Categoría: Historia

Contra la simplicidad del discurso económico: Albert O. Hirschman


Hace unos días vi que en 2020 fue reeditado en España el libro de Albert O. Hirschman «La retórica reaccionaria». Parece que ha tenido éxito y la gente empieza a leer a este economista, lo cual no deja de ser una buena noticia. Hirschman es un economista de los buenos, no como Mises, Hayek y otros cantamañanas de la escuela austríaca. Hirschman es un economista que propone una visión “alternativa” y crítica de la economía.

Estas visiones críticas nos remiten a preguntas básicas: ¿cuál es la relación entre la historia del pensamiento económico y la economía actual? ¿En un momento como el actual, son útiles estas teorías?. Hay quien dice que la historia del pensamiento económico es irrelevante respecto a la teoría y el análisis contemporáneo; que el contexto y la forma cómo se construyeron las grandes teorías económicas es muy diferente del actual y por tanto para comprender la realidad económica actual, no hay mucho que aprender de la historia del pensamiento económico.

En lo que a Hirschman se refiere, además de los intereses, en lo cual los economistas tienen a fijar su atención, él añadió el amor, la generosidad, la lealtad o la ética como elementos a considerar en el análisis económico.

Albert Hirschman, nacido en Berlin en 1915, en los últimos años de vida fue Profesor Emérito del Institute for Advanced Study en Princeton (EE.UU.). Graduado en 1937 en Trieste, comenzó a trabajar sobre la demografía y la estadística de la economía italiana. En su primer libro, National Power and the Structure of Foreign Trade (1945), se ocupó de los aspectos históricos y teóricos de la relación entre el poder nacional y la estructura del comercio exterior, con referencia explícita a las políticas de la Alemania nazi. Ya en esta obra Hirschman adoptaba una posición crítica con respecto a varios de los fundamentos teóricos de la doctrina económica dominante. También en The Strategy of Economic Development (1958), uno de sus libros más importantes, y en Journey toward Progress (1963), Hirschman propone un análisis muy heterodoxo para afrontar los problemas de los países en desarrollo. El primero de ellos estaba centrado en la “búsqueda del primum movens” o las condiciones históricas, psicológicas y antropológicas del desarrollo económico. La conclusión a la que llega es que el desarrollo es posible, incluso con escasos recursos naturales; que, en condiciones adecuadas, las capacidades productivas pueden cultivarse por toda la población; y que no es cierto que el ahorro puede ser crónicamente insuficiente al igual que la capacidad empresarial. Para él, es más importante el hecho de que el desarrollo depende de la capacidad de movilizar los recursos y capacidades ocultas, dispersas y mal utilizadas. El análisis de Hirschman sobre el desarrollo se centra en la observación de los aspectos sociales y políticos del crecimiento económico, una línea de investigación que encontró su plena expresión en la notable colección de artículos A Bias for Hope: Essays in Development and Latin America (1971).

En 1977 Hirschman publicó Las pasiones y los intereses, un importante libro sobre la historia de las ideas en la que reconstruye la larga secuencia de pensamiento que, iniciada por Maquiavelo, llevó a la doctrina del siglo XVII al predominio de los intereses sobre las pasiones. En la Teoría de los sentimientos morales, A. Smith había colocado los impulsos no económicos al servicio de los económicos, haciéndoles perder la autonomía específica que habían disfrutado con anterioridad. Posteriormente, en La riqueza de las naciones, su análisis se basa en la idea de que los hombres básicamente estaban motivados por el deseo de mejorar sus condiciones económicas. Basados en ello, los seguidores utilitaristas desarrollaron la idea de que incluso la «simpatía» y otros sentimientos morales se podrían definir en sí mismos en relación con el interés propio. Este fue el comienzo de la economía política moderna: una gran conquista intelectual que, sin embargo, trajo consigo una reducción significativa de la esfera de investigación, así como un empobrecimiento de la concepción de la naturaleza humana.

Esta es la primera tesis importante del pensamiento de Hirschman: es necesario gradualmente complejizar la disciplina económica, la cual hasta el momento, ha estado basada en supuestos muy reduccionistas. Esta crítica se dirige principalmente hacia la teoría neoclásica, aunque en sus críticas incluye otros muchos enfoques alternativos, desde los keynesianos a los institucionalistas, o de los marxistas a los neo-institucionalistas. Una característica constante del trabajo de Hirschman es su negativa a respetar los límites tradicionales de la disciplina. Este es el mensaje central de Essays in Trespassing: Economics to Politics and Beyond (1981), un libro que contiene una enérgica invitación, dirigida específicamente a los economistas, a considerar las acciones humanas y todos aquellos comportamientos que no puede encajan en la noción tradicional de «intereses». Aunque no llega a elaborar una teoría al respecto, deja claro que el amor, la benevolencia y el espíritu cívico juegan un papel importante en la economía.

