Al igual que en otros lugares del Noroeste de España los comunales fueron una pieza clave del sistema agrario. En la entrada de hoy trataremos de cómo se gestionaban los aprovechamientos de leñas, maderas y otros aprovechamientos en los montes comunales…

3.3. La gestión de la obtención de recursos complementarios del monte.

Un importante esquilmo del comunal era la madera; básica para edificación y para construcción de útiles en toda la provincia, en comarcas donde abundaba el arbolado su importancia era aún mayor. Así por ejemplo en pueblos de la montaña el concejo autorizaba a cada vecino a extraer una determinada y pequeña cantidad de árboles para la construcción de aperos de labranza –rodales, carros, madreñas, etc– que eran vendidos en mercados locales o incluso en Castilla; con el ingreso obtenido los montañeses podían comprar vino, grano, harina, legumbres y otros productos que la tierra no producía (Alba 1863; Madoz 1850, 321).

Con el objetivo de que estos recursos no fuesen esquilmados, el ordenamiento consuetudinario regulaba los derechos y obligaciones de los vecinos respecto a los aprovechamientos de maderas y leñas; lo más destacable es que las cortas sin autorización del concejo estaban prohibidas y las leñas y madera destinadas a usos es “domésticos” eran gratuitas[1]. En algunas comarcas era común que cada vecino tuviese derecho al denominado «quiñón de leña»; es decir, los montes eran divididos en lotes y adjudicados “por suerte uno á cada vecino para que aproveche, cuando mejor le plazca, la leña que en él hubiere” (López Morán 1900). Generalmente , las ordenanzas señalaban la fecha del aprovechamiento, el número de carros de leña que cada vecino podía extraer y el modo de realizar las cortas (había que dejar algunas varas o árboles, para que la leña se fuese renovando).

También para que los árboles se fuesen renovando y se pudiese disponer de madera para usos domésticos o vecinales (reparación de puentes o presas para riego, o la refacción de edificios públicos como la escuela o la casa de concejo), las ordenanzas establecían zonas acotadas o «debesas» en las que se prohibían las cortas. Aunque a mediados del XIX la legislación estatal vigente castigaba fuertemente las infracciones forestales, se constata que las ordenanzas seguían estableciendo castigos pecuniarios o en vino en función de la leña o madera extraída del monte, doblándose el castigo si se producía durante la noche. También en ocasiones las ordenanzas regulaban el modo de realizar los aprovechamiento de madera, cuidando que el monte se fuese regenerando, estableciendo incluso la obligación de plantar árboles en terrenos comunales[2].

En el siglo XIX la leña era el combustible de la mayor parte de los hogares rurales de León, utilizándose también el carbón vegetal en centros urbanos, fraguas o herrerías. La venta de leña o carbón vegetal (de brezo, encina o roble) obtenido en los comunales era una actividad temporal y complementaria a las ocupaciones agrícolas, especialmente para los vecinos más pobres; incluso en comarcas próximas a ferrerías o a centros urbanos como León, Astorga, La Bañeza o Ponferrada de esta actividad se podía obtener un pequeño ingreso monetario. Si bien en la Edad Moderna era común que las ordenanzas limitasen y prohibiesen la mercantilización de los productos de obtenidos en el monte[3], en las Ordenanzas del siglo XIX estas actividades no aparecen reguladas.

En relación a otros usos forestales, en León eran numerosos los “frutos” obtenidos en el comunal como yerbas –utilizadas como drogas y medicinas–, miel y cera a través de la apicultura, cortezas para el curtido de pieles, las cuales no suelen aparecen reguladas en las ordenanzas. Sí que aparece reguladas servidumbres como la «poznera» o plantación en terreno común de frutales, como castaños o nogales, los cuales eran de disfrute particular por el vecino que la realizase. También cabe destacar actividades como la caza o la pesca, las cuales complementaban la dieta o el ingreso de los campesinos, siendo numerosísimas las referencias que aluden a su abundancia hacia 1850[4]. Otro ejemplo es que, hasta finales del siglo XIX, cuando los lavaderos de carbón acabaron con los principales ríos trucheros de la provincia (Fernández 1925, 44-5), las truchas no sólo se vendían en los mercados locales sino también en Madrid a través de los arrieros.

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[1] Mandan las ordenanzas de Burón (1751) que: “cualquier vecino o hijo de vecino que hiciere casa nueva o repare alguna vieja se le dé la madera que necesitase para su fábrica en los montes señalados en esta ordenanza (…)” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 3].

[2] En las ordenanzas de Donillas (1815), se exige poner árboles estableciendo que el que no los pusiese “(…) pague diez reales de pena y que cada vecino ponga en los meses de Febrero y Marzo a lo menos seis los que queremos sean de quien los pusiere” [AHDPL, Fondo histórico, Libro 7];

[3] Así sucede en Abano cuyas ordenanzas prohíben vender los maderos de las «debesas» aunque les hayan tocado en suerte [AHDPL, Fondo Histórico, Libro 1 / Doc. 1]; las ordenanzas de Escuredo [originales de 1669, copia de 1857] prohíben la venta de carbón [AHDPL, Fondo Histórico, Libro 1 / Doc. 9]; las Castropodáme restringían el número de hornos para la elaboración de ladrillos y tejas por el alto consumo de leñas (Alonso Ponga 1998, 98).

[4] En Madoz (1850) aparecen numerosas referencias a la abundancia de caza mayor y menor; véase también García de la Foz (1867) o Tascón Fernández (1991, 167-8).

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Texto extraído de Serrano Alvarez, J. A. (2014): «When the enemy is the state: common lands management in northwest Spain (1850–1936)«. International Journal of the Commons, 8 (1), 107–133. En este enlace podéis descargar el artículo original en inglés.

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La foto que acompaña esta entrada es de Fritz Krüger