Estos días en León las campanas suenan a muerto…


RíoEn estos días, en algunos pueblos de la provincia de León las campanas «suenan a muerto». Están anunciando la muerte inminente de la Junta Vecinal para el día de Nochevieja.

Y es que, como ya todo el mundo debe saber, el 31 de diciembre de 2014 es la fecha límite para que las juntas vecinales presenten sus cuentas. Esta vez no habrá más prórrogas. Y si una Junta vecinal no lo hace así, adiós, se acabó, Requiescat In Pace. Quizás por eso las campanas lo anuncian con unas semanas de anticipación…

Alguno puede pensar que no pasa nada porque desaparezca la Junta vecinal. Bien. Se equivoca. Quizás a muchos ayuntamientos les interesa la disolución de la junta vecinal y así quedarse con el patrimonio de los pueblos. Les dejamos con un artículo de opinión de José Serrano, publicado en Diario de León el 8 de agosto de 2012 cuando empezaba el run-run de ley Montoro, en el que se alertaba sobre las nefastas consecuencias de la supresión de las entidades locales menores.

En defensa de lo comunal

El día 13 de julio del 2012 puede pasar a la historia como uno de los días más nefastos para la provincia de León. El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local prevé la desaparición de las Entidades Locales menores que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos, que también se quedarían con los bienes de los pueblos. Aunque detrás de estas medidas se argumenta la racionalización de la administración, visto el nivel de endeudamiento de los Ayuntamientos no sería descartable que estas propiedades acabasen vendidas al mejor postor, como ya ocurrió hace un siglo y medio. Es decir, los pueblos leoneses estuvieron a punto de perder sus propiedades con las desamortizaciones puestas en marcha a lo largo del siglo XIX para reducir la deuda del Estado.

Primero, la desamortización eclesiástica de Mendizábal (1837) puso en venta los bienes de la Iglesia. Sin embargo los pueblos se vieron privados de bienes que aprovechaban colectivamente como «cotos redondos», «dehesas de labor» o montes pertenecientes a monasterios como los de Sahagún Carracedo, Gradefes o Carrizo de la Ribera y que fueron comprados por burgueses y especuladores. Aunque éstos continuaron arrendándolos a los pueblos, impusieron nuevas condiciones, a veces abusivas; un ejemplo de lo ocurrido es Villaverde de Sandoval, comprado de forma fraudulenta por G. Balbuena y que derivó en un conflicto de orden público, al quedar excluidos de los aprovechamientos la mayor parte de los vecinos. No obstante, también los pueblos se valieron de la ocasión para comprar de forma colectiva montes y propiedades comunales.

De nuevo a mediados del siglo XIX, con un Estado fuertemente endeudado, Pascual Madoz, ministro de Hacienda, puso en venta los llamados bienes de propios; es decir, bienes cuyo aprovechamiento era cedido por el concejo a particulares a cambio del pago de un canon. Al amparo de esta desamortización fueron enajenados molinos, fraguas, cantinas, quiñones, cotos boyales o montes de aprovechamiento común. No obstante, en León, en comparación con otras provincias españolas, la superficie de comunal vendida durante el siglo XIX fue mínima. La principal razón de ello es que, al ser los comunales básicos para las economías campesinas todos los sectores sociales se aliaron para impedir su venta. A través de estrategias legales como las «solicitudes de excepción» de la venta, o «ilegales» como la violencia contra los compradores o las quiebras fraudulentas, los pueblos impidieron muchas ventas. También hubo ocasiones en las que los pueblos conservaron su patrimonio comunal porque los vecinos, comprometiendo sus capitales, compraron colectivamente bienes subastados, los cuales posteriormente eran escriturados a favor de las Juntas vecinales.

También durante el XIX los pueblos fueron desposeídos de comunales con la desamortización de foros y censos y con la «abolición de los señoríos», resuelta de forma muy favorable a la nobleza al reconocerle la propiedad plena de montes y fincas por las cuales los pueblos pagaban rentas señoriales. De hecho, cuando en 1931 la Ley de Bases de Reforma Agraria republicana preveía la abolición de los señoríos y el rescate de los comunales de los pueblos que un siglo antes habían sido vendidos o usurpados al amparo de la desamortización, diversos pueblos de León acudieron al Instituto de Reforma Agraria a reclamar, siendo destacado el caso de Villamor de Riello defendido por el insigne D. Vicente Flórez de Quiñones.