En Shifting Involvements (1982), Hirschman se centró en el problema de las oscilaciones del compromiso humano entre lo privado y lo público. También en “Contra la simplicidad: Tres maneras fáciles de complicar algunas categorías del discurso económico” (1984) retoma el tema de las dificultades y la complejidad del discurso económico (Podéis descargar el artículo en este enlace).  Esta complicación, según Hirschman ocurre cuando se introducen en el ámbito de la disciplina de la economía, dos peculiaridades fundamentales y dos tensiones inherentes a la condición humana. La primera de ellas sería la «auto-reflexión», la «voz», la protesta, en la cual que también se había interesado su obra Exit, Voice and Loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states (1970). Y la otra que haría referencia a la distinción entre conducta “instrumental” y “no-instrumental” y entre interés personal y moralidad pública. De esta manera, el problema económico pasaría de una reducción ortodoxa simplista a un principio de maximización restringida.

En fin…

Notas para una historia de la infamia (iv): la masacre de El Mozote


Hace años transité por la carretera que une San Francisco Gotera y Perquín en El Salvador. Exuberantes bosques de coníferas tapizan los cerros que bordean la llamada ‘Ruta de Paz’ e invitan a la ensoñación. Sin embargo en esas montañas se esconde una terrible historia que merece un puesto de honor en la ‘historia universal de la infamia’.

Si uno va un poco atento a las señales de tráfico podrá ver que en sentido Perquín, a mano derecha, hay una señal que indica la salida a «El Mozote». No sé si el lector conoce la historia de lo ocurrido, pero se trata de la mayor matanza de campesinos en el hemisferio occidental de la época contemporánea; allí, en diciembre de 1981, militares del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron al menos a 986 personas indefensas, entre ellos 552 niños y 12 mujeres embarazadas.

Les resumo lo ocurrido, aunque en internet pueden encontrar abundante información al respecto. En una operación contra la guerrilla «Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)», más de 1.200 soldados apoyados por bombardeos de la Fuerza Aérea, en diversos poblados, cantones y caseríos del Departamento de Morazán fueron reuniendo por la fuerza a los campesinos y sus familias para, después de torturarlos, asesinarlos de forma vil y cruel: numerosas mujeres jóvenes fueron violadas y muchos niños murieron degollados. También las viviendas y los animales fueron quemados, resultando totalmente arrasados los poblados de El Mozote, Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo; los cantones de La Joya y Cerro Pando, y el sitio conocido como Cerro Ortiz. El ‘delito’ de estos campesinos era vivir en una zona rural limítrofe a la zona controlada por la guerrilla.

Rufina Amaya, la única superviviente de la matanza ocurrida en el poblado de El Mozote pasó varios días escondida en una cueva hasta que fue encontrada por guerrilleros que la condujeron a un campo de refugiados. Allí contó lo ocurrido a la emisora clandestina Radio Venceremos de la guerrilla. El Gobierno de El Salvador y la Embajada de los EEUU en el país negaron los hechos manifestando que era “propaganda izquierdista” proveniente de “fuentes no confiables”. Hubo también otros supervivientes en las aldeas vecinas los cuales, al ver los bombardeos, tuvieron tiempo de huir y días más tarde al regresar a sus viviendas se encontraron con las escenas de muerte y destrucción.

Sin embargo, el tema llegó a medios internacionales y a finales de enero de 1982, el The New York Times y The Washington Post publicaron sendos reportajes sobre El Mozote. La Casa Blanca negó la masacre y los periodistas que estaban detrás de las informaciones —Alma Guillermoprieto y Raymond Bonner— fueron denostados y acusados de mentir. No es extraño, ya que recientemente se ha sabido que los militares salvadoreños estuvieron apoyados por agentes estadounidenses. Como suele ocurrir en estos casos, los gobiernos salvadoreños de entre 1981 y 1989, apoyados por los EEUU, negaron la masacre señalando que se trataba de rumores propagados por periodistas de orientación comunista para perjudicar al país.

En 1990 fueron firmados los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno y algunos campesinos que habían perdido a su familia en esta masacre, apoyados por diversos organismos internacionales de derechos humanos, empezaron a denunciar ante la justicia de El Salvador.

En 1992, el Equipo Argentino de Antropología Forense que llevaba años trabajando en el país, empezó a hacer excavaciones en El Mozote, y recolectó 492 osamentas, la mitad de ellas de menores de edad. A partir de ahí ya no se podía seguir tapando el sol con la mano.

