanz Fernández (1985), p. 203 señala que se trataba de una ley aceptable excepto en su parte penal, de una excesiva dureza; véase GEHR (1999a), pp. 147-149.
[227] AMBoca de Huérgano, Legajo 1/5, “Circular de la Comisaría de Montes del primer distrito de la provincia de León”.
[228] En cada una de las columnas figuran por este orden los siguientes encabezamientos: Pueblos que comprende este Ayuntamiento, Montes sus nombres, Poseedores, Cabida ó Estensión Superficial, Con Arbolado, Sin él, Número de árboles, Sus especies, Rendimientos anuales aproximados de todas clases, Observaciones. En cada una de las casillas se ejemplifica con varios montes, y en la parte inferior hay unas notas aclaratorias sobre cómo había de rellenarse este estadillo [AMBoca de Huérgano, Legajo 1/5].
[229] AMMaraña, Legajo 39. Signt. 91, “Relación de los montes que hay en el término de esta Villa de Maraña y designación de su arbolado, los cuales según se denominan son todos comunales y de común aprovechamiento, 1856”. El documento citado señala que reunidos los vecinos se leyó la relación de montes, siendo preguntados si alguno conocía alguno más; se afirma que son montes pertenecientes “al común de vecinos de esta Villa de cuyo común aprovechamiento han sido siempre, y si bien no pueden presentar al menos en el acto los títulos de pertenencia o adquisición porque tal vez no existen, siendo como son los montes y su comunal aprovechamiento tan antiguo como el mismo pueblo, se halla sobradamente justificada esta pertenencia y disfrute (…) como lo es para usar de las maderas y leñas que producen (…) con arreglo á las Ordenanzas ha bastado siempre adquirir vecindad en esta Villa: que no hay noticia de cosa en contrario, ni de que Jamás se haya puesto el menor obstáculo á este aprovechamiento por parte de los Delegados del Gobierno de S. M. en esta provincia, ni la Dirección General de Montes (…)”.
[230] En el Archivo Municipal de Boca de Huérgano se conservan distintos documentos sobre montes como uno titulado “Relación de todos los montes esistentes en esta jurisdicción municipal, con arbolado o sin ellos, punto donde se halla, su extensión superficial ó cabida por fanegas o leguas de pies cuadrados, poseedores actuales, número de árboles, sus especies, rendimientos anuales y observaciones” [AMBoca de Huérgano, Legajo 1/5], y que respondería a los requerimientos de la circular de la Comisaría de Montes [15/01/1847] en la que se recomendaba “a los Alcaldes Constitucionales y Secretarios de Ayuntamientos su mayor celo y eficacia en la exacta formación de la estadística de los montes mandada egecutar por real órden de 23 de Mayo último”.
[231] Indicaba Núñez de Arias (1854), p. 33: “Convertidos muchos de los empleados de montes en agentes electorales; movidos y estimulados á su vez por los gobiernos, por los partidos y por los candidatos, aquellos gobiernos tuvieron que cerrar los ojos sobre el abandono y desvío de su principal objeto; es más, llegaron á premiar servicios que nunca pudieron prestarse, sino faltando á los deberes del empleo y á espensas de los desatendidos montes”.
[232]Una vez constituido el cuerpo de ingenieros, lo más lógico, lo más natural, lo más conveniente es acudir con este nuevo personal, libre de preocupaciones y rutinas, desprovisto de compromisos locales, lleno de celo y pundonor y solícitos de la gloria del cuerpo, á remediar el mal que se presentaba más alarmante, y que por lo mismo ofrecía menos espera: el administrativo” [Núñez de Arias (1854), p. 35].
[233] BOPL, nº 51, 28 de abril de 1848. Por desgracia, todos los intentos para localizar la documentación de montes que debía conservarse en los Gobiernos civiles han sido infructuosos, y a que lo más probable es que no se haya conservado. Pero el hecho de que se conserve el Libro del Guarda de Villafranca, o distintos Estadillos de aprovechamientos forestales en ayuntamientos de esta época hace pensar que los Comisarios de Montes sí que llevaban a cabo este tipo de registros.
[234] BOPL, de 21 de junio de 1848, nº 74.