Durante el siglo XIX no sólo les fueron arrebatadas a los pueblos propiedades comunales, sino que el Estado liberal intentó despojar a los concejos y a los vecinos de la gestión de sus bienes comunales. Por un lado, con la creación de los municipios en 1812, las leyes únicamente reconocían a los ayuntamientos, columna vertebral del caciquismo, como interlocutores entre los pueblos y la Administración. Posteriormente, a través de diversas leyes se determinó que la administración de los comunales y montes «públicos» era competencia de los Alcaldes municipales y ayuntamientos y no de los concejos de vecinos. Una de las consecuencias es que las Juntas administrativas o vecinales se vieron privadas de competencias para castigar a quienes cometiesen infracciones en la utilización de los recursos comunales. No obstante, a pesar de que administrativamente se despojó a los «concejos de vecinos» de competencias y se intentó desposeer de todo valor legal a la costumbre y a las ordenanzas concejiles, los pueblos siguieron defendiendo y aplicando el ordenamiento comunitario.

Por otro lado, y en lo que se refiere a la gestión de los montes de los pueblos, a partir de 1853 ésta pasó a ser tutelada por los Ingenieros de Montes. A partir de ese momento, se prohibieron y castigaron aprovechamientos tradicionales como las roturaciones y el pastoreo, considerados dañinos para el monte; incluso, a partir de 1876 se encargó a la Guardia Civil las tareas de guardería forestal. A pesar de la represión, el intento de los ingenieros de montes de promover un monte productor de madera a través de repoblaciones y ordenaciones fracasó y tuvieron que limitarse a cobrar el 10% de la tasación de los aprovechamientos tradicionales (ganadería, ramón, leñas y roturaciones). Los ingenieros no pudieron salirse con la suya porque los vecinos resistieron y rechazaron la ingerencia exterior, la cual ponía en peligro sus medios de vida y su supervivencia que dependía de los aprovechamientos en los comunales.

Si hoy en día en León, en pleno siglo XXI, se mantienen los comunales es porque los vecinos las defendieron con «uñas y dientes» frente a las embestidas del Estado liberal. Esos bienes de los pueblos hoy vuelven a estar en peligro, casi por las mismas razones que el siglo XIX: un Estado endeudado y unas instituciones políticas en manos de gente que las ha venido utilizando en provecho propio. A diferencia del pasado, hoy los comunales ya no son fundamentales en la economía leonesa, ya que cada día menos gente vive de la agricultura y de la ganadería. Sin embargo, los comunales son un legado de nuestros antepasados que hoy nos toca defender a nosotros. Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra.

 

Cuidadín, que los comunales siguen en peligro…


09 Acarreo tractorSe acaba el año 2013. Para los pueblos de León ha sido un año complicado no sólo por la crisis, sino porque a lo largo de este año se tramitó y se acabó aprobando la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Pública que preveía la desaparición de las juntas vecinales.

Europa mandaba ‘adelgazar» la Administración Pública y al hombrecillo Montoro no se le ocurrió una mejor manera de reducir el gasto público que suprimiendo juntas vecinales y ayuntamientos. En cambio nada dijo de eliminar a los ‘Carromeros’ de turno, personajes sin oficio ni beneficio que, nombrados a dedo por los políticos, están comiendo la sopa boba a costa de ayuntamientos y otras administraciones públicas, y por ende de todos los ciudadanos. ¡Hay que ser sinvergüenza!

Es mucho lo que se ha escrito sobre lo que supondría la desaparición de las juntas vecinales. Así que en esta última entrada del año hemos recopilado unos pocos artículos de opinión publicados en la prensa leonesa sobre las consecuencias que podría tener la Ley Montoro.

Uno de los primeros en alertar sobre las consecuencias desastrosas de la Ley Montoro fue Laureano Rubio, catedrático de Historia de la Universidad de León, el cual en un artículo titulado Juntas vecinales, una supresión injustificable se preguntaba: «¿Qué va a ocurrir con ese patrimonio comunal o concejil que desde su titularidad gestiona cada comunidad a través de su respectiva junta? ¿Va a pasar el dominio y gestión a los ayuntamientos cuando en ellos no están representados los intereses de cada pueblo? (…) Acaso se olvidan que los propios concejos y sus juntas vecinales han sido y son los que llevaron el agua corriente a los pueblos, empedraron sus calles, defendieron el monte del fuego, administraron sus recursos, costeaban y siguen costeando con sus propios recursos la fiesta y no pocas asistencias sociales? Ante esto, ¿cómo pueden tener los legisladores españoles la desfachatez de suprimir las instituciones que en mayor medida representan y son garantes de pasado histórico y del futuro de nuestros pueblos?»