Aunque desde esa fecha los gobiernos de El Salvador ya no niegan la masacre, no han hecho nada para que se juzgue a sus responsables o incluso han obstaculizado la acción de la justicia bloqueando el acceso a las instalaciones militares o negando que existan archivos militares de aquella época; dicen que se han extraviado y por tanto es imposible establecer quién o quiénes ordenaron la  masacre. Es más, aunque los responsables fuesen identificados estarían amparados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, y no podrían ser juzgados.

Aún así, en los últimos años ha habido pequeños avances, ya que por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) considera que se trata de crímenes de lesa humanidad y ha acreditado la responsabilidad del Estado salvadoreño sobre los hechos ocurridos en El Mozote. A pesar de ello, el tiempo juega en contra: una buena parte de los campesinos supervivientes de esta masacre han muerto sin obtener justicia, como también han muerto sin ser juzgados y condenados 15 de los 28 oficiales militares mencionados en la acusación.

En fin. En diciembre de este año se cumplirán 40 años y los inocentes masacrados en El Mozote aún esperan justicia. Una verdadera infamia.

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La foto que acompaña la entrada es de Susan Meiselas

Gestión tradicional de los comunales en León (iv): arriendos y subastas de aprovechamientos


Y por fin… la última parte de la serie sobre gestión de los comunales:

3.4. Una nota sobre comunales y haciendas locales.

Además de los aprovechamientos directos, de mayor significación para las economías rurales, los comunales también proporcionaban ingresos a las haciendas locales con los cuales afrontar gastos (pago de impuestos, por ejemplo), realizar mejoras que beneficiasen a la comunidad (como el sostenimiento de la escuela).

Esta explotación indirecta del comunal eximía a los vecinos de hacer aportaciones para pagar impuestos o gastos comunitarios y permitía a los concejos contar con recursos financieros. Por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX, el arriendo de los puertos de montaña –y en ocasiones del estiércol– proporcionaban un numerario tan importante que algunos concejos de montaña mantenían maestro, cirujano, o guardas de campo remunerados[21].

En aquellas comarcas de la provincia donde la superficie de comunales era menor, los principales ingresos procedían de los «propios» y de los arriendos de rentas que gravaban el comercio y el consumo, aunque también los bienes comunales eran utilizados para hacer frente a los gastos de las haciendas locales. En este caso la vía fue la enajenación temporal –arriendos– o enajenación perpetua –venta– de los patrimonios concejiles; un ejemplo de ello es la «Dehesa de Trasconejo» en Valderas cuyo aprovechamiento de pastos era subastado anualmente por el ayuntamiento.

En otros lugares, los comunales o bien eran gravados con un pequeño canon por su utilización —por ejemplo por cabeza de ganado o por cada quiñón de tierra— o bien su aprovechamiento era sacado a subasta.

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[20] El pueblo de Lario (Burón) a mediados del siglo XIX tenía por cuenta del concejo: castrador, herrador, cirujano, o guarda de campo, gracias al ingreso obtenido por el arrendamiento de los pastos [ACLario, Legajos varios]

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Texto extraído de Serrano Alvarez, J. A. (2014): «When the enemy is the state: common lands management in northwest Spain (1850–1936)«. International Journal of the Commons, 8 (1), 107–133. En este enlace podéis descargar el artículo original en inglés.

 

En primera persona: el Campo de Tiro del Teleno


El pasado 23 de febrero hizo 40 años que el B.O.E publicaba la expropiación de 61 Km2 de tierras comunales perteneciente a los pueblos de Priaranza, Luyego, Quintanilla, Boisán y Filiel. En realidad en estos terrenos se venían haciendo prácticas de tiro desde los tiempos de la II República y se formalizaría esta relación en un convenio de uso que firmó el Ministerio del Ejército con las juntas vecinales en el año 1963.

Yo mismo pude comprobar in situ los inconvenientes que para las actividades de estos pueblos suponían las maniobras del ejército ya que, durante el servicio militar obligatorio, fui conductor de carros de combate y pasé una semana de maniobras en 1978 en Lagunas de Somoza. El paso de estos enormes vehículos por unas carreteras tan estrechas suponía unos daños considerables en las mismas y muy frecuentemente en los edificios colindantes a su paso por las poblaciones.

Pero el inconveniente mayor era, sin duda, las limitaciones que las actividades del ejército suponían para los usos agrarios y ganaderos del territorio.

En 1980 el Ministerio de Defensa anunció su ampliación. Esto suponía la expropiación de los comunales de las localidades antes mencionadas y de hecho la prohibición de uso de estos terrenos para actividades agrícolas y ganaderas.