[235] BOPL, de 15 de mayo de 1848, p. 234.
[236] Como prueba de ello se podrían citar varias anotaciones recogidas en el «Libro del Guarda Mayor de de Villafranca»; por ejemplo en octubre de 1861, nº 65 se dice: “el pliego de condiciones para la subasta de la castaña del Soto, según se previene, cuya venta se verificó a D. Pedro Yebra de dicha cantidad en 400 rs. En este día pasó oficio el Alcalde constitucional al Sr. Ingeniero reclamando 50 guías para conceder alguna leña delgada los pueblos inmediatos a Villafranca”. También en el Boletín Oficial de la Provincia de León aparecen anunciadas alguna de estas subastas; por ejemplo: “Se halla hecha y admitida postura á las leñas del monte de roble perteneciente al Estado en término de Pedrún y titulado Canto de Ciduerno, en la cantidad de mil ochocientos rs. (que es la que se fijó por tipo en el anuncio inserto en el Boletín oficial de la provincia de 19 de Enero último,) con arreglo al pliego de condiciones formado al intento por el Comisario de montes y plantíos de este distrito(…). Las personas que quieran mejorar dicha postura acudan á la Secretaría de este Gobierno político donde tendrá efecto el remate de las mencionadas leñas el día 28 del presente mes a las 11 de la mañana. León 21 de Febrero de 1849.= Agustín Gómez Iguanzo” [BOPL, 26 de febrero de 1849, nº 24]; “D. José Villarroel, Alcalde constitucional del Ayuntamiento de Renedo de Valdetuejar en certificación del secretario del mismo Ayuntamiento: Hace saber: como en la solicitud de permiso de órden del Gobierno con informe del Sr. Comisario de Montes de la provincia de León, se halla permitida la estracción de noventa álamos de plantío común de la villa de Renedo, y habiéndose formado el plan de condiciones que se fijó al público para anunciar la subasta, y bajo la cual, y plazo de treinta días contados desde hoy fecha con beneficio de posturas dentro de quince días, y á los quince siguientes para las mejoras, y su remate será el siete del próximo Julio á las ocho de la mañana; y porque se haga notorio, con anuncio á los pueblos inmediatos y que se inserte en el Boletín de la provincia, se pone el presente en Renedo y Junio seis de mil ochocientos cuarenta y ocho. = El Alcalde, José Villarroel. (…)” [BOPL, de 26 de abril de 1848]. También hay subastas en Boñar [BOPL, 28 de julio de 1848), Vegas del Condado [BOPL, 7 de agosto de 1848], Santa Colomba de Curueño [BOPL, 23 de agosto de 1848]; o La Seca (Cuadros) [BOPL, de 22 de marzo de 1848, nº 35].
[237] Así se indica en la «Memoria de 1848» [AHDPL, Fondo histórico, “Memoria del Estado en el que se hallan en esta Provincia los negociados dependientes del Ministerio de la Gobernación del Reino, que están a cargo del oficial 1º de este Gobierno Político”, 1848]; en concreto en la memoria se detallan las plantaciones llevadas a cabo en las distintas comarcas. Años más adelante, en las memorias justificativas de los planes de aprovechamiento, aparecen algunas referencias a estas repoblaciones; por ejemplo en la Memoria justificativa del plan provisional de aprovechamientos correspondiente al año de 1879 a 1880 el ingeniero haciendo una reflexión sobre las zonas de la provincia a repoblar y el modo de llevarlo a cabo señala que habría que poner las repoblaciones con la obligación expresa de poner la prestación de cada pueblo en su término y de eximir del pago de 10% a los pueblos, señalando que “halagados por esta idea se repoblaría esta parte de la provincia, como se verificó en el año 1847 en pequeñas proporciones” [AMAPA, PAFs (León). Legajo 28/2, “Memoria justificativa del plan de aprovechamientos de 1879 a 1880”].
[239] BOPL, nº 91, 30 de julio de 1847, “Artículo de Oficio. Gobierno Político, 2ª Sección. Montes nº 372”.

Reproducido con permiso del autor. La publicación original se encuentra en este enlace pp. 264-281.

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