En El concejicidio evitable, el abogado y catedrático de Derecho de la Universidad de León, Carlos González Antón enumeraba numerosos argumentos que avalan el mantenimiento de las Juntas vecinales; además «el intento de transferir la titularidad de las históricas propiedades comunales provocará gravísimos conflictos no previstos y que amenazarán la convivencia local«.

Valentín Cabero, catedrático de Geografía de la Universidad de Salamanca, en ¿Ordenación del territorio o apropiación? alertaba sobre la amenaza inminente que se cernía sobre una gran parte de los pueblos y de los bienes comunales y públicos. Por otro lado, subrayaba que «la supresión de las juntas vecinales y la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en el hachazo definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas y más necesarias para nosotros desde la perspectiva vital, medioambiental, cultural y económica«. Para Cabero, la supresión de la juntas vecinales podría ser la muerte definitiva del medio rural.

En términos similares se expresaba José A. Serrano, autor de una tesis doctoral sobre los comunales. En el artículo En defensa de lo comunal concluía que «Con una economía en manos de especuladores, se corre el riesgo de que los montes y las propiedades de los pueblos acaben vendidos a precio de saldo; es más, lo peligroso es que hoy con una economía globalizada estas propiedades acaben en manos de empresas extranjeras y que acabemos sintiéndonos extraños en nuestra propia tierra«.

En fin… Como dice el refrán: «A buen entendedor pocas palabras». Aunque se está diciendo que al final la Ley Montoro no suprimirá las juntas vecinales, habrá que tener siete ojos ya que como hemos alertado en otras entradas, el patrimonio de los pueblos es un bien muy goloso. ¿Por qué, si no, los ayuntamientos leoneses callan y otorgan? Así que: ¡Cuidadín, que el peligro no ha pasado!

Si crees que falta algún artículo importante, te animo a que dejes el enlace en los comentarios.

Ah! ¡Feliz y próspero 2014!

Caciquismo y comunales


Hoy martes, 17 de diciembre, está previsto que el Senado apruebe la polémica Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que pone en el punto de mira a las juntas vecinales y a los bienes de los pueblos. Finalmente parece que la ley permitirá que las juntas vecinales mantengan su personalidad jurídica, con lo cual en los próximos días veremos como los representantes leoneses en Madrid, tanto populares como socialistas, tratan de anotarse el tanto. Lo triste es que, con todos los respetos, esta manera de gestionar los asuntos de los pueblos no deja de ser una versión actualizada del tradicional caciquismo.

Precisamente esto del caciquismo es viejo. Aunque pueda parecer sorprendente, en la provincia de León gracias a las redes clientelares, entre otras razones, los comunales han pervivido hasta la actualidad. ¿No te lo crees? Sigue leyendo el resto de la entrada, y quizás me des la razón.

Cuando a mediados del siglo XIX se planteó la desamortización de Madoz, los poderes políticos provinciales y las redes caciquiles que de él se derivaban, como alcaldes, gobernadores, e incluso diputados en Madrid intermediaron y defendieron a los pueblos para que éstos continuasen disfrutando de los montes leoneses. ¿Por qué sucedió así?  Porque a la vez que los caciques satisfacían las necesidades de sus “clientes” afirmaban su poder en las zonas rurales; un ejemplo de ello es la labor de Alonso Cordero diputado en Madrid, que “intermedió” en compras colectivas de montes por parte de los vecinos de los pueblos.

Para mantener las redes de poder caciquiles era imprescindible que los pueblos conservasen sus montes o que los que fuesen vendidos fuesen adquiridos por los caciques. La estrategia era doble: por un costado, los representantes políticos intervinieron en defensa del comunal en la mayoría de comarcas; por el otro costado, allí donde los comunales fueron vendidos, mediante las cesiones /arriendos a los campesinos de las redes clientelares, la burguesía urbana y los grupos rentistas podían controlar el voto de las áreas rurales. Además, la forma cómo se llevaron a cabo las desamortizaciones consolidó las relaciones caciquiles.