La oposición de los pueblos de Maragatería a la expropiación fue generalizada. No hubo la misma respuesta por parte de la ciudad de Astorga cuyo alcalde era del partido del gobierno y, quizás, más preocupado por mantener el destacamento de Astorga, trataba de contrarrestar la contestación, resaltando las ventajas que supondría para los lugareños la ampliación de campo de Tiro.

En cambio, sí que hubo un apoyo destacado de la prensa local. El Faro Astorgano publicó una serie de artículos, entre los que cabe destacar los del profesor de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid Tomás Pollán, natural de Valdespino de Somoza, que fueron demoledores. La limitada libertad de expresión que existía entonces desembocó en una condena de su autor por críticas al ejército. Hay que mencionar también la ola de solidaridad con Tomás Pollán desde distintos puntos de la geografía española.

A pesar de la oposición frontal al Campo de Tiro no sería hasta el 30 de agosto del mismo año cuando se llevó a cabo la primera gran manifestación en Astorga a la que acudieron, según la prensa local, más de 3.000 personas.

Pocos días después, el 11 de septiembre, se producían numerosas dimisiones de miembros de las corporaciones locales de Maragatería.

En febrero de 1982 volvieron otra vez las manifestaciones en Astorga pero con bastante menos gente. Existía una evidente desmoralización ante unos hechos que se daban por consumados y unos acontecimientos todavía recientes como fueron los del golpe de estado del 23-F que metieron a mucha gente el miedo en el cuerpo. Yo recuerdo una frase de un político de la época que dijo que era mejor aparcar las reivindicaciones porque “el horno no estaba para bollos”.

Como consecuencia de las expropiaciones del Campo de Tiro, la Diputación Provincial firmó un convenio de colaboración con las Juntas Vecinales de Luyego, Priaranza, Quintanilla y Boisán. En él se establecía la puesta en marcha de una Oficina de Desarrollo cuyo principal objetivo era movilizar los recursos derivados de las expropiaciones y los que las administraciones tuvieren destinados a poner en marcha iniciativas que reactivaran económicamente la zona.

La verdad es que la oficina nunca tuvo disponibilidad lógicamente sobre el dinero procedente de las expropiaciones que las Juntas Vecinales tenían depositados en las distintas entidades bancarias. Estos dineros, al menos durante el tiempo que estuve yo al frente de la oficina, estaban mayormente en cuentas a plazo fijo y los disponibles se dedicaron a mejoras de infraestructuras y servicios de los pueblos y también a jornales de los vecinos que acudían a los trabajos colectivos conocidos localmente como hacenderas.

La Oficina comarcal de Maragatería comenzó a funcionar en mayo de 1987. Estaba ubicada en las Escuelas de Luyego y disponía de dos personas; un gerente y un administrativo. Los gastos de mantenimiento de ésta corrían a partes iguales a cargo de Diputación y Juntas Vecinales.

Cuando se realizó la apertura de la oficina yo como responsable de la misma no partía de cero. Tenía una información exhaustiva y detallada de cómo estaba la zona ya que en 1984 la comarca de Maragatería y Cepeda fue declarada por el Consejo de Ministros Comarca de Acción Especial y yo había redactado el informe que sirvió de base para dicha declaración.

El contacto estrecho con los vecinos durante los primeros meses de funcionamiento nos permitieron crear las bases para la puesta en marcha de varios proyectos relacionados principalmente con el mundo cooperativo.

El tema del Campo de Tiro todavía coleaba. Las juntas vecinales mantenían sus diferencias con el ejército por los usos que hacía del territorio para realizar sus actividades. En un documento elaborado por las juntas vecinales el mes de junio exigían entre otras las siguiente medidas: restitución del uso ganadero y forestal, la limitación del horario de tiro, prohibición de que el trazado de los proyectiles discurriera por encima de los pueblos….

Por otra parte quedaban flecos de las indemnizaciones por cerrar. Yo asistí en el monte de Priaranza a la tasación de la madera que no había sido incluida en acuerdos anteriores. Aunque ya han pasado algunos años recuerdo muy bien la fuerte discusión que mantuvieron en pleno monte el militar encargado de la tasación de la madera y el Presidente de la Junta Vecinal de Priaranza. La oferta hecha por el militar era tan ridícula que el Presidente de la Junta Vecinal de Priaranza, que era maderista, amenazó con ir a casa por la escopeta.

Pero la relación con los militares, al menos durante los dos años que estuve al frente de la oficina, fue correcta.

Los daños producidos por los vehículos militares en casas o atropello de ganado fueron abonados.

Hechos más lamentables fueron los accidentes ocasionados por la manipulación de munición sin explosionar y los incendios producidos en 1998 y 2004 por las prácticas de tiro que quemaron miles de hectáreas de bosque y monte bajo. Al desastre ecológico derivado de los incendios hay que añadir las pérdidas en los usos forestales y la recogida de setas.

Ahora visto con perspectiva vemos que a Maragatería le faltó el apoyo a un plan de incentivos a la actividad económica como se ha hecho por ejemplo en las zonas mineras que compensara las limitaciones que imponía el campo de tiro. Pero a mí entonces me dio la impresión que me movía en un terreno contradictorio.

La oficina trabajaba para fijar la población a un territorio que a otros sectores le vendría mejor verlo despoblado.

En la misma contradicción incurrió la Diputación que después de dos años de poner en marcha la Oficina, de valorar muy positivamente sus actividades, de recibir el apoyo unánime de las Juntas Vecinales, terminó desmantelándola. La única razón que dio el Vicepresidente es que “no iba estar toda la vida”.

Las limitaciones impuestas por el Campo de Tiro no han sido las únicas que han contribuido a la despoblación de la Comarca, que tuvo un pasado prospero con el trasporte de mercancías de la Coruña a Madrid y una floreciente industria textil durante la primera mitad del siglo XX.

Pero igual que los arrieros no pudieron sobrevivir a la llegada del ferrocarril y prefirieron instalarse en Madrid comprando la mayor parte de las pescaderías de Mercamadrid, la industria textil tampoco pudo resistir a la deslocalización del sector que sucumbió ante la competencia de los países asiáticos por la globalización.

La Maragatería que siempre había sido tierra de emprendedores pero entró en una profunda decadencia a partir de los años sesenta ante el empuje de la actividad económica de las grandes ciudades, principalmente de Madrid.

Los cambios que se están produciendo actualmente en la sociedad tal vez supongan una oportunidad para que estos pueblos despoblados pongan en valor su rico patrimonio arquitectónico, su gastronomía, su potente tradición cultural que viene desde la época romana de la que se conservan numerosos yacimientos de la minería del oro, o el Camino de Santiago que atraviesa la parte alta de la comarca.

Autor del texto: Benito Álvarez González

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La foto que acompaña esta entrada es de Carlos Rosillo / El País. A continuación se pueden ver fotos de autor del artículo durante el servicio militar; en una de ellas se puede ver al fondo El Teleno con nieve:

Parques eólicos y solares: el gran pufo que se avecina…


Como pueden comprobar cada día en las noticias, casi en todas las comarcas montañosas y menos pobladas de nuestra geografía han surgido numerosos proyectos para la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos. Basta con hacer una sencilla búsqueda en Google para comprobar que, en comunidades autónomas como Galicia, Cataluña, Aragón, Castilla y León o en Andalucía, se cuentan por cientos los proyectos que han sido aprobados o se están en tramitación. Más allá de la controversia que estos proyectos suscitan, se intuye que detrás de esta fiebre por las energías renovables se esconden otros intereses más espurios que la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Bien. A diferencia de todos esos opinadores que trabajan para defender los intereses de las empresas energéticas, la mía es una opinión independiente. Además, aunque desgraciadamente los historiadores no tenemos capacidad de predecir el futuro, sí que podemos barruntar por dónde puede ir los tiros considerando experiencias pasadas. Y ya les adelanto que lo que se intuye es un gran PUFO.

Lo que está pasando se parece mucho a lo ocurrido en alguna otra época histórica y son muchos los casos que se podrían traer aquí a colación. Uno de los mejores ejemplos es la llamada ‘crisis del ferrocarril’ de mediados del siglo XIX. Yo me limitaré a dar unas pinceladas, pero si ustedes tienen inquietudes sobre el tema hay una amplia bibliografía disponible; entre otros, Jordi Nadal o Gabriel Tortella, prestigiosos historiadores de la economía, lo han tratado.

Todo se remonta a 1855, año en el que fue aprobada la Ley de Bases de los Ferrocarriles. Ya se contaba con la Ley de Desamortización de los comunales y en 1856 fue creado el Banco de España y promulgada y la Ley de Sociedades Anónimas de Crédito. Es decir, se disponía de una ley que impulsaba la construcción de líneas de ferrocarril y de leyes que facilitaban a las empresas el acceso a los capitales necesarios.

Dicho y hecho. Mientras en 1857 se contaba con 672 kilómetros de vías férreas, 10 años más tarde ya había más de 5.000 kilómetros construidos. Por todos los sitios surgieron compañías y proyectos ferroviarios ¿Les suena o ven algún paralelismo con la actualidad?