También el caciquismo jugó un rol importante en la gestión de los montes que quedaron en manos de los pueblos.  El entramado caciquil, cuya figura central en la provincia era el Gobernador Civil también fue clave a la hora de tramitar u ocultar infracciones forestales. En la provincia de León se comprueba como durante la segunda mitad del siglo XIX los alcaldes de los ayuntamientos ni el Gobierno Civil no colaboraron en la tramitación de las denuncias impuestas por el Distrito Forestal de León; así, muchas denuncias impuestas por los empleados forestales o la Guardia Civil eran paradas por el gobernador. Ello tuvo su parte positiva y negativa; lo positivo es que los pueblos estaban amparados frente a los ingenieros de montes que, ignorando los usos tradicionales del monte, ponían multas desproporcionadas a diestro y siniestro; lo negativo fue que los caciques de los pueblos con contactos políticos, y sabiendo que las denuncias no iban a ser tramitadas, podían hacer lo que les viniese en gana con el monte.

Durante el siglo XIX, los caciques controlaban la vida social y económica de comarcas enteras, y en períodos electorales se encargaban de los manejos destinados a promover el candidato elegido en Madrid. Dentro de las sagas de caciques leoneses, destacan figuras como Demetrio Alonso Castrillo, el cual ocupó el cargo de Gobernador Civil, y en el tiempo que fue Diputado en Madrid medió entre los pueblos y la Administración para la compra de montes; Eduardo Dato, diputado por el distrito leonés de Murias de Paredes, que llegó a ministro de Gobernación; o Fernando Merino, yerno de Sagasta y diputado a Cortes por León desde 1891 hasta 1923 por los distritos de La Vecilla y Riaño y ministro de Gobernación en 1910. ¿Les suena esta manera de proceder?

Parece que las cosas no han cambiado demasiado. Aparentemente el leonés del medio rural es un persona esencialmente libre, pero sigue delegando muchos de sus asuntos el cacique de turno, llámese diputado provincial, alcalde del ayuntamiento o senador en Madrid. Sin embargo, en el siglo XIX cuando los caciques defendían los intereses de los pueblos, estaban defendiendo el suyo propio; hoy en día, los votos se recogen en ciudades como León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, o  Astorga y no en los pueblos pequeños. A todo ello se añade que desgraciadamente, las decisiones de lo que compete a León, se toman en Valladolid. En fin… pinta mal la cosa: aunque en esta ocasión se salvó la bola de partido, los caciques no se juegan nada en los pueblos de León.

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Menos pendones, y mas c…


Antes de nada, les aviso para que no se lo tomen a mal: esta entrada del blog es una opinión más, con la que pueden estar de acuerdo, o no. Y ya les advierto también que toda discrepancia serena y argumentada es buena.

De un tiempo a esta parte en la provincia de León son muchos los pueblos que han decidido recuperar el pendón. Loable iniciativa, pero (siento verlo así) todo esto poco tiene que ver con la recuperación de la cultura. La cultura tradicional leonesa agoniza. Lo de los pendones es pura frivolidad, como lo de las fiestas medievales y toda la parefernalia asociada. Dejamos perder la esencia y nos contentamos con recuperar lo superficial.

La cultura tradicional leonesa, antaño vigorosa, hoy agoniza asfixiada a partes iguales por la desidia, la frivolidad y la ignorancia. En el camino a la modernidad se ha perdido la esencia de las cosas, y no va a ser fácil recuperarla. Basta echar un vistazo a las casas construidas últimamente en los pueblos. Son feas, feas, feas. ¿Dónde está la piedra, la pizarra, la teja, la madera, o el barro que siempre se utilizó? ¿Dónde están las galerías y los pórticos, tan comunes en otra época? Ya no se construyen casas con puertas de entrada de madera. Ahora todas las casas tienen una puerta de aluminio blanca, tipo Downing Street. Penoso. Por supuesto, no toda la culpa es de quien construye. No hay una regulación municipal que favorezca embellecer los pueblos. Tampoco hay apoyo a la construcción tradicional.

Aprovechando que son las fiestas del pueblo celebramos justas medievales, que eran el pasatiempo de cuatro nobles ociosos, y dejamos desaparecer la cultura de los antepasados, lo tradicional, las raíces verdaderas. Y las raíces de lo leonés están en el campo, en los pueblos, en lo rural. Además, mucho torneo y mucho mercadillo medieval, pero a duras penas podríamos nombrar dos reyes leoneses (y si no valiese nombrar a Ordoño II, el acertijo sería imposible de adivinar).