Pues bien. Seguimos. Antes de 1864 habían sido constituidas más de 22 sociedades y más de 1.500 millones de las pesetas de la época fueron invertidas en el ferrocarril. En cierta manera, se consideraba que los caminos de hierro eran la ‘panacea’ para modernizar el país y resolver de golpe todos los problemas económicos de España. Pero ya veremos que no sólo no fue así, sino que fue una ‘oportunidad perdida’ para fomentar la industria nacional; por un lado, se quitaron los aranceles a las importaciones ferroviarias con lo que todo el material rodante (maquinaria y vagones) era extranjero; incluso se importó el hierro para las vías por ser más barato que el producido en España y se llegó a traer de fuera maderas para las traviesas. Por supuesto: los ingenieros también eran extranjeros. Por otro lado, al destinarse ‘todas’ las inversiones al ferrocarril fueron desatendidos otros sectores económicos como la industria o la agricultura también necesitados de capitales.

El tren era la moda y todo el mundo quería invertir ahí. Como es lógico, las compañías ferroviarias veían cómo su cotización en la Bolsa subía, subía y subía…

Pero como ustedes saben, todo lo que sube, baja.

Y así fue en este caso. Enseguida se vio que los ingresos de las compañías ferroviarias no crecían o incluso caían. Se disponía de una red radial de ferrocarriles fabulosa, de las mejores de Europa, pero los trenes iban vacíos o casi vacíos. No había demanda para tanto tren. Poco a poco, se vio que el tren no era tan rentable y los inversores empezaron a retirarse, con lo que las acciones empezaron a bajar. Las compañías ferroviarias no podían pagar sus deudas y, junto con las sociedades de crédito, empezaron a quebrar. El Estado salió al rescate endeudándose, pero la bola era imparable. El malestar social era generalizado: los pequeños inversores habían perdido sus ahorros, los obreros no cobraban o habían perdido su trabajo y la desamortización había empeorado las condiciones de una gran mayoría de campesinos; además las malas cosechas de esos años provocaron diversas ‘crisis de subsistencias’. En 1868, un grupo de militares bajo el mando del almirante Topete y el general Prim se pronunciaron contra el Gobierno, culpando a la reina Isabel II de la situación. Unos días más tarde, la reina huyó a Francia —ya ven que lo de huir cuando la cosa se pone mal, no es nuevo— y se puso en marcha un intento de establecer un régimen político democrático.

¿Se preguntarán qué tiene que ver el ejemplo de los ferrocarriles con las renovables? Pues bien, vayamos por partes. En el caso del ferrocarril parece haber habido un exceso de inversión o al menos la incapacidad del Estado para gestionar de forma eficiente las inversiones realizadas. En el caso de las renovables se corre el riesgo que de la capacidad instalada supere la demanda de energía y que estos proyectos sean inversiones fallidas.

Respecto a la demanda de energía eléctrica es interesante la opinión de expertos como Antonio Turiel, responsable del blog The Oil Crash, autor del libro «Petrocalipsis» y que hace unos días compareció en el Senado delante de la Comisión para la Transición Ecológica. A. Turiel —que además es leonés—, en diversas entrevistas lo ha dejado bien claro; por ejemplo aquí, al ser preguntado si vistas las necesidades energéticas, era necesario construir más parques eólicos o huertos solares, contesta:

«La pregunta es para qué. En España tenemos ahora mismo 110 GW de potencia eléctrica instalada, mucha más de la que usamos. El máximo de consumo de electricidad fue de 45 GW, en julio del 2008, y desde entonces ha ido disminuyendo. Si instalamos más parques eólicos y solares, aumentaremos la capacidad de producir energía eléctrica; pero si no consumimos más electricidad, ¿para qué sirve? Este es el punto central del debate: se está haciendo creer que la cuestión gira entorno a la instalación de más sistemas de energías renovables, pero el hecho es que nosotros necesitamos fuentes de energía que no son eléctricas. La electricidad representa algo más del 20% de la energía final que consumimos, pero el resto [de energía que consumimos] no es eléctrica, y es muy difícil o imposible de electrificar. ¿Para qué queremos más electricidad?»

Más claro, agua. Como el propio Turiel explica en algún otro lugar, tampoco se prevé un fuerte incremento de la demanda de electricidad. Se habla del coche eléctrico, pero no se espera que, a corto plazo, éste sustituya al coche con motor de combustión: a pesar de todas las ayudas e incentivos, en 2019 fueron matriculados en España 5.452 coches eléctricos, un 0,8% del total de vehículos matriculados. Por otro lado, hay sectores como el transporte de mercancías por carretera o mar, o la aviación, en los que no se puede utilizar la energía eléctrica de forma eficiente. Y ese es otro tema: la eficiencia.

En relación a la eficiencia no me refiero a la captura de energía que, todo sea dicho, no está exenta de problemas (variabilidad por ejemplo, con periodos en los que no se puede producir energía), sino a la eficiencia económica, o ‘rentabilidad’ por llamarlo de alguna manera. Por una parte, parece que ambas —la eólica y la fotovoltaica— son energías ‘económicamente’ competitivas; en buena medida lo son porque se trata de un mercado oligopólico con una factura eléctrica abusiva. Por otro lado cabe notar que en los costes de producción de la energía eléctrica no se incluyen los costes ‘sociales’ o ‘ambientales’. Pues sí, aunque generalmente estos costos no se computan —ya que no los pagan las empresas ni los usuarios finales— habría que contabilizarlos y entonces el resultado sería otro y quizás estos proyectos no fuesen tan ‘rentables’. Y se podría poner como ejemplo Riaño —en la montaña leonesa— donde, para beneficio de una empresa y unos pocos regantes, se destruyó la vida económica de un valle entero.

En fin. Volviendo al tema. Al igual que sucedió con el ferrocarril, por un lado, se dispone de una ley que ‘incentivará’ estas inversiones —está en tramitación el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que impulsa la transición hacia una economía más eficiente y basada en tecnologías renovables en todos los sectores de la economía— y por otro se cuenta con abundantes fondos europeos, llámese Plan de Recuperación para Europa (Next Generation EU) o Pacto Verde Europeo (European Green Deal). El peligro es evidente…

Sería un burro si yo dudase de las bondades de las energías renovables. Pero esta proliferación de parques solares y eólicos no va de energías renovables sino de especulación. Si todo sigue así, muchas de estas instalaciones acabarán infrautilizadas en el mejor de los casos, como el ferrocarril en el siglo XIX; o abandonadas y la inversión perdida, como ocurrió en su momento en la provincia de León con la ferrería de San Blas en Sabero o la Azucarera Vasco-Leonesa de Boñar, de las que les hablaré en otro momento.

Es mucho dinero el que hay por el medio. Por eso no es extraño que las grandes eléctricas nos traten de vender las bondades de estos proyectos eólicos o fotovoltáicos. Sin embargo, el manejo de estos asuntos es muy turbio y ha habido una sospechosa connivencia entre políticos y empresas eléctricas con fraudes y delitos incluidos —acá una muestra— lo que añade aún más motivos para desconfiar.

Visto lo visto —y atendiendo a las experiencias del pasado— se intuye que lo de los parques eólicos y los huertos solares acabará siendo un gran pufo. No les voy a insistir, pero ya saben ustedes quien acaba pagando los platos rotos y los rescates si estos grandes proyectos quiebran… y ejemplos sobran: autopistas radiales, proyecto Castor, etc.

En fin. Avisados están…

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La foto que acompaña esta entrada es de Zé.Valdi on Foter.com

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Guardas forestales: cuando el lobo está a cargo del rebaño…


Es sabido que los guardas forestales nunca han tenido buena fama en los pueblos de la provincia de León. Hasta hace no tanto, cuando los controles de alcoholemia no eran tan estrictos, el coche de los forestales estaba más tiempo aparcado a la puerta de los bares que recorriendo el monte.

De todos modos, esta ‘mala’ fama de los guardas ya les viene de antiguo. Es posible que esta animadversión de la gente hacia ellos, venga de su cumplimiento del deber y de las multas que ponían cuando se contravenían las leyes forestales. En otros casos, parece que eran los propios guardas los primeros en saltarse la ley, lo cual era doblemente grave.

El 12 de Junio de 1899, el Heraldo de León publicó una noticia sacando al descubierto el caso de un guarda que estafaba a los pueblos. Como es lógico el Distrito Forestal de León hizo averiguaciones y resultó que dicho guarda hacía “una temporada que viene cometiendo los mayores abusos que se pueden maquinar, al autorizar las guías de cortas legales cobra cuantas cantidades puede, los carros de maderas fraudulentas los deja pasar libremente exigiendo cinco pesetas a cada uno según la Clase, y puede, además al ir a los pueblos a los Presidentes de las Juntas Administrativas hace lo propio, y según noticias reservadas, cobra de las mineras de Sabero por dejar libres las apeas cien pesetas cada mes, habiendo sido reprendido por el que suscribe y al continuar lo mismo, tales abusos no se pueden consentir cobrar en despoblado  con amenazas indirectas de no dejarles pasar, se antepone al delito de estafa pudiendo darle el verdadero calificativo de robo, por todo lo cual es acreedor de ponerlo a disposición del Sr. Juez de Instrucción del partido cual se me ordene”.