Los saberes y costumbres tradicionales se han ido perdiendo. Recuperamos el pendón, el magosto, o el ramo de navidad, pero ¿quién sabe preparar embutidos, manteca de vaca, queso o jabón? ¿cuánta gente conoce las hierbas medicinales que abundan en nuestra provincia? Las preguntas son muchas: ¿cómo están los montes, las fuentes, los caminos tradicionales? ¿por qué en los parques de León no se encuentra un solo roble o encina? ¿cuántos menores de 70 años utilizan boina? ¿y galochas o capa? ¿qué pasó con las ruinas de Lancia? ¿cuántos libros se publican sobre León? ¿dónde está la mantequera leonesa? ¿cuántos oficios tradicionales se mantienen en la provincia?… Mucho reclamar y culpar a Valladolid pero, ¿estamos haciendo los deberes para recuperar lo ‘nuestro’?. Mucha cuna del parlamentarismo, pero ¿qué peso político tiene hoy León? ¿dónde están los concejos de vecinos? En fin…

Porque, se quiera reconocer o no, las formas de gobierno tradicionales han desaparecido o están en vías de hacerlo; ¿en cuántos pueblos se siguen llevando a cabo los concejos abiertos de vecinos para tomar las decisiones? ¿en cuántos pueblos se mantienen las hacenderas? Los pueblos están abandonados confiando en el Estado provisor. Pues nada, ¡a seguir confiando! que como la Ley Montoro se acabe aplicando y desaparezcan las juntas vecinales, ya no hay más cuentas que echar: ¡adiós, muy buenas! ¡se acabó!

En fin. Ahí queda eso. Como rezaba el título de este post: ¡Menos pendones, y más CULTURA!.

Ya saben, que sus comentarios son bienvenidos.

La foto que acompaña la entrada es de Javier Díaz Barrera (javierdiazbarrera.es) on Foter.com / CC BY-NC-ND

Riaño como «tragedia de los cerramientos»


En una entrada anterior, hacíamos referencia a la ‘tragedia de los comunales’. Decíamos que allí donde se privatizaron los comunales, los campesinos más pobres se vieron despojados de sus medios de vida, ocurriendo la llamada ‘tragedia de los cerramientos’ (Tragedy of Enclosure, en inglés).

La privatización o cerramiento (enclosure) de los comunales ocurrido a lo largo y ancho de la mayoría de países europeos durante los siglos XVIII y XIX fue un verdadero drama. Miles de campesinos desposeídos de sus comunales vagaban por los campos en busca de trabajo, viéndose obligados finalmente a emigrar a las ciudades y los centros industriales, donde hacinados subsistían con salarios míseros.

En España, con la desamortización de Madoz se pusieron en venta los bienes de los pueblos, lo que en algunos casos tuvo como resultado la venta de molinos, fraguas, cantinas, quiñones, montes o puertos de merinas. Posteriormente, con la intervención del Estado en los montes se vio limitado el acceso a las leñas, maderas, o pastos. Antonio Ortega Santos en su libro «La tragedia de los cerramientos: desarticulación de la comunidad en la provincia de Granada» estudia este proceso para Andalucía, afirma que con los “cerramientos” y la intervención estatal en los montes se subordinó la lógica de la subsistencia a la lógica del mercado. Es decir, allí donde los comunales fueron privatizados, la prioridad de los compradores era hacer dinero con ellos: se talaron bosques, se roturaron montes, y se impusieron arrendamientos abusivos a quienes los venían explotando. Por otro lado con las restricciones impuestas por el servicio forestal, aprovechamientos del monte que eran gratuitos fueron prohibidos y sacados a subasta; por tanto, si alguien necesitaba maderas o leñas, debía acudir al mercado a comprarlas. 

En León, como ya veremos, la desamortización de Madoz no tuvo demasiada importancia. Sin embargo en aquellas comarcas donde hubo privatizaciones es posible que ocurriese como en el resto de España, que el pequeño campesinado quedase excluido de los beneficios ya que las oligarquías gobernantes habrían utilizado las reformas agrarias en su provecho adquiriendo tierras. En León, es posible que, allí donde los comunales fueron vendidos, los campesinos más pobres se viesen despojados de recursos que eran fundamentales para su supervivencia (tampoco hay que olvidar, no obstante, que el uso de muchos de estos bienes ya había sido privatizado, dado que eran bienes de propios, arrendados al mejor postor.

Una versión de la tragedia de los cerramientos en la provincia de León podría ser la desaparición de numerosos pueblos bajo los pantanos. El ejemplo más evidente es Riaño, donde para satisfacer los intereses de las empresas eléctricas y de unos pocos regantes fueron anegados los pueblos  y propiedades de Anciles, Éscaro, La Puerta, Huelde, Burón, Pedrosa, Salio y Riaño. Imagino que los vecinos fueron indemnizados por las fincas que perdieron, pero ¿qué indemnización recibieron por los comunales que quedaron bajo el pantano?. Lo grave no fue sólo que los vecinos tuviesen que abandonar los pueblos y sus medios de vida sino que la construcción de la presa, para satisfacer intereses de unos pocos, dejó tocado de muerte todo el valle.

Una vez más los bienes comunales de toda la provincia de León están en peligro y un nueva tragedia se cierne sobre ellos: La Ley Montoro. Si los bienes de los pueblos pasan a ser gestionados por los ayuntamientos, visto el endeudamiento de éstos, el peligro es evidente. Parece que de nuevo se quiere expulsar de la tierra a los pocos agricultores y ganaderos que viven de ella. Los pueblos de León agonizan por el envejecimiento y porque apenas queda gente que trabaje las tierras. Si desaparecen las juntas vecinales estaríamos contemplando una nueva versión de la ‘tragedia de los cerramientos’. De la misma manera que el pantano de Riaño perjudicó a toda la comarca, estas medidas no sólo afectarían a quienes dependen de los comunales, sino a la provincia entera. Es triste reconocerlo, pero hoy en día, los pocos agricultores y ganaderos que quedan, son los que mantienen a los pueblos con vida.

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Foto: J.M. Pando Barrerro / Color: Antonio Aláiz

La tragedia de los comunales


Un biólogo estadounidense, Garrett Hardin, se hizo famoso por un artículo titulado «La tragedia de los comunales» (Tragedy of the Commons, en inglés). En él venía a decir más o menos que «la burra de todos la come el lobo», como reza el dicho leonés. Explica Hardin que si hay un recurso común explotado por todos, al final se termina agotando. Pone como ejemplo un prado donde cada pastor va introduciendo a los pastos comunes un animal más, acabando el sobrepastoreo por destruir el recurso común.

No obstante la teoría de Hardin no es válida en relación a los comunales, ya que identifica erróneamente propiedad comunal con acceso libre o ausencia de propiedad. Precisamente, Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, ha mostrado que (cumpliéndose algunos principios) los sistemas tradicionales de propiedad comunal aseguran una gestión eficiente de los recursos. Históricamente en León, los aprovechamientos de los comunales estaban sometidos a una reglamentación estricta a veces codificada en las Ordenanzas concejiles (véase el libro de Laureano Rubio ‘El sistema político concejil en la provincia de León’), lo cual impedía la sobreexplotación y su desaparición.

De todas maneras, el planteamiento que hay detrás de la ‘tragedia de los comunales’ es un cuento muy viejo que ha sido utilizado como excusa para privatizar y quitar el poder a los concejos. Ya en el siglo XIX, los ingenieros de montes consideraban que los vecinos de los pueblos utilizaban de forma abusiva y sin restricciones los montes y trataron de quitárselos. También fue un argumento utilizado para privatizar las propiedades aprovechadas colectivamente por los vecinos de los pueblos. Precisamente, allí donde los comunales fueron privatizados sí que se dio una tragedia más real, la de miles de campesinos pobres que no tenían tierras propias y que al verse privados de sus pocos medios de vida, tuvieron que malvivir como jornaleros o emigrar a las ciudades. Es la llamada ‘tragedia de los cerramientos’, que trataremos en otra entrada de este blog.

Hoy en día, el ministro Montoro quiere suprimir las juntas vecinales, argumentando que son opacas y no rinden cuentas. Lo grave es que, una vez suprimidas éstas sus bienes pasen al municipio. Esa sí sería una verdadera tragedia: la desaparición de cientos de juntas vecinales y el expolio de propiedades que son de los pueblos. Que nadie que defienda a los pueblos frente a la Administración también es una tragedia.

Nota final: Aunque la teoría de Hardin no es válida para los comunales, en algunos casos sí que se está cumpliendo: piensen por ejemplo en un recurso común como un banco de pesca en medio del océano; el que no haya limitaciones a la explotación por parte de las flotas pesqueras termina por agotarlo. O una casa en el pueblo con múltiples herederos, y de la que nadie se hace cargo de mantener: al final termina en ruinas…

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