Estas irregularidades llevaron en 1901 al Inspector Inchaurrandieta de la recién creada la 1ª Inspección de Montes, a interesarse por ese tipo de causas, ya que según rumores que le habían llegado “eran bastante frecuentes en esta provincia”. Pidió la relación de guardas que habían sido procesados en el último quinquenio, y pudo comprobar que había varios empleados que tenían causas pendientes por varios delitos. Así por ejemplo, M. Gómez, sobreguarda había sido denunciado por los vecinos de Llamas de Rueda por cohecho; el capataz E. Pariente por estafas y exacciones ilegales; otro Sobreguarda fue acusado de de suplantar firmas en las licencias de aprovechamientos y de recibir el 10% de las cantidades de los pueblos; a ellos se añadía el aludido V. Soria por la estafa descubierta en la prensa. También aparecen distintos guardas que fueron reprendidos; así por ejemplo, a J. Suárez, guarda de los montes de Villafrea, se le llamó la atención en varias ocasiones por no ejercer la vigilancia debida; a P. Regalado o a J. de la Varga se les reprendió por no cumplir con sus obligaciones; a G. Espina, el cual había denunciado agresiones de los vecinos de un pueblo e incluso un intento de asesinato, se le hizo una acria reprensión por su conducta privada; a T. Díez se le acusó de faltas en el cumplimiento de su deber… es un suma y sigue. De hecho, entre 1901 y 1909 figuran dados de baja 6 peones guardas, los cuales habían sido acusados de distintas irregularidades.

Precisamente, buceando en los legajos del Fondo ICONA del Archivo Histórico Provincial de León, aparecen numerosas quejas y protestas de los pueblos contra el personal de guardería; también aparecen denuncias de la Guardia Civil contra los empleados de la Admón. Forestal o incluso expedientes sancionadores. Acá van algunos otros ejemplos del primer tercio del siglo XX:

– en 1902, el Alcalde de Riaño acusó al Sobreguarda José de Dios de ser el autor de la destrucción de la pesca de los ríos del partido de Riaño;

–  en 1903, el sargento de la Guardia Civil de Riaño descubrió ante la Inspección de Montes al Sobreguarda de montes de esa comarca, Julián Rodríguez, por cobrar de los vecinos y de las empresas mineras por las maderas y leñas extraídas “ilegalmente” de los montes;

– en 1904, S. Domínguez (del 1er grupo Riaño) fue reprendido por tener abandonado el servicio. En 1905 se le llamó la atención por segunda vez por no custodiar con el debido celo los montes de su cargo y por hacer depositarios de los productos cortados fraudulentamente a los mismos autores de la infracción; ese mismo año un mes más tarde fue trasladado a Palacios del Sil, y terminó por entregar la bandolera;

– en 1905, la Jefatura ordenó al Capataz denuncie las infracciones en el monte Acebedo y agregados, de Argovejo, en donde según nota se estaban realizando cortas fraudulentas ante la pasividad de los guardas.

– en 1924 el médico de Brañuelas denunció al Sobreguarda por varios hechos y abusos;

– ese mismo año, en 1924, la Junta vecinal de Valle de las Casas denunció al guarda por cercar un trozo de terreno que era abrevadero de ganados;

– en 1926, se recibió en el Distrito una denuncia de los vecinos de Ferreras de Cepeda, Morriondo y San Feliz contra el capataz por recibir 290 pesetas de estos pueblos;

– en 1934, el Distrito Forestal de León recibió una denuncia anónima contra el Capataz de Boca de Huérgano, I. Gaitero, en la que se le acusaba de mala conducta moral pública y de autorizar cortas de maderas en el monte «Asprón» de Boca de Huérgano y otros tres pueblos. Mandada investigar por el Distrito, se comprobó que una cuadrilla de serradores bajo su autorización había instalado un taller de aserrío en el monte para obtener duelas, cortando los árboles necesarios para ello.

A todo ello también se deberían sumar las denuncias de los vecinos de los pueblos, acusando de irregularidades a los propios empleados del Distrito y cuyo listado es bastante grande. Entre lo denunciado está el cobro irregular de cantidades de dinero a los pueblos, faltas en el cumplimiento de su deber, abusos de autoridad, así como otros delitos y faltas.

En fin. Cada uno saque sus propias conclusiones, pero se entiende un poco mejor la ‘mala fama’ de los forestales ¿no?

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